No + AFP, es una consigna que ha ido tomando fuerza en la conciencia colectiva de las chilenas y chilenos. Esto, porque la ciudadanía ha constatado que las administradoras de pensiones juegan a la ruleta rusa con nuestros dineros, con nuestros sueños y esperanzas, lo cual se refleja en las pérdidas periódicas registradas por las AFP (Araneda, 2018). Cabe recordar, que el sistema de AFP, responde a una de las modificaciones realizadas en el régimen militar el año 1981, colocando a Chile en “uno de los 16 países del mundo en que la pensión al momento de jubilar depende de cuánto el trabajador/a logró acumular en su cuenta de capitalización individual y de cómo su AFP realizó la gestión financiera de dichos fondos” (Comunidad mujer, 2015, p. 1). Estas administradoras de ahorro previsionales son sociedades anónimas que reemplazaron al sistema de administración pública de reparto, en donde las personas laboralmente activas financiaban a los que se encontraban en etapa laboral pasiva. Este cambio de sistema, se realizó de manera represiva, pues los trabajadores y trabajadoras se vieron obligados a cambiarse, ya sea por un aumento de sueldo o a través de diversos métodos de coacción tan característicos de la dictadura cívico-militar. Sin embargo, aquellos funcionarios pertenecientes a las FFAA y Carabineros no tuvieron la misma suerte, pudiendo continuar con un sistema de pensiones “reguleques” de las cuales han dado noticias algunos medios e investigaciones periodísticas (The Clinic, 2016; Arellano, 2017; Cooperativa 2018,).
Las AFPs, operan como bancos disimulados de empresas trasnacionales, formando bloques de monopolios, que utilizan los fondos previsionales para multiplicar sus ganancias. Sin embargo, eso no se condice con lo obtenido por el cotizante, quien ve mermada su jubilación, recibiendo pensiones paupérrimas e indignas. A modo de muestra, el “monto promedio de pensión de quienes se jubilaron en noviembre del 2018 fue de $150.513”. (Emol, 2018).
Por su parte, publicitariamente, las AFPs muestran que “nuestro futuro está garantizado” y que basta un poco de esfuerzo personal para alcanzar un monto que permita vivir el “júbilo” de la “jubilación”; pero, la realidad, es que la esperanza de vida se extiende y eso reduce las pensiones, porque hay más años que financiar, convirtiéndonos en un país que vive para trabajar y no trabajar para vivir. Así, los temores a una vejez de pobreza y enfermedad, producto de un sistema de salud precario y elitista, se hace cada vez más patente cuando semestralmente llega a casa una carta donde se informa que si sigue cotizando lo mismo, su pensión sería de un monto en dinero que no logra superar el sueldo mínimo.
Es por este motivo, que la ciudadanía se ha organizado, a través del colectivo ciudadano NO + AFP, quienes han generado un movimiento de conciencia, denunciando al sistema actual y emplazando al Estado por un sistema de previsión que se base en la seguridad social en pro de una vida digna, que se condiga con los esfuerzos y sacrificios de toda una vida. Para ello, han liderado marchas, han realizado un plebiscito nacional e instalado en los medios de comunicación este imperativo ético de justicia social. Este reclamo, se ha renovado ante la propuesta “Piñera”, que plantea mantener el sistema con algunos maquillajes, donde el protagonista de la discusión ha sido la institución que administrará el 4% que aportaría el empleador, aumentando con esto la supra estructura económica, incorporando nuevos actores a la administración del dinero de los trabajadores (Olivares, 2018).
Ante esta pobreza del debate, parece ser que la teoría de Fukuyama (1992) tenía razón, pues parece que no existen otras racionalidades más que la liberal para enfrentar los problemas ciudadanos, omitiendo toda posibilidad de nuevos caminos que no sea en el marco del sistema imperante. Pero, surgen nuevas propuestas, como lo que planteaba Holloway (2011) con su expresión de “agrietar el capitalismo” donde el instrumento fundamental es el principio absoluto de la dignidad de la persona y, desde ahí mirar de frente, “la inequidad de un sistema social que segrega por nivel socioeconómico”, lo cual posee su constatación práctica en “lo territorial, en el lenguaje, el acceso a bienes y servicios” donde, “los más pobres quedan excluidos del circuito financiero y del comercio, relegados a sectores con menos inversión, seguridad, estética, preocupación social y patrimonial”. (Brito, Basualto, Gutiérrez, Oñate, 2018, p. 30)
De esta manera, muchas personas quedan a la orilla del camino, sin embargo, aquellos que continuaron el recorrido dentro de un capitalismo que finge buscar el desarrollo para todos, al final de sus vidas se encuentran con una desigualdad abismante que cae sobre ellos como un yugo, que despierta del sueño de la sociedad del bienestar y se encuentra frente a frente con el rostro más crudo de la pobreza y el abandono. Esto es lo que sostiene Atkinson (2016), cuando plantea que es tarea inútil que el liberalismo económico busque nivelar socialmente a una persona si al final de nuestros días no se logra la igualdad, que, en este caso, estaría dado por el actual sistema de pensiones deshumanizantes.
Finalmente, el debate ciudadano unido a los esfuerzos de las ciencias económicas, podrían enmarcarse en la búsqueda de un sistema que tuviera como eje tres principios, a saber: equitativo, solidario y sustentable. Recordando que, el centro de la discusión, es el “júbilo” del trabajador que ha entregado gran parte de su vida para que las nuevas generaciones gocen de una dulce patria que promete un futuro esplendor.
Dra. Sonia Brito Rodríguez
Mg. Lorena Basualto Porra
Lic. Andrea Berríos Brito
