Podría ser el título de una serie norteamericana, como fue “Dallas”, el de la película “Wall Street” o de celebres documentales y artículos de periodismo investigativo en tantos países del mundo. Esta vez se trata del nombre de un informe oficial de la OEA publicado en enero 2012. ¿A qué se debe esta súbita preocupación por uno de los condicionamientos más antiguos sobre la acción del gobierno? Las razones son múltiples, pero la principal es que el poder del dinero sería actualmente una grave amenaza para la democracia. Descubrimiento reciente de un viejo problema.
El que pone la plata pone la música
Son conocidos los proverbios populares que incorporan en el sentido común el poder ejercido por la riqueza. También es conocida su incidencia sobre el poder político, aunque sólo constituye una contradicción problemática en las sociedades que disponen de un régimen político democrático.
La razón es estructural. La base de una economía cuya lógica es incrementar ganancias y apropiárselas individualmente genera desigualdades y sobre ella se levanta posiciones de poder que utilizan recursos legales e ilegales para mantenerla o incrementarlas. La democracia es un conjunto de normas e instituciones basadas en derechos y procedimientos, que organizan el acceso a la decisión política sobre el principio de la igualdad de derechos, el pluralismo y la constitución de mayorías políticas. El sistema político instaura una soberanía constituyente del poder basada en derechos colectivos, mientras que el sistema económico genera un poder propio basado en coaliciones minoritarias, basta ver la distribución del ingreso. Todo gobierno muestra parte de su naturaleza justamente en la manera en que se relacionan con ese tipo poder.
Si las decisiones políticas salidas del sistema democrático se oponen a los intereses económicos poderosos estos buscarán influenciarlas por todos los medios, incluidos conflictivos y violentos. Es el caso de América latina. Pero si ambos poderes se equilibran en alguna medida, por la distribución de la riqueza, mas igualdad, el ascenso de grupos sociales, la educación y las políticas públicas, pueden generarse mecanismos de regulación y un acuerdo social en torno a beneficios colectivos. Ello no elimina el poder absoluto de la riqueza pero lo condiciona a satisfacer necesidades e intereses salidos de la democracia. Esto no omite claro está, los conflictos y las movilizaciones sociales para obtenerlos y mejorarlos en el tiempo. Es el caso de algunas sociedades europeas.
En sociedades con poder autocrático, partido único o basado en castas, clanes o familias, el poder económico está directamente y en estrecha asociación con el poder político y los beneficios colectivos se obtienen sólo si el poder los otorga. La sociedad carece de derechos, de mecanismos de formación del interés colectivo y de negociación. Generalmente cuando la contradicción se hace flagrante y conflictiva el poder reprime o entra en crisis. Es el caso de las revueltas árabes y del extinto bloque soviético. La cuestión más existencial, por decirlo de alguna manera, es que tenemos más instrumentos para avanzar en un sistema político democrático con instrumentos regulatorios, siempre relativos, que sobre como pasar a una estructura económica que genere más democracia e igualdad, para reducir la fuente del conflicto entre poder político y poder económico.
La alarma sobre el poder económico
La preocupación en torno a la relación entre la política y el dinero ha tenido hasta ahora una aproximación clásica en torno al papel de la corrupción y la influencia del crimen organizado. La tesis de la preocupación de estos esfuerzos, es que la corrupción lastra el desarrollo y las instituciones.
La alarma de la OEA sobre la colusión entre la política y el dinero tiene una doble dimensión. Por un lado constata el fenómeno clásico de influencia del dinero sobre las elecciones, el soborno, las políticas públicas. Por otra parte sostiene que y esto es lo nuevo, que la influencia del dinero fragiliza la democracia misma porqué la deslegitima y profundiza el desbalance de poder.
El informe precisa que dado el pasado autoritario de la región, la preocupación central era que la democracia se instalara. Y de hecho la región ha tenido su ciclo electoral más largo de su historia en los últimos veinte años. Sólo hubo tres amenazas de regresión por tentativas de golpes de fuerza, en Venezuela, Honduras y Ecuador. Sin embargo esta vez el temor no viene del pasado, viene del creciente poder del dinero sobre la política. En términos relativos la disponibilidad de dinero en A.L ha crecido por el aumento de los precios de materias primas, el incremento de las reservas, la llegada de nuevos flujos financieros y la aparición de nuevas fortunas.
Este fenómeno crea nuevos espacios de conexión e influencia entre el dinero y la política. A las fuentes tradicionales de influencia como la corrupción y el crimen, se agrega una creciente colusión entre intereses económicos y políticos, en los que los primeros sostienen o incrementan la influencia del poder político, sin que esto represente necesariamente una voluntad ciudadana o un reforzamiento de la calidad de la democracia versus la discrecionalidad, la impunidad y la falta de transparencia. En este contexto en Santiago de Chile se realizó un encuentro también en enero de este año, sobre la problemática y se constató que trece países han elaborados leyes sobre conflicto de intereses en la política y dieciséis sobre información pública. Pero no basta hacer leyes o firmar convenciones internacionales, las que pueden convertirse en cortinas de humo.
Sorprende que ahora que se proclama la reducción de la pobreza, la hora de la igualdad y hay mas gobiernos sensibles a los temas sociales el problema no se ha modificado. Pese a que se han generado políticas sociales más amplias, hay más crecimiento y más riqueza disponibles, la colusión no solo continúa sino que se profundiza. Tampoco se discute de ello en el Mercosur, el Alba o la recién creada secretaría de integración latinoamericana y del Caribe y tampoco en Unasur. La preocupación de la OEA está vinculada con un problema real pero no es inocente. El uso de la ayuda venezolana en varios países, las acusaciones de enriquecimiento ilícito de gobiernos y allegados, incluidos los identificados con la izquierda, el surgimiento veloz de fortunas de relacionadas con el poder o contratos facilitados por el, en países grandes y pequeños expresa esta situación. La colusión entre poder económico y poder político
El problema es antiguo, real y tiene graves consecuencias. Pero esta colusión fue tradicionalmente imaginada como originada en los negocios, la influencia externa norteamericana y la derecha política. Era la triangulación clásica. Pero los tiempos cambian y las relaciones también. La influencia se ha diversificado por la multiplicación de las fuentes y nuevos procesos de cooptación de la política por el dinero, sin excepción de color político. Como dice otro proverbio, el poder produce dinero y el dinero produce poder.
La llegada del capital chino ha creado nuevas y rápidas fortunas por compras anticipadas de materias primas e intermediación de mercados gracias a relaciones políticas. El bom minero, de materias primas y la privatización de servicios, ha ocasionado situaciones similares en casi todos los países con esas oportunidades, en que se mezclan intereses locales, europeos, canadienses norteamericanos y asiáticos. (Cepal ha publicado un estudio sobre el tema).
Sin duda que las bases de esta situación se ampliaron en la fase de hegemonía del modelo neoliberal durante 20 años. El poder político quedó relegado a un estado subsidiario, es decir a un estado que hace lo que puede cuando lo deja el mercado y el poder económico. Esto continuó durante la fase de democratización. No es casual que la balanza se inclinara en dirección de una mayor colusión del poder económico y político. El destino final de esta dinámica es la plutocracia, el gobierno de unos pocos ricos, y no la democracia para las mayorías.
Sólo puede haber contra tendencias reales si hay fuerzas sociales y políticas interesadas en promover la democracia, regular efectivamente el mercado, sustrayendo incluso bienes y servicios públicos a su mercantilización privada, un modelo económico más sostenible y de economía social. Si buscan hacer aperturas económicas selectivas y elaborar políticas sociales no solo compensatorias sino que redistributivas.
Hay contra tendencias en marcha y reacciones, como la creciente denuncia de colusión de intereses de políticos y empresarios en Chile, las destituciones de ministros por corrupción por la presidenta de Brasil y la oposición de movimientos sociales y étnicos en Perú, Ecuador, Bolivia, Chile, Argentina por ejemplo, a la colusión de intereses para imponerse en la explotación indiscriminada de minas y materias primas. Hacen falta nuevas ideas y propuestas sobre estos temas, pero se ha comenzado a andar. Lo que sí es claro es que no puede haber control sobre la colusión del poder económico y político si no hay más democracia y se incluye en el debate el modelo económico.
Ángel Saldomando
Enero 2012
