En una nueva sesión de la Comisión de Derechos Humanos de la Cámara de Diputados, constituida como Comisión Investigadora de Hidroaysén, realizada este lunes 17 en el ex Congreso en Santiago, los ambientalistas Sara Larraín y Patricio Rodrigo reiteraron las irregularidades cometidas en el proceso de evaluación ambiental del proyecto.
Uno de los temas que generó interés en los diputados asistentes, a raíz de la exposición de Rodrigo, fue el proceder del Comité de Inversiones (CAI), originado en el gobierno anterior, conducido por los Ministros del Interior, Edmundo Perez Yoma, y de Energía, Marcelo Tokman quienes dirigieron a Juan José Rivas y Jaime Bravo para actuar como fast trackers de proyecto eléctricos.
Ante la denuncia, se acordó que la Comisión investigadora solicitará los cometidos funcionarios de Bravo y Rivas en su rol de empleados públicos.
Rodrigo además se refirió a los graves impactos sociales de HidroAysén, que no fueron debidamente evaluados por la empresa, ni ponderados en forma satisfactoria por el Servicio de Evaluación Ambiental, motivando reclamaciones ciudadanas y de las organizaciones Chile Ambiente y Chile Sustentable. “La cultura joven de la Patagonia, de no más de 100 años de existencia, quedaría extinta con la intervención que traería el proyecto de represas” expresó el secretario ejecutivo del CDP.
La Comisión analizó también la irregular participación del diputado David Sandoval en esta instancia investigadora, quien tiene un conflicto de intereses debido a que su esposa posee un predio que sería inundado por HidroAysén si el proyecto se llega a materializar.
Es más, estos predios no son históricamente de la familia, sino fueron adquiridos cuando ya se conocía del proyecto (en 2007), por lo que incluso se habla de maniobras especulativas. “El diputado Sandoval debiera haberse inhabilitado de participar en esta Comisión” expresó Sara Larraín, Directora del Programa Chile Sustentable, durante su alocución.
Consultada sobre el detalle de las irregularidades del proyecto, la directora de Chile Sustentable expresó que están agrupadas en distintos tipos. Primero las relacionadas con el Estudio de Impacto Ambiental, desde que el proyecto se acogió a evaluación en ausencia de la información requerida para ser evaluado, lo que viola el artículo 24 de la Ley 19.300 por ausencia de línea base. La segunda irregularidad tiene que ver con el cambio en los documentos de evaluación, porque dentro del SEIA se retiró la opción para que los servicios rechazaran el proyecto por tener problemas no solucionables, así como al pedir Adenda sin esperar el período legal para recibir las observaciones ciudadanas, por lo tanto, muchas observaciones ciudadanas no alcanzaron a presentarse, aún estando dentro del plazo legal.
“Por último, tenemos la irregularidad relacionada con el cambio en los informes finales que debían ser la base para la resolución de calificación ambiental aprobatoria o de rechazo. Esta misma Comisión ha estado durante los últimos tres meses recibiendo a funcionarios técnicos que han denunciado que la autoridad política les cambió la redacción de los informes, y eso obviamente implica falsificación de documento público y que los elementos que estaban para rechazar el proyecto o para solicitar otra adenda, hasta que eso se resolviera, fueron falsificados”, recalcó Larraín.
Larrain destacó también las faltas a la Ley de probidad y procedimiento administrativo, indicando que muchos funcionarios que se pronunciaron debiendo haberse inhabilitado por serias incompatibilidades e intereses relacionados al proyecto, destacando a autoridades como la Seremi de Medio Ambiente, que trabajó para un consorcio que es parte del grupo Colbún, y el ex alcalde Terrazas. O el mismo presidente Piñera, “que llevó a Aysén en abril de este año el plan de inversión de la región, que incluía inversiones hidroeléctricas, en momentos en que estábamos en pleno la evaluación ambiental de HidroAysén, antes que la empresa presentara la Adenda. Acá hay una serie de violaciones a los procedimientos de la Ley 19.300 y la ley de transparencia y probidad administrativa que obviamente son temas que hoy no son aceptados por la justicia en la figura del recurso de protección. Son materiales que vamos a utilizar en los futuros recursos, como el recurso de nulidad de la Resolución de Calificación Ambiental (RCA) con todos estos vicios”, sostuvo Larraín.
Para el Diputado Enrique Accorsi se estableció claramente que este proyecto ha recibido un apoyo político transversal, tanto de la concertación como del gobierno actual, que habla de una especie de colusión política para apoyar un proyecto económico que favorece los intereses empresariales de algunos grupos.
“Este proyecto debió haber sido rechazado el 2008 porque no tenía toda la información suficiente ni relevante, ha seguido su curso porque ha contado con un apoyo político sin resguardos técnicos. Creemos que el tema del tendido eléctrico entra con una nueva legislatura, donde tendrá que lidiar con la superintendencia, con la participación ciudadana que es más relevante y los tribunales ambientales. Vamos a tener un Ministerio de Medio Ambiente que va a estar en plena operatividad, cosa que no había en la época en que se presentó originalmente el proyecto”, dijo el Diputado.
Accorsi destacó además que se acordó citar al contralor para que nos explique una serie de problemas relacionados con HidroAysén, y que se pedirá a la DGA también un informe que detalle cómo fue el traspaso de los derechos de agua desde el Estado a Endesa. “Tomamos el acuerdo porque estos derechos se traspasaron en forma inconsulta en 1990, dos días antes de terminar el gobierno militar”, enfatizó.
Al terminar la sesión de la comisión, Patricio Rodrigo indicó que las organizaciones ambientalistas confían en que la corte suprema falle a favor de las reclamaciones ciudadanas y contra el Proyecto Hidroaysen.
“Esperamos que el país recupere el estado de derecho que está siendo perdido en el marco de la evaluación de este proyecto, porque acá se están violando leyes y normas todo a favor de intereses privados y particulares para poder lucrar en forma desmedida, cobrándonos la electricidad más cara del mundo. Hoy la señora Juanita de Cerro Navia paga tres veces más caro por su cuenta de luz, por el mismo KW hora que la luz que paga don Francisco en Miami, y eso es sencillamente porque el monopolio eléctrico hace y deshace en este país y no entendemos cómo las autoridades toman palco y no son capaces de actuar defendiendo el interés común”, concluyó.
18 de octubre de 2011
