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En este numero:

- Psicología Comunitaria; diálogo sobre una tensión entre el determinismo académico o el entreguismo institucional. Por Marco Silva Cornejo.
- Un homenaje pendiente: mujeres y familiares de detenidos desaparecidos. Por Enrique Villanueva
- El cambio que Chile necesita es uno profundo, cuyo punto de partida es la constitución de 1980 por Enrique Villanueva M.

- Sumario completo



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Por fin hablamos de esto. Alicia Gariazzo

Es difícil encontrar en el mundo una prensa tan mimetizada con las oficinas de relaciones públicas de los grupos económicos como la chilena. Si no fuera por las redes sociales, los más vulnerables estaríamos definitivamente entregados a la estupidez de la farándula, al morbo, la crónica roja y la publicidad engañosa. Cuando se filtra una noticia, un estudio o una opinión, acerca de cosas vitales para las mayorías, rápidamente se borra o no se comenta. Nosotros, como tenemos la memoria de los peces, lo olvidamos.

Es así, como desde el año 2000, es un secreto a voces que Chile es un país de tránsito de drogas, armas e incluso personas, con un lavado de dinero que alcanza a los miles de millones de dólares. Recién ahora, cuando las poblaciones son verdaderos pueblos del oeste se comienza a hablar un poco más del consumo de drogas y del microtráfico. Como siempre las soluciones propuestas son reprimir más y mejor a los pequeños. Nunca a los grandes importadores. Es difícil imaginar que jóvenes humildes, consumidores y vendedores, sean los que hacen las importaciones de drogas o de armas.

Nadie investiga cómo se invierten las grandes ganancias o donde está el lavado de dinero. El negocio es tan grande y creciente que es imposible ocultarlo, pero nadie, ni los economistas más expertos, analizan las incongruencias que se expresan en la economía.

Como dice Paco Ignacio Taibo en Revista Digital, el narcotráfico es un negocio criminal, que sigue reglas de un mercado semivisible, tiene inversiones, está sujeto a la producción y la distribución. Una parte del dinero, millones de millones de dólares, se moverá prosaicamente en paquetes de billetes verdes envueltos en papel periódico y en maletas Samsonite, pero otra parte, quizá la más importante, se convierte en inversiones, casas, automóviles de lujo, oficinas, hoteles, tiendas, restaurantes. Agrega una inquietud que comparto: En los cientos de decomisos, cateos, detenciones, ¿no han aparecido chequeras, cuentas bancarias, huellas y rastros? ¿Por qué no se habla de esto nunca?

Últimamente no estamos buenos para cuantificar, más bien carecemos de estadísticas confiables, pero no hay que ser Milton Friedman para concluir que estas actividades llevan consigo enormes impactos económicos, en todas sus fases. Desde el gran importador que debe lavar dinero para moverse en efectivo y funcionar normalmente con la banca, hasta el microtraficante de la población popular que debe justificar sus ingresos frente a familia, vecinos, Ficha de Protección Social y un eventual censador. Definirse como un feriante de ropa usada y sumarse a una feria existente, es una buena alternativa y se puede observar cómo han aumentado estos puestecitos con ventas de artículos inverosímiles, donde rara vez se vende algo. Con los salarios de hambre de gran parte de los asalariados de nuestro país, es imposible entender, pese al sobreendeudamiento, los niveles del consumo nacional. Los bares, Casinos, restoranes, malls siempre están repletos pese a ofrecer los precios más altos del mundo. En ningún país en desarrollo se pueden ver colas por días y noches para todo tipo de espectáculo o festival de distintos tipos de música.

Libertad y Desarrollo hizo en 2002 un estudio donde el valor del mercado de la droga, llegaba a $46.718.000.000, multiplicando el precio estimado de unidad de droga por el número de veces que se consume al año y luego por la cantidad de consumidores, según estrato socioeconómico. Entre 2009 y 2011, en puertos de África, Asia y Europa se incautó más de siete toneladas de droga provenientes de puertos chilenos, principalmente de Arica, lo que demuestra además, que Chile no consume o decomisa toda la droga ingresada. Expertos concluyen que un país como Chile solo puede decomisar el 25% de la droga que importa. El 75% se divide en consumo interno y exportación. Las autoridades aceptan dicha conclusión y afirman que incautan un promedio de 20 toneladas al año. Por ende, basándonos en los porcentajes de los expertos mencionados, deberían ingresar alrededor de 80 toneladas, que se trasladan dentro de Chile para que 60 sean exportadas, si no quedara nada para el consumo interno, lo que sabemos no es así.[1] En 2011, el Ministerio del Interior descubrió una alianza entre microtraficantes y funcionarios, dedicados a la destrucción de droga en la capital[2]. En ese año desapareció una tonelada de coca destinada a incineración. Ello se filtró en las noticias, pero nunca se conocieron detalles del hecho y la nota pasó desapercibida.

Análisis internacionales exponen que el cultivo de coca fue emigrando desde Colombia a Perú y Bolivia llegando estos a producir el 54% de la cocaína del mundo. Entre 2000 y 2009 el cultivo de coca en Perú creció un 38% y en Bolivia, un 112%. La mayor parte ingresa por el norte de Chile, aunque se informa que en la Araucanía también hay cuatro pasos fronterizos donde también entra droga. Casi mil kilómetros de frontera con Perú y Bolivia, traen la coca y más de 400 kilómetros con Argentina, la marihuana prensada. No solo por tierra, también por mar, ya que además de los puertos controlados por la Armada[3], hay otros 26 lugares donde es posible recalar botes y embarcaciones para ingresar o extraer mercadería, sin ningún control, ni siquiera de radar.

Hay 140 pasos no habilitados en Arica y Parinacota. Un primer tramo de 56 kilómetros, de 26 a 2.100 metros sobre el nivel del mar, doce sectores costeros inhabilitados, también útiles para el narcotráfico. El tren Arica-Tacna, según el tratado de 1929 solo puede ser controlado en Arica, lo que ocasiona que mucha droga sea arrojada hasta 25 kilómetros antes de llegar a la estación, dos veces al día.

En un segundo tramo, de 111,4 Km en el sector precordillerano, en los hitos 27 a 80, está el paso Laguna Blanca frente a Alto Perú, centro de acopio de droga, donde carreteras pavimentadas facilitan el tráfico hacia los poblados de Puno y Ayacucho. Otro paso es Ancomarca en Perú, pueblo donde se acopia droga, con rutas ilegales para el narcotráfico, el contrabando de mercadería y el paso de vehículos robados. Finalmente, en un tramo de 168 kilómetros, con una altura de 3.800 metros sobre el nivel del mar, cada 15 días hay una feria internacional donde hay intercambio de contrabando y drogas.

La región de Antofagasta cuenta con 365 kilómetros de frontera con Bolivia y tres pasos habilitados: uno vehicular, el complejo Colchane, dos peatonales, Ujina y Cancosa y 389 kilómetros con Argentina. Vías naturales de Paraguay y Brasil, llegan a Bolivia, principalmente de Paraguay, otro productor de la marihuana prensada. Por tanto, hay casi un total de 1.350 kilómetros de fronteras con tres países exportadores.

Este informe oficial muestra la inmensa vulnerabilidad en que nos encontramos y es elemental preguntarse cómo el análisis de la creciente delincuencia, la situación de las poblaciones populares donde las balas llegan hasta a los jardines infantiles, no se vincula a los impactos de esta actividad ilegal. ¿Por qué no se envían a las FFAA a la Frontera Norte para impedir el tráfico? ¿Por qué no desarrolla un control irrestricto en el sistema financiero?

Estas dudas nos pueden llevar a pensar que a los dueños del país les conviene el tráfico para que haya demanda, movimiento, e incluso “alegría”, ya que los chilenos figuramos entre los países más felices de América Latina.

Lamentablemente ya hay generaciones completas de microtraficantes afectados mentalmente por el consumo de drogas y la violencia que conlleva el narcotráfico.

Como siempre paga Moya.

[1] Información entregada por el Subsecretario Rodrigo Ubilla a una Comisión Investigadora del Plan Frontera Norte en la Cámara de Diputados, 2011

[2] Información entregada por el Subsecretario Rodrigo Ubilla a una Comisión Investigadora del Plan Frontera Norte en la Cámara de Diputados, 2011

[3] Diagnóstico de DIRECTEMAR, órgano policial de la Armada encargado del control de las costas

 
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