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Profundas contradicciones papales. Por Felipe Portales

En febrero de este año, el Papa Francisco exigió en una carta solemne a los obispos y responsables religiosos católicos en todo el mundo, que no encubran por ningún motivo casos de pederastia: “No hay absolutamente lugar en el ministerio para los que abusan de los menores”; y que “las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos, y tienen el derecho a dirigirse a ella con plena confianza, porque es una casa segura. Por tanto, no se podrá dar prioridad a ningún otro tipo de consideración, de la naturaleza que sea como, por ejemplo, el deseo de evitar el escándalo” (24 horas.cl TVN; 5-2-2015).

Sin embargo, el Papa ha hecho dos nombramientos –desde que asumió- que no se condicen para nada con dicha drástica postura. Se trata de la designación, entre los ocho cardenales que forman la importante comisión para reformar la Curia romana, de Francisco Javier Errázuriz. Y de la –más increíble todavía- de Juan Barros Madrid como Obispo de Osorno.

Francisco Javier Errázuriz efectuó, como arzobispo de Santiago, numerosas acciones y omisiones que contribuyeron a que obispos y sacerdotes pederastas pudiesen seguir desarrollando sus execrables abusos; y que algunos de ellos quedaran impunes frente a la Justicia.

Así tenemos el caso del ex obispo de La Serena, Francisco José Cox. El es de la misma edad de Errázuriz y fue compañero de estudios de la Congregación de Schoenstatt. En noviembre de 2002, previo a la publicación periodística de un sórdido historial de pederastia del obispo Cox –y enterado el Arzobispado de Santiago de su inminencia- Cox renunció a sus labores pastorales. En dicha publicación (La Nación; 3-11-2002) quedó claro que en La Serena (donde fue nombrado obispo auxiliar en 1985; y arzobispo en 1990 hasta 1997) fueron “vox populi” los abusos sexuales de Cox. Incluso, el posterior obispo Manuel Donoso reconoció haber recibido nueve denuncias en contra de aquel, pero que las desechó considerando que “ninguna era comprobable” (La Nación; 2-11-2002).

También llama poderosamente la atención el hecho de que siendo ya obispo (de Chillán, en 1975), Cox hubiese sido nombrado en 1981 como Secretario del Pontificio Consejo para la Familia en el Vaticano -por Juan Pablo II- para luego ser “defenestrado” a obispo auxiliar de La Serena. En este sentido, Jorge del Solar (sobrino del cardenal Silva Henríquez), quien estudió en Chillán y admiraba en su juventud a Cox, recordó que se enteró de que había tenido problemas en Roma: “Se nos dijo que eran disputas de poder, pero ahora no lo puedo asegurar. Con el tiempo, también me enteré de que hubo quejas en su contra en Chillán y que en La Serena habría pagado con cheques del arzobispado los gastos de los muchachos con los que tenía relaciones” (La Nación; 3-11-2002).

Reveladoramente, el entonces arzobispo Errázuriz declaró que Cox “tenía una afectuosidad un tanto exuberante”, la que “se dirigía a todo tipo de personas, si bien resultaba más sorprendente en relación con los niños”. Además, recordó que “cuando sus amigos y sus superiores llegamos a ser muy duros para corregirlo, él guardaba silencio y pedía humildemente perdón. Nos decía que se iba a esforzar seriamente por encontrar un estilo distinto de trato, pero lamentablemente no lo lograba” (La Nación; 2-11-2002). En este texto –en lo que a él respecta- debiera estar haciendo referencia al período en que el propio Errázuriz fue Superior de la Congregación en Chile (1965-1971). Pese a esta constatación retrospectiva, y a que ¡Errázuriz llegó a ser entre 1974 y 1990 Superior mundial de Schoenstatt!, Cox fue nombrado obispo y destinado a un muy alto cargo en Roma. ¿Cuántos niños y jóvenes podrían haberse salvados del abuso si como Superior de la Congregación hubiese ordenado someterlo a la Justicia en los 60 o 70?

Un segundo caso de omisiones muy graves de Errázuriz fue el relativo al sacerdote José Andrés Aguirre Ovalle (“cura Tato”); quien fue condenado en primera instancia a 12 años de cárcel en junio de 2003 por nueve abusos deshonestos y un estupro contra menores de edad, cometidos entre 1998 y 2002. Su condena fue confirmada por la Corte Suprema en enero de 2005. Sin embargo, su historial de abusos, según él reconoció, comenzó en 1984 (ver La Tercera; 12-11-2013); y ya en 1994 el Arzobispado de Santiago sabía que había dejado embarazada a una niña (ver La Nación; 15-10-2004). Incluso, “consultado por qué el cura Tato no había sido expulsado de la Iglesia apenas se supo que había cometido abusos y que había tenido una hija, Errázuriz dijo que en ese momento se creyó posible su rehabilitación y posterior reinserción pastoral uniéndolo a un movimiento en el extranjero que ‘brindaba un excelente acompañamiento espiritual’ ” (El Diario de Atacama; 18-7-2004). De este modo, Aguirre fue enviado a Costa Rica y Honduras en 1994 (ver La Tercera; 12-11-2013).

Increíblemente, a su vuelta en 1998 se lo nombró en la Vicaría Pastoral de Quilicura (ver La Tercera; 12-11-2013) y, en 2000, párroco de Nuestra Señora del Carmen de la misma comuna (ver La Nación; 15-10-2004), donde continuó con sus conductas delictuales. Además, cuando se destapó el caso en 2002, la madre de tres de las niñas abusadas en Quilicura por Aguirre, Silvia Leiva, contó que en 1999 fue a denunciarle los hechos al obispo auxiliar de Santiago, Sergio Valech. Según ella, el obispo le dijo “que no creyera todo lo que se decía, que no expusiera a mis hijas porque las iban a asediar la prensa, ‘y ellos son buitres que donde tienen comida, comen’. También dijo que si contaba algo, sería acusada de injurias porque la Iglesia Católica es un elefante y yo solo una hormiga”. Intimidación que desmoralizó a su marido quien “me dijo pa’ que vas a seguir peleando si eres una hormiga no más” (La Nación; 21-10-2002). El mismo diario relató que el obispo –pese a los insistentes pedidos- se negó a ser entrevistado al respecto. La señora Leiva, días después, hizo el mismo relato en un programa nocturno de TVN. Y en este se mostró cómo Valech se negó con molestia a ser entrevistado al respecto por una periodista del mismo canal.

Todo esto influyó para que la jueza aplicara también una sanción pecuniaria al Arzobispado de Santiago: “La tercera demandada civil (Arzobispado de Santiago) debe responder por su propia culpa al no haber desempeñado eficientemente su labor de cuidado respecto de aquel subordinado cuya acción ilícita ha causado daño” (La Nación; 25-6-2003). Dicha sanción fue confirmada por la Corte de Apelaciones; aunque finalmente fue desechada por la Segunda Sala de la Corte Suprema por 3 a 2, siendo estos últimos Milton Juica y Nibaldo Segura, quienes “consideraron que el Arzobispado, como autoridad eclesiástica, actuó con ‘negligencia en la fiscalización’ de uno de sus dependientes y que por ello debía ser responsable en forma ‘subsidiaria’ de la condena civil” (El Mercurio; 6-1-2005).

Contradictoriamente, el arzobispo de Santiago luchó tenazmente para eximir de responsabilidad civil a la jerarquía eclesiástica en este caso; y al mismo tiempo desechaba de plano cualquier conducta de colaboración de la Iglesia con la Justicia en eventuales delitos sexuales cometidos por sacerdotes: “Hay que tener presente que el obispo tiene una función de pastor y de padre, no sólo en bien de los fieles, sino que también ante cada sacerdote de su diócesis. Quisiera saber qué papá va a la justicia a delatar a su hijo” (El Mercurio; 26-5-2002). Igual que en el caso de Cox, si Errázuriz hubiese actuado oportunamente con el cura Tato, habría evitado muchas niñas víctimas.

El tercer caso gravísimo es el del sacerdote Fernando Karadima, “artífice” de la Parroquia de El Bosque. En éste, la primera denuncia que recibió Errázuriz fue en 2003, en virtud de una carta de José Andrés Murillo, que le entregó personalmente su vicario para la Educación, el sacerdote jesuita Juan Díaz (ver Mónica González, Juan Andrés Guzmán y Gustavo Villarrubia.- Los secretos del imperio de Karadima; Edit. Catalonia, 2014; p. 241). Notablemente, Errázuriz señaló, en una Carta Pastoral del 25 de abril de 2011, que las primeras denuncias contra Karadima ¡comenzaron a llegar al Arzobispado en 2005! (Ibid.; p. 241). Evidentemente, Errázuriz no hizo absolutamente nada con la denuncia.

En 2005 Murillo insistió con su denuncia, presentándola esta vez al obispo auxiliar de Santiago, Ricardo Ezzati, quien logró de Errázuriz que se iniciara un juicio canónico al respecto. A fines de 2005, Murillo recurrió también a un segundo obispo auxiliar de Santiago, Andrés Arteaga, sacerdote formado en la “espiritualidad” de Karadima. Pensó que como obispo sería independiente de aquel. Craso error. Arteaga descalificó totalmente su denuncia e incluso trató de intimidarlo señalándole que “en la Parroquia El Bosque tenían buenos abogados” (Ibid.; p. 244).

Por otro lado, en enero de 2006 el médico James Hamilton efectuó una circunstanciada denuncia de los abusos que por años –desde que fuera menor de edad- sufrió de Karadima. Sin embargo, como lo reconoció Errázuriz ante la jueza Jessica González, ¡él frenó el accionar de la justicia canónica hasta 2009!: “El receso del procedimiento administrativo entre los años 2006 y 2009 es de mi responsabilidad y fue una decisión que tomé luego de haber oído el testimonio de monseñor Andrés Arteaga respecto de los denunciantes” (Ibid.; p. 245). Todavía, el 16 de junio de 2009, con ocasión de los funerales de monseñor Ignacio Ortúzar, preguntado Errázuriz qué pasaba con las denuncias del doctor Hamilton por el sacerdote Percival Cowley (quien había hablado al respecto con Ezzati hacía dos años), el cardenal le contestó “Eso es mentira” (Ibid.; p. 246).

Tuvieron que querellarse cuatro de las víctimas de Karadima ante la Justicia (además de Hamilton y Murillo, Fernando Batlle y Juan Carlos Cruz) y salir por televisión sus crudas denuncias en abril de 2010; para que finalmente se activara su proceso canónico que finalmente obtuvo su condena por el Vaticano y el fin de la virtual secta de El Bosque. De todas formas, la dilación de Errázuriz fue clave para que los casos presentados ante la Justicia fueran desechados por prescripción. Además, ¿cuántos abusos se habrían evitado si Errázuriz hubiese actuado responsablemente en 2003, cuando recibió la primera denuncia de los delitos de Karadima?

Por cierto, ninguna de las conductas y declaraciones anteriores del cardenal Errázuriz se ciñen a lo planteado por el Papa este año, de que “las familias deben saber que la Iglesia no escatima esfuerzo alguno para proteger a sus hijos”…

Pero si ya el nombramiento de Errázuriz en tan alto cargo eclesiástico configura una abismante contradicción papal y una profunda desmoralización para los católicos ¡y qué decir para las víctimas!; la designación de Juan Barros como obispo de Osorno (siendo ya obispo castrense) desafía la imaginación más delirante.

¡Cómo puede entenderse que uno de los más estrechos discípulos de Karadima sea promovido hoy a cargo de una diócesis! Basta leer el documentado libro de González, Guzmán y Villarrubia, para comprender que el núcleo central de la Parroquia de El Bosque, bajo la dirección de Karadima, se constituyó en una virtual secta. En una agrupación donde el poder omnímodo de su jefe se expresó en un control y manipulación mental extremos; en abusos sexuales de distinta naturaleza; en vejaciones y humillaciones permanentes; en la creación de un clima de temor; en la promoción del espionaje entre sus miembros; y –sin ser exhaustivo- en el más grosero aprovechamiento económico de la buena fe y credulidad de mucha gente.

Y de Juan Barros se sabe además concretamente que, de acuerdo a testigos, participó en sesiones de humillación pública que Karadima frecuentemente hacía con los que perdían su favor, por alguna independencia que mostraren. Así, él participó en la sesión contra el seminarista Luis Lira, de acuerdo al vívido recuerdo de este último (Ibid.; p. 125); sesión que se produjo porque ¡Lira le había comunicado sus dudas vocacionales al rector del Seminario (hasta 1983), Benjamín Pereira, a quien Karadima odiaba! Asimismo, participó en la sesión contra el seminarista Juan Debesa (Ibid.; p. 187), la que se le hizo como castigo por hacer amistad con seminaristas que no eran de El Bosque.

Barros fue también actor principal en 1987 –como secretario del arzobispo Fresno- de una sórdida intriga para desacreditar ante el Seminario a Juan Carlos Cruz (Ibid.; pp. 189-91). Esta intriga la creó Karadima, furioso por las repetidas demostraciones de amistad de Cruz hacia seminaristas “foráneos”. Y aprovechó para ello que Cruz le había revelado, bajo secreto de confesión, su homosexualidad. A instancias de Karadima, “Barros escribió una carta al Arzobispo Fresno y este envió una copia al Seminario. En ella informaba que dos jóvenes de El Bosque se habían acercado a él para contarle que Juan Carlos los había acosado sexualmente. Los denunciantes eran Guillermo Ovalle y Gonzalo Tocornal. Ya nadie más le habló a Juan Carlos. La orden de Karadima se cumplió. El mismo Juan Carlos leyó la carta de Barros porque el propio rector Juan de Castro junto al sacerdote Vicente Ahumada lo convocaron especialmente para tratar la grave acusación que formulaba el secretario del Arzobispo y le mostraron la carta” (Ibid.; p. 191).

Asimismo, Juan Barros participó junto a Andrés Arteaga en otra “miserable tarea”. Un sobrino del “Jefe” –Felipe Karadima- había renunciado al sacerdocio alegando que su tío lo había presionado para ordenarse y “el padre del joven –Sergio Karadima- respaldó a su hijo, cosa que indignó al sacerdote. Según contó a los autores de este libro uno de los hermanos de Karadima, el cura envió a Arteaga y Barros a hablar con la familia para que le hicieran la ley del hielo a Sergio. Como muchos dependían económicamente del cura y le tenían miedo, obedecieron a los obispos” (Ibid.; pp. 365-6).

Y su acción nefasta más trascendente fue sin duda el temprano ocultamiento de las primeras denuncias que se efectuaron contra los abusos de Karadima, aprovechando su cargo de secretario de monseñor Fresno. En 1983 un grupo de cinco o seis jóvenes –entre ellos, Francisco Gómez Barroilhet- que ya se habían ido de El Bosque por los abusos, suscribieron una carta de denuncia al arzobispado: “Nunca más supo del asunto hasta que en 1984 Gómez le pidió a su amigo Juan Hölzel, ex seminarista jesuita que llegó a trabajar al Arzobispado al área de prensa, que averiguara qué había pasado con la carta. Hölzel le contestó que ‘la carta se recibió, se leyó, se rompió y se botó a la basura’. Cuando Francisco Gómez le preguntó si valía la pena enviarla de nuevo, Juan Hölzel le respondió: ‘Mientras Barros esté acá, no vale la pena’ ” (Ibid.; p. 129).

Y notablemente, de los obispos discípulos de Karadima, Juan Barros fue quien más negó, ante la jueza Jessica González, toda irregularidad en el funcionamiento de El Bosque: “Dijo más de 20 veces ‘no recuerdo’ en la declaración” (Ibid.; p. 366), incluyendo, por cierto, todos los sucesos anteriormente descritos. Por lo tanto, es de los discípulos más relevantes de Karadima de quien más dudas suscita su tardío arrepentimiento.

De seguro, si el Papa leyera el libro sobre el imperio de Karadima, no solo le pediría la renuncia a Barros, sino al conjunto de sus obispos discípulos. Pero claro, no debe saber de su existencia; o le habrán hecho un breve resumen…

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