Protegerse de los “protectores”

Impulsada por el clima de preocupación por la inseguridad –uno de los temas preferidos del discurso político– la participación de empresas privadas en misiones de seguridad pública va in crescendo: guardias de estacionamiento o de supermercado, vigilantes, alarmas... Gracias a las sociedades de vigilancia reina el orden. Pero aun cuando la función de estos agentes de prevención y seguridad es ante todo “económica”, su banalización y los poderes de control que se arrogan, en las fronteras de lo legal, ponen en riesgo las libertades públicas.

Ya sea en nuestro entorno cotidiano o en el conjunto del territorio, el número de vigilantes no deja de aumentar. Supermercados, playas de estacionamiento, galerías comerciales, oficinas, estaciones, vía pública, universidades, museos, espectáculos culturales y deportivos, e incluso iglesias y bibliotecas municipales: ya no existe un lugar en el que no se vea la silueta de estos “profesionales de la seguridad” y su mirada suspicaz dirigida a las multitudes. Nos acostumbramos a su presencia. Nos acostumbramos a dar contraseñas y abrir nuestros bolsos. Dejamos dócilmente que nos llamen al orden.

150.000 asalariados en Francia en 2007; crecimiento promedio anual de efectivos desde 1998: 8,5% (5,5% en 2005/2006); perspectivas para 2015: 60.000 puestos por cubrir. La aplicación generalizada del plan Vigipirate y la lucha contra el terrorismo sirvieron de fáciles pretextos para que todos y cada uno dotara a su negocio, su establecimiento, sus instalaciones, de estos Agentes de Prevención y Seguridad (APS). Pero, a no equivocarse, la función de estos agentes es ante todo de orden “económico”: disuadir a los ladrones, prevenir los daños, asegurar la adecuada utilización de los equipos y espacios puestos a disposición del público, etc. Dispositivos tecnológicos de punta (televigilancia, sistemas de alarma y detección), controlados por los mismos vigilantes, contribuyen a cumplir con esta misión. Es la seguridad del propio (...)