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En este numero:

- Servicios mínimos en la Banca: la anulación del derecho a huelga. Por Ana Muga
- Por la defensa a la educación pública y del proyecto educativo Escuela Comunitaria República Dominicana
- Entrevista de Alex Ibarra a Horacio Cerutti-Guldberg. La resistencia liberadora del pensamiento utópico frente al transcapitalismo.

- Sumario completo



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RAÍCES HISTÓRICAS DE LA FORMACIÓN DEL ESTADO Y DE LA CONSTITUCIÓN OLIGÁRQUICA DE 1833 EN CHILE. Un aporte desde la historia al debate actual para cambiar la constitución pinochetista. Por César Cerda Albarracín

La conmemoración de los 40 años del golpe cívico-militar ha despertado un inusitado interés por el conocimiento de la historia nacional en general, y en particular, por conocer mayores antecedentes sobre el pasado institucional de nuestro país. Sin lugar a dudas que el telón de fondo que ha generado este explosivo interés, ha sido la acción e incremento del movimiento social en general y particularmente, la movilización de los estudiantes. La magnitud, la extensión, profundidad, carácter y sentido de los movimientos sociales, han generado el más trascendental cambio en el desarrollo sociopolítico y cultural de nuestro país en los últimos 40 años, como lo reconocen la mayoría de las últimas publicaciones de los más destacados cientistas nacionales y extranjeros. Este poderoso movimiento ha puesto a la orden del día, entre otras demandas, la necesidad de elaborar democráticamente una nueva Carta Magna partiendo por derogar la Constitución de 1980, impuesta bajo las condiciones de uno de los regímenes más repudiados de la humanidad.

A partir de los anteriores antecedentes y dado que las Constituciones son consideradas como el fundamento jurídico del Estado nos obliga abordar a ambas instituciones de manera conjunta. Concientes de la complejidad de la temática, haremos un sucinto análisis de las condiciones históricas que condujeron a la formación del Estado a comienzos de la tercera década del Siglo XIX y entregaremos algunos antecedentes de los basamentos sociales y los rasgos fundamentales de la fisonomía ideológica política de quienes intervinieron en la elaboración de las Constituciones de 1828 y de 1833. A través del conocimiento de las causas históricas que condujeron a la promulgación de ambas constituciones, pretendemos aportar al debate actual sobre la necesidad de una nueva Constitución para Chile. En relación a ello, intentaremos dar respuesta a las siguientes interrogantes; ¿Cuáles fueron las condiciones históricas que condujeron a la formación del Estado en Chile? ¿Quiénes, desde el punto de vista económico-social, dieron forma al Estado? ¿Cuál fue el carácter y la función del Estado que dio inicios a la formación del país? ¿Cómo se gestaron las Constituciones de 1828 y de 1833? ¿Quiénes la elaboraron? ¿Cuáles fueron las principales características de las Constituciones de 1828 y de 1833? y ¿Porqué su determinado carácter?

El ENFOQUE TEÓRICO-METODOLÓGICO

Oficialmente, la versión más difundida a través de los textos escolares de la enseñanza básica y media de nuestro país, es definir al Estado, como “la organización política de la nación”. Otros escritos hacen referencia a que el Estado chileno es la institución fundamental formada por todos los chilenos y que representa por lo tanto, los intereses de toda la sociedad. De estas interpretaciones, se desprenden distintas variantes de las teorías que tienen como base la concepción del Estado “neutro”, del Estado “Ente”, en definitiva, como el aparato que está por “encima” y separado de la sociedad. Todas estas lecturas oficiales que se hacen sobre el Estado, generan una serie de confusiones en los escolares y también en los estudiantes de enseñanza superior. Se trata de conceptos, ideas valores que son aprendidos y se mantienen en el subconsciente colectivo por todo el transcurso de sus vidas al tiempo que determinan confusas opiniones y conductas, que en definitiva los conducen a marginarse de su participación en los procesos históricos que le pertenecen.

Nunca se debe olvidar que entre el Estado, concebido como un aparato relativamente autónomo y como la institución central del Poder y la sociedad, se establece una estrecha relación dialéctica. Las transformaciones o cambios que se generan en el Estado, en última instancia siempre son el resultado de la movilización social colectiva y organizada. Y a la inversa, los cambios generados en el Estado por la misma lucha social, van a repercutir de diversas maneras en el desarrollo y en las formas que adquiera la movilización social. Por otro lado, existen también aquellas escritos sobre el Estado que en lugar de analizar el fenómeno en relación a su realidad concreta y la de forma que éste adquiere en una sociedad históricamente determinada, se limitan a la exposición de generalidades abstractas con una casi nula conexión con la realidad.

El error metodológico esencial en que incurren todas estas teorías e interpretaciones, es que hacen surgir, “aparecer” al Estado como un acto de magia, sin especificar su origen histórico ni sus raíces sociales concretas y por lo tanto resulta así, un aparato de Poder desligado de la sociedad. A partir de ello, el paso siguiente, es que al Estado se le transfiere cualidades propias, específicas de “automovimiento” y por lo tanto como una institución con dinámicas totalmente autónomas y lo transforman en una instancia de desarrollo “en sí y para sí”. Sin lugar a dudas, que muchos artículos, trabajos o documentos que se elaboran con respecto al Estado en general y otros que se refieren a su origen histórico en nuestro país, repiten y reiteran estas teorías y que en definitiva son las que han escrito autores reconocidos y que se escudan bajo el manto de las autoproclamadas ciencias sociales “independientes”.

Se debe tener presente que uno de los principios metodológicos cardinales, consiste en saber que el Estado, concebido como la institución central del Poder en una sociedad, es ante todo un resultado histórico social y que por lo tanto no se trata de un concepto abstracto formal. Desvincular el fenómeno Estado de su origen histórico social, dificulta la comprensión de la causas sociales de su formación, de la continuidad y discontinuidad de su proceso de desarrollo, de la comprensión de sus modernizaciones e impide por lo tanto, analizar sus posibles tendencias futuras. Es por ello, que lo esencial para analizar el fenómeno histórico social del Estado, es no olvidarse, primero: de su estrecha relación dialéctica con la sociedad y, segundo de su concatenación histórica fundamental, y considerarlo siempre desde el punto de vista de cómo éste ha surgido y cuales han sido las etapas principales o fundamentales por las que ha pasado en su desarrollo y, partiendo de este punto de vista, analizarlo en lo que se ha convertido en la actualidad.

El trasfondo ideológico de lo que escriben algunos intelectuales orgánicos de las fuerzas sociales económicamente dominantes (FSED) en el Poder, es recurrir a una metodología que intenta ocultar los intereses sociales, reales que se expresan en el Estado. No se debe pecar de ingenuidad para no percatarse de que la casi totalidad de los trabajos que desarrollan la teoría del Estado por “encima” de la sociedad o desligado de ella, responden a una determinada concepción del mundo y a una visión del desarrollo histórico social, cuyo objetivo fundamental es justamente ocultar el carácter histórico-social del origen, formación y función del Estado en nuestro país y con ello neutralizar el papel protagónico que le corresponde al movimiento social para su transformación.

En síntesis, el problema de la formación del Estado difícilmente puede ser abordado, sino se hace a partir del análisis de su matriz económico social históricamente dada, la cual determina la constelación de fuerzas sociales que intervienen en el complejo proceso de su formación. De igual modo, precisamos, que los mismos principios metodológicos que se aplican para el estudio del aparato Estado, son vigentes también en sus aspectos centrales, para el estudio y análisis de la historia de las Constituciones. Por ello, es que nos parece muy acertada la afirmación que realiza el cientista social británico Ralpf Miliband, en su ya clásico trabajo, “El Estado en la sociedad capitalista” cuando señala que, “una teoría del Estado es también una teoría de la sociedad y de la distribución del poder en esa sociedad” (1). De acuerdo a Miliband, detengámonos entonces en desarrollar algunas sintetizadas líneas para hacer referencia a este complicado proceso.

ECONOMÍA Y FORMACIÓN SOCIAL EN LA COLONIA.

¿Cómo y porqué se formó una determinada estructura social en la cual los terratenientes se transformaron en la fuerza social dominante en estos territorios?

Para analiza el caso particular del territorio sobre el cual a comienzos de la década del 30 del Siglo XIX se dio inicios a la formación del país Chile, un determinante factor que ayuda a desentrañar este complejo problema, comienza por determinar las características que tuvo su matriz económico-social en sus comienzos, y como esa matriz intervino en generar las condiciones favorables para la formación de determinada estructura social y entre ellas, la fracción oligárquica terrateniente.

Las raíces estructurales de la formación social que se generan durante la colonia, se encuentran en el carácter centralizado y no utilitario que estableció el propio imperio español a nivel continental. Los obstáculos impuestos por la corona al despliegue de las relaciones económicas capitalistas determinaron la formación de una estructura del sistema colonial caracterizada por su extremada organización vertical la cual se adaptaba en gran medida a la situación geográfica y a las condiciones existentes en cada territorio (2). Las escasas posibilidades artesanales y manufacturas de desarrollo, por regla general fueron víctimas de las restricciones impuestas por la corona en beneficio de los sectores del latifundio orientados a la exportación. La comunicación continental horizontal, por el contrario se desarrolló de forma muy incipiente y se dificultaba además como consecuencia de la misma política colonial. Ello mismo generó, por consiguiente, un desarrollo diferenciado en diversas regiones y localidades en cuanto a intereses y costumbres prácticamente durante casi todo el periodo colonial. Este hecho tuvo no pocas repercusiones en la conformación de identidades que más adelante otorgarán algunos de los débiles elementos para la invención de la nación (3). En definitiva, la política colonial puso freno al desarrollo de los intereses generales en el campo económico y político administrativo.

Este proceso tuvo como consecuencia la ausencia de una burguesía como clase nacional, y en especialmente el precario desarrollo de una fracción de burguesía nacional manufacturera, industrial. La burguesía como “clase nacional”, estaba ausente en un sentido doble: no tenía carácter nacional, es decir no estaba constituida como fuerza social para ser fuerza hegemónica natural del desarrollo y tampoco estaba en condiciones de articular intereses nacionales. No existió un compromiso nacional, el que fue demostrado inmediatamente después de la Independencia, cuando se desataron los intereses locales separatistas. Esta situación generó una conformación social que, en primera instancia demostró la existencia de una extremadamente débil, y casi inexistente burguesía como clase social y que por lo tanto, no podía desempeñarse o actuar como elemento hegemónico de la Revolución independentista (4).

Por otro lado la inmensa mayoría de la población, compuestas por aborígenes, negros y el sinnúmero de castas resultantes de los cruces, estaba absolutamente ausentes de todo tipo decisiones y sólo constituían mano de obra sujeta a relaciones de explotación muy atrasadas. La inmensa mayoría eran campesinos, de relación personal con sus patrones o amos. Lo característico de la estructura de la sociedad colonial fue la marcada identidad entre diferenciación étnica y social, hecho que pavimenta una de las raíces históricas del sistema de contradicciones que dan origen a los movimientos sociales orientados en una perspectiva democrática nacional y popular en los tiempos de la República. Los pueblos originarios transformados en indios, son en la actualidad, los “cabezas negras”, los explotados y marginados.

ORÍGENES HISTÓRICOS DEL PODER TERRATENIENTE

Fue la expropiación y apropiación de la tierra de los aborígenes por parte del conquistador, sumado al usufructo que obtenían por la explotación sin límites de su mano de obra y la que indirectamente realizaba la corona a través de los impuestos, lo que generó esta diferenciación social que se proyecta hasta los tiempos actuales en la mayoría de los países de nuestro continente. Se debe partir por comprender, que el conquistador español se apropió de territorios y no de países. Este hecho, dio origen a un proceso ininterrumpido de expropiación y apropiación de las tierras que ocupaban los pueblos originarios. Se debe señalar además, que las primeras concesiones hechas por la corona no fueron terrenos agrícolas, sino que de suelos urbanos, dado que para España y Portugal, la ciudad tenía una importancia primaria (5). Esta fue la base para la acumulación originaria. El carácter “gratuito” de los suelos urbanos constituye un aspecto muy importantísimo, para entender la evolución del problema de la tierra como recurso fundamental de la economía del continente, un aspecto significativo del proceso general de ocupación del suelo en todas las ciudades de los futuros países y por supuesto, en el origen del Poder económico, el “poder más poderoso de todos los poderes”.

A comienzos de la conquista – con mucha tierra disponible y pocos españoles - los gobernadores y los cabildos de las ciudades recibieron autorización para distribuirla a su “voluntad”, a condición que se solicitara la confirmación real. No se debe olvidar que por el enorme significado histórico que va a tener en el momento de la toma de posición por parte de los criollos en la lucha por la Independencia, las concesiones de tierras con fines productivos debían siempre emanar de la autoridad real. Luego, en largos y engorrosos procesos que no es el caso detallar en este trabajo, se desarrolló una práctica de entrega de mercedes de tierra de dudoso origen, la que se intentó más tarde legalizar a través de las “composiciones”, al tiempo que se continuó con la práctica de apropiaciones ilegales y comenzó a consolidarse un cierto tipo de mercado de la tierra. Lo que nunca debe dejarse de lado en todo análisis que se realice sobre el proceso que dió origen al poder terrateniente, es que prácticamente todo lo que se desarrolló en el terreno económico, se hizo mediante la apropiación y expropiación de la tierra a los aborígenes y más aún, mediante la utilización de su fuerza física de trabajo, sometiéndolos a las condiciones más despiadadas de explotación.

El único caso distinto al de todos los territorios ocupados por el conquistador a nivel continental, lo constituyó la distribución de tierras en aquellos territorios a los que después se les denominará Chile. En este “Chile central”, al contrario de las otras regiones del continente, sólo a partir de 1590 se configuró un movimiento sostenido de peticiones (concesiones) de mercedes de tierra. Ello se debió a que los conquistadores y primeros colonizadores, no fueron muy numerosos y debieron penetrar cada vez más hacia el sur, donde encontraron una creciente resistencia indígena que les hacía la vida muy difícil y que los obligó, incluso antes de la primera rebelión mapuche de 1599, a retornar al centro del territorio. Fue precisamente este repliegue forzado hacia el territorio central lo que generó muchas peticiones de tierra, casi todas concentradas en el periodo histórico que va desde fines del Siglo XVI y casi todo el Siglo XVII. Más adelante, en el Siglo XVIII, surgió una nueva y suculenta oportunidad para la formación de la gran propiedad agraria, como resultado de la expulsión de la Compañía de Jesús en 1786, lo que representó una extraordinaria ocasión para que los “propietarios” compraran, con un mínimo de esfuerzo económico, extensas superficies de tierras en gran parte ya cultivadas.

En definitiva, en cortas líneas hemos querido resumir las bases que dieron origen a la gran propiedad terrateniente, fundamentos en que descansará el origen de la oligarquía del valle central, la fuerza social más poderosa y la que jugó el papel central en los procesos que se originaron como resultado del apresamiento del Rey de España por Napoleón a fines de la primera década del Siglo XIX.

LA DERROTA DEL EJÉRCITO REALISTA Y EL VACÍO DE PODER.

Dada la ausencia de una clase o fracción de clase dirigente en la revolución independentista, fueron los ejércitos forjados, formados y dirigidos, en su mayoría por patriotas ilustrados, los que vencieron al ejército realista. Este hecho liquidó las instituciones coloniales existentes, bases del Poder de la metrópoli, dejando un vacío de poder dada la inexistencia de instituciones nuevas totalmente independientes del absolutismo español.

¿Cómo llenar ese vacío? ¿Con qué proyecto de desarrollo? ¿Quiénes lo conducirían? ¿Qué tipo de país y como se debía formar? ¿Cuáles debían ser sus características? ¿Bajo que principios? ¿Cómo se debía ejercer el Poder? ¿Quiénes y como lo ejercerían? Estas y muchas otras preguntas debieron hacerse los que participaron de una u otra forma, desde dentro y fuera, en las luchas y en los duros combates independentistas.

Para responder a estas interrogantes, señalaremos algunas cuestiones fundamentales en la perspectiva de entregar antecedentes para una mejor compresión de la situación histórica concreta que trascurría en estas latitudes en aquel entonces, y que nos ayudan a grandes rasgos entender parte importante de este complicado proceso que a comienzos de la década del 30 del Siglo XIX condujo a la formación del Estado, a la Constitución de 1833 y con ello al país.

Primero: No se debe perder de vista de que en su conjunto se trata, en su inmensa mayoría, de terratenientes exportadores y que por lo tanto la política punitiva, impositiva, excluyente, humillante, explotadora que aplicaba drásticamente la corona española, en especial aquellas que impedían la libertad de comercio, ejerció una poderosa influencia para la unidad de gran parte de ellos. Aprovechamos para recordar, que el Libertador Simón Bolívar, escribió al respecto uno de sus documentos más extraordinarios, que resume el pensamiento social y político de los padres de la patria en aquella época y que debiera ser lectura obligatoria de los verdaderos latinoamericanos. Nos referimos a la “Carta de Jamaica” escrita el 6 de septiembre de 1815 y que para muchos historiadores, es el primer documento que fundamenta científicamente las causas de la lucha patriótica por la Independencia.

Segundo: Sin embargo, esa misma mayoría no estaba por la total independencia de la corona, toda vez que una independencia absoluta, los ponía en un real peligro para la mantención del usufructo de la tierra, que era, como hemos explicado más arriba, una concesión otorgada por el rey. Pero, por sobre todo, por la amenaza y el empeño permanente que, en el marco general de la formación del sistema colonial del capitalismo ejercía el colonialismo inglés por apropiarse de este territorio, cuestión que materializó en 1806 y 1807, invadiendo en dos oportunidades el Virreinato de la Plata.

Tercero: La suma de conflictos que resultaban de las medidas que aplicaba la corona española contra de los terratenientes exportadores, generaron condiciones favorables para la recepción de las banderas libertarias ilustradas en parte de los escasos y minoritarios sectores cultos ilustrados de los terratenientes, lo que sumado a la prisión del Rey Fernando VII por parte de Napoleón, abrió varias posibilidades históricas, entre ellas, la total Independencia. Sin embargo, la mayoría de los terratenientes, no estaba a favor de una ruptura total, sobre todo los grandes hacendados y particularmente los “dueños” de los mayorazgos. Por lo tanto, atribuir como causa de la Independencia a una supuesta “identidad chilena” en contra de la metrópoli española, es uno de los grandes absurdos históricos construidos desde la historia oficial, con la finalidad de ocultar el falso patriotismo de los terratenientes criollos, y que hoy, las FSED fabrican hipócritamente con las llamadas “semanas de la chilenidad” con fines comerciales e ideológicos, para “celebrar” las jornadas independentistas. Entre los más entusiastas defensores de estas teorías patrioteras, o sea de falso patriotismo, se encuentran, entre otros, Gonzalo Vial, con sus trabajos “Las formaciones de las nacionalidades latinoamericanas como causa de la Independencia”, e “Historiografía de la Independencia de Chile”; Sergio Villalobos, con su trabajo “Tradición y reforma”; Ricardo Krebs con sus teorías resumidas en su trabajo “Origen de la conciencia nacional chilena”, etc., etc. Como se recordará, Gonzalo Vial, acusado de mentiroso porque fue el mismo reaccionario historiador que inventó la falacia del “Plan Zeta”, aberrante trabajo realizado intencionalmente para que los instigadores civiles del golpe de Estado del 11 de septiembre de 1973, tuvieran una justificación para la realización de las horrendas masacres que realizaban los militares en contra de su propio pueblo.

Cuarto: Fue un núcleo, un grupo de terratenientes patriotas los que asumieron el rol de fuerza dirigente y que encabezaron heroica y plenamente la revolución de la independencia, y sobre los cuales, las banderas libertarias y planteamientos democratizadores de la Ilustración, ejercieron una enorme influencia en el modelamiento de parte de su pensamiento ideológico y político. En Chile, sostiene el profesor Manfred Kossok, “La independencia fue una revolución de la minoría en el sentido doble de la palabra: por una parte, como consecuencia de la no existencia de un amplio movimiento popular y, por otra, como consecuencia de la actitud negativa de la mayoría de la aristocracia criolla frente a una posible independencia” (6).

Quinto: Un antecedente clave que permite entender parte importante del proceso histórico que conduce a la formación del Estado y a los “ensayos constitucionales” y por supuesto a la Constitución de 1828 y de 1833, comienza por comprender que la revolución de la Independencia no alteró las bases económicas ni las relaciones sociales dominantes que existieron durante la colonia. La revolución de la Independencia, no fue una revolución social en el sentido de que no hubo un cambio de clase o fracción de clase por otra en la toma del Poder. Los criollos que estuvieron tanto en contra de la Independencia, y que fueron la mayoría, como los que estuvieron a favor de ella, fueron en su conjunto, los mismos terratenientes criollos que, concluidos los combates independentistas, dieron comienzo a un periodo histórico de lucha por el Poder. De ahí que el basamento social en que se apoyó el proceso de formación del Estado y que intervino en la formación del país una vez terminado el periodo independentista, tuviera como columna vertebral a las no más de 200 familias de criollos de la fortalecida fracción terrateniente exportadora ya existente en el valle central

Sexto: La revolución de la Independencia fue el acontecimiento histórico que permitió poner en evidencia los reales objetivos, límites y alcances que tenían en sus posiciones los criollos terratenientes en torno a cómo y en qué dirección utilizar el Poder. Fue en torno a estas posiciones, en donde afloraron los verdaderos alcances libertarios de sus componentes. Ese fue el marco en donde se exteriorizaron sus conflictos y contradicciones.

Séptimo: Las preguntas que se hicieron los criollos terratenientes de entonces, encontraron diversas, a veces distintas y opuestas respuestas sobre que tipo de país se debía construir. En ese contexto, se desarrolló un fuerte y agudo proceso de diferenciación ideológica y política. No obstante la rapidez con que transcurrió la llamada “fase anárquica”, comparativamente con otras regiones del continente, ello no significó que hubiese estado exenta de una aguda, fuerte y violenta confrontación social. Este hecho a su vez, dió lugar a un proceso de reagrupamiento de fuerzas, de reacomodos, de cambios de posiciones y de nuevas alianzas. Sus posiciones políticas, las formas de concebir y ejercer el Poder, sus concepciones ideológicas, sus cosmovisiones, etc. todos constituían principios fundacionales de país y que debían quedar consagrados en una Carta Magna o Constitución. De ahí que en definitiva, fue la fuerza militar la que, en última instancia, solucionó definitivamente sus contradicciones y como resultado de ese conflicto, emergió el aparato central del Poder, el Estado.

LA REAGRUPACIÓN DE FUERZAS. LA LUCHA POR EL PODER

Este proceso de diferenciación, de agrupamientos y reagrupamientos, de acomodos y reacomodos dió origen a dos grandes conglomerados políticos e ideológicos con bases sociales algo distintas. La “sociedad política” entró en un marcado proceso de polarización social, las familias se dividieron y a todos aquellos a quienes les interesó el futuro de la sociedad, tomaron partido por una u otra alternativa. De una parte se encontraban los “pipiolos”, los que habían tenido la participación más destacada en los combates por la total independencia. Desde el punto de vista de su fisonomía ideológica y política, eran liberales influenciados en forma básica, primaria, por las ideas de la Ilustración como el paradigma que irrumpía a partir de la Revolución Francesa. Este grupo reformista integrado socialmente por una minoría de terratenientes cultos, escasos intelectuales, curas revolucionarios y grupos de jóvenes, se identificaban como contrarios social e ideológicamente a los grandes hacendados y poseedores de los mayorazgos y comerciantes enriquecidos de forma fraudulenta. Esta contradicción ideológica y social, dominará la política en los primeros años de vida independiente. Los liberales, con gran patriotismo y con una relativa experiencia política, pretendieron poner a la sociedad a tono con los ideales proclamados en la revolución de la Independencia. “Detesto por naturaleza la aristocracia y la adorada igualdad es mi ídolo” proclamó el padre de la patria Bernardo O’Higgins, que en junio de 1818 intentó abolir los mayorazgos y que despertó la oposición de la Iglesia por sus opiniones favorables a la libertad de culto. Se puede afirmar que toda la vida institucional que se desarrolló en este periodo previo a la conformación del país, estuvo en cierta forma dominado por los planteamientos democráticos de esta minoría revolucionaria. Para estos “pipiolos”, la doctrina de la soberanía suponía un poder constituyente radicado en el pueblo. Este poder constituyente debía elaborar un estatuto fundamental de acuerdo a principios soberanos populares. Así lo creyeron la mayoría de los próceres de la Independencia que fueron derrotados política y militarmente en la batalla de Lircay en abril de 1830. Para los liberales, la soberanía del pueblo llegó a ser el concepto político de mayor trascendencia y de mayor contendido jurídico en momentos en que la vieja Europa vivía convulsionada con la reacción absolutista que siguió al Congreso de Viena, que se realizó entre 1814 y 1815 después de la derrota de Napoleón, nada podía ayudar a los liberales de estas latitudes.

Por otro lado, estaban los “pelucones” conservadores, que conformaban la aristocracia terrateniente más tradicional, los poseedores de los mayorazgos, los que no habían tenido ningún papel destacado en los combates liberadores. Católicos apostólicos romanos fanáticos, participaban en todos los primitivos ritos y ceremonias eclesiásticas y eran acérrimos opositores a la libertad de culto y por lo tanto contaban con el apoyo de la Iglesia como institución. Era el “vecindario noble” como los caracterizó el cronista Vicente Carvallo Goyeneche, constituido también por comerciantes vascos establecidos en Santiago y que invirtieron sus utilidades obtenidas, muchas de ellas en forma fraudulenta, en extensas propiedades agrícolas (7). Excluyentes y opositores absolutos a cualquier forma de participación en la toma de decisiones por los sectores bajos. Adoradores del absolutismo en el ejercicio de poder, y preocupados permanentemente de los altibajos del comercio, de la vida pequeña de la Corona y de la nobleza española, la cual admiraban y se empeñaban en imitar por sobre todas las cosas. La mayoría de ellos, rendían culto al rey de España. Don Diego Barros Arana hace una precisa caracterización de ellos, y señala que; “el elemento conservador, llamado comúnmente “pelucón”, es decir las familias más acaudaladas y de ventajosa posición, los poseedores de los mayorazgos y de títulos nobiliarios ya caducados, y los hombres más adictos al antiguo régimen y que habían aceptado muy a su pesar la revolución de la independencia”…”no tenían prestigio popular” (8).

EL PROYECTO LIBERAL REVOLUCIONARIO. LA CONSTITUCIÓN DE 1828

El 25 de febrero de 1828, a las doce del día se inauguró el Congreso General Constituyente con más de 40 diputados electos democráticamente, los cuales debían trabajar en la elaboración de una nueva Constitución para la República en formación. Asombra a la distancia, lo consecuentemente democrático que fueron los liberales hegemónicos en el Gobierno, partidarios de la máxima amplitud del sufragio. Sólo no podían ser elegido diputados para participar en la Constituyente, “los individuos que hubieran sido procesados por enemigos de la Independencia, comprendiéndose en éstos los desterrados y fugados”, ni tampoco “los gobernadores por los pueblos de su mando, ni los curas por los feligreses de su dependencia”. Fue abierta por el Vicepresidente Don Manuel Antonio Pinto, cuyo Partido Liberal dominante contaba con más de 30 diputados en el Congreso Constituyente de 1828 y en los Consejos de Gobierno. Además tenían un número considerable de afiliados, y contaban con el apoyo que le prestaban algunos jefes militares de heroicos antecedentes y de probada lealtad y una numerosa juventud que se iniciaba a la vida política proclamando los principios más avanzados de libertad que había hecho nacer la revolución. Se hacía notar la emergencia imprevista en la participación política de hombres nuevos, muchos de ellos nacidos simpatizantes del liberalismo, de modesta condición de fortuna y de familia, cuya presencia producía reparos en algunos sectores de una sociedad en que las antiguas ideas aristocráticas de la Colonia estaban todavía profundamente arraigadas (9).

El 8 de agosto, el Vicepresidente Pinto puso su firma en la Constitución de 1828 que había sido escrita o revisada por Don José Joaquín de Mora. La Constitución fue enviada a todas las provincias, y fue recibida con las mayores manifestaciones de contento, expresadas en actas y documentos que revelaban la esperanza que aquel código sería el instrumento de la paz y de la prosperidad nacional. El magno documento de 1828 estaba inspirado en un espíritu liberal y progresista, y demostró cuanto terreno habían ganado en la población las teorías políticas de la época moderna. La declaración de los derechos individuales que ella contiene y algunas otras disposiciones reflejaban ese espíritu y la decisión de los liberales de llevar adelante las medidas. Por su significado histórico y sus aportes, era un instrumento que en la historia constitucional de nuestro país debiera ubicarla en un altísimo lugar. Si bien es cierto que el Artículo 3º de la Constitución, sometiéndose a las ideas dominantes en la población declaraba que la religión católica, apostólica, romana era la religión del Estado, “con exclusión del ejercicio público de cualquier otra”, sin embargo, el artículo siguiente consignó la tolerancia religiosa con estas palabras: “nadie será perseguido ni molestado por sus opiniones privadas” (10).

Su Artículo 126, estipuló que en función del sentido de la equidad y de los buenos principios económicos, se debía proceder a la abolición de los mayorazgos señalando que; “Quedan abolidos para siempre los mayorazgos y todas las vinculaciones que impidan el enajenamiento libre de los fundos” siendo el primero de ellos el que afectó al antiguo Marqués de la Casa Larraín, por muerte de su poseedor José Toribio Larraín.

Las Cámaras legislativas en que se había transformado el Congreso Constituyente, abrieron sus sesiones el primero de septiembre en Santiago de 1828, continuando en las labores de redactar la nueva Carta Magna. Se dictaron proyectos sobre la ley de elecciones, en que se establecían las normas necesarias para evitar el fraude electoral que practicaban los sectores más acaudalados y los grandes terratenientes. También se dictó un proyecto sobre el ejercicio de la libertad de imprenta, que fue el más completo que se había redactado hasta entonces. Una extraordinaria medida que demostró el interés de los liberales que redactaron la Constitución fue la de crear industrias nacionales, abriendo la posibilidad de planificar la creación de fábricas favorecidas por el Estado para competir con la importación europea.

Entre todas las reformas que engrandecen la visión estratégica de los revolucionarios liberales de entonces, en especial el interés del Vice-Presidente Pinto, fue la de impulsar la educación, mejorando la enseñanza pública y ampliando la instrucción general en el país. En este rubro, jugó un papel destacado Don José Joaquín de Mora, que había sido llamado expresamente por el Gobierno. Don J. J. de Mora fue uno de los más ilustres literatos españoles de la primera mitad del Siglo XIX y había llegado al país el día 10 de febrero de 1828, obligado a salir de España después del restablecimiento del absolutismo en ese país. Primero había sido invitado por el gobierno Liberal de Rivadavia de Buenos Aires, y ante la caída de este mandatario, tuvo que abandonar ese país, ocasión que aprovechó el Vicepresidente Pinto llamándolo a ofrecer sus servicios al país en formación. En los tres años que residió en estas latitudes, su actividad literaria se manifestó en escritos de todo orden, en las reformas que trató de introducir en la enseñanza, y en la preparación de leyes que rebelaron su espíritu progresista liberal. Ayudó eficazmente en la redacción de la Constitución de 1828, dado que era prácticamente el único que tenía ideas claras y definidas sobre lo que debía ser este magno instrumento. A las pocas semanas, puso de manifiesto sus extensos conocimientos en política y administración adquiridos en sus lecturas y viajes. Su esposa, Francisca Delauneaux, francesa, el 1 de mayo de 1828 abrió un colegio de señoritas que fue el primer establecimiento de ese género, destinado a dar a la mujer una ilustración digna de un país civilizado.

Por especial empeño de Pinto en el desarrollo de la educación, Mora funda el “Liceo de Chile” que abrió sus aulas el 1 de enero de 1829. Pinto además lo asoció a Manuel de Salas para acometer la reforma a la enseñanza y la difusión de los principios ilustrados y lo más variados conocimientos. El Gobierno del Vicepresidente Pinto, por decreto del 9 de abril de 1829, creó en el “Liceo de Chile” una sección militar formada por jóvenes designados en razón de cada uno por compañía de los cuerpos del ejército. Los jóvenes militares debían tener los mismos estudios que los demás alumnos del liceo y tendrían además un instructor técnico. Por supuesto, que a la caída del Gobierno Liberal Revolucionario provocada por la insurrección pelucona reaccionaria, condujo a la prisión y al destierro de Mora en febrero de 1831, y se puso término al colegio que había fundado. Pero: ¿Por qué y cómo cayó el gobierno de M. A. Pinto y el proyecto liberal revolucionario? ¿Por qué y quiénes fueron los que derribaron al Gobierno? ¿Quiénes y como asumieron el Poder? ¿Por qué se abolió la Constitución democrática de 1828?

LA DERROTA DEL PROYECTO LIBERAL REVOLUCIONARIO Y EL TRIUNFO TERRATENIENTE REACCIONARIO. LIRCAY Y SU SIGNIFICADO HISTÓRICO

Desde el primer minuto del primer día en que asumió el Gobierno liberal de 1828, en la perspectiva de aplicar su proyecto de cambios revolucionarios, la oligarquía pelucona poseedora de los mayorazgos, unida a los comerciantes especuladores, en su mayoría miembros de las familias más tradicionales, y a la iglesia por el tema de los diezmos y la incautación de algunos de sus bienes, se dieron a la tarea de buscar la forma de derrocar el gobierno democráticamente elegido. Al comienzo, se escabulleron al interior del ejecutivo simulando estar de acuerdo con algunas de sus medidas, juraron fidelidad a la Constitución, respetar la paz y deponer las actitudes y acciones hostiles, etc. Sin embargo, las figuras de Diego Portales, Manuel Rengifo, José Gandarillas y otros avezados comerciantes y terratenientes, iniciaban los preparativos y activaban los contactos sediciosos para sacar del Gobierno, a los “Pipiolos” que era la forma en que los propios golpistas habían apodado despreciativamente a los liberales. Lo que quedaba claro, es que los liberales habían conquistado el gobierno, con el apoyo de variados sectores sociales y políticos y de militares, fundamentalmente del cuerpo de oficiales que habían tenido una destacada y honrosa participación en las luchas independentistas, pero, no tenían el Poder. Cuestión que entendió Portales, dándose a la tarea de organizar el frente de fuerzas contrarias al gobierno y partidarios de iniciar rápidamente una acción sediciosa armada para derrocarlo, asegurando las fuerzas militares suficientes para enfrentar a las tropas que apoyaban al Gobierno.

El conjunto de recursos con que contó la fracción terrateniente y de los comerciantes exportadores del valle central, debido a su condición de fuerza social económicamente dominante, fue la que la posibilitó enfrentar con éxito toda otra alternativa que se opusiera a sus intereses y así solucionar a su favor aquella fase de equilibrio aún inestable del poder. Por este motivo fue el conglomerado social que estuvo en mejores condiciones para estructurar rápidamente un numeroso cuerpo armado superior en hombres al ejército liberal y enfrentar las revolucionarias medidas implantadas por el Presidente Francisco Antonio Pinto ya incorporadas en la Constitución de 1828, la que entre otras, como hemos señalado, establecía la desarticulación de los mayorazgos, la libertad de culto, y una mayor participación social. Históricamente, éstas fueron las causas, el “telón de fondo” de la contrarrevolución de 1829 y su prolongación en la cruenta batalla de Lircay del 17 y 18 de abril de 1830, la que con miles de hombres caídos en combate, terminó a “sangre y fuego” con las tendencias ajenas a los intereses de los terratenientes conservadores, aferrados éstos, en su inmensa mayoría, a las formas autoritarias del ejercicio del poder heredadas de la monarquía española, bases sobre las cuales se dio inicio al proceso de construcción del Estado.

Al mismo tiempo y por orden directa de Diego Portales dada al general Joaquín Prieto, marioneta de los deseos del “estanquero” y comandante de las tropas “peluconas” en la batalla de Lircay, procedió a asesinar a la casi totalidad de los prisioneros del ejército constitucionalista de Ramón Freire, entre ellos los militares extranjeros, Viel, Tupper y Rondizzoni. Fue en las cercanías del río Lircay donde se decidió el día 17 de abril el problema fundamental del periodo: el tema del Poder. El triunfo pelucón, sostiene Barros Arana, se debió tanto a la superioridad numérica y de material de guerra, artillería y caballería, como a los errores de los liberales, que no tiene otra explicación que el engaño al que se había hecho caer a Freire acerca de la disposición en que estaban algunos de los cuerpos del ejército contrario de pasarse a sus filas tan pronto como los dos ejércitos estuviesen a la vista. Por ese mismo motivo, esa batalla sangrienta y fraticida no dio prestigio militar a los vencedores. El gobierno de facto, logró con esa decisiva batalla su afianzamiento en el Poder, y se empeñó en hacer desaparecer en todo lo posible el recuerdo de ella. Así, en los periódicos de la época casi no se le mencionó, y se guardó una obstinada reserva acerca de los asesinatos, fusilamientos, persecuciones y los destierros que se siguieron hasta la relativa “pacificación” del país en formación. Se mandó, además, que en las fojas de servicios de los militares, no se hiciera mención alguna de lo que estos habían prestado durante la guerra civil. El gobierno de facto creado por Portales en 1829 no quería dejar constancia oficial de que debía su existencia a una guerra civil y se autoproclamaba establecido “por la libre voluntad de los pueblos”, frase consagrada por los documentos públicos y por la prensa de esos días (11). En el mismo silencio que mandató Portales cae el historiador Doctor Matías Tagle en su trabajo; “Notas sobre el surgimiento y la configuración del Estado en Chile” (12), que no menciona ni por asomo la batalla de Lircay cuando analiza la formación del Estado en nuestro país, como tampoco lo hace en todo su trabajo. Ignorar el significado histórico que tiene Lircay en todo el proceso de desarrollo histórico que ha tenido nuestro país, conduce a no entender nada de la historia de Chile.

Casi de inmediato y también por orden expresa de Diego Portales, en la primera mitad del año 1831, se dió forma a la “Guardia Cívica”, se desarmó y dió de baja a la casi totalidad de los oficiales del ejército regular, dada la desconfianza que de ellos tenían Portales y los terratenientes por si surgía algún conato liberal. Esta “Guardia Cívica” llegó a contar con cerca de 30.000 miembros y el mismo Diego Portales se hizo nombrar Comandante de uno de sus Regimientos. Algunos historiadores la denominan como la “Milicia Portaliana”. Barros Arana la caracteriza acertadamente: “Fue una de ellas la organización sistemática de la guardia nacional (guardia cívica), en cuerpos suficientemente disciplinados que el gobierno, haciendo sacrificios que parecían superiores a los recursos del Estado, consiguió armar y vestir regularmente. Esos cuerpos, en que se daban los puestos de comandantes y de oficiales a individuos de las clases acomodadas, y en que se reclutaban los soldados de las clases trabajadoras, no eran precisamente la expresión de la vida democrática que pretendían haber establecido la Constitución y las leyes de la República, sino el reflejo de las tradiciones sociales de otra época” (13).

Desde el punto de vista social, el historiador chileno, Domingo Amunátegui, señala que el significado histórico de Lircay fue esencial y escribe que: “La revolución de 1830 entregó el poder a las fuerzas sociales (…) de las familias aristocráticas, que eran ciegamente obedecidas por una muchedumbre de vasallos leales y abnegados. La influencia de las familias estaba consagrada por la fe religiosa y por la posesión inmemorial de la tierra”…..”El único peligro para el nuevo gobierno era la rebeldía del ejército derrotado en Lircay; pero esa rebeldía fue sofocada con mano de hierro por el ejército vencedor, cuyos jefes, miembros natos de la aristocracia de la tierra, o muy ligados a ella, respetaron dócilmente las órdenes impartidas desde la casa de gobierno”. Fueron estas familias aristocráticas, las que mandataron redactar la Constitución de 1833, estableciendo entre otras medidas, que se devolvieran a la Iglesia todos los bienes eclesiásticos que ésta había perdido durante los gobiernos liberales así como también el restablecimiento inmediato del diezmo, que habían utilizado los pipiolos para obtener recursos para financiar las obras del Gobierno.

LA CONSTITUCIÓN DE 1833 Y LA LEGALIZACIÓN DEL “PODER PELUCÓN”.

Consideramos pertinente en primer lugar, comenzar por formular una inocente pregunta didáctica: ¿Qué es una Constitución?

Veamos: al respecto, resulta especialmente esclarecedor percatarse como se caracterizan por la literatura oficial a las Constituciones y como se define su función en la sociedad. Las Constituciones son definidas “como el escrito que establece la organización, atribuciones y relaciones entre los órganos del Estado”, los derechos y garantía de las personas y de los cuerpos intermedios de la sociedad, los sistemas para hacer efectiva la supremacía constitucional y el procedimiento de reformas parcial o total de la Constitución. Otras definiciones dan cuenta de que la “Constitución está formada por un conjunto de disposiciones básicas para poder organizar un país: establece los poderes de ese Estado, su forma de gobierno, sus instituciones” y recalcan que “La Constitución política es la máxima ley, la ley fundamental, y la de mayor jerarquía”, la “Carta Magna”. Otras, señalan que ella posibilita y “Mantiene el orden de las naciones, permite a un Estado constituirse como tal, ya que se trata del conjunto de leyes fundamentales que lo regulan”. Otras tantas son reiterativas en los mismo principios que según ellos la caracterizan, pero agregan otros elementos y plantean que “La Constitución es el conjunto de reglas fundamentales que se aplican al ejercicio del poder estatal y que formalmente se define a partir de los órganos y procedimientos que intervienen en su adopción, de ahí genera una de sus características principales: su supremacía sobre cualquier otra norma del ordenamiento jurídico”. Otra definición hace un interesante aporte cuando señala que; “Las Constituciones son el basamento del Estado de Derecho, entendido éste como aquel Estado que se rige por un sistema de leyes e instituciones ordenado en torno a una Constitución, la cual es el fundamento jurídico de las autoridades y funcionarios que y se someten a las normas de ésta. Ello es así, dado que cualquier medida o acción debe estar sujeta o ser referida a una norma jurídica escrita. (Todos los subrayados son nuestros).

Pero, cabe la pregunta: ¿es que ninguna de estas definiciones oficiales es capaz de reconocer el carácter, función y origen histórico-social de las Constituciones? , como tampoco, ¿De la fisonomía ideológica política y los intereses que representan sus gestores y sus redactores?, en síntesis: ¿Cuándo, quienes y para qué se escriben y se dictan las Constituciones?

A nuestro entender, todas las definiciones antes señaladas, ocultan la función que históricamente se les transfiere las Constituciones y esconden su total vinculación con la fuerza social que detenta el Poder. En algunos casos se les asocia con el Poder, sin embargo no se le relaciona con quienes socialmente poseen el Poder, y sólo se le vincula con el “Poder del Estado”, ubicando al aparato central del Poder, el Estado, nuevamente como “entelequia”, como “ente”, como que se tratara de una instancia que “en sí” mismo tuviera Poder. Consideramos importante precisar un aspecto esencial con respecto al Estado y el Poder. Las diversas instituciones sociales y más particularmente la institución central y fundamental de la sociedad, el Estado, no tienen Poder propiamente hablando. Las instituciones consideradas desde el punto de vista del Poder, deben ser analizadas siempre en relación a las fuerzas sociales que detentan el Poder. El Poder de las clases sociales está organizado en instituciones específicas, en centros de poder, en aquellos espacios en donde se ejerce el Poder político, como por ejemplo el Parlamento. Este planteamiento es fundamental a la hora de entender que el Estado a través de sus aparatos de control, es el instrumento que aprovecha la FSED, para disciplinar a la sociedad, y para entender la fisonomía ideológica política, las concepciones que se le transfieren a la institución que ejerce el Poder lo que debe necesariamente quedar reflejada esencialmente en la Constitución, que en definitiva es el escrito que legaliza y oficializa el Poder de la misma FSED (14). En general las constituciones, reflejan las condiciones históricas concretas de la forma en cómo se dió la batalla por el control del Poder, y además, debe quedar señalizado el camino que debe seguir la sociedad concreta, los objetivos y los rasgos y la suma de rasgos, de la fisonomía ideológica política de la clase o fracción de clase que después de haber ganado la batalla por el poder, redacta el magno documento.

De ahí que entre la Constitución de 1828 y 1833 existan profundas diferencias, determinadas por las condiciones históricas concretas que les dieron origen, y también en relación a la fisonomía ideológica política de sus redactores. La Constitución de 1828 no fue producto de una insurrección sediciosa de parte de una fracción social determinada, ni mucho menos como resultado de una dictadura sangrienta, ejecutora de centenas de asesinatos, de fusilamientos, de persecuciones ni destierros como si fue el caso del hecho histórico previo de la Constitución de 1833. Fueron fundamentalmente principios ilustrados los basamentos rectores de aquellos que redactaron la de 1828 y consecuentemente con ello aplicaban esos principios a la forma del ejercicio del poder.

Los que redactaron la Constitución de 1833, copiaron partes enteras de la Constitución de 1828, y se limitaron a modificar aquello que dañaba los intereses de los grandes terratenientes, de los dueños de los mayorazgos y también de la iglesia. La del 33 fue resultado de las armas, de la antidemocracia, la que representaba los intereses de una minoría. La Constitución de 1828 tenía base democrática y contaba con una amplia simpatía en sectores sociales más allá de los granes dueños de la tierra, se apoyaba en una mayoría histórica y sus principios eran profundamente democráticos.

Pero el gran problema a resolver era: ¿Como legalizar una nueva Constitución surgida no democráticamente? ¿Cómo legalizar una Constitución, factor clave para legitimizar el Poder de una fuerza social minoritaria por sobre toda la sociedad? ¿Cómo desligitimizar la Constitución de 1828, la cual, incluso, los propios pelucones le tenían un gran respeto por la forma democrática que le dió origen? ¿Como legalizar el poder pelucón, expresión de una acción sediciosa y que representaba los intereses de una poderosa minoría social?. Como señala el historiador Ricardo Donoso, ¿Cómo Portales, que había hecho surgir un gobierno, sin dictar leyes ni proclamar principios, es decir, restauró la autoridad del poder oligárquico terrateniente, podía legalizarlo? (15). Al respecto, Barros Arana señala que la tarea de Portales, los golpistas y el gobierno de facto, lo que “pretendía (era) justificar ese régimen inconstitucional como una necesidad de las circunstancias, y como consecuencia, decía, de las violaciones de la misma Constitución, que atribuía al Congreso anterior” (16).

El gobierno paralelo de facto, o mejor dicho, la oligarquía santiaguina, comprendió pronto la necesidad de armar al poder con las herramientas “legales” que le permitieran realizar sus propósitos. La maniobra comenzó cuando las familias de los propios terratenientes y comerciantes golpistas de Santiago presentaron una moción que llamaba a anular la Constitución de 1828 y solicitaron dictar una nueva Constitución. Estas mismas familias se reunieron en Cabildo el 17 de febrero de 1831 solicitando el cambio. Más adelante, sobre la base de esta misma solicitud, Manuel Gandarillas presenta el 8 de junio una moción para tal efecto en el Senado “designado a dedo”. Luego, rápidamente, en Septiembre del mismo año quedó sancionada una ley por la que se declaraba que la Constitución de 1828 debía reformarse y adicionarse. Luego, el 20 de octubre de 1831, quedó estructurada la Convención encargada de la reforma constitucional a la Carta Magna de 1828. Reunida la Convención el 21 de octubre, se resolvió nominar una comisión de siete miembros, cuyo proyecto debía distribuirse entre sus miembros para reunirse posteriormente. ¡¡¡Así, de esta manera quedó zanjado el problema de la ilegalidad en su origen de la Constitución de 1833!!!

De los miembros que participaron en la “Gran Convención Constituyente”, como se denominó a los que participaron en la discusión de la Constitución de 1833, fueron excluidos todos aquellos que habían tenido alguna participación en los ensayos de los años anteriores, y por lo tanto los que dominaron en las reuniones, fueron los representantes de la más pura tradición colonial criolla y de la aristocracia terrateniente. Designados “a dedo” todos por el ejecutivo (16 diputados más 20 ciudadanos), los llamados “Constituyentes”, eran de un nivel intelectual extremadamente pobre, como lo señala Antonio García Reyes, en una interesantísima semblanza que realiza de muchos de ellos, donde incluso algunos, ni siquiera abrieron la boca en las reuniones. Como reconoce uno de los historiadores constitucionalistas, Julio Heise, conocido exponente de la historia del Poder, “Entre los constituyentes de 1833 se evidenciará también la tradición cultural del siglo 18. El fondo inmutable de la mentalidad de los juristas que elaboraron la carta del 33 será la fiel expresión del espíritu colonial. Algunos como el Secretario de la Gran Convención, Don Juan Francisco Meneses, habían sido enemigos apasionados de la emancipación y partidarios entusiastas del rey de España hasta poco antes de reunirse la Asamblea Constituyente. Es muy conocido el monarquismo y la actitud tradicionalista de Don Mariano Egaña, el más distinguido jurista de los constituyentes” (17). Aunque aún persisten dudas, algunos historiadores sostienen que Andrés Bello sí participó en la redacción final del Documento.

Sin embargo, el personaje central, el diseñador, el que armó, organizó y dirigió el plan sedicioso pelucón para el levantamiento armado en contra de los liberales fue Diego Portales. Por ello que la historiografía oficial y los sectores más reaccionarios de nuestro país, le atribuyen al “estanquero” el rol de “organizador de la República”, y que Pinochet y los pinochetistas, prácticamente lo transformaron y trasforman en una figura venerada. No se debe olvidar de que Portales fue totalmente indiferente a los combates independentistas pero si atento al desenlace que tendrían sus batallas, preocupado ante todo, por atender sus negocios especulativos y a defender los intereses de su noble familia que se emparentaban con los Larraín, dueños de mayorazgos en el territorio y partidarios de la corona española. Por ello, el terrateniente historiador Francisco Encina, el plagiador de Barros Arana, con los miles de ejemplares de su “Historia de Chile” en tres tomos, reproducidos una y otra vez por la historiografía oficial, en relación a Portales escribe, citando a Edwards: “Es difícil concebir, y más aún representar, la extraordinaria mudanza experimentada por el pueblo chileno en 1830. Alberto Edwards simboliza el fenómeno: “La transformación operada en Chile fue tan radical y profunda, que uno llega a imaginarse, cuando uno estudia los sucesos e ideas de este tiempo, que después de 1830 está leyendo la historia de otro país completamente distinto del anterior, no sólo en la forma material de las instituciones y de los acontecimientos, sino en el alma misma de la sociedad” (18). ¡!!!Claro, eso es el “Estado en forma”, el mismo que soñaba Jaime Guzmán y que materializó la dictadura de Pinochet, logrado a punta de asesinatos, fusilamientos, destierros, amedrentamientos de todo tipo en contra de todo aquel que exteriorizara un asomo siquiera de pensamiento liberal e imprimiendo al país una modalidad reaccionaria del desarrollo de su capitalismo!!!!

Como uno de los resultados de este proceso, le correspondió al nombrado “Presidente” Joaquín Prieto, marioneta de Portales y “vencedor” de Lircay, promulgar el 1 de octubre de 1831 el Decreto para que se formara la “Gran Convención Constituyente” como se le llamó en entonces o Asamblea Constituyente como se le denomina en la actualidad. Fue esta “Gran Convención” la que discutió y la que finalmente aprobó el texto constitucional el cual fue promulgado por el mismo Prieto el 25 de mayo de 1833. Lo que sí resulta trascendente y definitivo, es que el problema decisivo del Poder ya estaba resuelto en Lircay, y que la composición ideológica y el origen social absolutamente minoritario de la exclusiva y numéricamente pequeña Asamblea Constituyente, era totalmente controlada por los conservadores pelucones, después de la persecución y casi exterminio de los liberales. El tema no era tan solo no dejar pasar las ideas liberales, sino que también, exterminar a sus sostenedores y defensores.

La Constitución estableció además un rígido sistema para evitar su reforma. El historiador Ricardo Donoso escribe que ésta no podía reformarse sin que su necesidad fuera declarada por las dos tercera partes del Congreso y sancionada por el Presidente de la República, y luego ratificada por la legislatura siguiente, a fin de que la nación se impusiera de esas reformas y eligiera las personas que habrían de interpretar su voluntad. En orden a su aceptación o rechazo, las opiniones debían ser publicadas por el ejecutivo dentro de los seis meses anteriores a la renovación del nuevo Congreso. Se pregunta Donoso: “¿Qué preocupaciones determinaron la adopción de ese sistema que hacía casi imposible toda reforma?” (19). ¿No es acaso similar a lo planteado por Jaime Guzmán en orden a hacer imposible toda reforma a la Constitución de 1980?

No se debe olvidar que el Senado constituía un cuerpo esencialmente oligárquico, cerrado, integrado por veinte miembros que durarían nueve años en sus funciones. Constituyó así una institución de exclusiva designación del Ejecutivo, organización que tuvo hasta la reforma del año 1874. La legislatura quedó así subordinada al Presidente de la República, ya que ninguna ley que se opusiera a sus propósitos sería aprobado en la Cámara Alta. “Durante la larga vida de este código político -escribía Don Domingo Santa María en 1874- no hay ejemplo de haber alguna vez ocupado el asiento en el Senado una persona que no haya sido designada por el Presidente” (20).

La Constitución de 1833 fue entonces, el documento a través del cual una poderosa minoría social, “legalizó” y legitimó sus principios, su Poder y los impuso a la mayoría de la sociedad a través de sus mecanismos de control social. Los que redactaron el texto constitucional, construyeron un basamento de principios que permitía construir el país que ellos imaginaban. Reflejó la fisonomía ideológica política, el pensamiento social, la naturaleza social de las fuerzas vencedoras en Lircay, los dueños de la tierra, de los mayorazgos, los que se oponían a toda otra cosmovisión del mundo que no fuera la católica romana. La propiedad de la tierra, su usufructo, aquella que habían despojado al mapuche, les otorgó el Poder, y también PODER, lo que utilizaron a su antojo. Es por ello que, desde el punto de vista del Poder, resulta intrascendente lo que resaltan destacados historiadores constitucionalistas de nuestro país, de que la reforma a la Constitución de 1828, fue el resultado de la moción que el Senador Manuel José Gandarillas el 8 de junio de 1831, presentara en la Cámara de Senadores con la intensión de convocar una Convención que modificara la Constitución liberal.

LA FORMACIÓN DEL ESTADO

Pero; ¿Qué tipo de Estado se creó y dio inicios a la formación del país? Por el origen social de sus gestores y organizadores, por la fisonomía ideológica y política de sus controladores, el aparato de poder que organizó y dirigió la formación del país Chile, fue el de un Estado oligárquico terrateniente. Por la forma del ejercicio del poder y por la estructuración de su gobierno, se trató de un Estado dictatorial, excluyente y antidemocrático.

Por su función, el aparato de Poder central, debía ante todo proteger los intereses de la poderosa minoría terrateniente exportadora. Para los terratenientes pelucones su aparato de poder, el Estado, tuvo dos grandes objetivos fundamentales inmediatos: organizar su administración a nivel de todo el territorio y segundo, formar nación. Se trató de un Estado en que las fuerzas sociales que lo generaron, lo hacieron sobre la base de una nación casi inexistente o de rasgos “protonacionales” como acertadamente lo caracterizara el profesor M. Kossok y al mismo tiempo, carecieron de un verdadero poder constituyente. No tuvieron poder nacional soberano, de origen auténtico, ni tampoco capacidad legal para dar soporte efectivo y vigencia a una Constitución que era resultado de un acto sedicioso. Pero, era necesario darle identidad a la “protonación” para lograr la conservación del Estado. Desde el punto de vista institucional, se trató de la imposición a sangre y fuego de un “Estado de derecho” que realizó una poderosa pequeña minoría social, por sobre la mayoría de la sociedad.

A nuestro entender, un Estado nacional así caracterizado, debía poseer además una serie de rasgos fundamentales que a la vez conformaran su autoridad. En primer lugar, su capacidad de externalizar su poder y consecuentemente, obtener un reconocimiento como unidad soberana dentro del sistema de relaciones entre estados. En segundo lugar, la capacidad de institucionalizar su autoridad a través de la imposición de una estructura de relaciones de poder que le asegure el monopolio del uso de los medios de coerción. En tercer lugar, la capacidad para crear un conjunto de instituciones públicas, funcionalmente diferenciadas y de reconocida legitimidad para extraer recursos de la sociedad civil, con cierto grado de profesionalización de sus funcionarios y de control diferenciado de sus variadas actividades. Para cumplir estas tareas todo Estado, como institución central del Poder, debe saber combinar adecuadamente sus dos componentes fundamentales: la dimensión represiva y la de persuasión.

De la manera en que sus funcionarios combinaran estos componentes, se reflejarían en última instancia las capacidades y habilidades de la fuerza social que lo hegemoniza y determina, ello siempre en relación con el momento histórico y las situaciones históricas concretas por las que transitan y del desarrollo de las relaciones de clase de la sociedad en formación. No se debe olvidar de que dentro del aparato estatal tomado en su conjunto, se combinan las instituciones que desempeñan funciones de violencia y represión y las instituciones que desempeña tareas integradoras y organizadoras. Estas últimas operan mediante la coacción de canales principalmente participativos y de concesión. El aparato estatal, su burocracia, es también en cierta medida la expresión corpórea de la autonomía relativa del Estado frente a las clases y fracciones de clases individualmente consideradas.

No fue el caso del “Estado Portaliano” emergente. En estricto rigor, la “dimensión pública” y la práctica de persuasión, no fue la característica del Estado portaliano. Desde el primer minuto y por un largo periodo histórico, la realidad estatal dictatorial, represiva y terrorista, del Poder aristocrático terrateniente fue prácticamente la única forma de su existencia para el país en construcción. El férreo y centralizado control del Poder, se apoyó fundamentalmente en las fuerzas de las armas, la “Milicia Portaliana”, que persiguió brutalmente al más pequeño asomo de existencia de la alternativa liberal democratizadora.

Fue el factor de la violencia coercitiva, del amedrentamiento como las “cámaras de tortura ambulantes” inventadas por el mismo Portales, de la persecución, del destierro, de los fusilamientos, del asesinato, el que prevaleció y caracterizó la realidad estatal del Estado en formación. Ésto no fue más que la materialización de la concepción ideológica política de los terratenientes que era por su naturaleza social, profundamente restrictiva y autoritaria. Era la expresión cultural y simbólica de una poderosa minoría, que mediante los recursos del aparato del Estado, necesitaba imponer a la inmensa mayoría de las masas dominadas, sus particulares concepciones del mundo y de la sociedad. Una poderosa minoría social, que por naturaleza, privilegiaba la “privatización” del Estado y que demostró por casi un siglo, su falta de sensibilidad social y su casi nulo interés por potenciar el crecimiento económico del país. Fue un Estado además, en que las fuerzas sociales que lo sustentaban, volcaron al aparato central de poder, desde sus inicios, al mercado exterior y se sometieron a las directrices y los intereses de la economía más dinámica de entonces, el capitalismo inglés. Debido a sus rasgos y características de clase o fracciones de clase prácticamente parasitarias en el usufructo económico, impusieron en el país una economía primario exportadora, que se sustentó y que prácticamente hasta el día de hoy lo hace, prácticamente sobre una base monoexportadora.

Sin embargo, las conclusiones a las que llega con respecto al Estado Portaliano el historiador Ricardo Krebs son distintas. Para el profesor de la Universidad Católica y que se “exilió” al triunfo del Presidente Salvador Allende en 1970, para volver al país con su familia en 1974 bajo la dictadura de Pinochet, el Estado Portaliano fue un éxito, “Y el secreto del éxito del Estado portaliano -escribe Krebs- reside, quizás, en el hecho de que respondió al sentido de orden y equilibrio que era tan inherente a la mentalidad y al comportamiento del chileno. Este Estado portaliano representaba un ordenamiento racional que era afín a la racionalidad del chileno” (21). El comentario de tales aberrantes conclusiones, se lo dejamos a los lectores de estas líneas. Solamente una pregunta: ¿Será que por esas conclusiones “históricas”, que Pinochet, quién adoraba a Portales, mandató para que se le otorgara en 1982 el Premio Nacional de Historia a R. Krebs?

La Constitución de 1833, o sea, la Carta Magna que redactaron las fuerzas sociales que establecieron el fundamento ideológico político del aparato de Poder central, el que estableció todas las normas que exige el “Estado de Derecho” duró casi exactamente 100 años. Sus normas, ejercieron un extraordinaria efecto en el desarrollo social, en las clases, en las fracciones de clases y “también una influencia enorme sobre el curso de las posteriores luchas históricas y determinaron predominantemente en muchos casos su forma” (21) hasta incluso se han convertido en una especie de dogma muchos de sus rasgos, como el de la defensa absoluta del “Estado de Derecho”.

Sin embargo, las condiciones materiales de existencia, la imposición de un modelo reaccionario de desarrollo del capitalismo, excluyente, antidemocrático, represivo, con fuerzas sociales hegemónicas en el Poder del Estado proclives a defender primero los intereses de los países capitalistas europeos de desarrollo acelerado ante los del propio país, fueron generando nuevas condiciones objetivas y subjetivas para que, a pesar del carácter dictatorial del régimen, se abrieran periodos de intensas movilizaciones sociales, en contra de la modalidad retrógrada del desarrollo del capitalismo chileno. Las pequeñas reformas a la Constitución y por ello al Estado que se lograron en el transcurso del Siglo XIX, fueron resultado de los duros combates democratizadores que se apoyaron en un amplio movimiento social y pusieron su sello característico a lo que ha sido el proceso de desarrollo histórico del país.

Notas:

1. Miliband, Ralph, “El Estado en la sociedad capitalista”. Siglo XXI, México, 1988, p. 4

2. Kossok, Manfred, “La revolución y la formación de las naciones en Hispanoamérica”. En “Cuadernos de Orientación Socialista”, Nº 29, agosto 1989, Berlín, RDA.

3. Kossok, Manfred, “Revolución, Estado y Nación en la Independencia”. En: “Problemas de la formación del Estado y de la nación en Hispanoamérica”. Bonn, RFA, 1984.

4. Kossok, Manfred, Id.

5. Romano, Romano “Mecanismos y elementos del sistema económico colonial americano”. Fondo de Cultura Económica, México, 2004, p. 84 y sgtes.

6. Kossok, Manfred, “La revolución y la…” Op. cit.

7. Donoso, Ricardo, “Las ideas políticas en Chile”. Fondo de Cultura Económica, México, 1946.

8. Barros Arana, Diego. “Historia General de Chile”, XVI Tomos, Tomo XV, Universitaria/Centro de Investigaciones Barros Arana (DIBAM), Chile, 2005, p. 242

9. Barros Arana, Diego, Id.

10. Id., p. 195 y sgtes.

11. Id., p.. 404 y sgtes.

12. Tagle, Matías, “Notas sobre el surgimiento y la configuración del Estado en Chile”. En: Corporación de Promoción Universitaria, (CPU), año X / Nº 37, 1983.

13. Id., p.. 436.

14. Poulantzas, N.; “Poder político y clases sociales en el Estado capitalista”. Siglo XXI, México, vigésimo novena edición en español, 2001.

15. Donoso, Ricardo, Op. Cit., p. 103.

16. Arana, Barros, Op. Cit., p. 383.

17. “Julio Heise G. P, “150 años de evolución institucional”, Andrés Bello, Chile, 1977, p. 55.

18. Encina, Francisco, “Historia de Chile”, Zig-Zag, 3 Tomos, Tomo II, 1956, pg. 831.

19. .Donoso, R., Op`. cit., p. 113.

20. Id., pg., 108.

21. Krebs, Ricardo, “Orígenes de la conciencia nacional chilena”. En: Problemas de la…”, Op. Cit., p. 122.

22. Engel, Federico, “Engels a José Bloch, septiembre 1890. En: Marx/Engels, “Obras Escogidas”, 3 Tomos, T. 3, Progreso, Moscú, 1973, p. 514.

Septiembre 29, 2013

César Cerda Albarracín Profesor Titular – UTEM

 
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