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En este numero:

- La reforma laboral, un dispositivo para consolidar el Plan Laboral de Pinochet y profundizar el trabajo precario. (1) Por Florencio Pardo Montenegro (2)
- Limitaciones, problemas y alcances de la acción sindical. Por Ariel Orellana Araya
- Un ejercicio de memoria y DD.HH. Por Cristián Castillo

- Sumario completo



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Un nombramiento crucial para Chile: Fiscal Nacional. Por Mario Osses

Nadie pone en discusión que de unos meses a esta parte, Chile atraviesa uno de los períodos históricos más críticos y profundos: tanto en el orden político-institucional como también en otras esferas de menor importancia, pero no menos significativas. Las denuncias formuladas y las acciones penales a que han dado origen casos tan significativos como el de Penta, Soquimich y otros, han puesto de relieve fuera de toda duda que en nuestro país incontestablemente se ha desarrollado un proceso creciente de corrupción. Lo peor de todo, es que éste alcanza no tan sólo al Poder Legislativo sino también, lamentablemente, al Ejecutivo.

A quienes corresponde por virtud de las leyes que rigen nuestra propia institucionalidad, aclarar estas graves situaciones e investigar con estricta cabalidad y apegado a derecho para acusar a los responsables, es a nuestro Ministerio Público, cuya jefatura será designada en breve tiempo, reemplazándose al Fiscal Nacional actual. Como es de rigor, será fundamentalmente sobre la base de dichas investigaciones que, en definitiva quienes deberán pronunciarse y hacer ejecutar la ley, han de ser los propios miembros del Poder Judicial. Esta circunstancia asume en la hora presente un significado y un poder excepcionales. Que nos hacen meditar acerca de un breve pero medular texto del Mensaje al Código de Procedimiento Penal que fue sustituído por virtud de la Reforma Procesal Penal que todo el País conoce y la cual, como también se sabe, muy poco ha aportado para la Solución real del gravísimo aumento de la delincuencia en Chile. En aquel pasaje -hoy más vigente y necesario que nunca- se expresaba que, “las desorbitaciones” de los otros dos Poderes del Estado -el Ejecutivo y el Legislativo-, podían hasta pasar inadvertidas… Pero, no así en el caso del Poder Judicial, en cuyas manos como todo el mundo lo sabe o debe saber, está decidir definitivamente acerca de los problemas que se le plantean y entre los cuales, “formar la quina” de los Candidatos a ese importante cargo de Fiscal Nacional.

Dentro de este contexto institucional, referido fundamentalmente a la grave Crisis político-institucional, moral y económica que afecta al País, la función que le compete ejercer al llamado Tercer Poder del Estado es de la más vital importancia. En lo medular, significa “hacer Justicia” y en lo específico, respecto de las más altas autoridades político-administrativas y económicas del País. Poniéndose en ejercicio la sabia expresión de Aristóteles, al definir la Justicia como “la síntesis de todas las virtudes” y, debiendo recordarse, que hoy más que nunca, para enmendar el Camino, lo que se necesita por sobre toda otra consideración es la verdadera independencia de este Poder que no puede en caso alguno estar bajo el sometimiento del sectarismo político-ideológico que ha sido una de las causas principales de la Crisis actual. Siendo igualmente necesario recordar, que el más alto Tribunal de la República, se ha visto obligado a difundir sus quejas por la influencia indebida que se ha ejercido no tan sólo bajo el régimen militar sino también en el período posterior. Constituyendo ésta sin duda, otra de las causas gravitantes en el estado crítico que hoy todo el mundo percibe.

Estos sumarios alcances, se formulan precisamente para evitar la repetición de graves errores cometidos -especialmente como ha quedado de manifiesto, en los últimos tiempos- y que en vez de una Solución, podrían agravar seriamente el actual estado de cosas. Motivo por el cual representa una verdadera obligación de quienes hemos intervenido en el campo de la política nacional y latinoamericana -donde nuestros Tribunales gozan de merecido prestigio- dar a conocer directa y específicamente nuestra opinión, como un aporte verdaderamente independiente y desinteresado, para bien de nuestra Nación.

En efecto, hace ya algún tiempo comienzan a circular nombres de posibles Candidatos a un cargo de tanta jerarquía y responsabilidad y en un momento histórico-político que por su propia naturaleza, exige la participación de las personas mejor calificadas no tan sólo en su especialidad sino también, en el terreno de la moral y la eficacia verdadera demostrada a través de su accionar público para tal ejercicio. Y, sin que ello signifique en caso alguno una crítica personal o un interés político-partidario -soy independiente y no aspiro ni postulo a cargo alguno- me permito formular una opinión suficientemente fundada respecto de un par de nombres: el de doña Soledad Alvear quien, ha sido la promotora de una Reforma Procesal Penal cuyos resultados, ya por largo tiempo, se han demostrado absolutamente insuficientes y respecto de quien, como a todo el País le consta o debe constar, se han hecho sentir las influencias externas de cuño partidario o familiar a tales extremos que, cuando fuera electa Presidente de su Colectivo político -la DC- ella inicialmente renunciara, pero luego a instancias o por declaración de su marido, cambió de parecer… Parece incuestionable que en el ejercicio de un cargo tan delicado y de tan alta responsabilidad como el de Fiscal Nacional, sería escandalosamente grave, una conducta semejante. Lo que ciertamente no implica pronunciarnos sobre otras cualidades reales que ella poseería en su actividad profesional o político-partidaria. En el caso del Fiscal de Santiago Oriente Sr. Alberto Ayala, baste saber que está siendo investigado él mismo por su eventual vinculación con Rodrigo Peñailillo, a quien le habría filtrado información sobre la investigación del caso Penta. Como igualmente no parece idóneo el Candidato Javier Armendáriz, respecto de quien, como toda la Nación debe saberlo, se han formulado cargos por irregularidades: el ex Senador Jorge Lavandero lo ha acusado formalmente de haber ejercido presiones indebidas sobre los testigos que incluso declararon ante Notario que fueron pagados por él. Inclusive el ex-Ministro de la Corte de Apelaciones de Temuco don Héctor Toro -donde se ventiló el caso- denunció las presiones, como consta en el diario El Mercurio. Y Armendáriz jamás ha “contestado”…

Frente a una Crisis tan grave como la que padecemos actualmente, no cabe formular intentos por desestabilizar o debilitar el Gobierno, sino que por lo inverso, procurar desde todos los sectores a que se recupere la imagen histórica de Chile para bien del País. Y esta es una excepcional oportunidad para que a pesar de los errores, la actual Mandataria elija con acierto e independencia a la persona más indicada para así recuperar buena parte de la confianza ciudadana.

En consecuencia, atendida la extraordinaria importancia que en el momento presente reviste ese alto cargo, parece obligado que toda la ciudadanía esté atenta y participe formulando sus aportes o denuncias para esta designación. Porque, está demás decirlo, tal vez de ello dependa fundamentalmente el curso que seguirán las investigaciones actuales y, sobre todo, luego de constatarse nacionalmente que ya comenzaron a ejercerse las influencias desde todos los cantos o sectores del País. Ya sea, para ocultar los hechos o desvirtuarlos, habiéndose hecho absolutamente ostensible el desorbitado afán por borrar las culpas…

Mario Osses Quirós
Consultor-Abogado Ex-Asesor de la Presidencia de la República

 
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