Un tifón amenaza a Europa

Iniciadas en 2008, las discusiones sobre el acuerdo de libre comercio entre Canadá y la Unión Europea culminaron el pasado 18 de octubre. Un buen presagio para Estados Unidos, que espera concluir una asociación de este tipo con el Viejo Continente. Proyecto que, de concretarse, someterá a los Estados a las normas del liberalismo.

¿Podemos imaginarnos a multi-nacionales llevando a juicio a gobiernos cuya orientación política pudiese afectar las ganancias de sus empresas? ¿Es concebible que puedan reclamar –¡y obtener!– una generosa compensación por el lucro cesante ocasionado por un derecho laboral demasiado apremiante o por una legislación ambiental demasiado estricta? Por más inverosímil que parezca, este escenario no sucedió hace mucho tiempo. Ya figuraba con todas las letras en el proyecto del Acuerdo Multilateral de Inversiones (AMI) negociado en secreto entre 1995 y 1997 por los veintinueve Estados miembros de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). Divulgada in extremis, especialmente por Le Monde diplomatique, la copia provocó en varios países una ola de protestas sin precedentes, obligando a sus promotores a guardarla en un cajón. Quince años después, vuelve con nuevo atuendo…