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En este numero:

- La identidad, esa otra cosa (En referencia al artículo “El libro, esa cosa”, de Andrea Palet). Por Marcelo Munch
- Ecce homo. Por Juan G. Ayala
- Voto obligatorio (¿?). Por Eugenio Pizarro Poblete

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“Yo no presto el voto”: una campaña de poder ciudadano. Por Alfredo Saieg

La campaña “yo no presto el voto” a través de la cual la Asamblea Coordinadora de Estudiantes Secundarios de Chile (ACES) convoca a la ciudadanía a funar las elecciones municipales de Alcalde y Concejales previstas para el mes de Octubre, constituye un hecho político de enorme trascendencia, toda vez que éste por un lado expresa de forma inequívoca el rechazo al actual sistema electoral y la Constitución que lo cobija y por otro convoca a la ciudadanía a desarrollar mecanismos alternativos y una propuesta democrática de nuevo tipo.

Los estudiantes secundarios lanzan esta campaña a partir de la constatación práctica de cuestiones tan concretas como que sus demandas no son tomadas en cuenta por el Estado, al igual que las del resto de la ciudadanía, que esta democracia no es más que una mascarada al servicio de los que lucran con nuestras necesidades, que por manifestar y movilizarse por sus legítimas demandas son criminalizados y porque se cansaron, a decir de sus propios voceros(as) de ser manipulados con falsas promesas y engaños.

Desde hace más de 20 años que en Chile ningún partido político ni ninguna instancia social con la capacidad de convocatoria que la ACES ha dado muestras, se había pronunciado de forma tan acertada y clara confrontar al sistema de dominación desde afuera, es decir desde una posición de ruptura del orden establecido por quienes hoy detentan el poder.

No es exagerado decir que este llamado es inédito en la historia del movimiento social en Chile por el contexto en que éste se hace; tampoco es exagerado decir que cuando un movimiento social autónomo, de carácter asambleísta, toma acuerdos y hace un llamado de estas características, y si éste es asumido por la ciudadanía, especialmente por los actores sociales relevantes como los trabajadores, pobladores, jóvenes y pueblos originarios entre otros, es que estamos ante la posibilidad cierta de una revolución democrática gestada desde las bases mismas de la sociedad civil.

Sorprende, aunque no debería.

Lo que más sorprende de este llamado, aunque ya no debería, es la madurez política y la mesura de la convocatoria pues, contrario a lo que dicen y dirán los altavoces del poder, los estudiantes no están llamando a quemar los centros de enseñanza, ni siquiera a tomárselos para los días en que éstos serán utilizados como lugares de votación; muy por el contrario, están llamando a desarrollar diversas actividades junto a la comunidad, a los trabajadores, a las organizaciones sociales, a padres y apoderados, a toda la ciudadanía, a organizarse y debatir en asambleas qué democracia queremos, qué educación queremos, qué sociedad queremos construir, a coordinar esfuerzos, acciones y organización en pos de terminar con un modelo de Estado antidemocrático, diseñado para la supremacía del dinero por sobre las personas y el medio ambiente.

Es un llamado que pone al movimiento social políticamente a la ofensiva, que desarma y descoloca al mundo político tradicional, desde la izquierda institucional, pasando por la que intenta entrar en ella, hasta los partidos más comprometidos con el sistema y a todos y todas cuyos intereses están ligados a la continuidad del modelo económico e institucional actual.

¿Es esto democracia?

A 32 años de la aprobación fraudulenta de la Constitución del 80 en plena dictadura cívico-militar y más de 22 de implementación de la llamada democracia, en la práctica esto no ha significado otra cosa que profundizar el modelo neoliberal, la obscena diferencia entre ricos y pobres, la explotación indiscriminada de nuestros recursos naturales, la degradación del medio ambiente y la democracia enjaulada y tutelada por las Fuerzas Armadas y de Orden.

Un somero análisis de la génesis y espíritu de la mencionada Constitución y la constatación práctica de su funcionamiento, nos permite concluir sin mayor esfuerzo que el ser democrática no es su característica.

Las leyes orgánicas constitucionales.

La Constitución Política del Estado de Chile, impuesta por la dictadura cívico-militar con una serie de reformas posteriores que no alteraron su esencia profundamente neoliberal y su espíritu oligarca y antidemocrático, contiene en su articulado una serie de leyes orgánicas que son integradas en sus orígenes desde una concepción dictatorial y cuyas modificaciones se hacen en la práctica imposibles desde el Parlamento sin el consentimiento del empresariado, las fuerzas armadas, la derecha y sus aliados; leyes orgánicas que nacieron de mentes arcaicas y amantes del lucro desmesurado de los ideólogos de la dictadura, las cuales norman la educación, la salud, la minería, los procesos electorales, etc.

Estas leyes orgánicas dan, por ejemplo, autonomía al Banco Central, una autonomía del gobierno y dependencia del Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial; entregan autonomía financiera y operativa a las Fuerzas Armadas y de Orden y les asigna el rol de garantes y tutores de la actual Constitución; permiten a Carabineros (policía militar) aplicar formas de represión y la planificación de ésta en forma autónoma del gobierno de turno; establecen la elección “a dedo” por los partidos políticos de los Concejeros Regionales y por el Ejecutivo de los Intendentes; aseguran la existencia de un Tribunal Constitucional que nadie eligió y que se yergue por sobre las leyes que eventualmente aprobara el Parlamento y que a decir de quienes lo componen, contradicen el “espíritu del constituyente” (es decir del empresariado, las fuerzas armadas y la derecha); y para terminar con los ejemplos que abundan, la existencia de un Consejo de Seguridad Nacional que está por sobre todas las otras instancias institucionales, el que tiene la potestad constitucional de destituir al Presidente de la República y llevar a cabo golpes de estado sin pegar un tiro y en principio no matar a nadie, algo aún más impresentable que el reciente golpe de estado parlamentario en Paraguay.

Es decir todo un conjunto de leyes e instrumentos políticos prácticamente inamovibles que ponen a salvo al modelo de dominación de la democracia.

Los poderes fácticos.

Esta convocatoria trasluce también un aspecto de fondo que el movimiento social comienza a asumir y a actuar en consecuencia; esto es la existencia en Chile de los poderes fácticos que son los que se favorecen con las leyes orgánicas y los que a través de éstas, los amañados procesos electorales y el control duopólico de los grandes medios de comunicación, se constituyen en el poder real que maneja el país: las grandes corporaciones multinacionales, la banca y sus socios criollos, quienes además de contar con este mañoso entramado constitucional se suma el lobby de alto presupuesto a través del cual consiguen la aprobación de leyes y reglamentaciones a su conveniencia, con un poder comparable, guardando las debidas proporciones y alcances, al que ejerce el lobby sionista sobre el estado Norteamericano.

Esto no es nada nuevo, la democracia representativa en la casi todo Occidente funciona así y cada día que pasa vemos como estas concepciones se apoderan de estados que otrora se decían paradigmáticos; el agravante lo constituye el hecho que hoy en Chile este funcionamiento es “legal” puesto que está establecido y normado por una Constitución Política, lo que cabe recordar fue impuesta a la ciudadanía por una dictadura mediante el terror y el engaño.

Las elecciones en este contexto no son parte de un ejercicio democrático.

Toda la razón les asiste a los estudiantes, a las organizaciones sociales que se han hecho parte de esta campaña, en rechazar las elecciones con este andamiaje institucional como un ejercicio democrático y plantear frente a éstas una alternativa, puesto que y por si fuera poco, estos procesos electorales están llenos de trampas, signados por el dinero a la usanza de la vieja oligarquía del siglo antepasado, sujetos a onerosas campañas que requieren millonarias inversiones en publicidad y márquetin para llevarlas a cabo, toda una enorme y costosa burocracia para la presentación de candidatos, inscripción de partidos, etc., en el que el sistema binominal pasa a ser un detalle menor.

La sociedad chilena hace muchos años que no cree en este tipo de elecciones, prueba de ello es la abstención promedio por sobre el 50% en los últimos procesos electorales; también lo es el hecho indesmentible que todas las encuestas de opinión sitúan la credibilidad de los partidos políticos institucionales y en general a todas las instituciones del Estado, en los niveles más bajos de la historia de Chile y un rechazo sin precedentes a la Constitución Política.

Todo lo anterior contradice la existencia de un estado de derecho y hace que las elecciones en Chile, en los hechos, no sean una expresión de democracia sino más bien un distractivo inconducente, toda vez que éstas no representan formas reales de generación del poder.

Las tareas democráticas.

En el contexto de esta realidad los estudiantes secundarios agrupados en la ACES, emplazan a toda la sociedad a hacerse cargo de las tareas democráticas que deben ser asumidas y llevadas a cabo de manera autónoma por la ciudadanía, por los trabajadores, por los jóvenes, pueblos originarios, dueñas de casa, por todo el pueblo chileno.

Los resultados de esta campaña pueden significar un revés político de incalculables consecuencias para la actual institucionalidad, toda vez que su objetivo último apunta a terminar con las formas y contenidos de la política predominante y los poderes fácticos establecidos desde los años de la dictadura cívico-militar.

El éxito de esta campaña, que hoy convoca a amplios sectores de la sociedad chilena, no debe ser medido sólo por el porcentaje de ciudadanos que no vote o vote nulo sino también por los niveles de organización y toma de conciencia que se logre con esta convocatoria y deberá entenderse como un pronunciamiento político a través del cual la ciudadanía hace explícita su voluntad de poner fin al actual modelo económico y la institucionalidad para reemplazarlos por aquellos que expresen la voluntad soberana de las grandes mayorías.

Es sabido, se da por descontado, que este llamado por muy exitoso que sea, no tendrá gran eco en las esferas del poder y que también será denostado por los partidos políticos y su militancia que insisten en avanzar por la infructuosa vía institucional; será entonces otro botón de muestra que esta democracia no alcanza para todos, pero por otro lado, y esto es lo más importante, coloca en el centro del debate aspectos que son fundamentales en el devenir de la sociedad y genera un proceso de unidad social y política en torno a objetivos propios, claros y posibles que nos permitan avanzar hacia la democratización de la sociedad chilena.

Alfredo Saieg Lues.

Valparaíso, 26 de Septiembre de 2012.

 
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