Cada 5 de agosto, el Trabajo Social recuerda el nacimiento de Mary Ellen Richmond. Su nombre aparece en clases universitarias, publicaciones institucionales y redes sociales, y se le reconoce como una de las fundadoras de la profesión moderna. Pocas veces, sin embargo, nos detenemos a pensar en la vigencia del debate que impulsó hace más de un siglo, un debate que hoy, paradójicamente, vuelve a instalarse en Chile.
Richmond nació el 5 de agosto de 1861 en Belleville, Illinois. Huérfana desde muy pequeña, fue criada por su abuela y sus tías en Baltimore, mujeres de recursos modestos, pero de una sensibilidad profunda frente a las injusticias de su tiempo. Tras trabajar como contadora, ingresó en 1889 a la Charity Organization Society de Baltimore, organización desde la cual comenzó a cuestionar la forma en que las sociedades respondían a la pobreza.
Hasta entonces, esa respuesta descansaba casi por completo en la beneficencia: personas voluntarias entregaban apoyo económico o material según su propio criterio, con escasa coordinación, sin continuidad y sin comprender necesariamente las causas que llevaban a una familia a vivir en condiciones de vulnerabilidad. Frente a ese modelo, Richmond propuso algo profundamente innovador para su época: antes de intervenir, había que comprender. Había que investigar la historia familiar, las condiciones de salud, el trabajo, la vivienda, las relaciones sociales y el entorno comunitario. En 1917 sistematizó este enfoque en Social Diagnosis, obra considerada el primer texto metodológico del Trabajo Social de casos, y cinco años después publicó ¿Qué es el trabajo social de casos?
Ese aporte fue mucho más que una innovación metodológica: fue un cambio de paradigma en la forma de comprender la pobreza y la intervención social. La pobreza dejaba de entenderse únicamente como una responsabilidad individual para analizarse como el resultado de múltiples condiciones sociales que podían estudiarse, comprenderse e intervenirse de manera profesional. Con ello, la ayuda social comenzó a dejar atrás la lógica de la caridad para transformarse, progresivamente, en una responsabilidad institucional. Ese tránsito marcaría buena parte del desarrollo del Trabajo Social durante el siglo XX y acompañaría la consolidación de los sistemas de protección social, la expansión de la salud pública y el reconocimiento gradual de diversos derechos sociales.
Aunque Richmond nunca utilizó el concepto de determinantes sociales de la salud - desarrollado varias décadas después por la salud pública y las ciencias sociales -, resulta difícil no reconocer en su obra un antecedente intelectual de esa mirada: al insistir en conocer la vivienda, el empleo, los ingresos, la educación, las relaciones familiares y el entorno comunitario de las personas, ya estaba mostrando que la pobreza, la enfermedad y la exclusión no podían comprenderse únicamente desde el individuo. Esa forma de leer la realidad sigue siendo, más de un siglo después, uno de los principales aportes de la profesión, que hoy sabe, gracias a décadas de investigación, que las condiciones materiales de existencia - el acceso a servicios, la calidad de la vivienda, la educación, el trabajo, la seguridad social, la participación comunitaria - influyen decisivamente en la salud y el bienestar. Los problemas sociales rara vez son consecuencia exclusiva de decisiones individuales: responden, en gran medida, a desigualdades estructurales que requieren respuestas colectivas y políticas públicas sostenidas.
Por eso no es casualidad que el Trabajo Social sea una de las disciplinas que con mayor claridad ha entendido que las políticas públicas también son intervenciones sociales. Cada presupuesto aprobado o rechazado, cada programa que se fortalece o desaparece, cada decisión sobre el alcance del Estado modifica las oportunidades concretas que tienen las personas para acceder a salud, educación, vivienda, protección y participación social. Quizás por eso el legado de Richmond trasciende lo profesional: su propuesta no solo transformó la forma de intervenir, también modificó la manera de mirar a las personas. Nos enseñó que detrás de cada caso hay una historia, detrás de cada historia un contexto, y detrás de ese contexto, decisiones sociales, económicas y políticas que condicionan las oportunidades de vivir con dignidad. Esa mirada sigue siendo, probablemente, una de sus contribuciones más vigentes al debate público.
Más de cien años después, Chile vuelve a discutir cuestiones que parecían ampliamente consensuadas. Durante los últimos meses se ha abierto un intenso debate sobre el alcance del Estado en materias como salud, educación, protección social y derechos humanos: mientras el Gobierno sostiene que las modificaciones buscan corregir ineficiencias y optimizar el gasto público, diversos sectores académicos, organizaciones sociales y organismos de derechos humanos advierten que algunas decisiones podrían significar retrocesos en garantías construidas durante décadas. Es una discusión legítima dentro de toda democracia, pero también, y, sobre todo, una discusión profundamente familiar para el Trabajo Social. Porque detrás de cada reforma presupuestaria, de cada programa que se crea o desaparece, de cada redefinición del rol del Estado, hay una pregunta mucho más profunda:
¿La protección frente a la vulnerabilidad constituye un derecho garantizado o una prestación cuya existencia depende de decisiones políticas, prioridades presupuestarias o iniciativas privadas?
No corresponde atribuir a Mary Richmond una opinión sobre el Chile de 2026: falleció en 1928, décadas antes de que se consolidaran los actuales sistemas de derechos sociales, y jamás escribió sobre nuestra realidad. Su obra, sin embargo, sí permite reconocer con claridad el principio que orientó toda su trayectoria. Richmond comprendió que enfrentar la vulnerabilidad exigía continuidad, método, instituciones y profesionales preparados, y que las respuestas improvisadas - aunque nacieran de la buena voluntad - difícilmente podían garantizar protección sostenida para quienes más la necesitaban. Su legado no consistió en reemplazar la solidaridad, sino en demostrar que la solidaridad también necesita organización, evidencia e instituciones capaces de sostenerla.
Tal vez esa sea, precisamente, la deuda pendiente del Trabajo Social chileno con Mary Richmond. La recordamos como autora obligatoria en la formación profesional, pero con menor frecuencia analizamos el sentido político e histórico de la transformación que impulsó; enseñamos sus métodos de diagnóstico, entrevista y estudio social, pero pocas veces discutimos que esos instrumentos nacieron precisamente para superar un modelo donde la ayuda dependía por completo de la voluntad de quien podía otorgarla.
Hoy, cuando Chile vuelve a debatir el alcance de los derechos sociales y el papel que corresponde al Estado, recuperar esa discusión resulta especialmente pertinente. No porque Mary Richmond tenga respuestas para todos los problemas contemporáneos, sino porque nos recuerda una pregunta que sigue plenamente vigente:
¿Queremos una sociedad donde la protección de las personas más vulnerables sea una garantía permanente, o una ayuda siempre susceptible de modificarse según las prioridades de cada época, de cada gobierno o de cada mayoría política?
Quizás el mejor homenaje que el Trabajo Social pueda rendirle a Mary Richmond, a 165 años de su nacimiento, no sea recordar su nombre una vez al año, sino recuperar el debate que ella abrió hace más de un siglo. Porque la pregunta sigue siendo la misma: ¿la respuesta frente a la pobreza y la vulnerabilidad debe descansar en la buena voluntad de quienes pueden ayudar, o en instituciones capaces de garantizar derechos para todas las personas? Y mientras esa pregunta permanezca abierta, Mary Richmond dejará de ser solo una figura de la historia del Trabajo Social para convertirse, una vez más, en una interlocutora imprescindible del debate público contemporáneo.
