Durante la dictadura civil-militar en Chile, diferentes expresiones de la diferencia fueron perseguidas duramente. Esto incluyó a las personas extranjeras que al momento del golpe vivían en nuestro país. La Comisión Nacional de Reparación y Reconciliación en 2003 y la Comisión para la Calificación de Detenidos Desaparecidos, Ejecutados Políticos y Víctimas en 2011 calificó como víctimas extranjeras de la represión, violencia y persecución en Chile a más de 60 personas extranjeras provenientes de Argentina, Brasil, Bolivia, Ecuador, Uruguay, España, entre otras naciones.
Al hacer memoria, muy poco hablamos o recordamos a estas víctimas. ¿Por qué en las diversas conmemoraciones, poco aparecen sus nombres? Una de las razones que, a mi modo de ver, sucede es que no tenemos marcos de referencia para hacerlas aparecer, es decir, que la memoria de la violencia ha sido preferentemente nacionalista, dejando en un segundo lugar, las vivencias de estos colectivos en dictadura.
El decreto Ley 1094 de extranjería de 1975 fue la norma migratoria que estableció la dictadura y que se basó en un fundamento de seguridad y control, en la que las y los extranjeras/os se veían como un enemigo externo, por tanto, como un ente ajeno a la ciudadanía. Lamentablemente ese marco rigió hasta hace sólo un año y, por tanto, el énfasis nacionalista ha estado estructurando por años las prácticas sociales cotidianas.
Ya incluso antes de este decreto, hubo luces de cómo consideraría el régimen civil-militar a las personas no nacionales: en 1973 la junta militar prohibió trabajar en el Estado a cualquier persona extranjera -a sabiendas de que en la Unidad Popular habían ingresado muchas, de diversas nacionalidades, para colaborar en el proyecto socialista de Salvador Allende e incluso antes, con la reforma agraria.
Lo que rige durante toda la dictadura es la Doctrina de la Seguridad Nacional, dejando a la “extranjeridad” en una posición de riesgo, amenaza, inseguridad para la ciudadanía; situándola como un enemigo “ideológico” externo.
Estas directrices normativas que redujeron el estatus de entrada y estadía de las personas extranjeras también han tenido un tremendo correlato social durante varias décadas, pero también influyó en las violencias que ejerció el Estado hacia personas migrantes durante la dictadura.
¿Pero, por qué a 50 años del golpe de estado puede ser importante traer estos hechos en las prácticas de conmemoración y memoria? Porque precisamente se sigue situando hasta la actualidad, a las personas migrantes residentes, en un segundo nivel de ciudadanía y, por tanto, las garantías de no repetición a futuro pueden no existir frente a una idea subalternizada de sujeto.
Considero que lo que sucedió en ese periodo de dictadura civil-militar respecto de las personas migrantes, a nivel social se podría explicar por dos fenómenos: por un lado, la “cosificación” de las personas migrantes residentes que generó las condiciones de posibilidad para ejercer violencia sobre ellas y, por otro lado, cuando la violencia inicial descontrolada se especificó en ciertos colectivos políticos, también se consideró a las personas extranjeras, es decir, que un segundo fenómeno fue la “selección” específica de personas extranjeras politizadas, elegidas para su exterminio o el ejercicio de violencia.
Sobre lo primero, la cosificación de las personas migrantes queda patente con los experimentos desarrollados por los aparatos represores sobre cuerpos migrantes. En el año 1976, en la casa de Lo curro de la DINA donde se comenzó a experimentar con armas químicas, Michael Townley para comprobar la eficacia del gas sarín, lo utiliza con dos hombres peruanos que al parecer fueron detenidos sin causa aparente. El ministro Víctor Montiglio tiene la una declaración de un ex agente que plantea: tal demostración fue a presenciarla Manuel Contreras. Una vez todos reunidos se da la orden para que trajeran al patio a dos detenidos peruanos. Los dos peruanos, esposados y vendados, fueron apoyados en la muralla del pabellón, el agente se colocó una máscara y unas antiparras, saca de su bolsillo un tubo de spray, se acerca sigilosamente a los detenidos, les palpa la respiración y al momento en que éstos inhalan les aplica una dosis del gas spray. El primero de los detenidos cae instantáneamente. Luego hace lo mismo con el otro peruano quien cae muerto en la misma cantidad de tiempo.
Vemos que estas dos personas peruanas fueron usadas como experimentos, como animales de laboratorio, se les despojó de su humanidad…en definitiva, fueron cosificadas. Hasta el día de hoy ni siquiera sabemos la identidad de esas dos personas.
Otro ejemplo de deshumanización y cosificación: en 1975 según el relato de Rosa Pineda, amiga de un ex jefe de policía, en Azapa son llevados un hombre peruano y uno boliviano, a quien se les acusó, al parecer sin pruebas de porte de drogas, les hicieron cavar sus fosas y fueron ejecutadas. Tampoco fueron identificados. Estos dos prisioneros fueron torturados con pentotal previamente.
Varios relatos señalan que en el norte fronterizo de Chile se dieron diversas violaciones a los derechos humanos hacia personas extranjeras durante toda la dictadura que no tenían una motivación política explícita pero que se justificaron por la defensa de la soberanía nacional.
El segundo proceso fue la selectividad respecto de las personas extranjeras politizadas. De la violencia masiva del año 73 se pasó a una violencia selectiva y específica a nivel nacional. Las fuerzas de seguridad desarrollaron diversas conductas de vulneración y vejación a los derechos humanos en diversos contextos, pero que tuvieron una expresión concreta y específica en ciertos cuerpos especialmente de determinados grupos políticos. Y en ello, muchas veces cuando se hace memoria quedan en el olvido las personas migrantes que activaban políticamente y que fueron víctimas.
Muchas de las personas extranjeras detenidas fueron en su mayoría militantes de partidos políticos que llegaron a Chile con el claro objetivo de colaborar con el proceso de la Unidad Popular. Según la investigación de Karina Fernández, la uruguaya Nelsa Gadea quien era parte del trabajo de la corporación de vivienda en el gobierno de Allende, fue detenida y llevada a Londres 38 y se cree que luego a Tejas Verdes, desde donde no se supo más de su paradero. Asimismo, Jane Vanini, brasileña, quien llegó en 1971 a Chile y comenzó a militar en el MIR: fue detenida en 1974 y pese a que enfrentó a sus captores, los testimonios señalan que fue detenida, torturada. Desaparecida.
Otras personas incluso tenían calidad de refugiadas/os. Un ejemplo de esto último, según una investigación del periodista Felipe Baurle: en 1976 a un grupo de 50 bolivianos –entre ellos dirigentes mineros, universitarios y profesores- que expulsó Bolivia a Chile, se les impuso la firma de asilo fueron detenidos y relegados al sur de Chile sin ningún tipo de apoyo. Se trató de una violencia selectiva respecto del cruce entre extranjeridad y militancia política.
Mónica Cristina Benaroyo, uruguaya militante comunista, quien fue decapitada en el norte de Chile, Joan Alsina, cura catalán que fue detenido y fusilado, Antonio Llidó cura español de cristianos por el socialismo, detenido desaparecido, Jorge “Chichi” Ríos y Jorge Ignacio Soto estudiantes universitarios bolivianos. Y así muchas otras personas.
¿Memoria nacionalista?
Muy poco se conmemoran estos casos. Poco se recuerda de ellas y ellos. En ese sentido, es importante tener en cuenta que las memorias oficiales y dominantes pueden fomentar también la construcción de discursos homogenizantes y nacionalistas, los que pueden promover luna idea estancada sobre qué tipo de sujeto es legítimo para hacer memoria.
¿Por qué las muertes extranjeras en dictadura sólo comienzan a salir décadas después? ¿Qué hace que cuándo hablamos de memoria dejemos también a ciertos hechos y personas fuera de la historia? Esto puede darse porque no tenemos marcos de referencia que nos permita interpretar el pasado en una conjunción entre violencia/extranjeridad residente ya que la pensamos desde un marco casi exclusivamente nacional.
La violencia vivida en el periodo dictatorial decanta en una serie de experiencias y recuerdos, posibilitando una construcción de múltiples memorias. Elizabeth Jelin señala que estas memorias resultan relevantes porque nos permiten conocer cómo la ciudadanía resignifica los hechos de violencia estatal, los resiste y puede edificar futuros deseados. Pero ¿qué pasa si muchas de esas memorias no son reconocidas? ¿qué pasa si no las consideramos como parte de la ciudadanía?... es posible, entonces, que siempre queden al margen.
En ese sentido, creo que es importante rescatar lo que Enzo Traverso llama “memorias subalternas”: aquellas memorias que no son reconocidas muchas veces como tales, que no son oficiales, pero que ayudan a comprender cómo social e históricamente ciertas subjetividades no son consideradas dentro de la ciudadanía dominante. Y entre ellas, obviamente aparecen las memorias migrantes.
Deberíamos reconocer estas memorias migrantes que no están en los discursos dominantes porque al no hacerlo, tiene efectos en el presente: como por ejemplo que nuevamente se invisibilicen los aportes de estos colectivos a la historia de nuestro país, a sus avances… en el no reconocimiento de su papel, se niega su habitar común ciudadano y nuevamente se sitúan en el presente, en un carácter secundario de lo colectivo, como sujeto subalterno, fuera de lo común.
Y esta invisibilización la vemos en las prácticas de ahora: por ejemplo, mucho ya se lleva escrito sobre la revuelta de 2019 en Chile, pero muy poco de la participación activa de personas migrantes en estas movilizaciones, poco sobre las violencias del Estado que vivieron también, y menos sobre cómo nuevamente, el aparato de inteligencia del gobierno anterior, utilizó la figura de “agentes extranjeros” para justificar el estallido social.
Con los años podemos rastrear que la idea de “extranjera/o” como sinónimo de “sospecha” o “enemigo” sigue vigente, incluso en nuestros días y que muchas veces también justifica el ejercicio de la violencia. Como señala la psicóloga social, Catalina Álvarez, las memorias de carácter nacionalista, no implican necesariamente un olvido de las migraciones, sino más bien, justifican la exclusión de estas poblaciones al defender una idea cerrada y estática de comunidad.
Por ello es importante ver que los ejercicios de memoria que hagamos ahora que conmemoramos los 50 años, son prácticas políticas en sí mismas porque permiten perpetuar o subvertir ciertas dinámicas de poder. Es un momento para precisamente revisar nuestros marcos de referencia interpretativos del pasado, para hacerlos inclusivos.
Caterine Galaz
Académica de la Universidad de Chile
