Las noticias cotidianas nos hablan de un mundo desigual, donde día a día las cifras de riqueza crecen en concentración y ganancias, mientras las de pobreza amenazan a grupos más amplios de la población y se profundizan en los más precarizados (1). Ello ocurre en un contexto, además, de eventos climáticos extremos, fruto del calentamiento global (2), que hunde sus raíces en un modelo de crecimiento económico cuyo propósito es el incremento del capital y su tasa de ganancia, no el bienestar de las personas ni el equilibrio con la naturaleza.
El marco descrito, de injusticia ambiental y social, narrado “desde arriba” (desde los datos agregados, desde las instituciones), es preocupante. Visto “desde abajo” (desde los territorios y de quienes se movilizan por el bienestar de sus comunidades), es implacable por cómo afecta su vida cotidiana y limita las posibilidades de bienestar de las nuevas generaciones.
En Chile, territorios con elevados índices de pobreza y marcados por conflictos socioterritoriales, zonas de sacrificio o luchas por la vivienda y contra la precariedad, nos hablan de los efectos negativos de estos dos tipos de injusticia. También nos iluminan sobre procesos profundos de articulación social, solidaridad y esperanza desplegados por activistas territoriales en respuesta a intervenciones por parte de agentes poderosos como inmobiliarias, mineras, hidroeléctricas e industrias. También en respuesta a los poderes públicos, ya sea por su acción (a veces ineficaz o descoordinada) u omisión (su ausencia y abandono).
Activistas de Alto Hospicio, Alto del Carmen, Puchuncaví, Huechuraba, Alto Biobío-Santa Bárbara y Panguipulli dan cuenta de experiencias de las cuales aprender y avanzar para una vida más justa y digna. En los últimos años, ellos (y, de forma preponderante, ellas, las activistas) han sido capaces de denunciar, demandar soluciones y proponer respuestas a nivel institucional, pero también de articularse para apoyarse mutuamente y autogestionar respuestas locales comunitarias ante las necesidades. Ya sea en torno a conflictos ambientales y sociales en sus territorios o bien ante el legítimo deseo de construir una vida en una vivienda digna, en la comuna con la que se sienten identificados, las personas activistas no se resignan ni se dan por vencidas ante el carácter demoledor de los problemas.
Antes y durante el proceso constituyente, han surgido nuevos actores, jóvenes y mujeres participantes de agrupaciones, que renuevan las formas de lucha y las resignifican a partir de las características y dinámicas territoriales, especialmente su trayectoria histórica y memoria colectiva. Su acción es indispensable como llamado de atención al Estado y a las grandes empresas, para que sus decisiones no vean a las comunidades simplemente como daños colaterales, y también es valioso como alerta a la ciudadanía, para que entre el agobiante e irritante esfuerzo cotidiano por sacar adelante la vida propia, no olvide que esa vida es colectiva, y que lo que afecta a unos, también nos afecta a todos, hoy o mañana.
Los activistas territoriales tienen claro que la vida, junto con ser colectiva, es también intergeneracional. Que la solidaridad intergeneracional del presente es la base para que los niños y niñas, de hoy y futuras, puedan habitar un mundo con menos injusticia. Y es también su apuesta de esperanza frente a la adversidad: las nuevas generaciones lograrán los cambios que hasta ahora no han sido posibles. Ad portas de la COP 28, organizada en Dubái, esperemos que lo primero comience a ser más cierto que lo segundo.
1) De acuerdo con la edición 2022 del World Inequality Report, en América Latina el 50% más pobre de la población se lleva el 10% de los ingresos, mientras el 10% más rico recibe el 55%, lo que se agudiza en términos de concentración del patrimonio: el 10% más rico acumula el 77% de la riqueza y el 50% más pobre solo el 1%. Por su parte, según el último informe de CEPAL, casi un tercio de la población de Latinoamérica vive en situación de pobreza, porcentaje que se eleva a 42,5% en el caso de la población infantil y adolescente, y también es más alta entre las mujeres, la población indígena y las personas que viven en zonas rurales.
2) Los últimos informes alertan sobre las negativas consecuencias del cambio climático y la necesidad de que los países se comprometan con medidas significativas urgentes.
Juan Fernández Labbé
CISJU-UCSH, IR FONDECYT 11200175
Académico del Doctorado en Ciencias Sociales
_ y del Magíster en Intervención Social
