1.- Las FARC-EP y la firma del Proceso de Paz: La voz de la guerrilla.
El lunes 26 de septiembre de 2016, sin duda quedará en los anales de la historia como el comienzo más auspicioso en la historia republicana de Colombia de poner fin a un proceso que ha desangrado al país caribeño por más de cincuenta años, siendo el conflicto armado vigente más largo de su historia y unos de los más dolorosos que ha padecido ciertamente nuestro continente. Dicho proceso, impensado cuando dio comienzo hace apenas cuatro años en La Habana, apoyado como países garantes por Cuba y Noruega y acompañantes como Venezuela y Chile, (así como con el tibio en su comienzo, pero progresivo apoyo de la comunidad internacional y de Naciones Unidas), dan cuenta de los esfuerzos de ambas partes, de dar una solución definitiva al conflicto abarcando, en su complejidad, distintas etapas y materias que permitieran estar ad portas, de presenciar un triunfo democrático sin precedentes: incluir a un movimiento guerrillero dentro de los cánones de un entendimiento mutuo y dándoles la bienvenida a la vida pública y política, como lo señalase el Presidente Juan Manuel Santos el día de ayer en Cartagena.
En este mismo sentido, en la “Declaración Política X Conferencia Nacional Guerrillera, Comandante Manuel Marulanda Vélez”, celebrado entre el 17 hasta el 23 de septiembre del presente año en Brisas del Diamante en las sabanas del Yarí, que sintetiza los acuerdos con los cuales, el pleno de la asamblea de las FARC-EP, ratifican los acuerdos celebrados en la Habana declarando expresamente:
“Luego de una muy juiciosa discusión sobre los Acuerdos de La Habana, Cuba, Territorio de Paz, celebrado entre las FARC-EP y el Gobierno de Colombia, para la terminación del conflicto y la construcción de una paz estable y duradera, la Conferencia, nuestra máxima instancia de decisión, ha determinado aprobarlo en su totalidad e instruir a todas las estructuras de bloques y de frentes, a nuestros mandos, guerrillerada, milicianos y a toda nuestra militancia fariana, que éste sea acogido y respetado. Hemos refrendado así nuestro compromiso irrestricto con el cumplimiento de todo lo que se ha convenido. Asimismo, esperamos que el Gobierno actúe con la debida correspondencia.
Tenemos el convencimiento de que el Acuerdo Final contiene un gran potencial para la apertura de una transición política hacia la transformación de la sociedad colombiana, por su real democratización y la materialización de sus derechos, y especialmente para el buen vivir y el bienestar de las mujeres y los hombres humildes en campos y ciudades, de la clase trabajadora, de los pueblos étnicos, indígenas y afrodescendientes, de la población LGTBI, y sobre todo para los jóvenes y nuestras futuras generaciones. A ellas y ellos los llamamos a abrazar y proteger los acuerdos, a hacerlos suyos, a acompañar y exigir su implementación. Juntando esfuerzos lograremos los propósitos comunes de consolidar la perspectiva de una paz con justicia social, la reconciliación nacional y la democracia avanzada para la nueva Colombia.
El Acuerdo Final celebrado en La Habana, Cuba, contiene los mínimos necesarios para dar continuidad por la vía política a nuestras aspiraciones históricas por la transformación del orden social vigente. Por tal razón, hemos decidido surtir todos los aprestamientos necesarios para el tránsito de nuestra estructura político-militar hacia un nuevo partido político cuyo congreso fundacional se llevará a cabo a más tardar en mayo de 2017, si se implementan los acuerdos, tal y como está convenido. Será función del Partido dar continuidad a nuestros propósitos políticos de carácter estratégico por la construcción social de poder para el pueblo. La Conferencia faculta a la dirección Nacional de las FARC-EP para que convoque a un pleno del Estado Mayor Central y defina la ampliación de la nueva dirección que tendrá a cargo la preparación del congreso, del programa político, del estatuto y de la línea política, así como de las condiciones organizativas y de funcionamiento.”
2.- “El Acuerdo Final como momento de inflexión histórica”.
El desafío abordado por las partes ciertamente no estuvo exento de dificultades, sobre todo por la amplitud de la agenda propuesta entre las partes y que se traduce en un texto final amplio, complejo, como los temas incluidos, así como lo ambicioso de los objetivos trazados. De esta forma, se incluyeron temáticas tan disímiles como: la apertura democrática para la paz, una reforma rural integral que implique una conversión progresiva de las plantaciones de coca en los territorios ocupados por la guerrilla, en la perspectivas de una solución al problema y tráfico de drogas ilícitas, el tratamiento jurídico y reparación a las víctimas del conflicto, la creación para tal efecto de una “Jurisdicción Especial para la Paz”, la reincorporación de las FARC-EP a la vida civil, su desarme y verificación, el tratamiento y protección de los pueblos indígenas y de la mujer en los territorios de la guerrilla, etc. Dicho proceso que comienza el año 2012 con los acuerdos de Oslo primero y luego del establecimiento de las negociaciones en La Habana, presuponían no sólo el establecimiento de una agenda como la ya refrendada, sino un contexto de establecimiento de garantías mutuas que abarcaba definiciones no menos complejas que el contenido del acuerdo mismo tales como: a) El cese bilateral definitivo de fuegos y de hostilidades; b) Las características del proceso de dejación de armas, y de la normalización guerrillera en lo político, lo económico y lo social c) El desmonte de estructuras y modalidades de contrainsurgencia, especialmente paramilitar; d) Las garantías de seguridad integral del Estado Colombiano a las FARC-EP, para su tránsito hacia una organización política legal. En este sentido, hubo la conciencia y manejo político por parte de Santos que, el éxito de las negociaciones conllevaba un tratamiento hacia la guerrilla como un homónimo en la mesa de negociación y no como un vencido, cuestión que evidencia lo prolongado del conflicto, sino, a su vez, con la articulación desde posiciones de ultraderecha lideradas por el presidente Álvaro Uribe, hoy senador por el partido Centro Democrático (que de centro político ciertamente representa poco y de “democrático” sumamente discutible, dado su prontuario de vinculación con grupos paramilitares) cuyo interés, desde la implementación del “Plan Colombia” evidencia , a la luz de los acontecimientos, el mayor fracaso de su política y que gatilla el preámbulo de su peor derrota de refrendarse en el plebiscito a celebrarse el domingo 2 de octubre próximo, el triunfo de la opción del “SI”, que dé luz verde a la implementación de los acuerdos de la Habana.
3.- Los escenarios tras el Plebiscito y la disputa de la elite Colombiana.
A pesar de que en estricto rigor no era necesario que el presidente Santos celebrase un plebiscito para que la ciudadanía Colombiana refrendase los acuerdos de La Habana, no es menos cierto que el objetivo tiene dos implicancias no menores a considerar en su contexto: la primera dice relación con la legitimización del proceso en su conjunto, que dé garantías en un primer comienzo a la implementación de los acuerdos que, por su complejidad, no estarán exentas de dificultades evidentes, tales como el desarme verificado por organismos internacionales, el establecimiento de una jurisdicción especial y, ciertamente, la conversión de la guerrilla en partido político, para lo cual, el estado Colombiano debe y está consciente de su compromiso de otorgar todas las garantías de seguridad para los guerrilleros, razón por la cual los acuerdos incluyen financiamiento para su manutención, otorgamiento de documentación y prestación de salud, la destinación de curules en el congreso, en ambas cámaras, que faciliten su transición e inserción en los organismos constitucionales del país, etc. Sin embargo, en cuanto a seguridad se refiere, existen aún fantasmas del pasado que recuerdan la masacre de más de 3.000 miembros del brazo político de las FARC-EP, que unilateralmente intentaron participar en procesos eleccionarios, pero que caen en manos de grupos paramilitares y organismos de inteligencia. En ese sentido, figuras como Álvaro Uribe ciertamente constituyen un elemento a considerar en cuanto a su rol en este sentido, así como el trato y clima que en el congreso colombiano y demás organismos públicos se les dé a la guerrilla como “bienvenida” a una nueva vida para muchos de ellos absolutamente desconocida, más allá de las fronteras de la selva que por décadas ha sido su único hogar. En un segundo lugar, cabe hacer presente el objetivo evidente del Presidente Santos no sólo de inscribir su nombre en los libros de historia, sino de darle continuidad a su propio proyecto político, es decir, a los partidos y fuerzas que lo han colocado al frente del gobierno Colombiano, respecto del cual, cualquier paso en falso en la implementación y cumplimiento de los plazos e hitos del conflicto , ciertamente pesarán como costo político evidente y que serán aprovechados por la oposición de cara a futuros procesos electorales. Es decir, las próximas presidenciales, en buena manera coparán su discusión programática y lucha política en torno a los alcances y efectos del proceso de paz que hasta el momento tienen mucho de incógnita y de fragilidad, sobre todo con las características internas de la política del país caribeño.
4.- Una Jurisdicción especial y el proceso de reconciliación Colombiano.
Tal vez uno de los argumentos más recurrentes en la campaña, desde los partidarios del “NO” a los acuerdos de paz, dice relación con la implementación de una jurisdicción especial y el tratamiento y reparación de las víctimas del conflicto, así como el establecimiento y trato desde el punto de vista del derecho penal. En este sentido, el acuerdo establece que el objetivo es: “satisfacer el derecho de las víctimas a la justicia, ofrecer la verdad a la sociedad colombiana, proteger los derechos de las víctimas, contribuir al logro de una paz estable y duradera, y adoptar decisiones que otorguen plena seguridad jurídica a quienes participaron de manera directa o indirecta en el conflicto, respecto a hechos cometidos en el marco del mismo y durante éste que supongan graves violaciones al Derecho Internacional Humanitario y graves violaciones de los Derechos Humanos”. De esta manera, y como lo evidencia desde la visión particular de la propia guerrilla: “no es un acuerdo de impunidad; tampoco un acuerdo para el juzgamiento de la rebelión de las FARC-EP o de nuestra comandancia. No es un sistema de sometimiento a la justicia estatal vigente en la que ha primado el enfoque del derecho penal del enemigo, sino una solución creativa que garantiza la imparcialidad debida y requerida en un acuerdo de paz. Sobre la base del acuerdo del indulto y la más amplia amnistía posible como está previsto en la normatividad internacional, nos hemos comprometido a acudir a la JEP a ofrecer nuestra verdad sobre los hechos del conflicto de los que ella se ocupa, a asumir las responsabilidades en lo que nos corresponda, y a aceptar las sanciones que ella imponga, si a ello hubiere lugar. De la misma manera, esperamos que acudan y se pongan a disposición de la JEP todos quienes, de manera directa o indirecta, sean civiles o militares, han intervenido en el conflicto.
Sólo así será posible superar la impunidad, hacer efectivo el derecho de las víctimas a la verdad y garantizar un genuino ejercicio de justicia. Con la JEP convenida en el Acuerdo Final queda en manos de las víctimas del conflicto y de la sociedad colombiana en general un instrumento fundamental para la construcción de una paz estable y duradera”. Ahora bien, la viabilidad y criterios con que actuará un organismo sui-generis aun no creado, si bien es imposible de conocer aún, no es menos cierto que las negociaciones avanzan en su contextualización, otorgándole en cuanto estándar internacional, el cumplimiento de los tratados internacionales ratificados por Colombia y que se encuentren vigentes en él, sin perjuicio de la tensionalidad política y de los organismos de Derechos Humanos gubernamentales y no gubernamentales, como Amnistía Internacionales que no ha escondido sus reparos sobre este punto en particular. De esta forma ciertamente Colombia tiene modelos exitosos de otros proceso similares con criterios disímiles, de modelos sobre enjuiciamiento y procesos de reconciliación por delitos de lesa humanidad como el sudafricano, el chileno, el argentino u otros con acentos y desarrollos distintos. A su vez, políticamente hablando, en el mismo vecindario y que hoy incluso, otrora movimientos armados, hoy gobiernan democráticamente países tales como los casos de El Salvador o Nicaragua son ejemplos de que la convivencia democrática es posible.
Ocurre en igual sentido con el momento y oportunidad de la entrega de las armas por parte de la guerrilla ( la que debe de producirse dentro del plazo de 180 días después del referéndum), donde la ONU recibirá la totalidad del armamento de las FARC-EP para destinarlo a la construcción de tres monumentos (página 59 del acuerdo), uno en la sede de las Naciones Unidas, otro en Cuba y otro en el lugar del territorio nacional que la guerrilla defina ( como parte de los múltiples simbolismo que han rodeado al proceso). No obstante, no es menos cierto que las guerrillas solicitarán previamente, el cumplimiento de garantías mínimas que pondrán a prueba el manejo político y capital político del Presidente Santos cuando llegue el momento indicado y cuya falta de precisión ha sido también criticada por la oposición al acuerdo.
En este sentido, y como parte de las contraprestaciones acordadas para la implementación del desarme de las guerrillas, se estipuló expresamente en el acuerdo “la prohibición de la promoción, organización financiación o empleo oficial y/o privado de estructuras o prácticas paramilitares, y a desarrollar las normas necesarias para su aplicación, que incluirán una política de persecución penal, sanciones administrativas y disciplinarias”. Siendo claramente una de las apuestas a futuro más arriesgadas a futuro, sobre todo teniendo en cuenta la actual relación y apoyo económico de ciertos sectores “democráticos” que operan en la política Colombiana y cuya sobrevivencia en buena parte depende que justamente que la implementación del acuerdo fracase.
Sin embargo será tarea de las fuerzas democráticas, donde la izquierda agrupado en el Polo Democrático, ciertamente también tendrá un rol no sólo facilitador, sino articulador en la inserción de las FARC-EP en la vida pública y política y el quehacer del país, una especie de garante interno que neutralice junto al gobierno cualquier intento desestabilizador de los acuerdos en cuestión. En suma, el proceso de reconciliación que comienza con la firma y posterior referéndum, será un proceso largo y abierto que pondrá a prueba a toda la sociedad colombiana en su conjunto, donde víctimas y victimarios de ambas partes deberán aprehender, a mirarse al rostro y comprender que el éxito no depende de la amnesia, pero sí del perdón recíproco, donde apuntar al otro con el dedo en poco facilita el nuevo proceso de convivencia que supone que miles de colombianos y colombianas, que viven en territorios dominados por la guerrilla al margen del estado y una parte de la sociedad, se incorporarán como personas y ciudadanos con plenos derechos que deben ser respetados y garantizados por el estado, cuestión que será ciertamente un desafío desde el punto de vista de las políticas públicas dirigidas a esa población , los cuales no han conocido muchos de ellos, jamás otra autoridad que no fuere la guerrilla, cuestión que no es menor y que abordan los acuerdos de paz.
5.- Implementación de los Acuerdos.
Como todo acuerdo de paz de esta complejidad y extensión, se estableció entre las partes un cronograma y mecanismos orgánicos a quienes se les encomendara la implementación del acuerdo. De esta forma, según se consigna en las actas de la Habana “Se acordó la conformación de la Comisión de Implementación, Seguimiento y Verificación del Acuerdo Final de Paz (CSVR), de carácter bipartito, con un primer período de funcionamiento hasta enero de 2019, prorrogable hasta diez años, que corresponden al lapso definido para el proceso de implementación. Asimismo, se definió un Plan Marco de Implementación (PMI) de diez años, que se desagregará en Planes Cuatrienales de Implementación (PCI), con los que lo acordado tendrá que incorporarse al Plan Nacional de Desarrollo (PND) de los respectivos gobiernos, garantizando de esa manera las inversiones necesarias, así como la asignación correspondiente de recursos del presupuesto nacional y de recursos provenientes de los entes territoriales”. A su vez, y a partir de un cronograma claro, el Congreso Colombiano debe hacerse cargo de manera prioritaria de todas las reformas constitucionales y legales necesarias para permitir la concreción de los acuerdos en los plazos establecidos, en este tenor se consigna: “Para proveer el marco normativo y los soportes institucionales que le den a la implementación un carácter vinculante específico, se convino la expedición de un CONPES del PMI en los términos que apruebe la CSVR, así como el trámite de las reformas constitucionales y legales de incorporación del PCI al PND. Por otra parte, se definió una agenda legislativa a través del procedimiento previsto en el Acto Legislativo 01 de 2016, cuya materia corresponde a los aspectos fundamentales de los desarrollos normativos constitucionales y legales que demanda la implementación del Acuerdo final, y se estableció que los contenidos de tales desarrollos tendrán que ser constatados por la CSVR, previa presentación o expedición por el Presidente de la República. Junto con lo anterior, se definieron mecanismos de participación de la sociedad, un sistema integrado de información y medidas de transparencia para la implementación, así como medidas y acciones de implementación prioritaria”. Con todo, además se establecerá un proceso de verificación internacional el cual: “tendrá como propósito comprobar el estado de avances de la implementación de los mismos, identificar retrasos o deficiencias, brindar oportunidades de mejoramiento continuo, así como contribuir a fortalecer su implementación” (página 184 del acuerdo). Dicho componente internacional estará conformado para tal efecto por un representante del gobierno Colombiano, uno de las FARC-EP, así como representantes de los países garantes y acompañantes, es decir, Cuba, Noruega, Chile y Venezuela. Por último, cabe resaltar que el conjunto del acuerdo, a fin de darle una dimensión normativa integral, se dictará para tal efecto una ley aprobatoria del Acuerdo Final como Acuerdo Especial y un Acto Legislativo de incorporación del Acuerdo Final a la Constitución Política. Este punto en cuestión, podría eventualmente dar pie a un nuevo proceso constituyente como ya se realizó en Colombia en el pasado, tanto por la multiplicidad de instituciones objeto de reformas y modificaciones legislativas, así como la incorporación de verdadero nuevo capítulo a la carta magna que bien puede asimilarse a un proceso de esta naturaleza, según lo han consigna catedráticos constitucionalista y las mismas FARC-EP explícitamente, cuyo debate académico y político será un añadido en el derrotero de su implementación.
6.- El acto que puede sellar la paz del continente.
Juan Manuel Santos encabezó el inicio del acto con la apertura de una puerta hacia la paz. Detrás suyo Rodrigo Londoño, Timoshenko; Ban Ki-Moon, el presidente de Cuba Raúl Castro, la presidenta de Chile Michel Bachelet, el presidente de Venezuela Nicolás Maduro, el canciller de Noruega Jorge Brende, entre otros mandatarios latinoamericanos. De esta forma, los medios del mundo dan cuenta y transmitieron el emotivo y simbólico acto de la firma del tratado celebrado en la también histórica ciudad de Cartagena. En dicha ceremonia Londoño dejará para la crónica citada para posteridad: “Nuestra única arma será la palabra. Ustedes con el resto de la sociedad serán artífices de la paz”, al dirigirse a los asistentes donde se mezclaban víctimas del conflicto, dirigentes políticos, sociales y ciudadanos emocionados. Estando luego en su alocución, la remembranza Alfonso Cano, Jorge Eliécer Gaitán y Gabriel García Márquez, junto a fundadores de la guerrilla como Marulanda y Jacobo Arenas, confirmó el compromiso de las FRARC-EP de dar cumplimiento cabal a lo pactado, entregando su juicio “al pueblo colombiano”. Por su parte, el Presidente Juan Manuel Santos, junto con recalcar el acuerdo como uno de los hechos históricos más relevantes de la historia del país, y reconocer que, pudiendo ser imperfecto, “es mejor que una guerra perfecta”, consciente que es la oportunidad donde más se ha acercado a la resolución del conflicto hace un llamado a su aprobación la que la encuestas preliminarmente dan por aprobado por incluso un 60% en algunos casos, dan cuenta del consenso que el proceso suscita en una sociedad agotada por un conflicto que, hace décadas dejó de tener el sentido primigenio, y que habla de la grandeza y valentía de ambas partes.
De todas aquellas voces que concurrieron al acto, elijo la vocera de Congreso de los Pueblos, Marylen Serna, la que da cuenta de su opinión y labor en el proceso desde la sociedad civil: “el proceso de paz ha significado momentos de reflexión y esfuerzos muy importantes por construir la unidad entre diversos sectores políticos. A su vez, expuso que Congreso de los Pueblos tiene tres tareas claras con la firma de los acuerdos, la primera es estar en los territorios con las comunidades y en los escenarios de implementación y participación; la segunda es insistir en la instalación de la mesa de diálogo entre el gobierno y el ELN y para finalizar continuar en la movilización y discusiones con el gobierno frente a los puntos que no están incluidos en los acuerdos de paz de la Habana”, el cual, dicho sea de paso, declaró cese unilateral de hostilidades para el día del referéndum, a fin de neutralizar a sectores contrarios y paramilitares y facilitar el proceso.
En conclusión, el pueblo quiere olvidar los fusilamientos de más Aurelianos Buendía y, en vez de aquello, soñar con el vuelo de las mariposas amarillas de la paz sobre el mar caribe. Para aquello, todo está en manos de las y los colombianos que, con su voto como punto de partida, tienen la oportunidad de por fin dejar atrás la página más dolorosa de sus vidas.
Por Rony Núñez Mesquida
Analista, Escritor y Observador Internacional.
