No resulta para nadie indiferente el actual contexto político a través del cual se está llevando a cabo un nuevo proceso constituyente. Sin embargo, dable es recordar que dicho proceso no se está sustanciando en un año sin sentido, sino, muy por el contrario, aquel está transcurriendo nada menos durante este año corriente, en el cual se conmemorará el quincuagésimo aniversario del golpe de Estado.
Por cierto, dicha circunstancia no reviste una mera aleatoriedad, frente a lo cual debemos como sociedad ser capaces de lograr desentrañar cómo este año aniversario puede influir en la redacción de una merecida Carta Magna nacida dentro del contexto de un Estado democrático de Derecho.
Como premisa, vale señalar que no es lo mismo una Constitución albergada bajo un régimen autoritario, respecto de una concebida en uno democrático como el actual, independiente de la fórmula jurídica utilizada para llegar a aquel objeto.
En este sentido, es un deber moral comprender que el proceso político que se vive deberá tener como resultado un texto constitucional que ante todo garantice la realización de toda persona, apuntando hacia el logro, consolidación, cultivo y elevación de la dignidad humana.
Dicho es el punto de partida del telos de una Constitución y al mismo tiempo, el fin último de aquel, por lo que resulta medular comprender que dentro del contexto del año conmemorativo que se indica, deberá resaltar en el nuevo y esperado texto constitucional, un convencimiento férreo de la defensa de los derechos humanos, en todo lo que ello implique.
Lo anterior motivado por la necesidad de resucitar la memoria histórica de lo acontecido en nuestra Patria, y siempre con el objeto de reafirmar la imperiosidad de concebir un Estado dentro del marco de un camino pacífico, que sea capaz de lograr abstraerse de lo individual posicionándose en un plano intersubjetivo y siempre comprendiendo a la persona como un ser en constante relación y no así, en permanente oposición.
La formación hacia el desarrollo íntegro de la persona, en cuanto ser esencialmente moral, se deberá evidenciar en la nueva Carta Magna en razón de la realización de un Estado responsable, recto, crítico y preocupado por el prójimo (pues así lo debe ver), en cuanto tiene el deber de operar, incluso, bajo normas estrictas de bondad y rectitud. En este mismo sentido, el nuevo texto constitucional deberá transitar hacia una especial y constante sensibilización por la justicia como condición única, para fomentar una sociedad que sea respetuosa de la propia dignidad humana.
No existe duda, por lo tanto, que este proceso constituyente —en el marco conmemorativo actual— deberá llevarse a cabo, in memoriam de todas y todos aquellos quienes en tales tiempos de aguas agitadas expresaron sus convicciones no obstante la constante y dolorosa represión, la cual deberá permanecer intacta en la memoria social y política de nuestra Patria.
María Karina Guggiana Varela
Abogada – Doctor © en Derecho Universidad de Los Andes
