Introducción
En el reciente debate público chileno, la afirmación de que “no hay plata” ha vuelto a instalarse como una verdad aparentemente incuestionable. Desde el Ministerio de Hacienda se ha sostenido que la disponibilidad fiscal es limitada —aludiendo a cifras cercanas a los 46 millones de dólares hacia fines de 2025— configurando así un escenario de restricción presupuestaria que justificaría la contención del gasto público. Este diagnóstico ha sido reiterado por el actual ministro de Hacienda, Jorge Quiroz, quien ha enfatizado la necesidad de mantener una disciplina fiscal y orden en las cuentas públicas, señalando que “vamos a hacer lo necesario para recuperar el crecimiento” y defendiendo la pertinencia de ajustes en el gasto en función de la sostenibilidad fiscal (La Tercera, 2026; Bloomberg Línea, 2026). Este tipo de afirmaciones se repiten de manera constante por diversos actores políticos y mediáticos, configurando un relato de restricción estructural y una percepción difusa en la ciudadanía.
Sin embargo, esta narrativa entra en tensión con otros antecedentes posteriores que se comienzan a identificar: al iniciar el año 2026, los niveles de disponibilidad fiscal superaban ampliamente los 1.400 millones de dólares, de acuerdo con reportes de ejecución presupuestaria y cobertura en prensa económica nacional (Diario Financiero, 2026; La Tercera, 2026). Esta discrepancia no puede ser leída únicamente como un desfase técnico o contable, sino como una señal de inconsistencia entre el discurso político y la realidad fiscal efectiva.
A esta construcción discursiva se suma el posicionamiento del actual presidente de la República, José Antonio Kast, quien ha insistido en que Chile enfrenta un escenario económico complejo, subrayando la necesidad de “ordenar la casa” y reforzar la responsabilidad fiscal como eje de su programa económico (Emol, 2026; El País, 2026). Así, se configura un consenso discursivo que, más que describir la realidad, tiende a producirla.
La pregunta que emerge, entonces, no es simplemente económica, sino profundamente política: ¿se trata de una mala lectura de las finanzas públicas o de la construcción deliberada e interesada de un relato de escasez? Este texto sostiene que la insistencia en la idea de crisis fiscal en un escenario de disponibilidad efectiva de recursos constituye una forma de producción política de la realidad económica, donde el discurso no describe la situación, sino que la orienta.
Sosteniendo la teoría
La clase en el poder tiende a proteger sus privilegios, reforzando y defendiendo —por distintos medios— el dominio que ejerce sobre otras clases sociales. Como ya advertían Karl Marx y Friedrich Engels, “las ideas de la clase dominante son, en cada época, las ideas dominantes”, en tanto “la clase que dispone de los medios de producción material dispone también de los medios de producción espiritual” (Marx & Engels, 1974, p. 50). La historia ha mostrado de manera consistente este comportamiento.
En el contexto actual, esta lógica se expresa en la construcción de un relato de crisis que presenta al país en una situación de catástrofe económica, atribuyendo responsabilidades al gobierno anterior, el cual, más allá de sus definiciones ideológicas, operó dentro de los márgenes estructurales del poder existente.
Expresiones como “no hay plata”, “gobierno de emergencia” o “el país está quebrado” se reiteran en el discurso público, configurando una narrativa que, más que describir la realidad, contribuye a producirla. A través de su circulación mediática, estas ideas se instalan en la opinión pública, orientando percepciones y condicionando la comprensión social de la situación económica.
Lo anterior adquiere mayor relevancia cuando los medios de comunicación son controlados por grupos que forman parte de la misma élite económica. En esta línea, Jürgen Habermas advierte que la opinión pública puede transformarse en un espacio donde intereses particulares se presentan como universales, señalando que “la opinión pública se convierte en una esfera en la que se despliegan intereses privados que se presentan como si fueran de interés general” (Habermas, 1981, p. 182).
Hegemonía, economía y construcción de la realidad fiscal Para comprender la dimensión política del discurso fiscal contemporáneo, resulta fundamental recurrir a la teoría de la hegemonía desarrollada por Antonio Gramsci en sus Cuadernos de la cárcel. En esta perspectiva, el poder no se ejerce exclusivamente a través de mecanismos coercitivos, sino también mediante la construcción de consenso social.
Parafraseando a Gramsci, puede sostenerse que la clase social en el poder no se limita sólo al dominio material, sino que interviene de manera encubierta en el comportamiento sociocultural de las masas: “la supremacía de un grupo social se manifiesta de dos maneras, como dominio y como dirección intelectual y moral” (Gramsci, 1975, p. 70).
Este planteamiento permite entender que el poder se consolida cuando una determinada visión del mundo logra instalarse como sentido común. En este marco, la economía deja de ser un ámbito puramente técnico y se convierte en un espacio de disputa ideológica.
Desde esta perspectiva, el discurso de la escasez fiscal puede ser interpretado como un dispositivo hegemónico. No se trata únicamente de una descripción de la situación financiera del Estado, sino de una construcción discursiva que delimita lo posible en términos de política pública.
En consecuencia, la construcción de la escasez fiscal no puede ser entendida únicamente como un error técnico, sino como parte de una estrategia de dirección política. Tal como sugiere la teoría gramsciana, el poder se ejerce también configurando los marcos de interpretación desde los cuales la sociedad comprende su realidad (Gramsci, 1975, p. 70).
La caja fiscal: una explicación necesaria
Para comprender el problema, es fundamental aclarar qué se entiende por “caja fiscal”. En términos simples, la caja fiscal corresponde al conjunto de recursos líquidos disponibles que posee el Estado en un momento determinado para cumplir con sus obligaciones y ejecutar políticas públicas. A diferencia del presupuesto —que proyecta ingresos y gastos— la caja fiscal refleja la disponibilidad efectiva de dinero, considerando ingresos tributarios, endeudamiento y movimientos financieros de corto plazo.
En economías modernas, la gestión de caja no implica una simple contabilidad estática, sino una administración dinámica de flujos. Tal como señala el Fondo Monetario Internacional (FMI, 2016), la gestión de tesorería pública busca “asegurar que el gobierno disponga de liquidez suficiente para cumplir sus obligaciones, minimizando costos y riesgos”. En este sentido, la existencia de bajos niveles de caja en un momento específico (como diciembre, tras el cierre presupuestario) no constituye evidencia de insolvencia estructural, sino una condición temporal del ciclo fiscal.
Por ello, presentar una cifra puntual como expresión de una crisis económica generalizada constituye, en el mejor de los casos, una simplificación; y en el peor —como parece evidenciarse en el debate actual— una distorsión políticamente funcional.
El relato de la escasez como instrumento político
La literatura económica ha advertido reiteradamente sobre el uso político del discurso fiscal. Así lo manifiesta el economista Abba Lerner, quien desde la teoría de las finanzas funcionales (1943) sostiene que el gasto público no debe evaluarse en función de equilibrios contables inmediatos, sino de sus efectos en el empleo, la producción y el bienestar social. En esta línea, el énfasis en la “restricción fiscal” puede convertirse en un mecanismo para limitar la acción del Estado más allá de lo estrictamente necesario. Vale decir, es limitar la acción del Estado en cuanto a la inversión social, conocida como “gasto social” desde la estructura capitalista presente.
Más recientemente, el economista Stephanie Kelton (2020) ha cuestionado la narrativa de la escasez en Estados con capacidad de emisión y financiamiento, argumentando que “el verdadero límite del gasto público no es el dinero, sino la capacidad productiva de la economía”. Desde esta perspectiva, insistir en la falta de recursos cuando existen márgenes fiscales disponibles, responde mucho menos a una realidad económica y mucho más a una posición política. Posición política sostenida en determinadas interpretaciones ideológicas sobre el rol del Estado, lo cual se expresa en las orientaciones de política económica del gobierno actual.
Desde visiones más tradicionales, como la de Joseph Stiglitz (Premio Nobel de Economía, 2001), se reconoce que los mercados y los discursos económicos no son neutrales. Stiglitz advierte que las políticas fiscales restrictivas pueden ser justificadas mediante narrativas que invisibilizan sus efectos sociales, señalando que “la austeridad no es solo una política económica, sino una elección política que distribuye costos y beneficios de manera desigual” (Stiglitz, 2012).
Verdad económica y poder: una lectura crítica
La construcción de una supuesta crisis fiscal en contextos de disponibilidad de recursos puede entenderse, entonces, como una forma de ejercicio del poder. No se trata únicamente de cifras, sino de la capacidad de definir qué es considerado real y qué no. En este sentido, la economía se aproxima a lo que Michel Foucault denominó un “régimen de verdad”: un conjunto de discursos que, legitimados institucionalmente, determinan lo que se acepta como verdadero en una sociedad (Foucault, 1977).
Desde esta perspectiva, afirmar que “no hay plata” no es solo una descripción, sino un acto performativo que produce efectos concretos, como la contención del gasto social, la postergación de reformas o la deslegitimación de demandas ciudadanas. La escasez deja de ser un dato y se convierte en un dispositivo de gobierno.
En el contexto chileno reciente, esta lógica se ve reforzada por la convergencia entre discurso técnico y posicionamiento político, donde la reiteración mediática de la crisis contribuye a consolidar una percepción de inevitabilidad. Tal como plantea David Harvey (2014), las crisis económicas y sus narrativas asociadas suelen ser utilizadas para reconfigurar las relaciones entre Estado, mercado y sociedad, consolidando modelos que priorizan la disciplina fiscal por sobre la equidad social.
Conclusión
A la luz de lo expuesto, la discrepancia entre el discurso de escasez fiscal y la existencia efectiva de recursos no puede ser interpretada como un simple error técnico. Cuando la información disponible permite prever que la situación financiera es más holgada de lo que se declara, insistir en un relato de crisis configura una forma de responsabilidad política que trasciende la negligencia. “Acuso de dolo” no es aquí una imputación jurídica, sino una categoría analítica: en tanto señala que las decisiones y discursos económicos no son inocentes, sino orientados a producir determinados efectos. En este caso, la instalación de una crisis fiscal inexistente o sobredimensionada opera como justificación para limitar la acción del Estado y redefinir las prioridades del gasto público.
En última instancia, el problema no es solo cuánto dinero tiene el Estado, sino quién define qué se puede hacer con él. Y esa, más que una cuestión económica, es una pregunta profundamente política.
José Cáceres S.
cientista político
adm. Público.
Referencias
1. La Tercera. (2026). Ministro Quiroz destaca necesidad de disciplina fiscal y crecimiento económico.
2. Bloomberg Línea. (2026). Quiroz propone ajuste fiscal gradual y priorización del crecimiento.
3. Diario Financiero. (2026). Ejecución fiscal y disponibilidad de caja del Estado en inicio de año.
4. Emol. (2026). Presidente Kast enfatiza orden fiscal y control del gasto público.
5. El País. (2026). Chile inicia un nuevo ciclo económico bajo el gobierno de Kast.
6. Marx, K., & Engels, F. (1974). La ideología alemana. Buenos Aires: Ediciones Pueblos Unidos. Versión digital consultada en Archivo Chile.
7. Habermas, J. (1981). Historia y crítica de la opinión pública. Barcelona: Gustavo Gili.
8. Gramsci, A. (1975). Quaderni del carcere (V. Gerratana, Ed.). Torino: Einaudi. Versión digital consultada en Archivo Chile.
9. Fondo Monetario Internacional. (2016). Treasury Single Account: Concept, Design, and Implementation Issues. IMF.
10. Lerner, A. (1943). Functional finance and the federal debt. Social Research, 10(1), 38–51.
11. Kelton, S. (2020). The deficit myth. PublicAffairs.
12. Stiglitz, J. (2012). El precio de la desigualdad. Taurus.
13. Foucault, M. (1977). Microfísica del poder. Ediciones La Piqueta.
14. Harvey, D. (2014). Diecisiete contradicciones y el fin del capitalismo. Traficantes de Sueños.
