La excepción en el Derecho Internacional, hoy en día, se produce en el acto mismo de administrarla, como una relación de trato diferenciado que ninguna necesidad previa determina. Conviene partir de esa premisa, porque ilumina lo que Estados Unidos despliega hoy sobre América Latina con una nitidez que los marcos habituales pierden. La reunión de ministros de defensa —hace una semana— en Panamá, la salida de Chile del Movimiento de Países No Alineados semanas antes y la disposición del gobierno de Kast a “evaluar” propuestas —entre ellas el abandono de la Corte Penal Internacional (CPI)—, emanadas desde la última reunión de la Coalición Escudo de las Américas, conforman momentos de una misma operación: la administración de la excepción como forma ordinaria del orden hemisférico.
Una lectura puramente jurídica se queda corta, y también una puramente geopolítica. Lo que se despliega prescinde de la teatralidad que la teoría clásica situó en el origen del orden. La prohibición del uso extraterritorial de la fuerza permanece en pie y, la jurisdicción de los tribunales y el texto jurídico se mantienen vigentes. Lo que se altera es su aplicación al caso. La invocación de medidas por “seguridad nacional” o para evitar una “amenaza existencial” busca desplazar un acto excepcional hacia la zona de indeterminación de la norma; ese margen donde caben una legítima defensa —elástica—, un enemigo designado y la necesidad de urgencia que disfraza verdaderos intereses de poder y control. Allí la regla conserva su validez mientras pierde su fuerza de constreñir y recibe otra cosa: la deferencia de las instituciones llamadas a juzgarla. La operación que en enero terminó con la captura de Nicolás Maduro lo mostró con crudeza: un empleo de fuerza sobre territorio ajeno, presentado como combate al narcotráfico, que ninguna instancia internacional trató como la agresión que el derecho habría nombrado en cualquier otro contexto.
El encuadre que autoriza ese desvío es securitario, y ha dejado de ser una jugada discursiva para volverse una arquitectura en la esfera internacional. El “narcoterrorismo” opera como el acto de habla que convierte un problema de política pública en una amenaza existencial, y la Coalición de las Américas contra los Cárteles lo institucionaliza: le da diecinueve firmantes, sede y presupuesto. Los más de cien ataques a embarcaciones en el Caribe y el Pacífico durante el último año, con centenares de muertos, y el anuncio de que la fase terrestre replicará la capacidad operativa ensayada con las lanchas, muestran hasta dónde llega el encuadre cuando ninguna institución lo contesta.
Sobre este fondo debe leerse el giro de la política exterior chilena, porque su coherencia se vuelve legible solo a esa escala. Por separado, las decisiones del gobierno de Kast parecen gestos dispersos: la asistencia entusiasta a la cumbre “Escudo de las Américas” de Miami, el retiro del respaldo a la candidatura de Michelle Bachelet a la Secretaría General de la ONU, el abandono del Comité de Naciones Unidas para los Derechos del Pueblo Palestino, la salida del Movimiento de Países No Alineados tras cincuenta y cinco años —con el argumento de que pertenece a “otro contexto global”—, la disposición a ponderar el retiro de la CPI. Leídas juntas, dibujan una nueva doctrina. Cada una sustrae a Chile de un foro desde el cual el país podía afirmar autonomía, y lo reinstala como socio disciplinado de un alineamiento. El excanciller Heraldo Muñoz lo sintetizó con economía: nos fuimos de los no alineados porque el gobierno se alineó.
La posición de un Estado en la jerarquía internacional no es un dato previo que la diplomacia refleje; se sostiene en prácticas, pertenencias y actos de reconocimiento recíproco. Integrar un foro del Sur Global, respaldar una candidatura o sostener un comité de derechos es, indiscutiblemente, enunciar una identidad y ocupar un lugar. Retirarse de todos ellos en pocos meses rebaja a Chile en esa jerarquía porque reescribe a un país edificado sobre la autonomía estratégica y el vínculo con el Sur como periferia alineada, ejecutora de una nueva construcción de excepción decidida en otra parte. La política exterior deja de multiplicar los propios márgenes y pasa a administrar la obediencia.
La coalición ordena el continente según ese trato diferenciado, que reparte a los Estados entre quienes son convocados a coescribir la excepción y quienes la reciben como objeto. Brasil y México quedaron fuera del núcleo. Venezuela, ausente de la mesa, encarna el polo extremo: el territorio donde la excepción ya se consumó y la palabra de Washington opera como ley. Entre ambos polos están los invitados, y la invitación se paga retirándose, uno a uno, de los lugares donde la excepción pase a llamarse violación. Por eso la presión para abandonar la Corte Penal Internacional es la pieza más contundente. La misma potencia que nunca ratificó el Estatuto de Roma, y que ha sancionado (y perseguido) a jueces de La Haya por investigar sus actos y los de sus aliados, pide a los ratificantes que se retiren, para que no quede tribunal competente el día en que la fuerza deje su marca. El dispositivo reensambla la tutela del siglo XX —esferas de influencia, disciplina hemisférica, subordinación militar— con estructuras adaptadas al siglo XXI: “coaliciones voluntarias”, metas de gasto, retiro coordinado de las instituciones que incomodan.
Por todo lo antes explayado es que la pregunta del título no es retórica. Administrar la obediencia es una posibilidad real de la política exterior chilena, y su precio es la posición desde la cual un Estado periférico todavía puede rehusar ser objeto de la excepción ajena. Cada foro que se cede adelanta la firma de un documento tácito cuya cláusula es simple: quien renuncia hoy a la jurisdicción de La Haya acepta que, el día en que la fuerza caiga sobre su suelo o sobre sus nacionales, ningún tribunal quedará para nombrar esa violación. La apuesta del gobierno es por un solo ganador de la contienda global, y confía en que el alineamiento comprará protección. La protección, sin embargo, no llega. Mientras se reclama de Chile más alineamiento, Washington grava sus exportaciones con un arancel del 12,5% amparado en una supuesta tolerancia al trabajo forzoso. El mismo recurso al pretexto que ordena la excepción militar, ahora en clave comercial.
Y entonces la pregunta se impone: ¿para qué alinearse? Chile edificó su posición internacional y política de Estado sobre una larga tradición de respeto hacia el derecho internacional, autonomía estratégica y la continuidad que sobrevive a los gobiernos. De esa tradición, más allá de su tamaño, provino su fuerza fuera de las fronteras. ¿Por qué cuestionar hoy esas bases a cambio de una protección que el propio aliado desmiente con un gravamen? El país conserva escaso margen material para rearmarse, como admiten sus analistas, y un margen político que se agota cada vez que un gobierno confunde alinearse con protegerse. La excepción rara vez llega como una invasión; llega como una invitación a coescribirla. Declinarla es, hoy, el primer acto de autonomía.
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Osnarci Ramos Borges es abogado. Magíster en Relaciones internacionales. Doctorando en Procesos e Instituciones Políticas.
