A diez años de las históricas movilizaciones por +NoMásAFP, el sistema de pensiones chileno permanece intacto en sus estructuras más profundas. No porque las protestas hayan fracasado totalmente. Sino porque lo que la movilización intentaba destituir era precisamente aquello que el sistema necesitaba para perpetuarse: la ilusión de que podía ser reformado desde adentro. Diez años después, la crisis no ha sido resuelta. Ha sido profundizada. Y lo que es peor: ha sido normalizada, transformada en dato estadístico, en ausencia que nadie quiere ver porque verla supondría reconocer que vivimos en una estructura de crimen legalizado que funciona sin culpables visibles.
Los números son claros, casi obscenos en su claridad. La mitad de quienes se jubilaron el año pasado autofinanció una pensión inferior a ochenta y seis mil pesos. Incluso entre quienes cotizaron casi cuarenta años consecutivos sin interrupciones, la mitad recibe menos de doscientos noventa mil pesos mensuales. Esto significa que tras décadas de trabajo continuo, tras contribuir sin interrupción al sistema, tras vivir la promesa de que la capitalización individual era el futuro seguro, los trabajadores chilenos descubren que la realidad es una condena a la pobreza institucionalizada. Eso es lo que el sistema llama «escándalo». Como si fuera anomalía. Como si fuera falla imprevista. Como si no fuera exactamente el resultado esperado, el objetivo final de una estructura diseñada precisamente para despojar. Y lo que es más brutal: casi tres cuartas partes de todas las pensiones en Chile no alcanzan a cubrir ni siquiera las necesidades básicas de subsistencia.
La reforma no fue reforma. Fue consolidación de lo mismo bajo otro nombre. Durante todos estos años de debate incesante, de negociaciones interminables, de comisiones que analizaban la crisis sin poder nombrarla como crisis estructural, el sistema continuó funcionando exactamente como fue diseñado: como máquina de transferencia de riqueza desde los trabajadores hacia los fondos de inversión, desde la vejez hacia el capital especulativo. Los investigadores de Fundación SOL que documentan la persistencia de esta crisis demuestran algo incómodo: pese a la retórica del fortalecimiento de la capitalización individual, la mayoría de los pensionados continúa recibiendo ingresos inferiores al salario mínimo. Y esto no es resultado de una gestión deficiente. Es resultado de la lógica inherente del sistema.
Porque el problema no es que la AFP no funcione. El problema es que funciona perfectamente bien. La AFP es una máquina que opera según su lógica propia, según los imperativos de rentabilidad que estructuran toda acción dentro de ella. Un trabajador que cotiza treinta, cuarenta años puede recibir una pensión miserable porque su ahorro fue invertido en instrumentos de bajo retorno, o porque murió antes de que su fondo alcanzara el monto suficiente, o porque los años de desempleo no se cotizaron, o por mil otras razones que la arquitectura del sistema produce incesantemente. Nada de esto es falla. Es funcionamiento normal. Es lo que sucede cuando transformas un derecho sagrado en una apuesta de mercado donde la mayoría está condenada inevitablemente a perder.
Lo que la persistencia de cifras sobre la crisis revela es que la privatización del sistema de pensiones fue un acto de desposesión política enmascarado como innovación económica. Se les dijo a los trabajadores que eran propietarios de sus ahorros. Se les enseñó el idioma de la capitalización individual, de la responsabilidad personal sobre la vejez, de la libertad de elección entre fondos. Todo esto fue lenguaje de captura ideológica profunda. Porque lo que sucedía realmente era la transferencia de la responsabilidad colectiva hacia individuos atomizados, la transformación del derecho a la pensión en una apuesta de mercado donde la mayoría pierde sistemáticamente. Y cuando la apuesta no funciona, cuando el mercado no genera los retornos prometidos, cuando la realidad de la vejez golpea, entonces aparece la verdad que siempre estuvo ahí: no tenías nada. Solo tenías deuda y promesas rotas.
El sistema fue diseñado en dictadura y reforzado en democracia. Esto es importante porque significa que no es un error de un período específico sino una continuidad política deliberada. Los gobiernos que llegaron después del régimen autoritario, aquellos que se presentaban como restauradores de derechos, eligieron no desmantelar el sistema de pensiones privatizado. Al contrario. Lo mantuvieron. Incluso lo fortalecieron mediante nuevas estrategias de consolidación y legitimidad. Esto revela algo incómodo sobre la estructura política de la transición: que ciertos dispositivos de dominio económico fueron aceptados como parte del nuevo orden, como precio inevitable de la democracia, como sacrificio necesario para mantener la «estabilidad». La transición fue negociación de qué se mantendría del orden anterior. Y lo que se negoció fue la desposesión de futuro para millones de trabajadores.
Las movilizaciones de hace una década gritaban una verdad que los gobiernos se negaban a escuchar: que un sistema que genera pensiones menores al salario mínimo después de cuarenta años de cotización es un sistema fracturado en su lógica más fundamental. No pedían reformas. Pedían destituir completamente. Pero la respuesta fue siempre la misma: reformas. Algunas contribuciones adicionales. Algunos ajustes cosméticos. Algunos «fondos de solidaridad» que funcionaban como muleta ideológica para una máquina que continuaba produciendo pobreza sistemática. Y la gente se fue cansando. La energía se dispersó. El movimiento fue capturado por la promesa de que algo cambiaría. Y el sistema continuó intacto en su estructura fundamental.
Lo que permanece invisible en toda esta narrativa es la violencia estructural. La violencia de envejecer en pobreza. La violencia de descubrir que tras décadas de trabajo tu vida económica será miseria de subsistencia. La violencia de aceptar que el futuro fue robado no mediante un acto violento obvio sino mediante la cuidadosa redacción de leyes que transformaban el robo en derecho legal, la desposesión en libertad, la precarización en oportunidad. Esta es la verdad que el sistema necesita ocultar a toda costa. Porque si se revelara completamente, si se dijera sin ambigüedades que el sistema de pensiones chileno es un crimen legalizado que condena a la mayoría de los trabajadores a la pobreza de vejez, entonces las preguntas incómodas sobre la estructura política se multiplicarían sin control posible.
Los datos que emergen de investigaciones en instituciones especializadas confirman lo que muchos sabían desde hace años: que la promesa de capitalización individual fue una mentira fundamental construida sobre la desposesión. Que treinta años de historia del sistema de AFP han generado, sistemáticamente, pensiones miserables para la mayoría. Que quienes cotizaron casi cuarenta años y reciben menos de doscientos noventa mil pesos no son casos excepcionales sino la norma estructural. Que casi tres cuartas partes de las pensiones chilenas están diseñadas para producir pobreza en la vejez. Que el sistema está funcionando exactamente como fue diseñado: como máquina de desposesión que transforma el trabajo de toda una vida en ingresos de subsistencia. Y que la reforma, nuevamente, no será reforma sino consolidación de lo mismo bajo nuevas máscaras retóricas.
Lo que queda es una pregunta política fundamental que la democracia chilena no quiere formular explícitamente ante su propia población: ¿hasta cuándo un país que se define como democracia puede mantener un sistema que condena a la mayoría de sus ancianos a la pobreza? ¿Hasta cuándo se puede seguir llamando derecho a un sistema que garantiza hambre en la vejez? ¿Hasta cuándo se puede reformar aquello que debe ser destituido radicalmente? La respuesta, por ahora, es que se puede seguir indefinidamente. Porque lo que el sistema demuestra después de diez años de movilizaciones, de debate público, de promesas incumplidas de cambio, es que tiene la capacidad de absorber las críticas, de transformarlas en datos, de convertir la violencia en normalidad estadística. El escándalo de las pensiones no es escándalo. Es funcionamiento normal. Y ese es el verdadero horror político: que sabemos exactamente qué está sucediendo y continuamos permitiéndolo indefinidamente.
Dr. Mauro Salazar J.
UFRO/Sapienza
Referencias
Fundación SOL. Análisis de la crisis del sistema de pensiones chileno. Santiago, 2024 2025.
Esposito, Roberto. Bíos. Biopolítica y filosofía. Buenos Aires: Amorrortu, 2006. .
