En nuestra publicación anterior hablábamos de las complejidades que el oasis de Pica enfrentaba ante su supervivencia en un futuro[i]. Este texto ahondará en cómo se proyecta la fragmentación territorial como dispositivo de control y manejo socioambiental por parte del Estado de Chile. Para ello ahondaremos en el caso de la problemática del agua y la discusión sobre la interconexión hídrica de las napas subterráneas y como la extracción de agua en sitios altiplánicos podría afectar a otros sitios hidrológicamente conectados.
El tema de la interconexión hídrica es un tema debatido y de alta incertidumbre sobre todo en zonas afectadas por la actividad minera[ii]. Los grupos indígenas del sector han defendido la existencia de esta conexión hídrica, sosteniendo que cualquier extracción de agua, aunque sea en geografías distantes, podría afectar las napas en otros lados. Esta idea de la interconexión tiene que ver con la cosmovisión propia de los pueblos originarios, donde todo está profundamente entrelazado, y la afectación o daño en un sector irremediablemente afectará a otro. Una leyenda señala que una vez le introdujeron una cabeza de guanaco a los ríos altiplánicos la que luego apareció más abajo en la pampa del Tamarugal, relato que vendría a sostener la idea que las napas están conectadas.
Sin embargo, como explicaba un funcionario de la Dirección General de Agua (DGA) en Iquique, la efectiva conexión hídrica es difícil de probar ya que sus procesos de medición son complejos y costosos. Pero a pesar de existir esta incertidumbre, esto no es un hecho descartable. Pero la incertidumbre por sí misma no es criterio suficiente como para aplicar el principio precautorio. A pesar que este principio también sea objeto de amplio debate, este podría al menos colocar mayor cautela ante los posibles impactos que podrían generarse en zonas ecológicas altamente vulnerables[iii].
Además de tomar en consideración la preocupación de la población local que observa como el medio ambiente habitado se va degradando. Muchos habitantes responsabilizan a la industria minera que requiere de ingentes cantidades de agua para sus faenas, pero esta ha comenzado a reemplazar el agua dulce subterránea por agua desalada[iv]. Sin embargo, la construcción de plantas de desalinización también es un proceso costoso y lento. Aunque la industria minera en Chile proyecta un creciente uso de agua desalada[v], -equivalente a una reducción en el uso de aguas subterráneas -, sus impactos siguen siendo significativos, considerando además el daño a otros ecosistemas, como el marino a causa de la devolución de la salmuera al mar.
Esta realidad de una población local que observa con preocupación cómo las lagunas y bofedales se van secando, contrasta con la idea defendidas por las mineras y el Estado que esta conexión hídrica no existe. Pero esta disputa refleja otra realidad que tiene que ver con lo que llamamos lógica de la fragmentación, implementada desde el Estado a través de la aplicación de ciertos criterios ambientales que facilitan el control y manejo de los territorios intervenidos.
Como la tenencia de agua en Chile es fundamentalmente privada, las empresas mineras con los derechos de agua a disposición extraen el agua sin mayor preocupación por sus consecuencias ambientales a mediano o largo plazo. De hecho, ya existen innumerables casos donde estas empresas han sido multadas por las instituciones ambientales por daños causados[vi]. El código de agua no contempla un manejo integral de los nichos de agua[vii], más bien vemos dicha fragmentación en aguas superficiales y subterráneas. Desde hace un tiempo se está trabajando por parte de la DGA en la conformación de las comunidades de aguas subterráneas (CASUB), que podría aportar a una administración más responsable de su extracción y de esa manera evitar la sobre explotación, a través de la puesta de medidores en pozos y sondajes[viii].
La institucionalidad ambiental chilena es sobre todo reactiva y no contempla mayores procesos de precaución, característica que también ha contribuido a que gran parte de los conflictos ambientales se judicializaran[ix] . Por otra parte la DGA como institución estatal responsable por el manejo del agua debiera velar por el monitoreo y el control de extracción por parte de las empresas. Pero como explicaba uno de sus trabajadores, la institución no tiene suficiente personal como para llevar un control efectivo sobre cuánto se extrae y si esta extracción obedece o no a la cantidad otorgada[x]. Esto hace que el medioambiente esté continuamente en riesgo aumentando la fragilidad de ecosistemas vulnerables. Al parecer con eso la responsabilidad de velar por la sostenibilidad del lugar recae finalmente en los propios habitantes que terminan denunciando las irregularidades de empresas o individuos tanto por la extracción de agua o debido a procesos contaminantes[xi].
Desde la lógica administrativa impuesta por el Estado, el territorio deviene en un cuerpo fragmentado: el suelo, el subsuelo, los cuerpos de agua y los posibles metales que alberga. Todos estos “elementos” obedecen a distintos cuerpos administrativos de manejo, que además no dialogan entre sí, habiendo una completa desconexión entre las instituciones que debieran velar por el manejo responsable de estos recursos por ej. la DGA y el Servicio de Evaluación Ambiental (SEA). Como contraparte, el manejo territorial desde las comunidades tiende a concebirse de manera holística, es decir, que se entiende el territorio y el agua como cuerpos conectados, unión fundamental que permite que la vida florezca en el lugar; visión completamente ignorada por los procesos institucionalizados.
Esta concepción más holística del territorio aparece referida una y otra vez durante los procesos de consulta indígena, sobre todo en las discusiones que suscitan los llamados Estudios de Impacto Ambiental (EIA). Estos estudios tampoco contemplan una mirada holística interconectada, más bien lo contrario: los posibles impactos en el suelo, en la flora- fauna, en los cuerpos de agua deben ser declarados por las empresas según estipula la ley de Bases de Medio Ambiente chilena, y presentarse de manera separada una de otra como si estas no tuvieran relación alguna, no fueran acumulativas y como si estas no sucederían en un mismo territorio[xii].
Estas contradicciones demuestran la diferencia entre estas lógicas territoriales en disputa. Dan cuenta además de cómo la conciencia ambiental ha ido surgiendo en Chile a raíz de una serie de desastres ecológicos que podrían haberse evitado con una política ambiental no-reactiva sino precautoria. Lamentablemente la existencia de amplias zonas de sacrificio[xiii] y de territorios socio-ecológicos e hidrológicos vulnerados y vulnerables es reflejo de un tipo de mentalidad que después de ya tantos ejemplos de daño ambiental tendríamos que haber superado hace mucho tiempo y que, de continuar, más que esperanzas, nos promete un posible apocalipsis climático[xiv].
Si es que alguna vez nos atrevemos a descolonizar también nuestra concepción algo anticuada del desarrollo y del desarrollo sostenible y dejemos de entender nuestro lugar en el mundo únicamente desde la lógica extractiva, quizás podamos cambiar algo, al menos en lo que respecta el futuro de zonas ecológicas en peligro como es el oasis de Pica en la Pampa del Tamarugal. Quizás en vez de confiar en juicios de expertos, distantes y calculadores -la razón instrumental del Estado chileno -, debemos empezar a confiar un poco más en los relatos y las experiencias de la gente del lugar, porque son ellos los que realmente saben reconocer los cambios e impactos en sus territorios.
[i] Zuñiga, P.; Ceballos C. & Cornejo, S. (2025). El futuro incierto de Pica: Un Oasis en riesgo. Monde diplomatique. https://www.lemondediplomatique.cl/el-futuro-incierto-de-pica-un-oasis-en-riesgo-por-patricia-zuniga-claudio.html
[ii] La discusión sobre la conexión hídrica en l región de Tarapacá y Pica ha sido tratada de manera exhaustiva en este artículo: Cornejo P., S. M., & Niewöhner, J. (2021). How CentralWater Management Impacts Local Livelihoods: An Ethnographic Case Study of Mining Water Extraction in Tarapacá, Chile. Water, 13. https://doi.org/10.3390/w13243542
[iii] Véase, Harremoes, P., Gee, D., Macgarvin, M., Stirling, A., Keys, J., Wynne, B., & Vaz, S. G. (2002). The Precautionary Principle in the 20th Century: Late Lessons from Early Warnings. Earthscan Ltd.
[iv] Pizzoleo, Javiera. (22.03.2024). La desalación utilizada como nueva fuente de agua para la minería en Chile: Desafíos ambientales e infraestructura compartida. Reporte Minero | El portal de minería en Chile. https://www.reporteminero.cl/noticia/noticias/2024/03/la-desalacion-nueva-fuente-agua-mineria-chile-desafios-ambientales-infraestructura-compartida
[v] Consejo Minero. (2023). Cifras actualizadas de la minería. https://consejominero.cl/wp-content/uploads/2024/01/Cifras-Actualizadas-de-la-Mineria-2023-Diciembre.pdf
[vi] Solo para ejemplificar algunos casos, véase, Multa a CODELCO por extracción no autorizada de aguas de un pozo, se confirma por la Corte de Santiago. - Diario Constitucional; La lucha por el agua en Huasco Alto: Minera multada por extracción ilegal del recurso desde 2021 - El Clarin de Chile; DGA sancionó a dos mineras de Atacama por extracción no autorizada de agua - Cooperativa.cl
[vii] Tapia, F. (2019). Regulación de la sequía en Chile: Análisis normativo de la declaración de escasez | Tapia Valencia | Revista Derecho Administrativo Económico. Revista de Derecho Administrativo, N°29. http://redae.uc.cl/index.php/redae/article/view/509
[viii] Este hecho ha encendido las alertas sobre todo en los agricultores de Matilla que se riegan con las aguas de Chintaguay, ya que de ser conformadas estas comunidades de aguas subterráneas, tendrían que sentarse a la mesa en posición de desventaja para la toma de decisiones, respecto a otros actores como la empresa Aguas del Altiplano. Bajo el código de aguas los directorios de estas comunidades se eligen mediante acciones, siendo esta empresa uno de los principales accionistas de esta comunidad en formación de aguas subterráneas. Esta empresa es la que administra y es dueño de las aguas de la vertiente de chintaguay, aguas expropiadas por el estado y que se van a la ciudad de Iquique.
[ix] Véase, Cómo abordar judicialización socio-ambiental de proyectos de inversión - GISMA
[x] Entrevista realizada por Sascha Cornejo al entonces director de la DGA el año 2019 en la ciudad de Iquique.
[xi] Bebbington, A., Abramovay, R., & Chiriboga, M. (2008). Social Movements and the Dynamics of Rural Territorial Development in Latin America. World Development, 36(12), 2874–2887. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2007.11.017
[xii] Véase, Artículos X, XI, y XII de la ley de Bases del medio ambiente. Ley Chile - Ley 19300 - Biblioteca del Congreso Nacional
[xiii] Hormazabal Poblete, N., Maino Ansaldo, S., Vergara Herrera, M., & Vergara Herrera, M. (2019). Habitar una zona de sacrificio: Análisis multiescalar de la comuna de Puchuncaví. Revista Hábitat Sustentable, 9(2), 6–15. https://doi.org/10.22320/07190700.2019.09.02.01
[xiv] Katz, Cindi. (1995). Under the Falling Sky: Apocalyptic Environmentalism and the Production of Nature. In A. Callari, S. Cullenberg and C. Biewener (eds) Marxism in the Postmodern Age (pp. 276–282). The Guilford Press.
Patricia Zuñiga es licenciada en sociología, investigadora en temas patrimoniales, agricultora, y dirigente de la comunidad autoconvocada “Consejo Territorial Quechua Pica”.
Sascha Miguel Cornejo Puschner es antropólogo enfocado a temas socio-medioambientales, decoloniales y extractivismo.
