Hay sentencias que no describen: ordenan. Cuando el ministro de Hacienda advierte que conviene «tener cuidado con endeudarse para estudiar carreras donde a lo mejor hay menos futuro», no formula un diagnóstico técnico ni un consejo paternal, aunque se disfrace de ambos. Pronuncia un veredicto con la límpida brutalidad de una ecuación: hay saberes que rentan y saberes que no, vidas con retorno y vidas en pérdida, almas cotizables y almas amortizadas antes de empezar. Bajo la dulzura pastoral late una operación más fría, la de clasificar el deseo de los jóvenes según una tabla de rendimientos, como si la existencia fuera un flujo de caja y la vocación, un lamentable error de proyección. Y el oráculo que lo dicta no viene de un monasterio, sino del mundo de la consultoría que asesoró a empresas investigadas por colusión: el converso tardío a la pedagogía.
Conviene reparar en la cifra, porque la cifra hace aquí el trabajo sucio. Se dice que cerca del cuarenta por ciento cursa programas con retorno económico negativo, y ese número, antes que retratar una realidad, dicta una norma. La estadística deja de ser espejo y se vuelve tribunal. No mide: sentencia. Y al sentenciar, reparte a la población juvenil en dos castas invisibles, los que invirtieron bien y los que dilapidaron su crédito en el saber improductivo. El que quiso ser profesor, el que quiso ser filósofo, el que se dejó seducir por una disciplina que no figura en el ranking de salarios, queda inscrito en la columna de las pérdidas. Su deuda ya no es el síntoma de un sistema que mercantilizó el aprender, sino la prueba de su mala administración personal.
Ahí está la elegancia del desplazamiento, y conviene nombrarla sin eufemismo. El endeudamiento masivo no fue un dispositivo diseñado para convertir la educación en mercancía y al estudiante en deudor cautivo. Fue, según esta nueva liturgia, una decisión desafortunada del propio joven, un cálculo errado de quien prefirió el prestigio de un título a la utilidad de un oficio. El sistema queda absuelto en el mismo gesto en que el endeudado queda condenado. La culpa se privatiza con la misma eficiencia con que antes se privatizaron el agua, la salud y la vejez. Y así, el daño estructural se traduce en falla biográfica, la herida colectiva en defecto de carácter. Nadie responde por el diseño; todos responden por haberlo creído.
Bajo el consejo asoma, además, una nervadura ideológica que conviene seguir hasta su raíz: un viejo recelo, hoy con barniz tecnocrático, hacia la masificación de la universidad. La sospecha, largamente cultivada, es que demasiada gente estudiando produce algo más inquietante que profesionales. Produce una multitud letrada y sin renta, una contraélite díscola y certificada, capaz de leer su propia exclusión y de salir a nombrarla en la calle. Esa es la inquietud que no se confiesa, pero que estructura el discurso: el saber repartido en exceso no genera gratitud, genera reclamo. Mejor, entonces, encauzar el excedente hacia lo útil, hacia lo dócil, hacia lo que no piensa de más. La advertencia sobre las carreras sin futuro es, leída a contraluz, una advertencia sobre los sujetos sin docilidad.
Esta sospecha encontró su formulación letrada en el ensayo de cierto investigador de un instituto (IES) de la derecha intelectual, dedicado a los «sueños de cartón». Allí se desarrolla, con datos y oficio, la tesis de una inflación de los títulos universitarios: una devaluación progresiva de los certificados, entrelazada con las deudas contraídas para obtenerlos, que habría roto la promesa de ascenso de las clases medias y que sirve de clave para leer el estallido de 2019 y el desencanto del país. Hay verdad en ese diagnóstico, y sería torpe negarla. Pero conviene desconfiar de su uso, porque la misma descripción que ilumina puede volverse coartada. Una cosa es constatar que la promesa se rompió, y otra deducir que sobraba gente soñando. Despojada de matices y entregada al ministro, la lectura inflacionaria se transforma en pedagogía del límite: si los títulos se devaluaron, fue porque se repartieron demasiado; si la deuda asfixia, fue por estudiar de más. Donde el ensayo veía una tragedia, la autoridad encuentra una receta de contención, y la contención apunta, como siempre, hacia abajo.
He aquí la paradoja perfecta de la modernización chilena, la que se aceleró en los años noventa y prometió que la educación sería el gran igualador. Aquel proyecto abrió las aulas de par en par, multiplicó las matrículas y levantó universidades como quien levanta un escaparate, en un país que, al mismo tiempo, desmantelaba su industria y confiaba su suerte a la renta de las materias primas. La querella es que se masificó el acceso sin que existiera estructura productiva capaz de absorberlo: se prometió el ascenso sin construir el peldaño. Y con ello la ultraderecha imputará la masificación desregulada como un populismo educativo pactado entre la derecha transicional y la Concertación: allí se habría tramado una orgía de credenciales firmada a dúo por quienes administraron el modelo y por quienes lo endulzaron con rostro progresista. La acusación es astuta, porque es a medias cierta; lo que oculta es que el verdugo de hoy es el heredero de aquel mismo pacto.
Por eso el gesto actual tiene algo de obscena confesión. El mismo modelo que vendió la educación como llave del porvenir comparece hoy, treinta años después, para declarar inútil la mitad de lo que vendió, y reprende a quienes le creyeron como si la estafa fuera culpa del estafado. La ironía es exquisita: es el propio discurso de la autoridad el que admite, sin quererlo, que los muros de la revuelta (2019) tenían razón cuando escribieron que no eran treinta pesos sino treinta años. La sentencia ministerial resulta así una lápida puesta sobre la propia obra, el modelo enterrando su promesa y cobrándole, encima, el funeral al deudo. Hay que detenerse en lo que esta operación le hace al tiempo y al deseo de una generación. Se les pide ahora que renuncien por anticipado, que calculen el retorno antes de desear, que midan la rentabilidad de una vocación antes de haberla siquiera tenido. Se les enseña a sospechar de sus propios anhelos, a leer en el espejo de la planilla si su vida merece ser vivida en tal o cual dirección. Esto no es prudencia económica: es una pedagogía del achicamiento. Al joven que se le dice que ciertas carreras no rentan se le está diciendo, en el fondo, que ciertos deseos no le corresponden, que hay territorios del saber vedados para él.
Y queda lo más grave, eso que ningún informe contabiliza. Bajo este proceso se irán vidas en el tránsito, vidas juzgadas de antemano descartables, prescindibles, restos de una operación de ajuste. No habrá estadística que registre al que no estudió lo que quería, al que abandonó el saber que amaba porque le dijeron que no rentaba, al que tradujo en fracaso propio lo que era una clausura del país. Esa es la cuenta que no aparece en ninguna planilla: el duelo de los deseos amputados, la melancolía de toda una generación a la que se le abrió el horizonte para luego cerrarlo y cobrarle la entrada. La modernización prometió un país de profesionales y entrega un país de endeudados que aprendieron a avergonzarse de haber querido más.
No conviene, sin embargo, el consuelo. Una ultraderecha (lumpenizada) que busca desmantelar el Estado avanza con cabeza de acero, y encuentra en este relato su coartada perfecta: tilda de irresponsable la masificación de los años noventa, esa que masificó el aula, no para enmendarla, sino para clausurar toda obligación pública con la educación y devolverla, entera, al cálculo privado. Su consejo sobre las carreras es apenas una pieza de una empresa mayor: el desmantelamiento paciente, casi pedagógico, de lo común. Cada advertencia sobre los saberes sin futuro, cada cifra esgrimida como sentencia, cada culpa devuelta al individuo, contribuye a la misma faena de fondo, la de persuadir a un pueblo de que no hay otro horizonte que el ajuste, de que soñar fue un lujo y reclamar, una insolencia. Frente a esa liturgia del límite, nombrar lo que se calla es la única resistencia disponible. Decir que hubo vidas amputadas en el tránsito, que la culpa fue del diseño y no del que soñó, y que esa contabilidad de almas cotizables y almas en pérdida es, antes que una política, una manera de decidir quién merece desear.
Dr. Mauro Salazar J.
UFRO/Sapienza.
