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Amnistía Internacional envía carta al presidente Gabriel Boric respecto al Plan Nacional de Búsqueda y los pactos de silencio

El próximo 30 de agosto, el presidente Gabriel Boric firmará el decreto que oficializará el Plan Nacional de Búsqueda de personas detenidas durante la dictadura de Augusto Pinochet. Al respecto, Amnistía Internacional insta a que esta iniciativa constituya una política permanente del Estado y envía una carta abierta al gobierno en la que pide que el Plan Nacional de Búsqueda cumpla con ciertos requisitos para asegurar su efectividad.

Debe contar en todas sus etapas con la participación de las Agrupaciones de Familiares de Detenidos Desaparecidos, de la Agrupación de Familiares de Ejecutados Políticos y demás organizaciones de derechos humanos. Debe asegurar recursos suficientes para las labores de búsqueda, el reforzamiento de los servicios del Estado que tienen un rol clave en estas materias, como el área de derechos humanos del Servicio Médico Legal, y el robustecimiento de los equipos de los Ministros en Visitas y de la Brigada de Derechos Humanos de la Policía de Investigaciones. Debe considerar un llamado explícito a las Fuerzas Armadas y del Orden a colaborar con el esclarecimiento de los crímenes de derecho internacional y las graves violaciones a los derechos humanos cometidas. Dichas instituciones deben ser parte de los esfuerzos del Estado para saldar estas deudas que siguen pendientes.

Por lo tanto, es fundamental que se instruya a los Comandantes en Jefes de las diversas ramas de las Fuerzas Armadas y al General Director de Carabineros en el siguiente sentido:

A adoptar todas las medidas conducentes para terminar con los pactos de silencio del personal en servicio activo o ya en retiro que pudieran tener conocimiento de los crímenes del pasado y se rehúsen a revelar la verdad de los hechos o la suerte corrida por las víctimas.

A entregar de manera pública toda la información disponible respecto a la destrucción de archivos institucionales que pudieran contener antecedentes vinculados a los crímenes de derecho internacional y a las violaciones a los derechos humanos cometidas en el período al que hacemos referencia.

A revisar las normativas existentes en relación a la destrucción de documentación militar que pueda contribuir al esclarecimiento de graves violaciones de derechos humanos y a asegurar que no exista actualmente ninguna práctica de ese tipo y dar urgencia a las diversas iniciativas legislativas existentes sobre la materia.

A colaborar activamente y de buena fe con las investigaciones judiciales entregando las hojas de vida y todos los antecedentes que se soliciten respecto de funcionarios en servicio o en retiro que puedan haber tenido algún tipo de participación o haber sido testigos de violaciones a los derechos humanos.

A entregar toda información relacionada con la suerte y paradero de cualquier persona detenida desaparecida.

La iniciativa de su Gobierno de avanzar con el Plan Nacional de Búsqueda de Víctimas de Desaparición Forzada o Involuntaria de la Dictadura Cívico Militar en Chile es necesaria y valorable. Es imperioso por parte de las autoridades hacer todos los esfuerzos para que se alcancen los objetivos de este Plan, siempre con el diálogo y la participación estrecha de las agrupaciones de familiares y sobrevivientes y de las demás organizaciones de derechos humanos. Por ello, las Fuerzas Armadas no pueden en ningún caso estar ajenas a este proceso.

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