El reciente anuncio en cadena nacional del Presidente Kast sobre el nuevo plan de reconstrucción perfila, en la práctica, una profunda reforma tributaria de carácter marcadamente regresivo. A falta de conocer el detalle íntegro de las más de 45 medidas, las directrices reveladas hasta hoy apuntan a un impacto fiscal severo: una merma en la recaudación cercana a los 4.500 millones de dólares anuales. El grueso de este paquete está orientado a generar importantes alivios fiscales para las grandes corporaciones y los sectores de mayores ingresos del país.
Impacto Fiscal Estimado de las Medidas Anunciadas
Fuente: elaboración basada en el Ministerio de Hacienda (2026), campaña presidencial José Antonio Kast, y minutas distribuidas por el gobierno, confeccionado por un grupo de economistas de la ex Concertación.
I. Consecuencias Macroeconómicas y Regresividad
El proyecto plantea un recorte drástico de los ingresos estatales (1,2% del PIB) sin ofrecer un mecanismo claro de compensación. Históricamente, está comprobado que los recortes impositivos de esta magnitud no se autofinancian mediante el crecimiento económico. Para cuadrar la caja, el Ejecutivo planea un recorte del gasto público de US$4.000 millones, lo que inevitablemente mermará áreas críticas como la salud y la educación. A esto se suma el traspaso de los costos de los combustibles a la clase media mediante la alteración del Mepco. En conjunto, el paquete canaliza la riqueza hacia el 1% más acaudalado, desprotegiendo los programas sociales.
II. Desglose del Paquete Tributario
1. Recorte al Impuesto de Primera Categoría (del 27% al 23%):
Esta disminución impositiva a las grandes empresas restará al fisco casi US$2.000 millones (0,5% del PIB). Carece de justificación comparada, ya que naciones con estructuras tributarias similares (como Nueva Zelanda, Australia, Corea del Sur o Canadá) mantienen tasas por sobre el 26%. En la práctica, esto se traduce en una transferencia directa de recursos hacia el decil más rico: unos $7,2 millones anuales por persona en el 1% superior, escalando a $450 millones para cada integrante del 0,01% más rico de Chile.
2. Reintegración del Impuesto a la Renta y el Rechazo de las MIPYME:
La propuesta busca que los accionistas deduzcan de sus impuestos personales el 100% de lo tributado por sus empresas, costando al Estado cerca de US$1.000 millones (0,3% del PIB) y beneficiando directamente a quienes ganan más de $8,4 millones mensuales.
Es fundamental destacar que los principales representantes y gremios de las MIPYME se han posicionado firmemente en contra de esta medida. Líderes del sector, como el presidente de CONUPIA y Juan Pablo Swett, presidente de la Multigremial de Emprendedores, han expresado públicamente su rechazo al proyecto de ley. Estos dirigentes advierten que la narrativa oficial —que intenta vender la reforma como una "ayuda a los emprendedores"— es derechamente engañosa. Argumentan que las pequeñas y medianas empresas ya operan bajo un régimen especial que les otorga un sistema plenamente integrado.
Por lo tanto, los gremios denuncian que esta nueva reintegración no beneficia en absoluto a las PYMES, sino que es un "traje a la medida" diseñado exclusivamente para el gran empresariado y las grandes fortunas (entre las que se encuentran autoridades del actual gobierno). Finalmente, señalan que esto consolida una asimetría injustificable frente al trabajador común, quien paga sus impuestos con patrimonio propio, mientras que los grandes dueños ven su carga amortiguada por la empresa.
3. Congelamiento Tributario (Invariabilidad):
La iniciativa pretende blindar estos privilegios por décadas. Al fijar una "invariabilidad", se le quita poder a los futuros parlamentos para modificar la carga fiscal de las grandes empresas, amarrando de manos al Estado y bloqueando cualquier intento de aumentar la recaudación para financiar futuras políticas públicas.
4. Beneficio en el Impuesto a las Donaciones:
La reducción del 50% en el impuesto a las donaciones funciona como una vía de escape legal para que las mayores riquezas del país eludan el impuesto a la herencia. Lejos de ser un "adelanto de recaudación", es un mecanismo de planificación tributaria agresiva que facilita la herencia de patrimonios gigantescos sin pagar lo que corresponde, afectando directamente la equidad fiscal.
5. Crédito Tributario por Bajos Salarios:
Con un costo de US$1.400 millones, el Estado bonificará (hasta con un 15%) a las empresas que mantengan empleados ganando hasta 1,5 veces el sueldo mínimo. Esta medida es altamente ineficiente: no exige crear nuevos puestos de trabajo y no aumenta el sueldo que el trabajador lleva a su bolsillo. Peor aún, genera un incentivo perverso para mantener los sueldos deprimidos y fomenta el pago "en negro" (informalidad) para no superar el tope del beneficio. Jurídicamente, crea una anomalía, permitiendo a la gran empresa una doble deducción: descontar el sueldo como gasto y además usarlo como crédito tributario.
III. Medidas Adicionales del Proyecto
Expansión del Fondo de Emergencia (Biobío y Ñuble):
Aunque replicar este modelo (usado en Valparaíso) parece una buena iniciativa sobre el papel, la experiencia demuestra que el diseño actual de estos fondos suele traducirse en un uso deficiente y un impacto real muy acotado en la zona afectada.
Aceleración de Permisos Sectoriales:
El proyecto busca reducir el margen de invalidación de permisos de 2 años a solo 6 meses, e incluye reembolsos a privados si se anulan las Resoluciones de Calificación Ambiental (RCA). Si bien esto destraba el flujo de inversiones, abre una peligrosa ventana a la desregulación, poniendo en riesgo el objetivo central de los permisos: garantizar la seguridad estructural, sanitaria y medioambiental de las comunidades.
IV. Conclusión: Elementos con Potencial Positivo para el Bienestar Ciudadano A pesar del profundo sesgo regresivo que domina la matriz del proyecto, es justo reconocer que el texto incluye mecanismos que, bajo un diseño corregido y una ejecución transparente, podrían representar un alivio económico real para el pueblo de Chile y los sectores productivos más vulnerables:
Despliegue de los Fondos de Emergencia Regionales: La voluntad de inyectar recursos directos en el Biobío y Ñuble es una medida económicamente sensata para la contención de crisis. Si el Estado logra ejecutar estos fondos de manera descentralizada y ágil —evitando la burocracia habitual—, el impacto directo en la reconstrucción de viviendas, la recuperación de la infraestructura local y la reactivación del comercio de barrio sería inmediato, aliviando a miles de familias que han visto mermada su calidad de vida.
Dinamización del Empleo mediante Agilización Regulatoria: La destrabazón de permisos sectoriales, siempre y cuando no sacrifique la protección medioambiental, tiene un lado muy positivo para la clase trabajadora y las empresas locales. Al acelerar el inicio de grandes proyectos y obras de infraestructura, se genera una inyección rápida de liquidez en la cadena de pagos. Esto es vital para las empresas contratistas, proveedores locales y para la creación masiva de empleos directos e indirectos, combatiendo la cesantía y dando certeza económica a los hogares.
Protección de la Empleabilidad Vulnerable: Aunque el crédito tributario a empresas que pagan salarios bajos requiere urgentes mejoras para evitar abusos, el "espíritu" de la medida aborda un problema real. En un ciclo económico desafiante, ofrecer incentivos para sostener los puestos de trabajo de menor calificación ayuda a evitar despidos masivos en los sectores más frágiles de la población. Si durante el debate legislativo se condiciona este beneficio a la creación efectiva de nuevos empleos formales y al aumento real de las remuneraciones (y no solo a la mantención del status quo), podría transformarse en una excelente herramienta de movilidad social.
En suma, para que este proyecto sea verdaderamente un motor de desarrollo social, el esfuerzo del Congreso deberá centrarse en despejar los privilegios desproporcionados a los altos patrimonios y fortalecer aquellas medidas que inyectan dinamismo a la economía real, garantizando que el crecimiento llegue de manera palpable a la mesa de los chilenos.
