Comunicado por recortes, priorización y cuestionamientos hacia el conocimiento y las ciencias
Desde la directiva ANIP 2025-2026, manifestamos nuestra profunda preocupación y alarma por las medidas que se están desarrollando de priorizaciones y de recortes en los programas científicos (postdoctorado nacional y becas Chile). Consideramos que las medidas impulsadas por el Ejecutivo están directamente relacionadas con el fomento de un modelo de desarrollo que profundiza el extractivismo, en detrimento de uno que potencie los conocimientos y el desarrollo tecnológico y social integral generado en nuestro país.
Las ciencias y los conocimientos deben ser pensados en el sentido de brindar respuestas sobre ¿Qué sociedad queremos construir para el país? ¿Qué problemáticas son las que más nos afligen? ¿Y cuáles son las soluciones?
En ese sentido, el modelo de desarrollo que propone el poder ejecutivo profundiza el extractivismo vigente y deja de lado el aporte de las y los trabajadores/as del conocimiento para transformar la realidad. A su vez, no considera el análisis de nuestro entorno y los problemas de la sociedad. Por lo tanto, significa una precarización mayor para nosotras/os como trabajadoras/es del conocimiento y de la investigación.
Entendemos que debe haber un equilibrio en la realización de todos los tipos de ciencia que se ejecutan en Chile, sin una focalización explícita hacia una de ellas, ya sea ciencia básica o ciencia aplicada. Todo considerando que debemos ejecutar un nuevo modelo de desarrollo, no en mantener el existente. Para ello debemos pensar más allá de la aplicación de los conocimientos en las universidades, sino que debemos reflexionar sobre su uso para el desarrollo del Estado e industrial del país. Esta discusión sobre ¿Qué sociedad queremos construir? y ¿Cuál es el rol de la ciencia? ¿Qué ciencia deseamos? Se debe desarrollar en conjunto con la comunidad científica, del conocimiento y de la investigación en sus distintos niveles, y más aún, sin duda, con toda la sociedad.
La decisión de priorizar determinadas áreas del conocimiento en el Fondecyt de Postdoctorado 2027 genera una particular alarma. Si bien corresponde al Estado definir prioridades estratégicas, una decisión de esta magnitud debiera insertarse en una política científica, estable, participativa y coherente con una visión gubernamental a largo plazo del país. La forma en la que se implementa esta priorización evidencia precisamente la ausencia de esa hoja de ruta sostenida, al introducir cambios sustantivos sin un marco estratégico suficientemente explicitado, con debilidades en la evidencia presentada y en el proceso mediante el cual se definieron las áreas prioritarias.
Inclusive, orientar recursos hacia desafíos estratégicos puede ser legítimo, pero para ello ya existen instrumentos específicamente diseñados, como Fondef y CORFO.
La ministra CTCI ha fundamentado públicamente en la necesidad de mejorar la
empleabilidad de quienes tienen el grado de doctor/a. También debe fortalecer capacidades
científicas y tecnológicas en ámbitos donde se habrían identificado brechas y ventajas
competitivas para el país. Además, debe fortalecer capacidades científicas y tecnológicas
en ámbitos donde se habrían identificado brechas y ventajas competitivas para el país, y
adecuar los instrumentos de política científica a las actuales necesidades de Chile
(https://www.linkedin.com/posts/dr-ximena-lincolao-gates-95088828
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=es). Estos argumentos generales no son suficientes para justificar una decisión de
esta magnitud. Una priorización que concentra casi el 70% de las adjudicaciones
necesita evidencia pública y verificable que explique por qué se eligieron esas áreas,
qué criterios se usaron para excluir a otras y qué base técnica respalda ese
porcentaje. Sin esa trazabilidad, resulta difícil evaluar si la medida es pertinente,
proporcional y responde efectivamente a las necesidades del país.
En ese sentido, nacen preguntas fundamentales: ¿Estas áreas representan realmente las prioridades de la sociedad chilena? ¿Representan las prioridades de quienes desarrollan investigación en el país? ¿Qué mecanismos de consulta permitieron conocer esas prioridades? Resulta difícil sostener su legitimidad sin una deliberación amplia con la comunidad científica y con la sociedad. Definir qué conocimiento necesita Chile requiere participación, transparencia y discusión pública, sobre todo si ello justifica un reajuste presupuestario. La priorización aparece en exceso ideológica, sin un ejercicio pleno de deliberación democrática.
En este escenario, es legítimo preguntarse si el Fondecyt de Postdoctorado constituye solo el inicio. Aunque la ministra ha dicho que esta priorización no incluirá Fondecyt de Iniciación y Regular, los anuncios y aclaraciones del Ministerio hacen necesario preguntar: ¿serán estos los siguientes instrumentos? ¿Estamos comenzando a transitar hacia una política en que el Ejecutivo defina progresivamente cuáles serán los motores del conocimiento en Chile? Una transformación de esta magnitud no puede construirse mediante decisiones sucesivas de cada concurso, con inestabilidad cada año, sin reconocer los talentos nacionales e internacionales y su impacto vigente. La mayoría de las personas cumple con creces a pesar de ANID. Esto ocurre en un contexto de precarización laboral y del ecosistema CTCI. Sino que insistimos en que el foco debería ser a partir de una política científica de largo plazo y el desarrollo de un plan de inserción laboral como tal, que no es lo mismo que la modificación de un concurso. Por lo mismo, reiteramos que debe desarrollarse un plan de política CTCI discutida democráticamente con la comunidad científica y la sociedad.
Además, la problemática de las priorizaciones de temáticas que afecta al programa de Fondecyt de postdoctorado 2027 no es la única. También es preocupante la cláusula que indica que no podrán postular las personas que son deudoras del CAE. Esto es preocupante, considerando que una parte considerable de los profesionales en Chile ha estudiado con créditos, muchos de ellos con el CAE. Por tanto, varios doctorados recientemente podrían quedar impedidos de postular a una plaza de posdoctorado, lo que dificulta su inserción en el sistema CTCI y limitaría su carrera profesional.
Esto se suma a una significativa transformación en cómo se produce el conocimiento, impulsada, entre otros factores, por el rápido desarrollo de la inteligencia artificial. En este contexto, resulta especialmente riesgoso intentar anticipar de manera rígida cuáles serán las áreas estratégicas del futuro y sin un marco ético regulado. La capacidad de un país para responder a transformaciones tecnológicas, sociales y productivas depende también de sostener una base científica amplia, diversa y capaz de generar nuevos conocimientos y preguntas que hoy incluso pueden ser difíciles de anticipar.
Por otro ámbito, hay un cuestionamiento negativo a toda la comunidad científica en formación por el no cumplimiento de los requerimientos de la retribución de las Becas Chile. Sin embargo, el gobierno no ha entregado datos sobre a qué tipo de Beca Chile corresponde cada incumplimiento, sólo ha entregado cifras generales , sin detallar a cuál de ellas se refiere la mayoría.
(https://www.minciencia.gob.cl/noticias/ministerio-de-ciencia-tecnologia-conocimiento-e-inno vacion-entrega-resultados-de-levantamiento-de-datos-a-becas-chile-y-anuncian-ajustes-del-i nstrumento/).
El desglose mencionado es necesario, ya que no todas las Becas Chile son iguales. Por ejemplo, no es lo mismo una Beca Chile de magíster para profesores que una Beca Chile tradicional, ya que a los primeros se les pide volver al país a trabajar a un colegio con financiamiento estatal, cuando la ley de carrera docente no reconoce los postgrados, ni reconoce el pago de una remuneración extra sobre ellos, propiciando una situación desfavorable para los docentes. Aspecto que se complica con la cultura de los establecimientos educacionales con subvención estatal, donde tiende a no contratar a personas con posgrado, por lo que muchos becarios Chile para profesores, para tener trabajo, ejercen su labor en otras instituciones vinculadas a educación, como SLEP, Ministerio de Educación, universidades o museos. Mientras que a los becarios de Chile solo se les exige volver al país.
Tampoco los datos entregados están desglosados, ya que no dan cuenta de la clase del incumplimiento del becario, lo que dificulta el número final de los verdaderos incumplimientos, porque no es lo mismo la entrega de un papel o un grado que falta declarar que aquellos que no retribuyen con su vuelta al país dentro del tiempo estipulado; los primeros todavía pueden seguir cumpliendo lo estipulado en el contrato. Sin los datos desglosados sobre el tipo de beca en incumplimiento o a qué clase de "incumplimiento" . No podemos abordar y diagnosticar si efectivamente las personas que no cumplieron con el fondo de la retribución estipulada en el contrato.
Además, al preguntar sobre el gran número de incumplimientos, no se están mencionando los posibles problemas de seguimiento que podrían haber en el proceso de la beca y los trámites posteriores realizados en ANID. Es una situación fundamental a considerar, ya que impide diferenciar nuevamente a qué falta de cumplimiento se refieren. Por unos pocos casos de incumplimiento del fondo del contrato, se está cuestionando a la mayoría de las y los becarios Chile que sí han cumplido con el objetivo del fondo, ya sea retribuyendo como corresponde —por ejemplo, regresando al país dentro de los plazos establecidos— o bien son becarios que se encuentran esperando que les reconozcan un papel faltante en curso, aunque no aparezca como finalizado su trámite de retribución.
En ese sentido, lo importante es explicitar que la mayoría cumple y es responsable con su beneficio, y por eso no se puede poner en duda la integridad de todos los investigadores que ejercen en el país, por la irresponsabilidad de una mínima parte de ellos.
Por todo lo mencionado, lo que hoy está en juego excede a un concurso particular; se está decidiendo qué modelo de desarrollo se debe instalar en el país. Se está definiendo quién decide las prioridades del conocimiento en Chile, con qué fundamentos y bajo qué mecanismos de participación. Esa discusión no puede quedar restringida al Ejecutivo y sus ministros: pertenece al conjunto de la sociedad.
Para nosotros es ideal empujar un modelo de desarrollo basado en el conocimiento, con una política de inserción donde se considere a los actores del mundo de los conocimientos y las ciencias, como también a la sociedad en su conjunto. El financiamiento de áreas de investigación debe ser equitativo entre ciencias básicas y aplicadas, porque todas las formas de conocimiento son fundamentales para el desarrollo de la sociedad, y las prioridades deben ser definidas por las comunidades en conjunto.
Directiva ANIP 2025 - 2026
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