Trabajo Social, adolescencia y sistemas que llegan cuando ya es demasiado tarde.
Durante los últimos días, distintas noticias protagonizadas por adolescentes han estremecido al país: una joven de 14 años fue detenida por el homicidio de su madre; un estudiante viralizado tras difundirse registros de extrema crueldad contra un perro; y otra adolescente fue detenida luego de realizar amenazas de muerte contra la directora de un establecimiento educacional a través de redes sociales. Son hechos diferentes, con trayectorias, contextos y responsabilidades que no pueden equipararse. Sin embargo, vistos en conjunto, nos obligan a formular una pregunta incómoda: ¿qué está ocurriendo con nuestras adolescencias y qué estamos haciendo - o dejando de hacer - antes de que la violencia alcance estas dimensiones?
Desde el Trabajo Social, estos hechos no pueden observarse únicamente como episodios individuales ni como expresiones aisladas de una supuesta “maldad adolescente”. Nuestra mirada profesional nos exige analizar las relaciones, los entornos, las trayectorias de vida, las condiciones materiales, los vínculos significativos y la capacidad de respuesta de las instituciones. No para justificar la violencia, sino para comprender cómo se construye, qué factores pueden intensificarla y en qué momentos existieron posibilidades de intervenir.
La primera reacción social suele ser buscar una explicación rápida. Se habla de maldad, falta de límites, ausencia de valores, exceso de pantallas o problemas de salud mental. Después vienen las respuestas inmediatas: expulsar, detener, sancionar, vigilar, revisar mochilas o instalar más dispositivos de seguridad. Algunas de estas medidas pueden ser necesarias para proteger a otras personas y establecer responsabilidades, porque reconocer que un adolescente es sujeto de derechos no significa negar el daño causado ni relativizar su gravedad. Pero ninguna sanción, por sí sola, explica cómo se llegó hasta allí ni evita que vuelva a ocurrir.
La adolescencia no puede ser mirada únicamente como una etapa de riesgo. Es un período de profundas transformaciones emocionales, corporales, relacionales y sociales, en el que todavía se están desarrollando capacidades fundamentales para regular los impulsos, anticipar consecuencias, resolver conflictos y pedir ayuda. Esto no convierte a los adolescentes en seres incapaces de responder por sus actos, pero sí exige que el mundo adulto comprenda que su conducta no aparece en el vacío.
El Trabajo Social sabe que una conducta nunca cuenta toda la historia. Detrás de lo visible existen trayectorias familiares, experiencias escolares, relaciones comunitarias, condiciones de vida y respuestas institucionales que deben ser reconstruidas. Una intervención rigurosa no se limita a preguntar qué hizo un adolescente. También pregunta qué estaba viviendo, quiénes conformaban su red, qué señales habían aparecido, quién las conocía, qué apoyos se ofrecieron y qué ocurrió cuando esa familia intentó - si es que pudo - solicitar ayuda.
Antes de una expresión extrema de violencia puede existir una historia que todavía no conocemos completamente. Puede haber conflictos familiares sostenidos, experiencias de maltrato, aislamiento, humillación, dificultades en la convivencia escolar, exposición reiterada a contenidos violentos, problemas de salud mental no atendidos, consumo de sustancias, ausencia de vínculos protectores o una combinación de múltiples factores. También puede haber señales que alguien observó, pero no supo interpretar; antecedentes que quedaron encerrados en una institución; alertas que no fueron compartidas; o solicitudes de ayuda que debieron esperar porque no había horas, cupos o equipos disponibles.
Esto no significa afirmar que toda violencia adolescente sea consecuencia de una enfermedad mental. Esa asociación sería injusta y estigmatizante: la gran mayoría de quienes viven depresión, ansiedad u otros problemas de salud mental no ejerce violencia contra otras personas. Tampoco corresponde diagnosticar públicamente a adolescentes a partir de una noticia. Lo responsable es comprender que ciertas conductas - amenazas reiteradas, crueldad hacia animales, fascinación persistente con la violencia, cambios bruscos, aislamiento extremo, desregulación severa o expresiones de daño hacia sí mismos o hacia otros - requieren una evaluación especializada y oportuna. No para etiquetar, sino para comprender el riesgo, intervenir y proteger.
La crueldad contra un animal, por ejemplo, no puede ser tratada como una simple travesura ni resolverse únicamente separando al estudiante del colegio. La expulsión puede proteger momentáneamente a la comunidad educativa y constituir una consecuencia frente a la gravedad del hecho, pero también puede trasladar el problema a otra parte. Cuando un establecimiento desvincula a un adolescente, alguien debe continuar mirando. Debe existir una evaluación integral, participación de la familia, coordinación con salud y, si corresponde, activación del sistema de protección. De lo contrario, el adolescente desaparece de una matrícula, pero no desaparecen las condiciones que originaron la conducta.
Aquí, el Trabajo Social puede cumplir una función esencial: reconstruir la trayectoria, identificar factores de riesgo y protección, reconocer recursos familiares y comunitarios, evaluar la existencia de posibles vulneraciones de derechos y articular una respuesta intersectorial. No se trata de convertir cada conducta problemática en una medida de protección judicial, sino de determinar responsablemente qué necesita ese adolescente, qué requiere su familia y qué instituciones deben involucrarse para evitar que la exclusión escolar se transforme en abandono institucional.
Lo mismo ocurre con las amenazas realizadas por redes sociales. No deben minimizarse como una broma ni entenderse automáticamente como la expresión literal de un plan. Deben investigarse con seriedad, valorar el riesgo y proteger a las personas amenazadas. Pero también necesitamos preguntarnos qué está intentando comunicar un adolescente cuando transforma su rabia, frustración o deseo de reconocimiento en una amenaza pública. Las plataformas digitales amplifican la violencia, ofrecen audiencia inmediata y pueden convertir el sufrimiento, la crueldad o la intimidación en contenido. El problema no se resuelve solamente quitando el teléfono. Requiere alfabetización digital, acompañamiento adulto, regulación de las plataformas y espacios reales de pertenencia fuera de las pantallas.
El caso de una adolescente que presuntamente mata a su madre y luego asiste al colegio produce una conmoción difícil de nombrar. Pero la conmoción no debe transformarse en espectáculo. Mientras la investigación intenta establecer lo ocurrido y conocer su historia familiar, el deber ético de la sociedad es abstenerse de construir diagnósticos, culpabilidades adicionales o relatos morbosos. Allí existe una mujer fallecida, una adolescente involucrada en un hecho gravísimo y una familia atravesada para siempre por la tragedia. La justicia deberá determinar responsabilidades; los demás sistemas deberán preguntarse si existían antecedentes de violencia, vulneraciones, conflictos o necesidades de atención que no fueron detectados, que no llegaron a la red o que se fragmentaron entre instituciones.
También en situaciones como esta, el Trabajo Social enfrenta una tarea especialmente compleja. Debe sostener simultáneamente una mirada de derechos, una comprensión contextual y el reconocimiento de la gravedad del daño. Comprender no significa exculpar. Proteger no significa negar responsabilidades. Trabajar desde un enfoque de derechos tampoco implica olvidar a las víctimas. Significa contribuir a que la respuesta judicial, sanitaria, familiar y social no se reduzca al castigo, sino que también permita conocer la trayectoria, intervenir sobre los factores asociados y evitar nuevas violencias.
El colegio ocupa un lugar privilegiado para advertir cambios, pero no puede transformarse en un centro de salud mental, una oficina de protección y una unidad policial al mismo tiempo. Profesores, orientadores, trabajadores sociales y equipos de convivencia muchas veces observan primero el aislamiento, el ausentismo, la irritabilidad, las amenazas, las autolesiones o las modificaciones abruptas de comportamiento. Sin embargo, detectar no basta cuando la derivación conduce a meses de espera o cuando cada institución responde solamente desde su competencia y devuelve el problema al establecimiento.
La presencia del Trabajo Social en los espacios educativos no debiera limitarse a gestionar beneficios, controlar la asistencia o intervenir cuando el conflicto ya estalló. Su aporte se encuentra también en comprender la relación entre la experiencia escolar y la vida familiar, detectar tempranamente situaciones de vulneración, fortalecer la convivencia, acompañar a las familias y construir puentes con salud, protección y comunidad. Una escuela que expulsa sin continuidad institucional puede cerrar un problema administrativo, pero abrir uno social mucho más grave.
La familia, por su parte, es una red fundamental, pero tampoco puede ser idealizada como si siempre contará con recursos emocionales, económicos y parentales suficientes. Hay familias que piden ayuda y no la encuentran; otras que normalizan la violencia porque también han vivido en ella; algunas que están agotadas, fragmentadas o sobrepasadas; y otras que pueden ser parte del riesgo. Decir simplemente que “los padres deben hacerse cargo” desconoce que la protección de la niñez es una responsabilidad compartida entre familia, sociedad y Estado.
El Trabajo Social conoce profundamente esa tensión. Sabe que acompañar a una familia no significa reemplazarla ni responsabilizarla de todo. Significa comprender sus capacidades, límites, historias, apoyos y condiciones de vida; fortalecer sus recursos cuando puede proteger; ofrecer apoyos cuando se encuentra sobrepasada; y actuar con decisión cuando dentro de ella existe violencia o vulneración de derechos. Las familias también necesitan respuestas oportunas antes de que sus dificultades sean leídas exclusivamente como negligencia o fracaso parental.
La comunidad igualmente tiene una responsabilidad. Hemos construido entornos en los que muchas adolescencias carecen de espacios seguros para reunirse, crear, practicar deporte, participar y sentirse necesarias. Aparecemos cuando existe una amenaza, pero pocas veces cuando hay soledad. Exigimos que respeten las normas, pero rara vez les ofrecemos posibilidades reales de incidir en ellas. Los observamos con sospecha en las plazas, los reducimos a su rendimiento académico y luego nos sorprendemos cuando buscan reconocimiento en comunidades digitales que pueden reforzar el odio, la humillación o la violencia.
Recuperar la dimensión comunitaria del Trabajo Social es fundamental. La prevención no ocurre solamente dentro de una consulta, un tribunal o una oficina. También se construye en los barrios, en las organizaciones y en los espacios culturales, deportivos y comunitarios donde los adolescentes pueden establecer vínculos significativos y experimentar pertenencia. Una comunidad protectora no es aquella que vigila permanentemente, sino aquella que conoce, incluye, escucha y actúa cuando algo comienza a cambiar.
El sistema de salud necesita abandonar una respuesta limitada a la crisis consumada. La atención de salud mental adolescente no puede comenzar recién después de una autolesión, una agresión o una orden judicial. Se necesitan equipos suficientes, atención ambulatoria intensiva, intervención familiar, trabajo comunitario y articulación permanente con los establecimientos educacionales y la protección especializada.
El diagnóstico de la Defensoría de la Niñez informó que entre 2014 y 2025 los egresos hospitalarios de niños, niñas y adolescentes por lesiones autoinfligidas aumentaron al menos un 137%. Durante 2025 también hubo 4.159 egresos desde unidades de psiquiatría infanto-adolescente. Estas cifras no describen una generación perdida: muestran un sistema que debe fortalecer urgentemente su capacidad preventiva y terapéutica.
En este escenario, el Trabajo Social sanitario resulta indispensable. La salud mental no puede separarse de las condiciones familiares, escolares, económicas, habitacionales, comunitarias y territoriales en las que vive una persona. Una atención clínica que no conversa con esos determinantes corre el riesgo de reducir problemas complejos a síntomas individuales. La intervención social permite integrar esas dimensiones, trabajar con las redes y construir planes que continúen más allá del alta o de la estabilización de una crisis.
El sistema de protección tampoco puede continuar operando como el último eslabón de una cadena de fracasos. Más de 41 mil niños, niñas y adolescentes permanecían en 2025 en listas de espera para programas de protección especializada. Cada espera tiene consecuencias: significa tiempo viviendo con una necesidad que ya fue identificada, pero que todavía no recibe una respuesta. Cuando una intervención llega meses después, el problema puede haberse agravado, la familia puede haber abandonado la búsqueda de ayuda y el adolescente puede haber aprendido que pedir auxilio no modifica nada.
Necesitamos una red que no solo derive, sino que se haga responsable de la continuidad. Que frente a una señal grave exista una evaluación conjunta; que el colegio sepa quién recibió el caso; que salud conozca los antecedentes familiares y escolares; que protección no duplique entrevistas ni obligue al adolescente a comenzar su historia una y otra vez; y que ninguna institución cierre su participación simplemente porque envió un correo, realizó una denuncia o elaboró un informe.
El Trabajo Social tiene mucho que decir y hacer en esa articulación. Nuestra tarea no es únicamente mover casos de una institución a otra. Es producir una lectura integral, identificar los vacíos entre los sistemas, convocar a los actores necesarios, sostener la continuidad y recordar que detrás de cada derivación existe una persona cuya vida no está dividida en salud, educación, familia, justicia y protección. Esa división pertenece a las instituciones, no a los adolescentes.
Estas noticias no deberían servir para declarar la guerra contra los adolescentes. Tampoco para romantizarlos o eximirlos de responsabilidad. Deben obligarnos a construir una respuesta que reúna aquello que hoy permanece separado: seguridad con derechos, responsabilidad con intervención, sanción con rehabilitación y protección de las víctimas con prevención de nuevas violencias.
No todos los hechos pueden anticiparse y ninguna institución posee control absoluto sobre las decisiones humanas. Pero entre no poder prevenirlo todo y no prevenir nada existe un enorme campo de responsabilidad pública. Allí están las conversaciones que no se realizaron, las señales que se minimizaron, las familias que quedaron solas, las consultas que nunca consiguieron hora, los colegios sobrepasados, los programas sin cupos y las instituciones que trabajaron en paralelo.
Allí también debe estar el Trabajo Social: no solo después de la tragedia, elaborando informes, activando redes o intentando reparar lo irreparable, sino antes. En la detección temprana, en la escucha, en la evaluación integral, en el fortalecimiento familiar, en la intervención comunitaria, en la coordinación intersectorial y en la defensa de políticas públicas capaces de acompañar las trayectorias adolescentes.
La violencia adolescente no comienza el día en que aparece en las noticias. Ese día, muchas veces, solo se vuelve visible para quienes antes no estaban mirando. La pregunta que Chile debe hacerse no es únicamente qué respuesta corresponde después de la tragedia. La pregunta verdaderamente difícil es qué redes fuimos capaces de ofrecer antes, quién conocía a ese adolescente más allá de su conducta, qué lugar ocupó el Trabajo Social en su trayectoria y cuántas oportunidades tuvimos para intervenir antes de que ya fuera demasiado tarde.
