Toda crisis puede llegar a ser aún peor. Bien lo sabe la derecha y su actual “crisis de identidad” que, en términos concretos, no es más que el nuevo rostro que han asumido las aún inacabadas repercusiones de onda larga provocadas por el despertar de los movimientos sociales durante el 2011. Al proceso de fragmentación vivido en la Alianza –que presenta una cara amigable en la formación de Evopoli y otra más fruncida en la creación de Amplitud– se ha sumado este lunes un nuevo “insumo perturbador” que amenaza con profundizar la actual crisis de la derecha. Tal como ha de sospecharse, dicho “insumo” no es otro que la derrota parcial sufrida por el Estado de Chile ante la demanda marítima interpuesta por Perú en la Corte Internacional de la Haya.
Es muy poco probable que el “cuerpo aliancista” quede inmune a las repercusiones de este acontecimiento; sobre todo, si se considera que quien tiene la ‘sartén por el mango’ en el tratamiento mediático de la derrota es, precisamente, la Nueva Mayoría. No es difícil suponer que –más temprano que tarde– el conglomerado bacheletista actualizará este suculento flanco de críticas. Si esto ocurre, presenciaremos una de aquellas repeticiones a las cuales nos tiene acostumbrado el panorama político transicional: esto quiere decir, que las resonancias del fallo serán tratadas por la Nueva Mayoría de un modo similar a la táctica utilizada por la Alianza en el contexto de las evidentes negligencias perpetradas por la ONEMI en la fallida alerta de maremoto que terminó costando la vida de 156 personas y la desaparición de otras 25. En términos concretos, el 27-F puede perfectamente transmutarse en un 27-E; basta cambiar los actores (Michelle Bachelet por Sebastián Piñera), el escenario (la ONEMI por el Ministerio de Relaciones Exteriores) y los detonantes (el maremoto por la derrota en la Haya) para que el símil adquiera concreción histórica.
Una derecha en crisis difícilmente podría fiarse de los gestos de unidad promovidos por la totalidad de los partidos políticos tradicionales –desde la UDI al PC– bajo la rimbombante figura de una “Política de Estado”; fenómeno que adquiere su aspecto más recalcitrante en la ferviente cruzada emprendida por los diputados Jorge Tarud (PPD) e Iván Moreira (UDI). Si el falló es desfavorable a los “intereses chilenos” la derrota no será endosada al Estado en general sino –más parcial y exclusivamente– al gobierno que lo conduce: la administración Piñera. Si se observa con detención, algo de esto ya se encuentra explicito en la última encuesta Adimark la cual, entre noviembre y diciembre, ve aumentar en un 10% (del 18% al 28%) la desaprobación al modo en que Sebastián Piñera y su equipo de gobierno ha manejado las relaciones internacionales[1]. De facto –y a pesar de que la demanda marítima peruana fue interpuesta en el tercer año del gobierno de Michelle Bachelet (2008)– es el actual gobierno de derecha el que ha diseñado y ejecutado la defensa de Chile en la Haya o, más precisamente, la defensa de los intereses empresariales comprometidos en el litigio.
Bajo esta consideración, es probable que en las semanas posteriores al 27-E la glamorosa “Política de Estado” sea erosionada por un quehacer político mucho menos sublime que la evanescente unidad política alcanzada por un Estado profundamente neoliberalizado. Y es que –dentro de los márgenes de la política tradicional– el ‘hacer leña del árbol caído’ no es un fenómeno marginal, muy por el contrario, es una modalidad constitutiva que tiende a acrecentarse exponencialmente en tiempos de crisis; esto último, condición actual de la dirigencia política asociada a la derecha chilena.
En este contexto, una de las tácticas a emprender por parte de la izquierda situada a la izquierda del PC, así como la de aquellos movimientos sociales poco dispuestos a conceder una “luna de miel” al próximo gobierno, debiese apelar a una irrupción mediática que tenga como objetivo desplazar la polémica desde las eventuales deficiencias mantenidas por el accionar del Gobierno en general y el Ministerio de Relaciones Exteriores en particular (del 27-F al 27-E) hasta la tematización de las repercusiones económicas que tendrá el falló en los conglomerados empresariales que explotan los recursos pesqueros dentro de de la zona en conflicto.
Tematizar esta última dimensión, hará toparnos con actores ya conocidos, uno de ellos: Corpesca S.A., perteneciente al grupo Angelini y, en la actualidad, “la mayor empresa productora de harinas y aceites de pescado en Chile y una de las más importantes a nivel mundial”.[2] Más allá de esta “carta de presentación”, es posible constatar que las apariciones mediáticas de este segmento empresarial han enfatizado aspectos mucho más polémicos e indignantes que aquel “pulcro” liderazgo mantenido por la empresa en el mercado pesquero internacional. Baste recordar que, no hace mucho, Corpesca S.A. había saltado a la palestra de los medios noticiosos debido a la influencia directa que la empresa del Grupo Angelini ejerció a través de los votos de la diputada independiente Marta Isasi en el contexto legislativo que terminó aprobando la bullada Ley de Pesca (más conocida como Ley Longueira); la cual, en términos concretos, profundizó la privatización del “patrimonio pesquero” de Chile.
Tal como lo indica un reciente artículo del Centro Ecoceanos, en muy probable que las repercusiones del fallo de la Haya impacten negativamente a los intereses del grupo Angelini. Precisamente, Roberto Angelini –presidente de Corpesca– confesó hace pocos meses atrás, que un fallo adverso en el diferendo marítimo afectaría entre un 70% a 80% el volumen de captura de la zona de Arica, y el 30% de los negocios del Grupo”[3].
En este contexto, las declaraciones efectuadas por Consejo Nacional de Defensa de la Pesca (CONDEPP) no son más que una síntesis magistral del modo en que debiese mediatizarse el debate respecto a la sentencia emanada por el Tribunal de la Haya. Concluyentemente, sus pronunciamientos no ofrecen segundas lecturas: “¿Qué vamos a perder entonces, si ese mar no lo explotan los chilenos? Ese mar, a través de una ley de pesca, pertenece al grupo Angelini. En la zona, los únicos que compran el recurso (anchoveta) son de la Corpesca, ellos ponen el precio, los trabajadores viven y Angelini se enriquece”[4].
Por cierto, la lucidez de la información revelada, también presenta un anverso problemático que –a primera vista– pasa casi desapercibido: La petición explícita al próximo gobierno de Michelle Bachelet para que éste “ponga las cosas en su lugar, pues la pesca artesanal volverá a crecer cuando haya sustentabilidad, cuando se termine con el monopolio de las 7 familias y se derogue la ley Longueira”[5].¿Y es que acaso la Ley Longueira no fue aprobada a fines del 2012 con los votos de la “otrora” Concertación hoy ungida como Nueva Mayoría? Para no dejar terreno a ambigüedades: el bloque político que asumirá funciones gubernamentales en marzo se hizo presente en la aprobación de dicha ley a través de la totalidad de la bancada DC –a excepción de Rincón– más dos votos provenientes del propio partido de Bachelet (¿será necesario mencionar aquellos casos excepcionales que se “ausentaron” al momento de la votación?).
En este caso, las lecturas pueden ser particularmente dos: o la Nueva Mayoría tiene una capacidad innata para salir ‘libre de polvo y paja’ de todo emplazamiento que pretenda increpar la defensa y promoción tácita que dicha coalición efectúa en torno a los grandes capitales empresariales o –lo que es peor– los movimientos sociales nos hemos vuelto expertos en obviar las profundas contradicciones que perviven entre el discurso y la acción política; sobre todo, aquellas contradicciones provenientes de la hoy hegemónica avanzada socialdemócrata. Al parecer, la metáfora que nos insta a no dejar de tener por lobos a quienes se disfrazan de ovejas es más categórica de lo que parece.
¿No son acaso estas últimas dimensiones el resumen abreviado del dilema primordial que hoy en día enfrentan los movimientos sociales dentro del actual ciclo político acaecido en Chile?
Más allá de resolver esta interrogante, lo cierto es que en la “realidad factual de los acontecimientos sociopolíticos”, las repercusiones del fallo de la Haya también permiten hacer manifiesta la principal dificultad de quienes pretenden hacer plausible un proyecto de transformaciones estructurales para el Chile actual. Al parecer, la lección es clara: Mientras los trabajadores y/o movimientos sociales contemporáneos no sean capaces de aglutinar una fuerza social que imprima una presión efectiva sobre las dirigencias políticas que conducen el país (cuestión que en gran medida logró superar el último paro portuario) las legitimas demandas que aquellos enarbolen (en esta caso, el fin del monopolio pesquero y la derogación de la ley Longueira) no superarán los límites interpuestos por la “brecha peticionista”. Superar esta brecha, será uno de los desafíos primordiales para los movimientos sociales durante los próximos años venideros.
Andrés Cabrera Sanhueza, Director Universidad Popular de Valparaíso.
[1] http://www.adimark.cl/es/estudios/documentos/12_eval%20gobierno%20dic_13.pdf
[2] www.corpesca.cl
[4] http://www.enaltavoz.cl/2014/01/pescadores-artesanales-responden-a-ley-de-pesca-y-fallo-de-la-haya/
