Nos encontramos en un período en el que el sistema político tiende a irritarse con facilidad. Los enormes grados de estabilidad alcanzados por el “imperio de la pax transicional” –simbolizada bajo el título de la política de los acuerdos y sedimentada (parafraseando a Atria) sobre una Constitución tramposa– ha dado paso a un ciclo político caracterizado por presentar elevados porcentajes de desaprobación ciudadana respecto a las formas institucionales de la república y las coaliciones políticas que la dirigen. Para ser más precisos, hablamos: por un lado, de una desaprobación ciudadana muchas veces apática, pero –sin embargo– capaz de acoplarse a las promesas de reforma-estructural impulsadas por los movimientos de protesta acaecidos durante el 2011 y; por el otro, de una institucionalidad y dirigencia política que soporta sus pronunciados niveles de deslegitimación en una figura carismática cuasi paradigmática: la de Michelle Bachelet.
Obviar estas coordenadas generales, puede llevarnos a interpretar inadecuadamente el bullado impasse acaecido tras el nombramiento del gabinete ministerial del futuro gobierno bacheletista; en especial, el referido a las designaciones ejecutadas en la cartera de educación, con Nicolás Eyzaguirre en calidad de Ministro y Claudia Peirano en el rol de Subsecretaria.
En este contexto, una lectura como la presentada por Gabriel Boric –quién ha observado, sobre todo en la elección de Peirano, una “partida en falso” o “error no forzado” autoprovocado por el próximo gobierno– es altamente audaz en cuanto a sus repercusiones mediáticas; cuestión que no es tal, si dicha observación es utilizada como una explicación de las tendencias conflictivas que habitan, hoy por hoy, en el seno de la Nueva Mayoría (1).
Y es que las perturbaciones que de seguro aquejarán a esta coalición durante los próximos años, no siempre deberán ser atribuidas al mero “error” o “negligencia” del bloque gubernamental, a pesar de que dicha fórmula contenga potenciales réditos comunicacionales. De hecho, la radical importancia mantenida por el impasse de las designaciones ministeriales, es que dicho acontecimiento político ejemplifica idóneamente una de las modalidades conflictivas que asumirá el nuevo ciclo político en curso.
En este plano, la figura del “error” debiese ser reemplazada por una interpretación que nos lleve a problematizar el plexo de tensiones anidadas en una apuesta política como la de la Nueva Mayoría, la cual –al menos en un nivel simbólico– se presenta como un conglomerado político capaz de “armonizar” un espectro de intereses disímiles, como los son, por ejemplo, la facción empresarial del grupo Luksic y el segmento estudiantil asociado al PC.
Las estrategias políticas, que duda cabe, no son indiferentes a los cambios de posición formulados por los distintos agentes dentro del concierto político: lo que en un momento determinado logró constituirse como una virtud aglutinadora capaz de propinar una inapelable victoria dentro de un proceso eleccionario; puede perfectamente transmutarse en un vicio fragmentador que ni el “horizonte común de un programa” puede enmendar dentro de un contexto gubernamental.
Y es que el impasse de las designaciones ministeriales no sólo ha permitido eclipsar dos de las temáticas más influyentes dentro del acontecer noticioso de las últimas semanas, vale decir: el fallo de La Haya y la crisis de la derecha (un verdadero “regalo caído del cielo” para ésta última); también, y más preponderantemente, el mencionado impasse ha servido para poner a prueba el “rol fiscalizador” de aquellos segmentos políticos que pretenden concretizar y profundizar las reformas comprometidas en el programa de Bachelet.
He aquí uno de los puntos que, hasta ahora, restaba por clarificar, vale decir: el peso político efectivo de los “segmentos fiscalizadores”, el cual, ha dado muestras de un empoderamiento comunicacional que –me atrevo a sostener– ha sobrepasado las expectativas de la dirigencia política asociada a la Nueva Mayoría.
Refinar esta capacidad impugnadora (capaz de sumergirse en el “terreno” de los más finos recovecos del programa de Bachelet y dispuesta a distinguir la “letra chica” inserta en cada una de las acciones legislativas venideras) será uno de los desafíos primordiales de aquellos movimientos políticos que abogan por un cambio efectivo en el desigualitario modelo social imperante.
Esta fórmula –sumada a una permanente movilización social que expanda los límites del empoderamiento comunicacional alcanzado– será la que, en definitiva, permitirá profundizar, ya en un tono propositivo, los cambios estructurales que Chile anhela y necesita.
NOTAS:
Andrés Cabrera es Director Universidad Popular de Valparaíso.
1) En este caso, es sumamente representativa una breve reseña integrada en la sección Reportajes de la Tercera aparecida el sábado 18 de enero del año en curso (http://diario.latercera.com/2014/01/18/01/reportajes/1.html) en la cual se indicaba a Rodrigo Peñailillo y Alberto Arenas como los “maestros de ceremonia” encargados de revisar los antecedentes de las posibles cartas del gabinete ministerial que comienza sus funciones en marzo. En el artículo se menciona: “Quienes conocen el proceso sostienen que una de las principales inquietudes de Bachelet y su equipo, es evitar que tras los nombramientos estallen polémicas vinculadas a las nuevas autoridades, derivadas de sus actuaciones pasadas, se hayan desarrollado en la esfera pública o privada”. Ciertamente, profundizar en la tesis de la “partida en falso” equivale a toparse con un punto de llegada bastante nítido y polémico: la interpelación al próximo Ministro del Interior encargado de analizar los eventuales “conflictos de interés” de los futuros personeros de gobierno.
