A casi un año de la presentación de la modificación legal al reglamento de la Cámara de diputadas y diputados para crear una comisión permanente que pueda dar seguimiento oportuno a los Asuntos Portuarios (Julio, 2024), y considerando el estancamiento de su tramitación, nos parece central activar la discusión y hacer un llamado urgente a mirar los puertos como polos de desarrollo justo para el país y las ciudades puerto.
Hemos vivido en una ciudad portuaria desde la niñez y hoy nos basta caminar 5 minutos desde nuestra oficina distrital para llegar a la entrada del puerto de San Antonio, el más importante de Chile en términos de movimiento de carga. Esto no es trivial, pues la cercanía física que tenemos los habitantes de la comuna con el puerto nos hace notar la abismante diferencia de lo que ocurre desde la Avenida Angamos hacia la mar y desde esta hacia la ciudad que habitamos. Las diferencias y rupturas se evidencian al cruzar una calle.
Esto ha significado que nuestra relación con el mundo portuario, en todos sus ámbitos haya sido tan intensa como variada, pudiendo conocer de primera fuente sus problemas particulares. Este contacto estrecho a lo largo de los años nos ha permitido detectar el sinnúmero de materias que requieren un tratamiento legislativo propio y específico.
Para nosotros el puerto es fundamental y también lo son todos los puertos para el país. Si revisamos algunos datos y cifras su importancia estratégica para el Estado es evidente. En el reciente reporte de la Camport (Cámara Marítima y Portuaria de Chile AG, 2024) el 91% del comercio exterior medido en volumen se realiza por vía marítima. Para considerar su volumen, las estadísticas de la Dirección Nacional de Aduanas, señalan que los puertos y terminales chilenos transfirieron 111.098.421 toneladas de carga en 2024, de las cuales 63.565.302 son de exportaciones. Las exportaciones que realiza actualmente el país representan un tercio de los ingresos de toda la economía de Chile, sin embargo, los impactos de los puertos y de ser una ciudad puerto lo asume cada comuna. Son estas comunas las que reciben las externalidades negativas de la actividad portuaria y que afectan notoriamente la calidad de vida de sus habitantes.
No parece justo ni equitativo entonces que todo el beneficio que producen los puertos siga la regla general y vaya directamente a Rentas Generales de la nación. Esta situación debe ser corregida con criterios de descentralización fiscal para así favorecer y no desmejorar la vida de los habitantes de las comunas que albergan los puertos a lo largo del país. Por ello, repensar los puertos implica también la consideración de establecer tanto una instancia permanente como un mecanismo tributario permanente que vele por la compensación de estas externalidades . En este último sentido, discutir en una comisión permanente cuestiones tan importantes como el establecimiento de una tasa impositiva especial o un realeza portuario que beneficia a las comunas que albergan a los puertos, aparece como un asunto muy necesario y de toda justicia territorial.
Por otra parte, actualmente existe una dispersión administrativa, normativa e institucional en materia portuaria. El Estado de Chile participa en la gobernanza portuaria a través de diversos Ministerios y servicios, a saber: Ministerio de Transportes y Telecomunicaciones, del Trabajo y Previsión Social, de Defensa Nacional, de Obras Públicas, de Hacienda de Agricultura y Ganadería, de Economía, Fomento y Turismo de Medioambiente, del Interior, de Seguridad pública. Además, participan otros organismos técnicos como el Sistema de Empresas Públicas (SEP) y la Cámara Marítima y Portuaria de Chile (CAMPORT), que representan a los operadores logísticos de la industria portuaria. Esta dispersión obliga a considerar no solo la creación de una comisión permanente de asuntos portuarios, sino a mirar con atención lo que ocurre en otras latitudes y no tener temor a tener una gobernanza nacional a nivel portuario e incluso ampliar el horizonte hacia el océano pacífico y proyectar la creación un Ministerio del Mar, como ocurre hoy en otros países.
Por su parte, en el ámbito laboral, aun reconociendo la complejidad de los trabajos y los distintos regímenes a los que se someten los trabajadores portuarios, debe haber una revisión crítica ya la vez generosa, que permita aunar criterios hacia la uniformidad en la contratación de estos. Todos son importantes en la cadena logística portuaria. Ahora bien, esta misma variedad de trabajos en cadena deriva naturalmente en diversas enfermedades profesionales, requiriendo medidas legales de mitigación y una evaluación y actualización permanente de los cuerpos legales, como la Ley N° 16.744 sobre accidentes y enfermedades del trabajo, vigente desde 1968.
En el Congreso nacional, hasta hoy es evidente la carencia legislativa en materia portuaria , cuestión que puede comprobarse especialmente en dos ámbitos: Por una parte, las Comisiones Especiales Investigadoras sobre materias portuarias han realizado bien su trabajo, pero al ser instancias transitorias, agotan su trabajo y no es posible dar seguimiento a los temas que investigan de manera permanente. Por otra parte, se hace patente la necesidad de una Nueva Ley de puertos, que presente un cambio de visión hacia una modernización portuaria integral. Actualizar la normativa es clave para que esto se traduzca en modernización de la infraestructura y operación de los puertos, con una perspectiva que integre la actividad marítima, ferroviaria, vial, tecnológica, medioambiental y social.
Con todo lo señalado, nos parece de sentido común incluir elementos que reconozcan la especificidad de la mano de obra de los puertos en la discusión legislativa, teniendo un lugar que permita entregar un correcto seguimiento y recepción de la información, y que reconozca a las distintas organizaciones sociales que se generan en torno a la materia portuaria como, por ejemplo, los Sindicatos de Puertos y de Puertos Secos; Asociaciones de Funcionarios de Aduanas; Sindicatos de Agencias de Aduana; Comunidades Logísticas; Representantes de las distintas empresas portuarias; Consejo Asesor de Puertos; Consejos Ciudadanos Ciudad-Puerto como el de San Antonio; Autoridades Locales como Gobernadores Regionales, Alcaldes y Concejales de comunas portuarias; entre otros, dándoles un espacio donde puedan expresar las necesidades asociadas a los asuntos portuarios.
La creación de una Comisión Permanente de Asuntos Portuarios es fundamental para identificar necesidades, mejorar la fiscalización asociada a la materia y generar futuros proyectos de ley en el ámbito portuario. A nosotros nos parece muy claro, los asuntos portuarios son una urgencia para el crecimiento, desarrollo y equidad territorial.
Camila Rojas, diputada, y Gonzalo Vega, asesor parlamentario. Región Valparaíso.
