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Aún estamos en peligro. Por Daniel Isaías Barrientos

Hace 5 años, Chile y el mundo fueron testigo de un proceso histórico en la vida institucional del país, el 18 de octubre del año 2019, surgía desde el pueblo, concretamente desde estudiantes secundarias del Liceo 1 Javiera Carrera, un acto de protesta ciudadana en el metro, que daría pie a una revuelta de carácter popular.

Politizado, pero sin banderas político-partidistas, este acto revolucionario puso en jaque a nuestra clase política y a nuestro andamiaje institucional. El entonces gobernante Sebastián Piñera y la clase política chilena, debieron responder al desafío de gestionar una crisis social, junto con la imperiosa e ineludible necesidad de encauzar el conflicto y brindar soluciones definitivas y no temporales a problemáticas transversales, relacionadas con mejoras en las condiciones materiales de existencia en ámbitos como la salud, la educación, la seguridad social, entre muchos otros.

Lo que se demandaba en las calles eran derechos sociales, que, en el texto constitucional heredado de la dictadura, no pasan de ser algo más que una noble aspiración, pero sin concreción real, por tener de fondo el manto ideológico del capitalismo, que establece que es el mercado quien regula todas las esferas de la vida humana.

Hayek postula que la realidad solo puede ser interpretada por un orden espontáneo —conocida como catalaxia— en donde todo está sujeto a las leyes del mercado, una premisa neoliberal, que descansa en una fórmula básica de una radical abstención del Estado, puesto que es visto como virtuosa la separación sociedad y Estado. Esa lectura estaba siendo disputada, sin duda alguna.

Todo lo anterior venía siendo constatado en los informes del PNUD "Los tiempos de politización" del año 2015 y "Desiguales" del año 2017, que coincidieron en un dato relevante: la sociedad chilena quería debatir los problemas estructurales del país.

La fuerza de la protesta social contra el orden social –o modelo, si se quiere-, que en caso alguno ha gozado de legitimidad, guio la discusión al ámbito constitucional: el poder originario constituyente reclamaba no sólo la elaboración de una nueva carta fundamental, sino construir una nueva casa común, un nuevo pacto político, y como dice Roberto Gargarella, intervenir la sala de máquinas (el corazón), que es la delimitación al poder político, para evitar aquello que nos advertía Montesquieu de que “todo poder deviene en despótico”.

La protesta social que emergió en octubre 2019 vino a cuestionar esa idea dogmática con tintes religiosos de los técnicos de la economía, a quienes no les interesaba que esa fuerza disruptiva y desarticulada, orientara una discusión con tintes políticos. Por siglos se ha mantenido, como dogma hegemónico, la convicción de que discutir sobre los problemas y necesidades del Estado, son debates reservados para un espacio sagrado moderado por y para la elite, los de “la cocina” de Zaldívar, alejados y desconectados de quienes viven día tras día las consecuencias del empobrecimiento y la precarización.

Recordemos las desafortunadas frases de los ministros del gobierno de Piñera, señalando: "el que madruga será ayudado con una tarifa más baja", o que "algunos pacientes van temprano al consultorio para socializar".

Tras un plebiscito histórico en la vida institucional, la ciudadanía habló claro y decidió con un 78% la aprobación para sustituir la actual constitución. Surgió así la Convención Constitucional, que instaló ideas claves para el avance socioeconómico, como por ejemplo el Estado social y democrático de Derecho, fórmula que asegura la satisfacción de derechos sociales, o la reformulación del modelo del sistema de justicia.

La respuesta frente a esta discusión de quienes acumulan el capital financiero y político no se hizo esperar, la talla artera arremetía para hacer caricatura de esta discusión en la Convención Constitucional, una serie de fake news que caían en lo absurdo se publicaban en redes sociales, como por ejemplo que nos quitarían nuestras casas.

Por otro lado, al interior de la Convención Constitucional, se apreció, en general, escasa capacidad autocrítica de las y los convencionales, lo que culminó con un triste final, la propuesta fue rechazada. No corrió distinta suerte el segundo proceso constituyente, que buscaba discutir qué sociedad queremos, ambas oportunidades fracasaron en su cometido.

Hasta hoy nos preguntamos ¿qué ocurrió?, ¿cómo leer y entender ese proceso fallido? Cinco años después del Estallido Social, parte de un parafraseo de Doreen Massey en su texto El lenguaje de la economía, se suma con lógica pertinencia a las múltiples respuestas: "El lenguaje que utilizamos tiene efecto en el modelado de identidades y en la caracterización de relaciones sociales, generando un sentido común hegemónico".

Esta concepción ha calado hondo en la vida de nuestra ciudadanía, al punto de llegar a la naturalización de la propuesta neoliberal. Como dice el maestro constitucionalista Christián Viera sobre la receta del neoliberalismo, vemos la relativización del sistema democrático, una concepción antropológica individualista y criterios mercantiles como instrumento de comprensión de todos los fenómenos del mundo de la vida.

Este año se dio a conocer el Informe sobre Desarrollo Humano en Chile 2024 y no es mucho lo que ha cambiado desde el 2019. Ahora la pregunta es ¿qué hemos alcanzado tras 5 años? Y dado que el documento constata que bastante poco, es importante subrayar que, en términos institucionales, se han abierto nuevas heridas cuando las antiguas siguen abiertas, y aunque sea un oxímoron, hay un ensordecedor silencio de la clase política.

Ahora más que nunca, para evitar un nuevo estallido (o evento en un formato que pueda catalogarse de “inesperado”), con todas las consecuencias que aquello implica, es necesario que entendamos la pertinencia y urgencia de una conversación entre iguales. A propósito de los audios de Luis Hermosilla, pongamos bajo la lupa al sistema de justicia, revisemos la sala de máquinas, donde está albergado el corazón de este modelo.

Pier Paolo Pasolini nos advertía en sus obras que “todos estamos en peligro", creemos necesario entender a cabalidad que, debe existir diálogo y cambios profundos, hay una deuda vigente con nuestra sociedad, que aún no ha sido saldada, mientras eso no ocurra, sin duda alguna, todos, todas, estamos en peligro.

 

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Daniel Isaías Barrientos

Estudiante de Derecho

Pasante Cátedra UNESCO de Educación en Derechos Humanos-Universidad Academia de Humanismo Cristiano.

 

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