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Balance de los dos primeros años del gobierno de Boric: Se consolida el modelo de negocio privado en los derechos sociales. Por Luis Mesina

Esta semana se cumplieron dos años de gobierno de Gabriel Boric. Cualquier balance, transcurrido la mitad de su mandato, exige prescindir de fanatismos y posiciones obsecuentes para evaluar cuánto del programa y de sus promesas se han cumplido y, en función de ese balance, concluir si este es positivo o negativo. Antes de entrar al análisis de las propuestas programáticas, conviene situar el contexto en el que Gabriel Boric alcanzó la presidencia en diciembre de 2021. Su contendor de la época José Antonio Kast, en primera vuelta logró alzarse con la primera mayoría nacional obteniendo el 27,91% contra Boric, que logró el 25,83%. A partir de esos resultados se desató entre la primera y segunda vuelta una intensa campaña. La sola posibilidad de que la ultraderecha alcanzara el poder provocó una adhesión sin precedentes a un candidato que, hasta hacía poco, había sido fuertemente criticado durante el estallido de octubre. El fantasma de la ultraderecha y del pinochetismo que bien encarnaba Kast, fueron razones más que suficientes para que se produjese una gran unidad en torno a Gabriel Boric en la segunda vuelta, alcanzando más del 55% de la votación y convirtiéndose en presidente del país. El “mal menor”, una vez más terminó imponiéndose en Chile como ha venido ocurriendo desde 1990 a la fecha. El programa de gobierno fuertemente impulsado por Apruebo Dignidad, coalición política integrada por el Frente Amplio y el Partido Comunista”, prometía acabar con el neoliberalismo y, en especial con aquellas instituciones que se habían convertido en sus símbolos o iconos durante las últimas décadas: las AFP, las Isapres y el CAE, todas gatillantes de las grandes movilizaciones en la década pasada. Asimismo, en el terreno político, se prometían cambios estructurales: refundar carabineros; acabar con la militarización en el Wallmapu, lo que implicaba poner fin a los estados de excepción constitucional en la “Macrozona Sur”; impulsar una profunda reforma en materia tributaria de forma tal, corregir la profunda desigualdad social de nuestro país. En fin, se prometían una serie de reformas de grueso calibre que en lo absoluto cambiaban estructuralmente el modelo chileno; pero, al menos impedirían que éste avanzara consolidando las desigualdades. El discurso emulando muchas veces la figura de Allende, especialmente al momento de ser electo, fidelizaron a muchos que se habían mostrado críticos a Boric, especialmente a quienes levantaron en las primarias al candidato Daniel Jadue. Había desconfianza de que nuevamente se estuviera ante un impostor, por eso al reivindicar la figura de Allende cerró todas las dudas y compactó esa noche del 19 de diciembre, a Apruebo Dignidad y a los partidarios sin militancia del flamante presidente. En los primeros seis meses en que los gobiernos tratan de implementar sus transformaciones más emblemáticas no hubo decisión ni siquiera de proponerlas. El gobierno, al parecer y de manera no muy resuelta esperaba que el proceso constituyente culminara aprobando una nueva constitución, el resultado del 4 de septiembre de 2022 echó por tierra esas ilusiones y la realidad golpeó de manera brutal a Boric y su gobierno. De ahí en adelante, ha sido la derecha la que ha puesto el ritmo y los contenidos de la política en el país. La derecha exigió no hablar más del Wallmapu y se aceptó. No solo eso, los estados de excepción constitucional se convirtieron en permanentes y, hoy, muchas provincias de la “Macrozona Sur” se hallan militarizadas, la presión y represión contra el pueblo mapuche ha alcanzado niveles que sólo se conocieron en la dictadura y, los medios de comunicación han silenciado completamente la voz de este pueblo que sufre en silencio la agresión del Estado chileno. Lo más emblemático, especialmente para Boric, Vallejos, Jackson y tantos noveles dirigentes, muchos convertidos en ministros, otros tantos en congresistas y autoridades regionales, fue la renuncia a eliminar el CAE, símbolo de las luchas estudiantiles y que los llevaron justamente a ellos, a ocupar lugares de preeminencia en el Congreso y hoy en el Gobierno. Ello significa que miles de hogares continuarán con el drama del endeudamiento con el Estado, mientras la banca se ha visto favorecida con este negocio en el que convirtieron el financiamiento de la educación. El fin de las AFP ya no fue. No solo eso, sus ministros estrellas, Mario Marcel y Jeanette Jara, se han reunido en secreto en muchas ocasiones con los dueños de las AFP, las compañías de seguros, para pactar fórmulas de mejorar las pensiones, pero sin tocar el negocio espurio de la previsión chilena. No solo eso, el propio gobierno y no la oposición, incorporó en su propuesta de reforma incrementar la cotización de los trabajadores de un 10% actual a un 10,5% lo que significara que las AFP aumentarán su recaudación, sin que ello implique mejorar las pensiones, en más de 360 mil millones de pesos al año. Las isapres, industria que junto a las AFP gozan del mayor descrédito por el abuso sostenido que han hecho contra millones de usuarios, finalmente fueron sancionadas por otro poder del Estado. La Corte Suprema ordenó pagar un monto por ingresos mal habidos ascendentes a más de US$1.400 millones; sin embargo luego de negociaciones, el monto bajó a poco más de US$1.100 millones; pero las isapres y la derecha insisten con la campaña del terror, señalando que de cobrar dichos montos se pone en peligro el sistema privado de salud con el riesgo del colapso del sistema público, impulsando en el Congreso una fórmula que concrete un “perdonazo” a la deuda que mantienen las isapres con sus usuarios, a través de la “mutualización”. De aprobarse en el Congreso la Ley Corta de Isapres, la deuda se reduciría a US$451 millones, lo que es absolutamente grosero. Pero, la presión de la derecha no se ha contentado con salvar los iconos de su modelo económico. Ha encontrado en los “economistas” y políticos gobernantes muy buenos aliados que comparten la ideología monetarista impuesta hace más de 40 años y que es, en definitiva, la que ha hecho posible tanta desigualdad e injusticia. En efecto, algo impensado como el Tratado de Libre Comercio TPP-11 fue aprobado por el gobierno; asimismo el Comité de Ministros revirtió la decisión técnica del Servicio de Evaluación Ambiental (SEA) que rechazó en tres oportunidades el proyecto minero de continuidad de la transnacional Anglo American, Los Bronces Integrado, por consideraciones graves de impacto ambiental. Y, finalmente terminó aprobándolo. Es decir, cuestiones esenciales del programa de gobierno y promesas que decían relación con la lucha emblemática de la juventud que encarnaron los dirigentes estudiantiles hoy gobernando, no solo no fueron materializadas, sino que se dio un paso mucho más allá, se concedió avanzando en reformas abiertamente contrarias a los intereses de las mayorías. Así las cosas, con absoluta prescindencia de simpatías o no, solo amparado en los hechos, el balance desde una mirada concreta es absolutamente negativo.

20 de marzo de 2024

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