El colega Sebastián Gray publica hoy en El Mercurio su columna titulada Cuestión de principios, en la cual subraya la inaceptable situación generada por el Ejército, al licitar en 30 millones de dólares un terreno ubicado en La Reina, que obtuvo por cesión gratuita de Bienes Nacionales.
Recordemos que igual situación se generó el año pasado, cuando el Ejército puso en venta un paño del ex fundo San Luis en el valor de 120 millones de dólares.
Este es un negocio reiterado que practican todas las ramas de nuestras fuerzas armadas en virtud de un subterfugio legal emitido por la dictadura militar, que las convirtió en auténticos corredores de propiedades o gestores inmobiliarios. En efecto, el año 1975, la Junta Militar emitió el Decreto Ley N° 1.113, cuyo artículo 1° establece lo siguiente: “Los Comandantes o Jefes del Comando de Ingenieros del Ejército, del Servicio de Obras y Construcciones de la Armada, del Comando Logístico de la Fuerza Aérea, de la Dirección de Logística de Carabineros, de la Jefatura de Logística de la Policía de Investigaciones de Chile, previa autorización de sus Comandantes en Jefe, General Director o Director General, en su caso, tendrán la representación del Fisco para adquirir, a cualquier título, bienes raíces para sus instituciones y para enajenarlos” (sic).
El dictamen Nº 23.752 del año 1998 de la Contraloría General de la República, extinguió la posibilidad de asignar bienes fiscales al PAF para que el Ejército y las otras ramas de la FFAA, vendieran inmuebles que ocupaban del modo en como lo estuvieron haciendo antes de ese año, es decir, recibiendo el dinero esas instituciones militares del Estado.
Sin embargo, este dictamen es ignorado por las fuerzas armadas las que siguen comercializando terrenos que el Estado les ha asignado gratuitamente, solo para fines de sus necesidades institucionales y si estas cesaren, deben ser restituidos a Bienes Nacionales.
El MINVU acaba de comunicar la creación del Banco de Suelos Urbanos, propuesta ya aprobada el año 2015 por el Consejo Nacional de Desarrollo Urbano y no materializada hasta ahora.
Es una gran iniciativa, destinada a realizar un catastro de todos los terrenos urbanos en propiedad de Bienes Nacionales, Fuerzas Armadas y de Orden, Empresas Públicas como Ferrocarriles del Estado, ENAMI, ENAP, Municipalidades y otras, con el objeto de ponerlos gratuitamente a disposición de los SERVIU, para sus planes de Vivienda Social y Desarrollo Urbano.
No es posible que el Ejército de Chile, continúe realizando negocios inmobiliarios con terrenos que pertenecen a todos los chilenos. Tal como concluye su columna el colega Sebastián Gray: “volver a enfrentar este desafío ahora, 40 años después, no es solo una carrera para recuperar el tiempo perdido e intentar mitigar el perjuicio causado, sino, tanto ahora como entonces, una cuestión de principios”
Miguel Lawner
22.08.2020.
