Este 21 de julio comenzó, al fin, el juicio oral por el caso de Moisés Órdenes, un hombre de 55 años brutalmente agredido por funcionarios de Carabineros mientras se manifestaba pacíficamente en Plaza Ñuñoa durante el estallido social el 21 de octubre de 2019. La brutal golpiza —que le causó fracturas, pérdida de piezas dentales y daños oculares, entre otras lesiones— fue registrada en vivo por televisión y constituye un caso gravísimo de tortura colectiva cometida por agentes del Estado.
Como Amnistía Internacional Chile, hemos estado como observadores y seguiremos monitoreando esta nueva etapa del proceso hasta que se haga justicia. Exigimos que el juicio se lleve a cabo con garantías de imparcialidad, transparencia y con pleno respeto de los más altos estándares internacionales de derechos humanos.
La reapertura de este caso fue posible gracias a la insistencia de la familia, sus representantes legales, el INDH y el Consejo de Defensa del Estado, quienes lograron reabrir una investigación que la Fiscalía había cerrado anticipadamente.
Casos como el de Moisés no pueden quedar impunes. Son un símbolo de la violencia institucional que vivieron cientos de personas en el contexto de las protestas y nos recuerdan que el Estado tiene la obligación de garantizar verdad, justicia, reparación y garantías de no repetición, así como de investigar exhaustivamente y sancionar los actos de tortura cometidos. La justicia no puede esperar más.
Rodrigo Bustos Bottai
Director ejecutivo de Amnistía Internacional Chile
