Recientemente, me correspondió exponer en las II Jornadas Internacionales sobre Sistemas jurídicos de Europa e Iberoamérica: Tendencias Actuales sobre pensar un nuevo Chile desde la reforma constitucional económica y, a través de ello, realizar una actualización respecto a lo que se debía incluir en una nueva carta magna en su apartado económico. El reto de plasmar en ella nuevos principios económicos como el de complementariedad, solidaridad, armonía, diversidad y con una mención especial a la conjugación de estos con el papel social que debe cumplir y garantizar el nuevo texto.
El resultado de combinar estos principios clásicos de la economía y la división social del trabajo en un nuevo texto podrían otorgar una ventaja comparativa a la nueva norma suprema respecto a la vigente en el replanteamiento de un nuevo Chile y de su esfera económica. Además de tener una importancia simbólica y jurídica trascendental para el desarrollo del pueblo chileno en ese sentido, la necesidad de vincular derechos individuales y colectivos, rompiendo con su separación, para presentarlos con una mirada colectiva también impactaría en la comunidad y en su entramado social.
Para tener éxito en lo anterior, se torna fundamental lograr la inserción del principio de complementariedad y que cada actor económico concentre su intervención en los ámbitos con más valor agregado. De la misma forma se torna primordial que exista relación con las funciones desarrolladas por el resto de los agentes económicos nacionales e internacionales.
Cada día se muestra un Chile más diverso y que se abre a la posibilidad en una economía globalizada a que los entornos productivos se especialicen en los sectores con más ventajas competitivas y en los cuales, por ende, pueda resultar más positivo su funcionamiento complementario. Igualmente, tiene efectos directos sobre la colaboración y solidaridad que se presentan como requisitos fundamentales para su adecuada aplicación, son principios que se enuncian y repiten como base de la actual búsqueda de una integración alternativa y efectiva de Chile en el plano internacional, así que los efectos no solo se reflejan en lo local, sino también, a escala latinoamericana, como propuestas que han surgido en los últimos años, como fruto de la resistencia al neoliberalismo y a los Tratados de Libre Comercio.
La economía basada en la diversidad económica considera que, para estimar los costos de los productos o beneficios, se debe tomar en cuenta el equilibrio ecológico, la conservación de los ecosistemas, así como el valor económico de su daño o pérdida. El Buen Vivir se define como vida plena e implica la armonía interna de las personas, con la comunidad y con la naturaleza. Desde la perspectiva de Karl Polanyi, se caracteriza la economía para el BV como sustantiva, social y ecológica. Se analiza las preguntas ¿qué producir? y ¿para quién producir?, y los principios de suficiencia, reciprocidad y solidaridad de una economía arraigada a la sociedad humana y la naturaleza.
El orden normativo que en esta materia el Estado aplica en su territorio y que incluye a los agentes económicos que actúan, directa o indirectamente en él, conforman una serie de regulaciones a relaciones de carácter económicas que posibilitan la existencia de una regulación inclusiva y que propicia a los sujetos que participan condiciones similares de acceso y desarrollo, solo y siempre que la intervención equipare dichas relaciones de forma justa y con principios que la faciliten. Delimitar ámbitos y esferas de la vida económica y social en donde no son reconocidos el funcionamiento perfecto del mercado y por tanto se sustraen del principio de libertad de empresa hace necesaria también dicha intervención estatal, para finalmente definir los límites de intervención del mercado en los ámbitos que estos mercados se distorsionan y no logran funcionar de forma equilibrada.
Es necesario entonces revisar los principios y establecer sus límites para poder definir de forma coherente los derechos y controlar el cumplimiento de las obligaciones de los diferentes actores económicos, sus pautas y reglas. Todo lo cual permitirá establecer políticas comerciales y de precios justos, así como normas jurídicas para regular adecuadamente la competencia, impedir prácticas deshonestas y la especulación por parte de cualquier actor económico, en defensa de los objetivos sociales e intereses legítimos de los productores, comercializadores y consumidores.
Isnel Martínez
Dr. en derecho, académico Escuela de Derecho
Universidad Academia de Humanismo Cristiano
