La reciente resolución de la Corte de Apelaciones de La Serena, que estableció la responsabilidad del exarzobispo del movimiento Schoenstatt, Francisco José Cox, vuelve a poner en el centro del debate una de las heridas más profundas y persistentes de la sociedad chilena: el abuso sexual a infancias y el silencio del Estado.
Las víctimas y agrupaciones de sobrevivientes han debido enfrentar no solo la lentitud de cómo se llevan sus casos —desde 1975 que existen casos—, sino también el amedrentamiento y persecución de cómplices y victimarios. En paralelo, un notable abandono institucional y, transversalmente, un sector político inmóvil frente a hechos de extrema gravedad. La sensación de justicia tardía convive, todavía, con una profunda ausencia de reparación.
Resulta difícil comprender que el Estado de Chile continúe sin desarrollar una política pública integral destinada a abordar este fenómeno, ni que, con todos los antecedentes presentados por víctimas, en los cuales se señala a SENAME y María Ayuda como espacios de uso habitual para quienes buscan infancias vulnerables y cometer delitos —no olvidar el caso Spiniak—, no exista una consecuencia real.
La ausencia de mecanismos que velen por dar acompañamiento, justicia, reparación y prevención refleja una preocupante indiferencia institucional frente a víctimas que, en muchos casos, comenzaron a ser abusadas utilizando a Dios y la fe en él. El abuso espiritual es una realidad estudiada; es una ramificación del abuso de poder. Hay miles de hogares en Chile, de diversas ramificaciones del cristianismo, que temen ir en contra de “la palabra de Dios”. ¿Qué pasa cuando un ciudadano chileno se atribuye el “ser canal divino”? Hay que considerar que, para muchas víctimas, hablar de sus vivencias podría hasta ser encasillado por sus entornos como “pruebas de falta de fe”.
Parte de esta omisión se ha justificado mediante interpretaciones erradas o reduccionistas de la laicidad del Estado. Por una parte, ciertos sectores sostienen una visión privatizadora del fenómeno religioso, según la cual toda intervención pública en esta materia constituiría una amenaza a la separación entre Estado e Iglesias. Por otra, algunos sectores clericales han utilizado esa misma separación como argumento para resistir controles externos y eludir responsabilidades institucionales frente a delitos.
La tradición jurídica chilena no concibe la laicidad como hostilidad hacia lo religioso; es importante recordarlo. Tal como sostiene el profesor Jorge Del Picó Rubio, la laicidad en Chile responde más bien a un modelo “abierto, liberal y pluralista”, que reconoce la participación de actores religiosos en la vida pública y garantiza el ejercicio de la libertad religiosa.
La verdad es que quien comete un delito, para un verdadero Estado laico, aunque vista sotana o se nombre “representante de Dios”, sigue siendo una o un chileno, con los mismos derechos y deberes que cualquier ciudadano de a pie, y la justicia debería poder actuar.
Precisamente por ello, el Estado no puede declararse neutral frente a vulneraciones de derechos fundamentales ocurridas en espacios religiosos. Garantizar la libertad religiosa implica también resguardar que dicho ejercicio se desarrolle en condiciones compatibles con la dignidad humana, los derechos fundamentales y la protección integral de niños, niñas y adolescentes. Como se menciona previamente, las víctimas desarrollan sentimientos de culpa, temor religioso o incluso la convicción de haber merecido el daño sufrido. Que una víctima denuncie, o incluso verbalice lo ocurrido en su propio hogar, es complejo. Es habitual el silencio “mártir”, caricaturizado en “llevar una cruz, como Jesús”.
Esa instrumentalización de la experiencia espiritual constituye una forma agravada de abuso sobre la cual Chile ha reflexionado todavía muy poco, tanto a nivel académico como institucional.
La experiencia internacional demuestra que existen caminos posibles. Los casos de Australia y Francia evidencian que las democracias contemporáneas pueden impulsar mecanismos estatales de verdad, investigación y reparación sin vulnerar la autonomía religiosa ni la libertad de culto. Comisiones independientes, sistemas de reparación y protocolos obligatorios de prevención han permitido visibilizar prácticas históricamente ocultas y avanzar hacia formas mínimas de justicia para las víctimas.
En ese contexto, Chile debiera avanzar, al menos, hacia la conformación de una Comisión de Verdad, Justicia y Reparación sobre abusos en contextos eclesiásticos y religiosos. Una instancia de esta naturaleza permitiría sistematizar antecedentes, escuchar a las víctimas, establecer responsabilidades institucionales y proponer mecanismos permanentes de prevención y reparación.
El desafío, además, exige una participación activa de las distintas organizaciones religiosas presentes en el país. Los abusos no han ocurrido únicamente en parroquias o espacios litúrgicos, sino también en establecimientos educacionales, fundaciones, organizaciones de ayuda social y diversas instituciones vinculadas a comunidades de fe. Por ello, cualquier política pública seria en esta materia requiere estándares transversales de prevención, supervisión y protección.
Chile no partiría desde cero. Existen experiencias nacionales e internacionales, protocolos especializados y herramientas de prevención adaptadas a contextos religiosos. Lo que ha faltado, hasta ahora, es voluntad política para asumir la realidad. En Chile sigue existiendo impunidad y siguen existiendo “intocables poderosos”, quienes utilizan recursos y redes de contacto para seguir invisibilizando problemas reales que continúan destruyendo el tejido social y la posibilidad de un Chile que se sienta justo para todos y todas.
La laicidad del Estado no consiste en desentenderse. Consiste, precisamente, en garantizar que las personas puedan vivir tanto su espiritualidad como habitar el país en condiciones de libertad, seguridad y respeto irrestricto a la dignidad humana.
El caso Cox vuelve a recordar con crudeza que siguen existiendo casos de injusticia y delitos no abordados por el Estado. También plantea una pregunta incómoda para la política chilena: ¿cuánto tiempo más seguirá el Estado observando desde “el palco” lo que vulnera a un chileno o chilena común?
