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CChDH apoya proyecto de ley que pretende sancionar penalmente el negacionismo

La Comisión Chilena de Derechos Humanos desea expresar su apoyo al reciente proyecto de ley ingresado como moción parlamentaria al Congreso, que pretende sancionar penalmente el negacionismo.

Durante estos 32 años de transición, a pesar de la ausencia de políticas serias de Memoria por parte del Estado, las organizaciones de familiares de víctimas, los sobrevivientes y los organismos de derechos humanos, habían logrado instalar un consenso a nivel social respecto de la necesidad de condenar la barbarie que significó para nuestro pueblo la dictadura cívico militar y al mismo tiempo, considerar el respeto y garantía de los derechos humanos como el eje rector de nuestra convivencia.

Sin embargo, en los últimos meses, la sociedad chilena ha visto con preocupación cómo sectores políticos conservadores, de clara orientación neofascista, han comenzado a instalar a través de los medios de comunicación hegemónicos, discursos de odio, apología de la violencia, relativización de los derechos humanos y negación de las violaciones a los derechos humanos cometidos en la historia reciente de nuestro país, todas conductas que atentan gravemente contra los principios que inspiran el quehacer de la comunidad internacional organizada.

El Proyecto de ley, establece que “Art.161-D: El que a través de cualquier medio justificare, aprobare o negare las violaciones a los derechos humanos cometidas por agentes del Estado durante la dictadura cívico militar ocurrida en Chile entre el 11 de septiembre de 1973 y el 10 de marzo de 1990, consignadas en el Informe de la Comisión Nacional de Verdad y Reconciliación; de la Corporación Nacional de Reparación y Reconciliación; de la Comisión Nacional sobre Prisión Política y Tortura; y de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura, sin perjuicio de los posteriores informes que sean reconocidos por el Estado sobre la materia, y siempre que dichos actos perturben el orden público o bien impidan, obstruyan o restrinjan de forma ilegítima el ejercicio de un derecho por parte de el o los ofendidos; serán castigados con la pena de prisión en su grado medio a máximo y multa de 20 a 40 Unidades Tributarias Mensuales. La pena corporal asignada en el inciso anterior se aumentará en un grado y las multas se impondrán en su grado máximo, cuando tales conductas se hubieren realizado por funcionario público en el ejercicio de sus funciones o con ocasión de su cargo”.

La redacción del texto recoge experiencia comparada de otras legislaciones, como Alemania, Israel, Bélgica, España y Sudáfrica, entre otros, que sancionan la apología del odio y la negación de los crímenes contra la Humanidad de acuerdo a los estándares internacionales de derechos humanos, según las recomendaciones del Consejo de Europa, la Comisión Europea de Derechos Humanos y el Estatuto de Roma que crea la Corte Penal Internacional. También el proyecto de ley recoge lo señalado por la Convención Americana de Derechos Humanos, la interpretación de sus disposiciones por parte de la Corte Interamericana, y lo prescrito por el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos en su artículo 19 N° 3, letra a) y b), en cuanto es posible restringir la libertad de expresión mediante una ley, cuando sea necesario asegurar el respeto a los derechos o la reputación de los demás ó para proteger la seguridad nacional, el orden público ó la salud o la moral públicas. Así por lo demás lo ratificó el Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas, órgano encargado de supervisar el cumplimiento de dicho tratado internacional (Caso Robert Faurisson v. France, Comunicación No. 550/1993, U.N. Doc. CCPR/C/58/D/550/1993 (1996).

En consecuencia, y tal como lo señalan los fundamentos de este proyecto de ley, aprobar esta iniciativa legal “constituye un imperativo ético y jurídicamente correcto, pues significa avanzar en el compromiso irrestricto del respeto a la noción de la condición y dignidad humana”; al mismo tiempo, es un gran aporte al cumplimiento por parte del Estado de Chile de su obligación de impulsar las garantías de no repetición, impedir la Impunidad y avanzar hacia el anhelado Nunca Más.

Llamamos a los sectores conscientes del Parlamento a votar favorablemente esta iniciativa legal y al Gobierno, a patrocinarla, como una expresión concreta de la voluntad política de respetar la normativa internacional de derechos humanos a la que se encuentra obligado a cumplir el Estado de Chile, de honrar a las víctimas y preservar la Memoria de nuestra historia reciente.

COMISION CHILENA DE DERECHOS HUMANOS

Santiago, 8 de junio de 2023

ADHIEREN: Agrupación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD) Coordinadora de Víctimas y Familiares de Trauma Ocular Coordinadora de Víctimas de Perdigones

Agrupación de Víctimas de Violencia Por Agentes del Estado- AVIDVAE-CHILE CINTRAS, Centro de Salud Mental y Derechos Humanos

Comisión Ética contra la Tortura

Fundación PIDEE

Colegio de Profesores, Directorio Nacional y Departamento de Derechos Humanos Colegio de Periodistas, Regional Metropolitano

Colegio de Enfermeras, Comisión DDHH

FETRACALL, Federación de Trabajadores de Call Center

Coordinadora Nacional de Trabajadores/as NO+AFP

Escuela Permanente PRAIS Concepción

Movimiento Acción Migrante (MAM)

Ampro Tarapacá

Marq Ay Concepción

Escuela Permanente PRAIS

Centro de Formación Memoria y Futuro (CFMF)

Agrupación de Mujeres Democráticas

Fundación Henry Dunant

Comité por un Chile Digno-Noruega

MEPAP (Movimiento el Pueblo Ayuda al Pueblo)

Pensamientos y Praxis por Chile

Agrupación de voluntarias/os por la defensa de los derechos humanos en Calama

Marea Sur - Observatorio socioterritorial

Centro Cultural de Derechos Humanos Salvador Allende de Puente Alto

Plataforma Sindical Feminista Sindicalismo con Nosotras

Red de mujeres Mapuche Trawun pu Zomo de Cholchol

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