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Chain y la orfandad demócrata cristiana. Por Felipe Portales

Curiosamente, el presidente del PDC, Fuad Chahin, ha dicho recientemente que “hay un mundo socialdemócrata huérfano, y si el PS y el PPD no quieren representarlo, la DC sí” (“El Mercurio”; 25-5-2019). Por cierto que hay una orfandad general que padecen las históricas bases de centro-izquierda de nuestro país. Pero lo notable es que el actual presidente del PDC parece ignorar que aquello afecta especial y gravemente a las bases que han sido, o que continúan siendo, del PDC.

Al menos a las bases que se sienten identificadas por la histórica obra del presidente Frei: La Reforma Agraria; la chilenización del cobre; la promoción popular; la reforma educacional; y los fuertes estímulos al cooperativismo y a la integración latinoamericana. Y que también echan de menos el “Proyecto Alternativo” que el PDC planteó en la década del 80 como ideas para la reconstrucción democrática futura. En dicho Proyecto, además de abominar de las atroces violaciones de derechos humanos de la dictadura, se cuestionó radicalmente el modelo económico-social neoliberal impuesto a sangre y fuego por aquella.

En efecto, en dicho Proyecto, se planteó la sustitución del Plan Laboral; de las AFP; de las Isapres; del Decreto Ley 600 que permitiría una creciente desnacionalización de la gran minería del cobre; de la gigantesca concentración del poder y de la distribución del ingreso; de la creación de las universidades privadas con fines de lucro; del sistema que minimizó el poder de los sindicatos, juntas de vecinos, colegios profesionales y cooperativas; de la inserción solitaria al mercado mundial y la renuncia a buscar la integración latinoamericana; etc.

Todo esto lo abandonó subrepticiamente el liderazgo del PDC (y del resto de la Concertación) a fines de la década de los 80, como lo reconocería crudamente en 1997 Edgardo Boeninger en su libro: “Democracia en Chile. Lecciones para la Gobernabilidad” (Edit. Andrés Bello). Y es lo que comenzó a aplicar desde 1990 en adelante. Y para esto, dicho liderazgo utilizó arteramente -en línea con lo que Boeninger dijo respecto a que el liderazgo de la Concertación “políticamente no estaba en condiciones de reconocer” su “convergencia con la derecha” (p. 369)- dos mecanismos insólitos a nivel de la historia de la humanidad (no sólo chilena). Una fue el regalo de la inminente mayoría parlamentaria que le aguardaba a Aylwin y la Concertación ¡de haber permanecido igual la Constitución del 80! Y el otro, las políticas de “autodestrucción” de todos los medios de comunicación escritos afines a la Concertación durante los 90.

En efecto, como Pinochet pensaba ganar el plebiscito de 1988 y gobernaría luego con un congreso en que iba a ser prácticamente imposible -dado los antecedentes históricos- que los partidos de derecha ganaran la mayoría parlamentaria; se diseñó la Constitución del 80 de modo tal que el futuro presidente lograse la aprobación de la legislación ordinaria con la mayoría parlamentaria en una cámara y sólo un tercio en la otra. Evidentemente, con los sena- dores designados, Pinochet transformaría su minoría senatorial en mayoría; y obtendría con seguridad -gracias al sistema binominal- más de un tercio de los diputados.

Pero la imprevista derrota plebiscitaria de Pinochet el 88; generó el prospecto contrario. La Concertación -además de elegir con toda probabilidad al futuro presidente- tendría también con seguridad la mayoría parlamentaria. Esto porque obtendría lógicamente -a diferencia de un Pinochet gobernando- la mayoría en la Cámara de Diputados; y ¡alcanzaría de todos modos a obtener un tercio del Senado! El Senado original se componía por dos senadores por región (26) más los 9 designados. Y como la Concertación obtendría evidentemente al menos uno en todas las regiones (13) superaría el tercio de 35, esto es, 12.

Sin embargo, el liderazgo concertacionista concordó con Pinochet a mediados de 1989 un acuerdo de Reforma de la Constitución del 80 (sin que hasta el día de hoy haya existido transparencia sobre aquel) en que junto con algunos cambios liberalizadores ¡se aprobó una reforma que subió los quórums de aprobación de la legislación ordinaria a la mayoría absoluta en ambas cámaras! Y como se mantuvieron los senadores designados, aquello significó en la práctica entregar por adelantado la inminente mayoría parlamentaria que le esperaba a la Concertación. Era virtualmente imposible que la Concertación doblara en cinco circunscripciones senatoriales a la derecha, que era lo necesario para compensar a los nueve senadores designados y obtener así mayoría en el Senado.

Tal acuerdo no fue obviamente producto de la estupidez de los líderes concertacionistas, ni tampoco del temor. Es obvio que Pinochet, si no había tenido la fuerza política para dar un nuevo golpe en octubre del 88, luego de su derrota plebiscitaria, menos la tendría a mediados de 1989 ¡arguyendo que la Concertación se negaba a concordar una reforma a la propia Constitución impuesta en 1980! La explicación -muy lógica- es que el liderazgo de la Concertación no quiso tener la mayoría parlamentaria para no quedar desnudo ante sus bases en cuanto a su falta de voluntad política para sustituir el modelo ecónomico-social neoliberal que había impuesto la dictadura. Ahora podía echarle la culpa de todo a que no tenía mayoría parlamentaria para hacer los cambios prometidos. Lo que iba a ser cierto, pero ocultando el hecho crucial de que ello era así porque lo había querido el liderazgo concertacionista…

Y todo aquello fue complementado por una política consistente, destinada a destruir los propios medios de comunicación escritos afines a la Concertación. Como los directores y periodistas de estos medios no habían experimentado la “convergencia” con el pensamiento económico de la derecha que habían tenido los líderes concertacionistas; a la larga se darían cuenta del giro copernicano de éstos y se habrían convertido en los reales opositores de los gobiernos concertacionistas neoliberales. Para evitar esto fue muy lógico (aunque, por supuesto, había que hacerlo subrepticiamente) que dicho liderazgo adoptara las políticas necesarias para destruir esos medios. Ello explica porqué continuó con la discriminación que les hizo Pinochet de la publicidad estatal (y con los acuerdos de la dictadura, que la concentraban en el duopolio Mercurio-Copesa); porqué se bloquearon sustanciales fondos que el gobierno holandés había acordado entregarles en 1990 a “Hoy”, “Análisis” y “Apsi” (de acuerdo a denuncias efectuadas insistentemente -y nunca desmentidas- del Premio Nacional de Periodismo, Juan Pablo Cárdenas); y porqué se compraron de algunos de estos medios por personeros concertacionistas para luego cerrarlos, como fue el caso, finalmente, de la propia revista “Análisis”. Y también explica porqué dicha política continuó posteriormente, afectando -entre otros en los 2000 a la revista “Rocinante”, de acuerdo a lo denunciado por su fundadora y directora Faride Zerán (ver “Rocinante”; N° 84, Octubre de 2005); e impidiendo por todos los medios la reactivación del diario centro-izquierdista “Clarín”, como lo denunció especialmente la Premio Nacional de Periodismo, Patricia Verdugo (ver “Rocinante”; N° 47, Septiembre de 2002). Así, se puede concluir que -como dijera Juan Pablo Cárdenas- “hubo una política de los gobiernos de la Concertación de exterminio a los medios de comunicación contrarios a la dictadura” (“Boletín Libertad de Expresión”, Instituto de la Comunicación e Imagen de la Universidad de Chile; N°9, Marzo de 2008).

La orfandad de las bases demócrata-cristianas se vio agravada por las políticas de los gobiernos de la Concertación en favor de la impunidad de las graves violaciones de derechos humanos cometidas por la dictadura. Particularmente, por la búsqueda de aprobación de leyes de virtual confirmación del decreto-ley de autoamnistía de 1978; o de significativa disminución de penas para los agentes violadores de tales derechos; todas los cuales fracasaron gracias a las fuertes reacciones en contra manifestadas por las agrupaciones de familiares de detenidos- desaparecidos y de ejecutados políticos. Fueron los casos del “Acuerdo-Marco” de 1990; del proyecto de “ley Aylwin” de 1993; del proyecto de “ley Frei” de 1995; del “Acuerdo Figueroa-Otero”, del mismo año; de un proyecto de ley de la Comisión de Derechos Humanos del Senado de 1998; del proyecto de “ley de inmunidad” de Lagos de 2003; de otro proyecto de senadores concertacionistas y aliancistas de 2005; y de su intento de reflotamiento por Bachelet en 2007.

Además, estos intentos se vieron agravados por insólitas declaraciones de altos dirigentes del PDC, no solo en favor de la impunidad, sino también en contra de la búsqueda de la verdad. En particular, del entonces presidente del Senado, Gabriel Valdés, quien, en agosto de 1990, respecto de la búsqueda del paradero de las personas detenidas-desaparecidas, y ¡cuando aún ni siquiera terminaban los trabajos de la Comisión Rettig!, declaró: “Pondría un plazo corto. Uno o dos meses más, máximo, y que hagamos un acto realmente generoso, donde todos contribuyan a dar información. No podemos seguir indefinidamente en la búsqueda de muertos. Este país no puede seguir en esas condiciones psicológicas, porque nos va a hacer daño a todos. Yo siempre pienso que la responsabilidad de los mayores es construir un país para los jóvenes: limpio, transparente (sic), decente y sin traumas. Sin odiosidades” (“Paula”; Agosto, 1990). Y del entonces presidente del PDC, Alejandro Foxley, quien para “apurar” los proyectos de ley y los acuerdos en favor de la impunidad planteados por el gobierno de Frei Ruiz-Tagle en 1995, señaló que “no sacamos nada con estar contando muertos indefinidamente” (“Las Ultimas Noticias”; 3-11-1995).

Y estos intentos culminaron con la vergonzosa defensa de Pinochet que hizo el gobierno de Frei Ruiz-Tagle frente al mundo, para liberarlo de su detención en Londres. Y la posterior presión del gobierno de Lagos a los tribunales de justicia para lograr su impunidad por razones de “salud mental”, lo que finalmente obtuvo. En dicha defensa -¡y virtual apología!- resaltó nuevamente el entonces senador Foxley, quien en una entrevista expresó que “Pinochet realizó una transformación, sobre todo en la economía chilena, la más importante que ha habido en este siglo. Tuvo el mérito de anticiparse al proceso de globalización que ocurrió una década después, al cual están tratando de encaramarse todos los países del mundo. Hay que reconocer su capacidad visionaria y la del equipo de economistas que entró en ese gobierno el año 73, con Sergio de Castro a la cabeza, en forma modesta y en cargos secundarios, pero que fueron capaces de persuadir a un gobierno militar -que creía en la planificación, en el control estatal y en la verticalidad de las decisiones- de que había que abrir la economía al mundo, descentralizar, desregular, etc. Esa es una contribución histórica que va perdurar por muchas décadas en Chile y que, quienes fuimos críticos de algunos aspectos de ese proceso en su momento, hoy lo reconocemos como un proceso de importancia histórica para Chile, que ha terminado siendo aceptado prácticamente por todos los sectores. Además, ha pasado el test de lo que significa hacer historia, pues terminó cambiando el modo de vida de todos los chilenos, para bien, no para mal. Eso es lo que yo creo, y eso sitúa a Pinochet en la historia de Chile en un alto lugar. Su drama personal (sic) es que, por las crueldades que se cometieron en materia de derechos humanos en ese período, esa con- tribución a la historia ha estado permanentemente ensombrecida” (“Cosas”; 5-5-2000).

En este contexto no extrañan para nada las palabras expresadas por Jaime Castillo Velasco en una de las últimas entrevistas de su vida: “’El poder corrompe’ es una afirmación antigua que comparto y sobre la que siempre se debe estar vigilante. Y sucede que no siempre se es firme al respecto. Yo diría que también en mi partido se han perdido los valores éticos que hicieron posible la Falange de Frei, Leighton y Tomic” (“Rocinante”; N° 42, Abril, 2002). Y tampoco extrañan los resultados electorales cada vez más desastrosos del PDC. Y, lo que es peor, el que hace décadas no solo no existan presidentes de federaciones estudiantiles universitarias del PDC (en la década de los sesenta del siglo pasado, todos lo eran) sino que ¡ya no exista la DCU en la generalidad de las universidades chilenas! Es decir, el PDC chileno ha pasado a ser un partido demográficamente condenado a desaparecer o, en el mejor de los casos, a mantenerse como una entidad política completamente irrelevante en el futuro. Todo indica que Chahin y el conjunto del liderazgo actual del PDC ni siquiera atisban esta realidad más grande que una catedral…

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