Sabíamos cómo caminar, cómo movernos, cómo reírnos.
Diamela Eltit
Escribo esto lejos de Chile, que es una forma extraña de seguir estando allí. En ocasiones, basta una noticia perdida en Internet, un video de una calle cualquiera de Santiago, de Valparaíso, de Concepción o de Valdivia, para que el país vuelva entero: sus micros, sus postas, sus colegios subvencionados, sus universidades tradicionales, sus ferias, sus jubilados contando monedas en la fila del banco, sus estudiantes endeudados, sus familias reunidas alrededor de una mesa modesta. Pienso que aunque uno se va, Chile no se va de uno. Se queda como una brisa helada: a veces con ternura; a veces con rabia.
Desde Zapopan he pensado más de una vez que mirar Chile desde fuera no lo vuelve más claro, pero sí más doloroso. La distancia no cura su herida; apenas permite ver mejor su forma. Mecanismos latinoamericanos que, vistos de lejos, se reconocen con una nitidez incómoda: ciudades que se modernizan mientras esconden a sus pobres; Estados que prometen cercanía mientras administran expedientes; políticas que hablan de futuro mientras aprenden a convivir con lo insoportable. Tal vez desde dentro no siempre era tan evidente. O tal vez uno necesitaba alejarse para comprobar que Chile, ese país que durante décadas quiso imaginarse excepcional, era también lo que siempre había sido: una nación latinoamericana atravesada por desigualdades profundas, memorias inconclusas y una vieja costumbre de llamar “orden” a cierto tipo de resignación.
La llegada de José Antonio Kast a La Moneda no debe leerse como un accidente ni como un rayo caído sobre un cielo despejado. Resulta más preciso, y más perturbador, entenderla como el desenlace de una incubación prolongada. Conviene decirlo sin rodeos. La ultraderecha chilena fue producida por años de cobardías políticas, pactos no dichos, obsesión con la gobernabilidad entendida como administración del orden existente, incapacidad para convertir el malestar social en proyecto histórico y torpeza para escuchar a un pueblo que primero gritó dignidad y luego pidió seguridad. La ultraderecha no llegó porque una parte del país se volviera, de un día para otro, autoritaria, racista o nostálgica de la mano dura. La ultraderecha llegó porque encontró una sociedad disponible para una respuesta brutal; porque una parte importante del pueblo dejó de creer que la democracia pudiera protegerlo; porque quienes venimos de la izquierda no siempre supimos hablarle al miedo sin despreciarlo; porque la derecha tradicional creyó que podía usar el fuego reaccionario para calentarse las manos sin terminar incendiando la casa.
Lo reconozco. La transición chilena sacó al país de la Dictadura cívico-militar sin una guerra civil, pero tuvo un pecado original: confundió prudencia con renuncia. Convirtió la moderación en método; luego, el método en ideología. Bajo el nombre de responsabilidad, naturalizó un modelo heredado de la Dictadura y perfeccionado por la democracia. La política se acostumbró a corregir bordes sin tocar el centro; a poner bonos donde faltaban derechos; a celebrar cifras macroeconómicas, al mismo tiempo que la vida cotidiana seguía organizada por el miedo a caer. Desde ahí, Chile se pensó a sí mismo como una vitrina. Nos dijeron que éramos serios, modernos, confiables, casi europeos en medio del desorden latinoamericano; y lo creímos. Detrás del vidrio, persistían las pensiones miserables, la educación endeudada, la salud segregada, la vivienda convertida en negocio, el trabajo precarizado, la colusión, el abuso empresarial, la soledad como forma de vida. El neoliberalismo chileno no solo organizó la economía: educó emocionalmente a la sociedad en la competencia, la vergüenza y la intemperie. Nos enseñó que cada cual debía salvarse solo; luego se sorprendió cuando esa soledad votó con rabia. La política chilena no fue destruida por una revolución ni por una conspiración extranjera; la política chilena comenzó a pensar con categorías de la administración empresarial del mundo. Entonces, cuando todo se volvió gestión, la política dejó de ofrecer destino.
La gestión actual parece haber comprendido esa gramática hasta volverla método: le basta una conferencia sobria, una planilla de recortes, una frontera como espectáculo de control. La autoridad aparece entonces como una administración de escenas: el gabinete regional, la visita al borde costero, la entrega de títulos, el encuentro ciudadano, el ministro que promete eficiencia, el vocero que convierte cada duda en irresponsabilidad. Nada de eso es irrelevante: el Estado debe estar ahí. El problema empieza cuando la presencia sustituye al proyecto, cuando gobernar se transforma en aparecer, ordenar, anunciar, controlar. Así gobierna también el miedo: no solo por amenaza, sino por trámite.
Para entender esa escena, hay que volver al momento en que Chile pareció romper su propio libreto. El estallido social de 2019 quebró esa pedagogía de la obediencia. De pronto, el país que se decía ordenado vio aparecer una multitud que ya no pedía mejoras marginales, sino otra forma de vida. “No son treinta pesos, son treinta años” fue una intuición moralmente precisa: la calle no reclamaba solo contra un alza del transporte; impugnaba una estructura de abuso. El estallido fue una rebelión contra la normalidad chilena. Aun así, conviene decirlo sin romanticismo: la revuelta no era pura ni podía serlo. Ningún estallido popular lo es. En ella hubo dignidad, rabia, fiesta, violencia, esperanza, exceso, lucidez, confusión, pueblo y espectáculo. Lo importante no era santificarla, sino comprenderla. Lamentablemente, la política chilena, enfrentada a esa oportunidad histórica, volvió a mostrar su defecto más persistente: no supo traducir la energía social en un pacto duradero. La derecha sembró miedo; una parte de nuestra izquierda confundió mandato social con superioridad moral; el centro esperó que el tiempo resolviera aquello que exigía coraje.
Los dos procesos constitucionales condensaron esa imposibilidad de construir mayoría. En 2022, el texto nacido de la Convención fue rechazado por cerca del 62% de los votos; en 2023, la propuesta elaborada bajo hegemonía conservadora fue rechazada con un 55,76%. Entre ambas derrotas quedó una verdad amarga: Chile quería cambios, pero no aceptaba que una tribu, de izquierda o de derecha, confundiera pacto común con catecismo propio. El pueblo no había pedido una Constitución para los militantes más excitados de cada sector, sino una casa donde pudiera vivir mejor. Ese doble fracaso dejó a la sociedad exhausta, y una sociedad exhausta es terreno fértil para el autoritarismo. La ultraderecha prospera cuando la gente deja de pedir futuro y empieza a pedir cierre: cerrar el ciclo del estallido, cerrar las fronteras, cerrar los debates, cerrar la incertidumbre, cerrar la herida sin curarla. El autoritarismo es, entre otras cosas, una promesa de descanso: “Dejen de discutir, yo ordeno”.
La inseguridad fue el gran combustible emocional de este giro narrativo. El crimen organizado, los homicidios más violentos, los secuestros, la extorsión y la sensación de abandono territorial modificaron la vida cotidiana. Barrios populares que antes padecían precariedad empezaron a padecer también miedo organizado. Cuando una madre teme que su hijo no vuelva, cuando un almacenero baja la cortina antes de tiempo, cuando una trabajadora espera locomoción mirando hacia todos lados, la política no puede responder con superioridad académica. Quien vive con miedo no necesita que le expliquen que el miedo es una construcción mediática. Necesita Estado. Sin embargo, el Estado que necesita no es el Estado policial de la ultraderecha. Necesita un Estado democrático, social, territorial, inteligente; un Estado capaz de prevenir, investigar, proteger, integrar, sancionar y reconstruir comunidad. La ultraderecha reduce todo a fuerza: no cree en la sociedad, cree en la obediencia. Su idea de orden no es convivencia justa, sino jerarquía; por eso usa problemas reales para degradar la democracia.
Ya se ven las pequeñas coreografías de esa jerarquía: el control convertido en pedagogía pública; la sospecha repartida sobre ciertos cuerpos; el lenguaje de la emergencia usado para acelerar decisiones que deberían discutirse con calma democrática. Una gestión así no clausura la política de golpe; la va estrechando. Primero dice que no hay tiempo. Luego que no hay alternativa. Finalmente, que quien pregunta está del lado equivocado. La democracia no siempre es derrotada por una multitud que la odia; muchas veces se debilita frente a una ciudadanía cansada que acepta perder matices a cambio de sentirse protegida. La ultraderecha entendió algo que una parte de nosotros demoró demasiado en aceptar: la seguridad es una demanda popular. No pertenece naturalmente a la derecha: le pertenece a quien vive expuesto. El error histórico fue permitir que el lenguaje de la protección quedara en manos de quienes solo saben hablar de castigo. Allí donde la izquierda no protege, la reacción castiga.
La migración fue otro campo donde la política chilena fracasó. Chile recibió en pocos años una transformación demográfica intensa, sin instituciones preparadas, sin política de integración robusta, sin planificación territorial suficiente y con una conversación pública miserable. La derecha radical hizo lo que sabe hacer: convirtió al migrante en símbolo de desorden. No importó que la mayoría trabajara, cuidara, construyera, pagara arriendos abusivos, hiciera repartos, limpiara, atendiera, sobreviviera. Bastó asociar “migración” con “delito” para producir una figura sacrificial: el extranjero como explicación del miedo nacional. Allí opera una vieja maniobra ideológica: transformar a los de abajo en los de afuera. La ultraderecha no necesita negar el malestar; le es suficiente con redirigirlo. El abuso empresarial desaparece detrás del “portonazo”; la pensión miserable desaparece detrás del migrante; la colusión desaparece detrás del comercio ambulante; la concentración de la riqueza desaparece detrás del discurso sobre esfuerzo individual. El neoliberalismo produce abandono; la ultraderecha ofrece enemigos. El capital organiza la precariedad; la reacción organiza la rabia.
Desde la izquierda, muchas veces oscilamos entre el humanitarismo abstracto y la incomodidad. A ratos, hablamos de derechos sin hacernos cargo de las tensiones concretas en escuelas, consultorios, barrios y municipios. Otras veces, aceptamos el marco securitario de la derecha para no parecer ingenuos. Nos faltó una política popular de la migración: defender la dignidad de los migrantes y, al mismo tiempo, tomar en serio la sobrecarga de las comunidades receptoras. Sin esa síntesis, el terreno quedó libre para la xenofobia administrada electoralmente. También corresponde hablar de los medios: Chile no llegó a la ultraderecha solo por las urnas; llegó también por una ecología del miedo. Matinales, noticiarios, radios, redes sociales y cuentas de propaganda construyeron un país emocionalmente sitiado. La delincuencia se volvió programación continua: cada crimen real fue insertado en una narrativa de colapso total, mientras la política dejó de discutir modelos de sociedad y empezó a competir por quién prometía más dureza. En ese clima, toda apelación a los derechos humanos podía ser ridiculizada como debilidad. La compasión se volvió sospechosa; la complejidad, una traición.
Hace poco tuve una constatación menor, aunque reveladora. Un medio de Maipú publicó una nota acerca de mi nuevo libro antológico, Donde habita el olvido, y bastó que la sinopsis apuntara su contenido social —pobreza, desigualdad, territorio, memoria, heridas compartidas— para que comenzaran a llegar mensajes cargados de insultos y de odio de personas que se reconocían como libertarios, republicanos o simpatizantes de estos. No habían leído el libro: aún no ha sido publicado en Chile. Les era suficiente detectar una sensibilidad para convertirla en amenaza. No importa aquí si el libro era exactamente aquello que imaginaban: importa la velocidad con que una parte de la conversación pública dejó de leer y empezó a clasificar. Allí se ve algo de esta época: no solo se rechazan posiciones políticas, se rechaza la posibilidad misma de que ciertos dolores sean narrados. Sentí como si nombrar lo social fuera ya una provocación; como si la literatura, al acercarse a la intemperie de los otros, cometiera una falta moral.
Las tragedias políticas rara vez empiezan con su rostro definitivo. A veces avanzan de manera lateral, casi doméstica, hasta que una sociedad aprende a llamar normalidad a aquello que antes le habría parecido intolerable. A propósito de esto, con mi esposa comenzamos a leer hace poco El cuento de la criada, la emblemática obra de Margaret Atwood. La lectura fue pertinente: en esa novela, la autora canadiense no imagina el horror como un accidente venido de otro planeta, sino como una reorganización minuciosa de la vida: palabras que cambian de sentido, cuerpos clasificados, obediencias pequeñas, ceremonias que vuelven normal lo monstruoso. Chile no es Gilead. Empero, Atwood sirve para recordar algo más inquietante: ningún orden autoritario empieza pareciéndose del todo a sí mismo. Antes de mostrarse como régimen, aparece como solución, como limpieza, como protección, como sentido común. La amenaza mayor no está solo en una ultraderecha con vocación autoritaria, sino en el momento en que su lenguaje empieza a parecer descanso. Ese fue el fenómeno chileno: la normalización. Se normalizó tratar los derechos como privilegios, la memoria como obstáculo, la migración como amenaza y la seguridad como pura fuerza. Se normalizó, incluso, la idea de que la democracia debía pedir perdón por no ser suficientemente dura. Así no llega la ultraderecha; así se la invita.
La derecha tradicional tiene una responsabilidad mayor en este desplazamiento. Durante años trató a la ultraderecha como un pariente incómodo, pero útil. La necesitó para ganar comunas, bloquear reformas, disciplinar debates, correr el cerco. Cuando quiso diferenciarse, ya era tarde: había normalizado sus palabras, sus obsesiones, su memoria selectiva, su nostalgia de autoridad. La vieja derecha chilena creyó que podía cabalgar el tigre sin ser devorada. No obstante, la ultraderecha no llegó para complementar a la derecha liberal-conservadora; llegó para reemplazarla moralmente, acusándola de tibieza.
La centroizquierda tampoco puede declararse inocente. Gobernó buena parte del ciclo democrático y, aunque redujo pobreza y amplió libertades, muchas veces fue incapaz de construir un horizonte más allá del marco neoliberal. Su problema no fue solo la moderación, sino la pérdida de vínculo orgánico con el mundo popular. En algún momento, dejó de parecer fuerza histórica y comenzó a parecer cuerpo administrativo. La promesa socialista se volvió política pública focalizada. La épica democrática se volvió lenguaje de expertos; la justicia social fue arrinconada en una planilla.
Quienes nos reconocimos, de un modo u otro, en la izquierda nueva —la del estallido, las plazas, los pañuelos, los cabildos, la generación que llegó al gobierno prometiendo cambiarlo todo— debemos hacernos una pregunta brutal: ¿por qué, después de la revuelta social más importante desde la Dictadura cívico-militar, terminó gobernando la ultraderecha? La respuesta no puede reducirse a manipulación mediática ni a ignorancia popular. Si el pueblo vota contra el horizonte emancipador, debemos preguntarnos en qué momento dejamos de ser su lenguaje común. Hablamos demasiado desde códigos propios y demasiado poco desde la vida material compartida. Confundimos transformación cultural con sustitución del conflicto de clases. Olvidamos que no hay política popular sin organización, sin presencia territorial, sin sindicatos fuertes, sin juntas de vecinos, sin clubes, sin escuelas políticas, sin conversación paciente, sin escuchar incluso aquello que incomoda.
La ultraderecha ofreció pertenencia. Falsa, agresiva, excluyente, pero pertenencia. Ofreció una comunidad imaginaria de “chilenos de bien” versus delincuentes, migrantes, comunistas, burócratas, jueces, feministas, ambientalistas, pueblos originarios o cualquier figura que pudiera ocupar el lugar del enemigo. Esa es una vieja técnica reaccionaria: unir a los de abajo con los de arriba no mediante intereses comunes, sino mediante odios compartidos. El trabajador precarizado y el empresario asustado pueden votar juntos si se les convence de que el problema no es la desigualdad, sino un intruso. Lo más grave es que esa operación no toca el poder económico. Puede gritar contra todos esos “enemigos”, pero rara vez toca al gran capital con la misma furia: su rebeldía es selectiva. Su coraje termina justo donde empiezan los intereses de quienes siempre han mandado. Basta mirar su llamada Ley para la Reconstrucción Nacional y el Desarrollo Económico Social, aprobada en general por el Senado por 26 votos a favor, 23 en contra y una abstención: detrás del lenguaje de la reconstrucción aparece una rebaja del impuesto de primera categoría del 27% al 23%, certezas tributarias, beneficios al capital, exenciones y permisos de inversión simplificados. En paralelo, el mismo gobierno comienza a empujar una flexibilización laboral que revisa el cálculo de las 40 horas y vuelve a poner sobre la mesa los contratos por hora. Todo se presenta como inversión, empleo, crecimiento, futuro. El gesto político es transparente: cuando se trata de los pobres, disciplina; cuando se trata del capital, garantías. A unos se les exige sacrificio; a otros se les ofrece confianza. No se ordena la injusticia; se ordena a los injustamente tratados.
Afortunadamente, todavía escribimos. Escribir, en tiempos de obediencia, sigue siendo una forma modesta de resistencia; no porque la escritura cambie por sí sola la correlación de fuerzas, sino porque impide que las palabras del poder sean las únicas disponibles. Escribir contra la ultraderecha no significa redactar un panfleto para convencidos. Significa disputar el sentido de la experiencia. Nombrar el miedo sin entregárselo a los autoritarios. Nombrar la rabia sin convertirla en odio contra los débiles. Nombrar la patria sin dejarla en manos de quienes la reducen a frontera, policía y bandera.
Chile no está perdido; pero tampoco a salvo. Desde nuestra propia tradición política, habrá que mirar de frente la derrota, no para autoflagelarnos, sino para volver a merecer confianza. Habrá que ofrecer orden sin autoritarismo, seguridad sin racismo, comunidad sin exclusión, derechos sin burocracia, cambio sin desprecio por las mayorías reales. Habrá que volver a hablar de salarios, vivienda, tiempo, salud, pensiones, barrio, transporte, cuidados, infancia, vejez, deuda, miedo. Habrá que volver a unir igualdad con protección. La herida está ahí: en que la ultraderecha haya logrado presentarse como respuesta a preguntas nacidas de injusticias reales. Allí debe comenzar, otra vez, la política.
Por eso escribo. Chile sigue aquí, sentado a mi lado, mirándome de reojo mientras la lluvia cae sobre otra ciudad latinoamericana con la que comparto una intemperie parecida. Escribo porque algo se nos extravió. Escribo porque el país que quiso despertar terminó, por ahora, entregando las llaves de la casa a quienes prometen cerrarla por dentro. Escribo porque no acepto que el miedo sea el último idioma de mi pueblo. Y porque, pese a todo, todavía no hemos perdido el derecho a imaginar otra forma de vivir juntos.
