La cámara de diputados de Chile abrió, hoy 9 de noviembre, el paso a un juicio político al presidente Piñera. Como todo juicio a un poderoso no se sabe a ciencia cierta cuál será el resultado, pero se sospecha, sobre todo que en el siguiente paso se necesitan dos tercios del senado para aprobar la acusación constitucional: 29 votos, cinco más de los 24 que tiene la oposición, lo que hace improbable su aprobación.
La acusación se da en medio de un clima electoral, a dos semanas de la primera vuelta de las presidenciales, donde el candidato de las fuerzas políticas del presidente va en un cuarto lugar en la intención de votos y no será determinante en el actual panorama, y donde un candidato de extrema derecha, Kast, se enfrenta a un candidato, Boric, surgido de las manifestaciones populares en Chile y apoyado por Revolución Democrática, movimiento progresista, y el Partido Comunista.
La acusación se basa en la existencia de un conflicto de intereses entre Piñera y un proyecto de la compañía minera Dominga para extraer minerales e instalar una planta desalinizadora en una zona ubicada a 30 kilómetros de la reserva nacional del pingüino de Humboldt, una especie en vía de extinción, destruyendo uno de los ecosistemas más ricos del mundo.
Por su participación en este proyecto, el nombre del presidente Piñera aparece, entre tantos otros, mencionado en la investigación (papeles de Pandora) sobre paraísos fiscales y ocultación de riquezas.
El proyecto minero Dominga tiene un valor de 2.500 millones de dólares; la familia del presidente era la mayor accionista del proyecto en el 2010, cuando, en su primer periodo como presidente, Piñera llevaba 9 meses en el poder. Cierto, para evitar malos entendidos, vendieron las acciones a un amigo de infancia del presidente, el empresario Carlos Délano, y, golpe de magia, problema resuelto.
Para asegurar la rentabilidad del proyecto, el pago de la última cuota estaba ligado “a que no se estableciera una zona de protección ambiental que impidiera su desarrollo”. Para el record, dos veces, durante la presidencia de Michelle Bachelet, la comisión ambiental rechazó la aprobación del proyecto, el que finalmente fue aprobado durante el actual mandato de Piñera.
Con esa maniobra, el presidente y su familia pensaron que quedaban libres de polvo y paja, blancos como una paloma, hasta ayer, cuando se aprobó una acusación constitucional que sacó a relucir sus trapos sucios.
Dadme a beber de este cáliz, donde la corrupción no se esconde, se saca a la luz pública y lo más importante se lleva a juicio.
Cierto, la corrupción y el poder político en muchos casos van de la mano. Se defienden, y puede que se termine en un “ego te absolvo a peccatis tuis”.
Sin embargo, al menos se denuncia, se le quita el manto subrepticio que envuelve la corrupción, se saca a relucir el nepotismo existente en el quehacer político, aparecen los nombres de los presidentes, expresidentes, dictadores, exdictadores, autócratas, familiares, testaferros junto a narcotraficantes, traficantes de seres humanos, traficantes de armas. Al fin y al cabo, ambas ramas provienen del mismo tronco en el árbol genealógico de la corrupción.
Aparece la ruta del dinero mal habido, y en algunos, la conciencia se despertará y pedirá llevar a tribunales a los corruptos, pedirá cambiar las leyes que los protegen, pedirá congelar y confiscar sus fondos, pedirá que los gobiernos del mundo actúen y no hagan la vista gorda.
No se trata solamente de defender la flora, la fauna, el medio ambiente, las personas a las que se les roba el alimento, se trata de defender la decencia o lo poco que de ella queda.
Y en una acusación constitucional contra la corrupción, en Chile o en cualquier país, de ese cáliz dadme de beber.
Gustavo Gac-Artigas es escritor y director de teatro chileno, miembro correspondiente de la Academia Norteamericana de la Lengua Española. Reside en los EE. UU.
