En algunas horas más el pueblo de Chile deberá pronunciarse si desea o no, acabar con la actual Constitución o elaborar una nueva. Todo augura que la mayoría de los ciudadanos del país se pronunciaran por aprobar el cambio de la actual Constitución.
Chile en el último año ha capturado la atención de la prensa mundial. Las organizaciones sociales, sindicales y políticas, intelectuales, académicos y artistas de la gran mayoría de los países del mundo miran con expectación lo que suceda este domingo en nuestro país.
¿Por qué despierta tanto interés un país tan pequeño y alejado de las esferas del poder mundial? ¿Qué es lo que llama la atención? Responder estas preguntas quizá ayude a comprender la importancia que tiene el proceso constituyente que se abre a partir de este domingo.
Chile ocupa en el planeta el lugar número 61 medido por habitantes y el lugar 37 medido por superficie. Su participación en el producto mundial no alcanza el 0,4% del PIB mundial, quedando por debajo en la región de Brasil, México, Argentina, Colombia y Venezuela. Sin embargo, a pesar de que nuestra importancia es marginal en la economía mundial, sorprende que nuestro ingreso per cápita sea tan alto, ubicándonos en el número 57 entre 193 países.
¿Qué es entonces lo que despierta tanto interés? Desde 1990 en adelante, fecha del término de la dictadura, los gobiernos que siguieron, se dieron a la tarea de resolver aspectos relevantes que formaban parte de las demandas más sentidas de la población. Al intentar hacerlo se encontraron con que esa misma década hacía su estreno el “Consenso de Washington”, término con el que se denominó a un paquete de diez medidas, propiciadas por el FMI, Banco Mundial y el Departamento del Tesoro de los Estados Unidos. Nuestro país se convertiría en el “mejor alumno” de la región, para lo cual el gobierno entrante y los siguientes debían olvidarse de lo prometido al pueblo que los llevó al poder, pues aplicarían casi en su totalidad las medidas sugeridas, entre las que destacaban: liberación del comercio, lo que exigía bajar prácticamente a cero los aranceles a las mercancías provenientes del exterior; reducción del Estado, lo que implicaba concluir el plan de privatización de las empresas públicas que bajo la dictadura se habían llevado a cabo, el agua y las sanitarias entrarían en esa estrategia; liberación de las trabas para el libre desplazamiento del movimiento de capitales; redireccionar y rebajar el gasto público focalizándolo en subsidio, lo que fortalecería el carácter del actual estado chileno, más subsidiario que garantista y, seguridad jurídica al derecho de propiedad, que en nuestro país se traduce como “certeza jurídica” para el inversionista.
Estas medidas hicieron que nuestro país abriera completamente la economía al capital transnacional, pasando a suscribir una impresionante cantidad de tratados de libre comercio que en términos prácticos se tradujo en mayor inversión y enajenación de la propiedad de una parte importante de los sectores económicos nacionales a manos del capital foráneo, que poco y nada respetó los derechos laborales y el medio ambiente.
Este proceso generó a los ojos del mundo un desarrollo impresionante en 30 años, que se expresaba en múltiples indicadores.
Sin embargo, poco se decía cuál era la base en la que sustentaba este “desarrollo”. El país, o mejor dicho los diferentes gobiernos abrazaron el modelo heredado del dictador y lo perfeccionaron y profundizaron por las recomendaciones de Washington.
Quizá lo más destacado, es que quienes administraron el Estado chileno, invirtieron mucho en lo que podría denominarse “Relaciones Públicas”. Vendieron al exterior una idealización de país: buen sistema privado de pensiones administrados por privados a través de AFP; buen sistema de salud, donde las personas pueden elegir Isapres o Sistema Público; buen sistema educacional, público y privado, donde usted puede elegir; y, lo más importante, Chile garantiza certeza jurídica, pues la normativa consolidada en la actual Constitución garantiza por sobre cualquier otro derecho de propiedad, las inversiones, al punto que en 30 años se perfeccionó una institución que resguarda ese sacrosanto derecho a través del Tribunal Constitucional. ¿Qué pasó entonces? Pasó que todos esos indicadores exitistas vendidos al mundo se hicieron sobre la base de generar una desigualdad extrema. Construida en gran parte a través de una política del abuso y de la impunidad de quienes la practicaban.
Nuestro país es quizá el más liberal en materia de protección a los derechos laborales. Las normas que regulan las relaciones entre capital y trabajo son anacrónicas, limitan el derecho a la negociación colectiva y el derecho a huelga. Es eso lo que ha permitido garantizar certeza jurídica al inversionista. La Paz Social tan vendida por todos nuestros mandatarios en estos 30 años es el reflejo de la desigualdad y la causa de la revuelta de octubre pasado. Usted señor, inversionista extranjero quiere invertir en nuestro país, venga, no tendrá problemas como en otros países. Aquí, existe equilibrio en las relaciones que dan garantías, los sindicatos son débiles, la ley laboral lo garantiza, están limitados a ejercer sus derechos solo en el marco de la empresa, ¡Ah! y si por alguna razón fueran a hacer una huelga, no se preocupe usted señor inversionista puede contratar rompe huelgas, etc. Así, era obvio que cualquier inversionista querría invertir en nuestro país, pues además si se le ocurriera coludirse para estafar, las penas serían muy bajas, clases de ética y algunas multas que finalmente con buenos abogados se terminarían rebajando hasta por el 10% en la Corte Suprema.
Tenemos unos de los PIB per cápita más altos de la región, ¿Qué es el PIB per cápita? Es el PIB de un país (es decir la producción de todos los bienes y servicios de un año) dividido por el número de habitantes. En el caso chileno serían más de doce millones por persona. Una verdadera ironía y burla, cuando la mayoría de los ingresos que recibe un jefe o jefa de hogar por su grupo familiar, tres o cuatro personas, no alcanza ni siquiera la mitad de dicha cifra.
¿Qué es lo que está en juego entonces en la nueva Constitución? Acabar con la desigualdad que es la base para que la democracia realmente sea un sistema donde todos puedan acceder a derechos fundamentales. Cuando la previsión, la educación, la salud, la vivienda, el agua, se han convertido en negocios, la democracia de un país que permite mercantilizar esos derechos, no puede reconocerse como democrático, no tiene derecho. Cuando en un país, 140 individuos concentran un patrimonio equivalente a más de la mitad de todo el producto nacional, ese país está al borde de una confrontación, pues si algo puede explicar esa tan brutal desigualdad, es que unos viven en la opulencia y otros en la más absoluta miseria y explotación.
El mundo mira a Chile, porque recién ahora entendió que las AFP que se promovían como seguridad social al mundo externo eran un fraude que aumenta la pobreza en la vejez. Que la salud y educación chilena eran una mentira construida sobre falsos paradigmas educativos, pues en realidad siempre ha sido el negocio y el objetivo de quienes consolidaron el modelo chileno.
Muchos que observan desde fuera nos miran con expectación. Y no es porque los gobernantes o los políticos chilenos les invitaran. No, es porque un pueblo se puso de pie el 18 de octubre y dijo basta y ha comenzado un camino sinuoso para recuperar lo que le pertenece cuya primera parada es este 25 de octubre.
