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Chile: La despenalización del aborto voluntario no puede esperar más

Hoy hace un mes, el presidente Gabriel Boric se comprometió a presentar un proyecto de ley que ampliaría el aborto legal en Chile. Amnistía Internacional reitera que el Estado debe, a la brevedad, despenalizar el aborto voluntario en toda circunstancia y garantizar el acceso efectivo al mismo para revertir la deuda histórica que tiene con miles de mujeres, niñas y personas que pueden quedar embarazadas.

El marco legal chileno solo permite excepciones a la criminalización del aborto cuando el embarazo pone en riesgo la vida de la persona gestante, cuando sea resultado de una violación o por inviabilidad fetal. El aborto sigue siendo delito en cualquier otra circunstancia.

“Las causales fueron un piso mínimo de protección para la vida de mujeres y niñas; pero la mayoría de los abortos siguen ocurriendo en condiciones inseguras. Es crucial que el Estado chileno respete y garantice nuestra autonomía reproductiva plenamente, sin imposiciones ni restricciones”, dijo Ana Piquer, directora para las Américas de Amnistía Internacional.

Las cifras estimadas por las autoridades apuntan que anualmente se practican entre 30 mil y 150 mil abortos inseguros en Chile al no estar contemplados en el marco legal vigente. De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS), el aborto inseguro es considerado como una de las principales causas de muerte y morbilidad materna.

La prohibición no reduce los abortos, solo genera un entorno de clandestinidad que pone en riesgo la vida de las personas embarazadas y las expone a la criminalización. Las últimas cifras disponibles del poder judicial indican que medio centenar de personas enfrentaron causas penales por aborto en 2023. Todo esto impacta diferenciadamente a quienes padecen desigualdades estructurales como las mujeres indígenas, personas LGBTTTIQAPN+, migrantes y refugiadas, con menos ingresos o que habitan en entornos rurales.

Por el contrario, la despenalización y regulación del aborto salva vidas y garantiza derechos. El Ministerio de Salud de Argentina identificó que las muertes relacionadas con abortos inseguros se han reducido 53% desde que se aprobó la ley que lo reguló como un derecho en 2020.

La formulación y el debate del proyecto de aborto legal en Chile deberán conducirse junto a organizaciones feministas expertas, con base en evidencia, enfoque de derechos humanos y reconociendo los límites y problemas de implementación del marco legal actual. La mayoría de quienes acceden a la interrupción del embarazo por violación son niñas de 13 años. Al mismo tiempo, según información de sociedad civil, casi la mitad de las y los médicos obstetras de los hospitales públicos que practican abortos niegan el servicio por motivos de conciencia cuando se trata de embarazos consecuencia de violencia sexual. La falta de información sobre las protecciones vigentes, la falta de capacitación del personal de salud y el costo económico asociado al procedimiento son otras de las razones que limitan el acceso al aborto seguro bajo las causales permitidas.

“Es deber del Estado resolver esta demanda histórica de organizaciones feministas y de derechos humanos, que tiene como único objetivo garantizar la integridad y autonomía de mujeres, niñas y personas que gestan embarazos no deseados o que ponen en riesgo sus vidas. Esperamos que este anuncio del Gobierno de Chile se materialice en una propuesta y discusión que ponga al centro los hechos, cifras y derechos”, dijo Bernardita Boock, Presidenta Junta Directiva de Amnistía Internacional Chile.

El aborto es un derecho humano por lo que el Estado deberá garantizar las condiciones para que las personas puedan ejercer efectivamente sus derechos sexuales y reproductivos. Entre ellas, combatir el estigma contra el aborto, fortalecer la educación sexual integral, permitir, abastecer y acompañar la interrupción segura con medicamentos, garantizar recursos materiales y de personal para realizar el procedimiento en todas las regiones y a todas las personas que deseen abortar, así como reconocer y proteger a quienes defienden, acompañan, asisten o realicen abortos en el país.

1 de julio 2024

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