Tal como los pronosticaron los últimos informes meteorológicos, la zona centro sur de nuestro país registró abundantes y catastróficas lluvias, las que superaron los 100 mm en muchas localidades de los valles e incluso aquellas cercanas a la costa. En la cordillera y precordillera esas cifras se multiplicaron dos o tres veces.
Es cierto que se trató de un fenómeno meteorológico excepcional y en el que intervinieron muchos factores inusuales tales como, isotermas históricamente altas y la conformación de denominados ríos atmosféricos, sin embargo, podemos afirmar una vez más, que frente a las emergencias seguimos siendo un país básicamente reactivo, a pesar de los esfuerzos en contrario.
A la fecha, el cambio de nombre de la institucionalidad, pasar de Oficina Nacional de Emergencias a SERNAPRED, es hasta ahora sólo un cambio cosmético, aunque debemos reconocer que lo que estamos viviendo es la consecuencia de la muy mala de planificación urbana del estado de muchos años. Los expertos sabían – más que la opinión pública que fue bombardeada con todo tipo de pronósticos- del nivel de precipitaciones, de los puntos críticos, e incluso de las ciudades que sufrirían inundaciones extremas, pero en general – más aún en los grandes centros urbanos expuestos- poco se hizo para prevenir. Probablemente no por falta de voluntad, sino que por falta de recursos o de los tediosos trámites administrativos para contratarlos.
Una emergencia de esta naturaleza representa un problema de seguridad, por tanto, se extrañó un papel más robusto del Ministerio del Interior coordinado oportunamente con las FFAA, con un trabajo y desplazamiento de logística material para rescates oportunas. Sí sabíamos lo que ocurriría en Licantén, por qué los medios materiales no fueron dispuestos con anterioridad en sus cercanías o en el perímetro de Curicó y Talca, ciudades que también sufrieron severos daños.
Pero no sólo hay una responsabilidad estatal al enfrentar situaciones de emergencia, también el sector privado debe hacer su mea culpa. Construir en las cercanías de esteros, quebradas y ríos de poco caudal, es simplemente una irresponsabilidad muchas veces compartida con las direcciones de obras municipales y también debemos decir con subsidios estatales, en muchos casos. Basta de tanto lobby y excepciones, los planos reguladores deben no sólo actualizarse, sino que también fiscalizarse. A nivel individual, la proliferación del uso de cauces pequeños y de ríos como basurales, no sólo es un problema de salud pública, sino que también, representa un potencial riesgo para la infraestructura urbana y vial que afectará la propiedad y calidad de vida de cientos de miles de personas.
Frente a estas emergencias no basta con recurrir al discurso fácil que pide reforzar la educación formal para enfrentar las actuales y futuras emergencias, sino que se requiere un estado con alto nivel profesional y operativo, con un mayor nivel de fiscalización y un sector privado con responsabilidad social. Debemos aprender a hacer bien las tareas y no tomar atajos. Será siempre más sano y barato prevenir que sólo reaccionar ante las emergencias ya en curso.
Carlos Herrera Vicencio Académico de la UCSH
