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Chile: ¿La nueva revolución de octubre?[1] Por Juan-Pablo PALLAMAR

Hace tiempo que los estudiantes secundarios “venían mostrando más sensibilidad histórica e irritabilidad política que cualquier otro sector” (SALAZAR, 2019).[2] Fueron la chispa que encendió el mayor estallido social de Chile de los últimos 30 años. Así y todo, es difícil predecir ahora, durante el curso de un estallido social acéfalo, el rumbo que este seguirá. Se diluirá en los próximos días y semanas o tomará otras formas que le permitan evolucionar hacia otras expresiones. En definitiva, ¿conseguirá el cacerolazo chileno auto superarse, transformándose de un estallido social a una revolución democrática capaz de remecer los cimientos sociales de la desigualdad en Chile?

El estallido del “oasis latinoamericano”

Chile es “un verdadero oasis en una América Latina convulsionada” decía Piñera el 17 de octubre, un día antes del estallido social (COOPERATIVA, 2019), en un programa de televisión matutino al estilo de la brasileña Ana María Brega y su passarinho. Pero el alza de los transportes anunciada por el gobierno es indigesta. El alza llega en un clima de fuerte tensión estudiantil y entre declaraciones gubernamentales crispantes, que ilustran la brecha entre el sentimiento de abuso que sufre la población y lo que el gobierno interpreta. El 08 de octubre, Andrés Fontaine, ministro de economía, decía sobre el alza: “el que madrugue será ayudado”[3]. Pero déjà vu en las calles de Santiago. El 18 de octubre, tras intensas manifestaciones Piñera decreta el “estado de urgencia” (excepción), pone a los militares nuevamente en las calles a 30 años de la dictadura y se ordena el “toque de queda”. Pero a solo 24 horas del estallido social, por TV, anula el alza. Muy tarde. Su política autoritaria crea un efecto búmeran. La revuelta social no va parar más. Había caído en su propia trampa.

Pero su naturaleza de inversionista prevaleció. Apostó al todo o nada, igual que en el casino. Y decidió continuar su libreto del orden, declarando “estar en guerra contra un enemigo poderoso” (interno). Pero es dramáticamente desautorizado por el propio general a cargo del operativo: “no estoy en guerra con nadie”[4]. Los residuos de la autoridad y legitimidad de Piñera se desintegran y el país lo percibe. El 25 de octubre, 4 millones de personas a lo largo de Chile y 2 millones de personas en Santiago se manifiestan. Se abren nuevamente las “grandes alamedas”[5], cerradas una vez más en la historia por la derecha y su estado de excepción. “La marcha más grande”, la protesta del antes y del después, fue la expansión transversal y transgeneracional del movimiento social, remeciendo el sistema político y mediático, y hegemonizando a partir de ahí la calle, el debate y la discusión pública. El movimiento social gana una batalla clave en la única guerra que existe: la guerra de la información.[6] Sin encuestas ni estudios de opinión pública, el clamor de la calle se hace oír: la agenda social anunciada por el gobierno es totalmente insuficiente. Los subsidios gubernamentales son rechazados y se va instalando una voluntad general de cambios de fondo, de modelo económico y político. “Piñera renuncia” y “nueva constitución” emergen como consignas populares.

En todo el país estallan protestas sin organización social ni partido.[7] Y el desbordamiento social trae vandalismo (rabia, acciones politizadas, oportunismo delictual, acciones ambiguas de las policías, etc.) pero también una ola de represión estatal que se difunde por internet, ante el silencio parcial de los grandes medios tradicionales, también cuestionados. “En Chile, lo que no se ve no existe” dice Patricio Guzmán.[8] En la hora actual, el Instituto Nacional de Derechos Humanos (INDH) cifra 1 132 personas heridas en hospitales. La Cruz Roja contabiliza más de 2 500 heridos. Habrían más de 5 mil personas arrestadas desde el 18 de octubre, casi 200 casos de daño ocular (el estudiante Gustavo Gatica perdió los dos ojos) y un funesto saldo de 22 personas muertas (cifra en desarrollo) “en circunstancias no completamente aclaradas” y múltiples denuncias de violencia sexual. De 120 acciones legales en justicia “5 son por homicidio por agentes del Estado, y 94 por tortura, de las cuales 18 tienen connotación sexual” (ESPINA, 2019).[9] A pesar de la represión, la moral del movimiento social no mella. Reina un realismo solidario y popular que lo fortalece: “aún no hemos ganado nada” y “esto no se ha terminado”. El gobierno cambia su discurso (BBC, 2019).[10]

Chile: una ilusión forjada por una casta privilegiada

Chile es insoportablemente desigual. Pequeño país de 17 millones de habitantes, montañoso extendido de sur a norte sobre 5 mil kilómetros, fabrica su renta nacional principalmente con la extracción del cobre (CU, 2017)[11]. Un país centralizado que se gobierna desde Santiago (centro geográfico). Más aun, ¡Santiago concentra el 40% de la población nacional![12] Y entonces, casi la mitad del electorado nacional habita la región metropolitana. Pero Chile no es sólo un país centralizado es también un país con cultura centralista. La mayor parte de la élite política y económica habita ciertos barrios de Santiago como una casta dirigente (endogámica) y detenta no sólo la propiedad del espacio productivo sino también de los paisajes (balnearios costeros o a orillas de lagos, termas, valles cordilleranos, centros de montaña de lujo, etc.). Y las desigualdades socioeconómicas son apabullantes. 1% de la población chilena concentra 33% del ingreso nacional. El PIB per cápita[13] por mes representa U$2 mil dólares ($1,6 millones de pesos o unos R$8,7 mil reales)[14]. Pero la inmensa mayoría, 70% de la población activa, percibe ingresos salariales 3 veces inferiores al PIB per cápita nacional, y 50% percibe ingresos mensuales 5 veces inferiores, unos $350 mil pesos (U$484 dólares o R$1,8 mil reales). El 2018, el Directorio de Información Comercial (DICOM) de Equifax, empresa norteamericana que opera en Chile, registró más 11 millones de mayores de 18 años endeudados en Chile, de los que 4 millones son deudores sin capacidad de pago. Gestionar el salario del hogar es entonces apremiante. ¿Hay entonces una clase media en Chile? Tal vez una minoritaria. Último dato. Cerca de 18 mil personas, el 0,1% más rico, percibe en promedio ingresos mensuales por más de 80 millones de pesos, unos U$113 mil dólares o R$440 mil reales (KREMERMAN, 2018). Chile está además 14 en el ranking de países más desiguales del mundo. El índice de GINI del “oasis” lo posiciona por debajo de Brasil, Bolivia, Rwanda, Togo, Sri Lanka, República Dominicana, entre otros (ONU, 2019). Pero Chile siempre ha sido un país desigual. Y las luchas del pueblo contra la injusticia social han históricamente terminado en baños de sangre.[15]

La desigualdad: el proyecto de poder de la ultraderecha chilena

Durante la dictadura militar no sólo se operó una represión implacable. Guiado por una élite civil formada en Estados Unidos, Pinochet usó la dictadura para imponer sin democracia una refundación nacional: la constitución política de 1980. Reorganiza la sociedad agrícola-patronal, agudizando la concentración social y espacial del capital, y aumentando el lucro privado por medio del “saqueo de los grupos económicos al Estado de Chile” y un proyecto político ultraconservador en lo valórico (MONCKEBERG, 2001). Una reforma de las pensiones[16] acabará con el sistema de pensión solidario. Serán Agencias de Fondos de Pensiones (AFP) que administrarán de forma privada los ahorros previsionales individuales de los trabajadores, para ser reinvertidos en otras actividades económicas. ¿Pero, en qué actividades económicas reinvertir, si el país atraviesa durante los años 1980 una crisis financiera sin precedentes (FFRENCH-DAVIS, 2003)?[17] La privatización es entonces clave. Entre 1985 y 1987, bajo la premisa de la eficiencia del mercado, más de 30 empresas públicas estratégicas fueron vendidas a la propia élite pinochetista (ellos mismos). El Estado pierde más de 1 000 millones de dólares de la época, unos 724 mil millones de pesos de hoy (MONCKEBERG, 2001). El capital nacional es transferido a un puñado de familias. Se funda entonces una ultra-concentración económica. La idea neoliberal oculta así el lucrativo negocio de las privatizaciones. Y, sin embargo, su objetivo principal, por encima del lucro, fue el poder. Refundar la política gracias a la dictadura (monopolio del poder y la fuerza) para imponer una nueva constitución, y así perpetuar un orden social conservador y elitista en el Chile de hoy y de mañana. El legado de la dictadura.

La nueva constitución política de 1980 será la infraestructura de un régimen semidemocrático anclado en un neoliberalismo a la chilena. Y los “enclaves autoritarios” de la constitución no permitirán a las mayorías chilenas gobernar (GARRETÓN, 2003). Un sistema electoral binominal[18] mayoritario garantizó el empate permanente de ambas cámaras legislativas hasta ¡2016!; la inamovilidad de los comandantes en jefe de las fuerzas armadas les dio autonomía e independencia respecto al poder civil;[19] senadores vitalicios designados por el poder judicial, el ejecutivo y las fuerzas armadas intervinieron el congreso;[20] la penalización del aborto; principios privatizadores de la salud, la educación e incluso del agua[21]; y la inexistencia de plebiscitos populares limitó la participación ciudadana. Algunos enclaves fueron con dificultad removidos solo en 2005 por el gobierno de Lagos.[22] Pero hoy, la legislatura está sometida a tres instancias: la cámara de diputados, el senado y el tribunal constitucional. Mecanismos, sobre todo el último, que han favorecido una política obstruccionista de derecha contra los gobiernos de la Concertación y de la Nueva Mayoría, bloqueando una voluntad general afín a programas de gobierno más progresistas.

¿Del estallido a la revolución?

Una revolución podría estar desencadenándose en Chile. No en el sentido de una toma del palacio de gobierno sino en el sentido de una transformación profunda de las estructuras constitucionales que definen la democracia y la economía del Chile de los últimos 40 años. Éste es entonces un escenario plausible. El más temido por las fuerzas conservadoras e institucionalistas y el más deseado por las fuerzas progresistas. Pero el rechazo al establishment y especialmente a los partidos políticos es transversal. Y una salida no institucional alimenta las pesadillas del pasado. Más aun, con el fantasma regional que despierta hoy el golpe en Bolivia (BBC NEWS et PAREDES, 2019).[23]

Durante el estallido, una mesa nacional de unidad social se ha constituido. Ella ha contribuido a la marcha de un proceso de “cabildos abiertos” autoconvocados (asambleas territoriales). Se intenta vertebrar demandas y decisiones desde abajo hacia arriba. Una forma de resiliencia social tras 20 días de protesta y de represión gubernamental. Es una forma de ensayo general de asamblea constituyente. Se abre así un nuevo campo de posibilidades. Pero de nuevo. Piñera, atrasado. Propone diálogos no vinculantes y nuevamente convoca los militares a través del Cosena[24] (FLORES, 2019). Nuevo error.

Muchos desenlaces son posibles. En la calle resuena la dimisión de Piñera. Del fracaso de la apuesta autoritaria y sus graves consecuencias a los Derechos Humanos, germinó la consigna “fuera Piñera”. El presidente se ha defendido de una posible renuncia. Desde un sector de la oposición también se propone adelantar las elecciones generales. Pero van quedando así pocas alternativas y la comunidad internacional presiona (Garzón, 2019).[25] Diputados del Frente Amplio y del Partido Comunista preparan una acusación constitucional contra Piñera pero la oposición no converge en este punto.

En la oposición, las propuestas son diversas. Lo cual ilustra su incapacidad de converger en esta hora crucial del país. Aunque la idea de un plebiscito de consulta popular sobre una nueva constitución y a través de qué mecanismo, tomó fuerza. Y recién el 12 de noviembre la oposición trasversalmente se jugó por esta opción. Sin embargo, requiere una reforma puntual a la constitución que contemple este mecanismo eliminado por la constitución de Pinochet. Una vez más, la trampa de 1980. Se trata de una vía institucional que requiere de los votos del oficialismo (2/3 en cada cámara). 47% de los diputados de derecha y 37% de sus senadores tendrían que sumarse a una oposición unida (ex nueva mayoría más frente amplio). Un escenario que necesita del liderazgo de Piñera en el oficialismo y de la unidad transversal de la oposición. Y el acuerdo se perfila. ¿Habrá letra chica?[26]

En definitiva, no es solo una crisis social. La crisis de la desigualdad ha llevado a una crisis política de la que ningún partido político se libra. Incluso los más nuevos. Es la crisis de la élite, la crisis de la representatividad, la crisis de la soberanía popular. Si bien el detonante fueron los estudiantes, las actitudes también se viralizan. Lo que vino después de la chispa fue una revuelta transgeneracional, transversal y espontánea de la población chilena contra la desigualdad y una democracia secuestrada por las élites. De ahí la furia contra los símbolos del consumo y el recalcitrante rechazo a los partidos políticos y a los políticos. Internet, la sociedad digital, corroe el orden vertical (FENTON, 2012). ¿Viene entonces una democracia más horizontal, más directa? La probabilidad existe. Pero en Chile, como en Brasil tras junho 2013, una ultraderecha oportunista y desinhibida acecha (MEDEIROS, 2015). Los riesgos de un nuevo fracaso institucional de la clase política abren un abismo que podría gatillar en el mediano plazo, una voltereta de la voluntad popular y un cambio radical de escenario. Las fuerzas sociales, progresistas y democráticas (organizaciones sociales, ex Nueva Mayoría, Frente Amplio y derecha no-pinochetista) tienen el deber histórico de converger y dar alternativa a la deselitización y desprivatización de la democracia chilena en el largo plazo.

La población tiene hambre de cambios estructurales. Las consignas “nuevo pacto social”, “nueva constitución” o “asamblea constituyente” crecen. Estudios de opinión pública ratifican los vientos de transformación. Al 04 de noviembre, 85% de las y los chilenos consideraba la nueva constitución una prioridad (por sobre seguridad, educación, salud, etc.) y 75% estuvo de acuerdo con la asamblea constituyente como método (DESOC, CMD et COES, 2019). Pero Piñera, atrás de su ministro Blumel, se abre tímidamente a una nueva constitución. Habla de “congreso constituyente”. Incógnita. ¿Parlamentarios creando la nueva constitución? Otra vez tarde. El movimiento no se calma. Nueva semana, nueva huelga general que sumó ahora los mineros del cobre este 12 de noviembre (SILVA, 2019). El país se detiene. Y por la noche, la esperada alocución del presidente alcanza un récord de audiencia (BIO-BIO et VILLA, 2019). Pero anuncia más policías y repite lo que Blumel había ya dicho el sábado. La oportunidad se pierde. Decepción. La bola de nieve crece. Y así, en la medida que Piñera llega atrasado, la calle, el plebiscito constitucional y la renuncia presidencial hierven: ahora el pueblo chileno decide su camino.

14 de noviembre 2019

Bibliografía:

BBC NEWS et Norbeto PAREDES. « ¿Hubo un golpe de Estado en Bolivia? BBC Mundo consultó a 6 expertos », BBC News Mundo, sect. América Latina, 13 novembre 2019. En ligne au : <https://www.bbc.com/mundo/noticias-...> , consulté le 14 novembre 2019.

BBC, Redacción. « Piñera realiza un cambio en su gabinete para hacer frente a la grave crisis que enfrenta Chile », BBC News Mundo, sect. América Latina, 28 octobre 2019. En ligne au : <https://www.bbc.com/mundo/noticias-...> , consulté le 10 novembre 2019.

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CU, Cooper Alliance. El impacto de la minería del cobre en Chile: Implicancias económicas y sociales para el país, Santiago de Chile, International Cooper Association, 2017. En ligne au : <https://www.procobre.org/es/wp-cont...> , consulté le 14 novembre 2019.

DESOC, Núcleo Milenio en Desarrollo Social, Centro de Microdatos de la Universidad de Chile CMD et Centro de Estudios de Conflicto y Cohesión Social COES. Termómetro social octubre 2019, 4 novembre 2019. En ligne au : <https://b6323ffa-7fb7-4415-b07a-a0a...> , consulté le 5 novembre 2019.

ESPINA, Fernando. « Acciones legales de INDH por violaciones a los DD.HH. en Chile suman 120 », INDH, 29 octobre 2019. En ligne au : <https://www.indh.cl/acciones-legale...> , consulté le 31 octobre 2019.

FENTON, Natalie. « The internet and radical politics », dans CURRAN, James, Misunderstanding the Internet, London and New York, Routledge, 2012, p. 149‑76.

FFRENCH-DAVIS, Ricardo. « Chile, entre el neoliberalismo y el crecimiento con equidad », Nueva Sociedad | Democracia y política en América Latina, no183, février 2003, p. 21.

FLORES, Jonathan. « Contralor Bermúdez evidenció error jurídico de Piñera al convocar al Cosena », BioBioChile - La Red de Prensa Más Grande de Chile, 8 novembre 2019. En ligne au : <https://www.biobiochile.cl/noticias...> , consulté le 10 novembre 2019.

FUENTES, Cristian. « Las responsabilidades políticas y criminales frente a las violaciones a los derechos humanos - Universidad de Chile », Prensa Universidad de Chile, 29 octobre 2019. En ligne au : <http://uchile.cl/u158848> , consulté le 31 octobre 2019.

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MONCKEBERG, María Alicia. El saqueo de los grupos económicos al Estado de chileno, 1re éd., Debolsillo, 2001.

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[1] Colaboraron con este artículo: Mauricio Briceño, Anne Dufau, Josué Medeiros, Alana Moraes, Pablo Pallamar y Ramon Szermeta.

[2] Los estudiantes secundarios tienen nutrida historia rebelde en Chile. Sólo en lo que va de este siglo 21, el mochilazo de 2001, la revolución pingüina de 2006 y el levantamiento estudiantil de 2011 demuestran el rol contestario que este estamento tiene. En el actual alzamiento nacional, fueron la chispa que incendió la pradera.

[3] El gobierno anuncia un alza del transporte, pero una tarifa rebajada entre las 5 y 7 de la mañana.

[4] El general Javier Iturriaga, pariente de Raúl Iturriaga Neummann (ex miembro de la DINA de Pinochet, actualmente en la cárcel por atropellos a los Derechos Humanos), es general de división del ejército. Asume el mando del orden público durante el estado de emergencia.

[5] “Mucho más temprano que tarde, de nuevo se abrirán las grandes alamedas por donde pase el hombre libre, para construir una sociedad mejor”. Las últimas palabras que Salvador Allende pronunció por radio Corporación, durante el bombardeo por la Fuerza Aérea de Chile al palacio de La Moneda en 1973, recobran hoy un profundo sentido histórico, social y político para la gran mayoría de la sociedad chilena.

[6] En estos días, es frecuente ver en los medios de comunicación tradicionales (TV, prensa escrita y radio) enfoques que victimizan las policías. O también enfoques que no cuestionan las fuentes en cuanto a la realización de estimaciones sobre la densidad de los manifestantes en las protestas, minimizando la participación y adoptando, sin explicación periodística, el punto de vista gubernamental. El 25 de otubre, el gobierno informaba inicialmente la concurrencia de 30 mil personas a una protesta que tenía 2 millones, teniendo así que rectificar debido a la influencia de internet e de las redes sociales en la formación de una opinión pública. Se intenta instalar la idea de fracaso o éxito del movimiento social o del gobierno, dependiendo del actor, en función de estimaciones sobre la densidad de las marchas o, como es habitual, una cobertura enfocada sobre una parte de la violencia: la vandálica. Atrás parecen quedar las otros dimensiones del movimiento social, así como invisibilizada, y con un dejo de desinformación, la violencia represiva y a veces ambigua del Estado (dureza de la represión, detenciones al interior de domicilios, agentes civiles generando desorden, etc.).

[7] A diferencia de las movilizaciones estudiantiles de 2001, 2006 0 2011 en Chile, el cacerolazo chileno 2019 no se vertebró a través de centros de estudiantes, ni de federaciones, ni de sindicatos. Su explosión fue el resultado de una convergencia espontánea de individuos y microgrupos organizados.

[8] Cineasta documentalista, autor de la Batalla de Chile, Nostalgia de Luz y La Cordillera de los Sueños dentro de una vasta obra dedicada a la memoria.

[9] La Defensoría Jurídica de la Universidad de Chile señala haber recibido más de 600 denuncias relacionadas a “casos que van desde detenciones ilegales y faltas al debido proceso hasta impactos de proyectil, golpes con lesiones graves y desnudamientos, entre otros” (FUENTES, 2019).

[10] Solo tras 10 días de protestas Piñera realiza un cambio de gabinete sin efecto sobre el movimiento social. El gobierno llega tarde.

[11] Coopera Alliance señala que “entre 2003 y 2016 las exportaciones del metal promediaron un 51% del total de envíos al exterior”.

[12] Casi 7 millones de personas habitan la capital o región metropolitana.

[13] Producto interno bruto por habitante. En Chile, alcanza los U$25 mil dólares (unos 19,5 millones de pesos chilenos o R$104 mil reales brasileños al año).

[14] Tasas de cambio correspondiente a la semana del 28 de octubre 2019.

[15] La represión estatal por parte de las fuerzas armadas (policías y ejército) ha sido protagonista de numerosas matanzas con final funesto para la protesta popular y sus reivindicaciones sociales de población marginalizada. Mencionemos algunas como la matanza de la Escuela Santa María de Iquique el 21 de diciembre de 1907 o en 1925: 2 a 3 mil muertos; la matanza de la huelga general de obreros también del salitre en la pampa del Tamarugal (norte de Chile) reprimida por el ejército: se estiman 2 mil obreros muertos. Abril 1957, las protestas contra el alza del transporte que terminan en una veintena de muertos, en un escenario similar al actual.

[16] Reforma diseñada y operada por José Piñera, hermano de Sebastián Piñera, economista de la PUC y Harvard, ex ministro del trabajo y previsión social de Pinochet.

[17] El economista Ricardo Ffrench-Davis señala que “con la crisis los sectores productivos, incluida la agricultura, la industria y la construcción enfrentaron quiebras masivas” y que la dictadura incluso estatizó deudas privadas, distribuyendo con “sesgo notorio” subsidios ventajosos a los sectores de altos ingresos con dinero del erario al sector privado, pero conservando “una posición dura frente a las organizaciones laborales y populares”. Se trata así de una crisis que favoreció una purga de la economía que favoreció una reactivación y una redistribución favorable a la élite económica chilena.

[18] Sistema binominal. Se escogen dos escaños por distrito electoral: uno de la lista más votada y otro de la segunda lista más votada. Resultado: un escaño para cada lista si es que no se consigue doblar la segunda lista. Se produce una tendencia estructural al empate.

[19] Tras el regreso a la democracia en 1989, Pinochet aun comandante en jefe de las fuerzas armadas hasta 1996, amenazó y demostró su poder en varias ocasiones, sacando los militares a las calles: ejercicio de enlace e 1990, el boinazo en 1993 o envío sin consulta al gobierno de Frei del envío de un avión de la fuerza aérea a Londres durante la detención de Pinochet por el juez Garzón.

[20] Así fue como Pinochet fue asumió en 1996 un cargo de senador vitalicio tras retirarse de la comandancia de las fuerzas armadas.

[21] Número 24 del artículo 19 de la constitución política de Chile: “los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos”.

[22] Sistema binominal, senadores designados e inamovilidad de los comandantes en jefe de las FFAA.

[23] Luego de un controvertido proceso electoral, el recién pasado 10 de noviembre 2019, Evo Morales, presidente de Bolivia, renuncia a la presidencia y parte al exilio, luego de que los militares lo emplazaran mediáticamente a hacerse a un lado del poder. El país se encuentra actualmente desestabilizado e interrumpido el régimen constitucional. Una dura represión policíaca se toma las principales ciudades del centro andino de Bolivia.

[24] Consejo de Seguridad Nacional (Cosena). Órgano del Estado que reúne al presidente de la República, presidentes del Senado, Cámara de Diputados y de la Corte Suprema; comandantes en jefe de las Fuerzas Armadas; general director de Carabineros, y el contralor. Su función es coordinarse cuando existe riesgos para seguridad nacional frente a amenazas externas.

[25] Aunque Baltasar Garzón, “el juez español que ordenó la detención de Augusto Pinochet en Londres el 16 de octubre de 1998” como se presenta en una carta pública dirigida a Piñera, le advierte “que las violaciones de los derechos humanos que se están cometiendo y los crímenes perpetrados en contra de la población civil, esta vez no quedarán en la impunidad porque, además de la Fiscalía de Chile y del Instituto Nacional de Derechos Humanos, existe la Jurisdicción Universal, existe la Corte Penal Internacional, el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y una comunidad internacional atenta y vigilante, que no permitirá que en Chile se vuelvan a repetir los horrores del pasado”. Ver: ¿Qué está pasando en Chile? Por Baltasar Garzón.

https://www.infolibre.es/noticias/opinion/plaza_publica/2019/10/23/que_esta_pasando_chile_100155_2003.html

 

 

[26] Expresión que se refiere a los excepciones jurídicas de un contrato que pueden llegar a desviar el sentido original de un acuerdo, una norma, un contrato o una ley.

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