En América Latina, hablar de tributación es, en muchos casos, hablar de tensiones históricas. La relación entre los organismos fiscalizadores y contribuyentes está marcada por la desconfianza, la percepción de desigualdad en el trato y la falta de instancias independientes que velen por los derechos de las personas frente al poder de las administraciones tributarias.
Sin embargo, ha emergido con fuerza una convicción transversal: no es posible construir sistemas tributarios modernos, eficientes y legítimos si no se integran, en el corazón mismo de su funcionamiento, los principios de equidad, transparencia y protección de derechos.
En Chile, un proceso de reforma tributaria permitió avanzar con la implementación de la Defensoría del Contribuyente (Dedecon), que inició sus funciones en febrero del 2022. La Dedecon fue creada como un organismo público y autónomo de la autoridad fiscal, que ofrece en forma gratuita servicios como defensa administrativa y judicial; educación y acompañamiento tributario de emprendedores; desarrollo de informes técnicos que identifiquen problemáticas en el sistema tributario, entre otras funciones.
Durante este tiempo de trabajo, la Defensoría del Contribuyente ha recibido más de 4.600 solicitudes por algunos de los siete servicios tributarios gratuitos que entrega, resolviendo distintas problemáticas que afectaban los derechos de los contribuyentes. Además, ha logrado llegar a más de 17 mil personas de distintas ciudades del país, con charlas, capacitaciones y operativos en terreno, resolviendo dudas, orientando y ayudando a legalizar y fortalecer sus negocios.
Estos datos permiten un análisis desde dos puntos de vista. Por un lado, el alza sostenida de quienes han golpeado las puertas de la Defensoría demuestra que las y los contribuyentes se están empoderando para hacer valer sus derechos con el respaldo de un organismo público y especializado en materia tributaria. Por otra parte, se evidencia la necesidad de requerir educación tributaria, con un lenguaje claro y simple que ayude al entendimiento de los procesos y las materias de un sistema que, muchas veces, es complejo de entender para el común de las personas.
A nivel latinoamericano existen pocos servicios públicos especializados tanto en la defensa de los derechos de los contribuyentes como en la promoción de la educación y el acompañamiento tributario. De ahí que algunas naciones de la región han mostrado especial interés en conocer de cerca el caso chileno. Ya hemos contado con visitas de representantes del Banco Mundial, de la Dirección General de Ingresos de Panamá y de la Superintendencia de Administración Tributaria de Guatemala, quienes han visto a la Defensoría del Contribuyente de Chile como un referente a nivel latinoamericano en esta materia.
El modelo de la Dedecon demuestra que el cumplimiento tributario no puede entenderse únicamente desde una lógica recaudatoria, sino que debe estar sustentado en la confianza mutua entre la ciudadanía y los organismos fiscalizadores. En ese marco, la defensa de los derechos de las y los contribuyentes ocupa un lugar central en el desarrollo de un Estado moderno, serio, transparente y justo.
Al promover que los derechos de los contribuyentes tienen que ser respetados, se fortalece la percepción de legitimidad y se impulsa una cultura de cumplimiento tributario responsable y democrática, que resulta mucho más sostenible en el tiempo.
El hecho de que instituciones como el Banco Mundial, y que países como Panamá y Guatemala miren hacia Chile en busca de buenas prácticas, es revelador. Habla, por un lado, de los avances que ha logrado la Dedecon en tan poco tiempo, y, por otro, de la necesidad regional de contar con organismos similares. En países donde el debate tributario puede estar afectado por la desconfianza, la posibilidad de tener instituciones defensoras de los contribuyentes aparece como una pieza clave para recomponer la confianza en torno a los impuestos y la autoridad fiscal.
Es importante subrayar que este proceso de internacionalización no sólo beneficia a quienes miran la experiencia chilena desde afuera. También fortalece a la propia Dedecon, que al interactuar con instituciones homólogas -o con áreas estratégicas de las administraciones tributarias- recoge nuevas miradas, detecta desafíos comunes y amplía su capacidad de incidencia. La cooperación internacional, en este sentido, es un círculo virtuoso: Chile aporta su experiencia, pero también recibe aprendizajes que enriquecen su labor.
Lo que está en juego en estas conversaciones, incluso, trasciende lo técnico. Se trata, en el fondo, de la consolidación de una idea pública del lugar que ocupan los derechos en la cultura contributiva. Defender al contribuyente no es un capricho ni un lujo, es un deber de los Estados modernos. Allí donde los derechos se protegen, la recaudación se hace transparente y justa, porque la gente sabe que cumple sus obligaciones dentro de un marco democrático, con reglas claras y con la certeza de que no está indefensa frente al aparato fiscal.
Promover la defensa de los derechos de las y los contribuyentes en Chile como en el resto de los países de Latinoamérica, no es casualidad, es el resultado de un trabajo sostenido, de una convicción profunda y de la capacidad de demostrar con hechos, que la defensa de los derechos tributarios de las personas no debilita al Estado, sino que, al contrario, lo fortalece.
Ricardo Pizarro Alfaro
Defensor Nacional del Contribuyente de Chile
