Recientemente se hizo pública la noticia que nuestro país a través del Gobierno de José Antonio Kast tomó la decisión de no adherir a una declaración sobre derechos LGBTIQ+ en la OEA, lo cual marcó un precedente y una crítica a la idea de los derechos humanos dada la preferencia sexual de un individuo, viniendo a cuestionar indudablemente la noción de Estado laico. Recordemos que el año 2025 se conmemoraron los 100 años en que el Estado chileno se separó oficialmente de la Iglesia Católica. Por tanto, la abstención de nuestro país en la OEA producto de la temática esbozada tensiona obligatoriamente las categorías de religión, política, libertad, tolerancia, laico y confesante.
En primer lugar, hemos de recordar que Chile es un Estado laico tras el establecimiento de la Constitución de 1925, carta magna de inicios de siglo XX que separó definitivamente a la Iglesia Católica Romana del Estado chileno, por consecuencia, se consolidó constitucionalmente la libertad de religión, libertad de creencias y no creencias propiamente tal, en otras palabras, una apertura a la libertad de conciencia en materia religiosa. Por otro lado, es importante tener claro que un gobierno no debiese tener incidencia alguna en la moción a favor en contra de una temática valórica discutida en un país o representación de este último, sin duda, sería encallar la idea de laicidad y libertad personal. Es probable que esta delimitación constitucional allá sido cifrada por la representación de nuestro país en la OEA con la aprensión y justificación de mantener distancia de la diversidad sexual, algo que la ciudadanía juzgará a la luz de los fundamentos teóricos, conceptuales y sociales de nuestra nación al final del día.
En segundo lugar, se trata de una postura que contrasta con la línea seguida por administraciones anteriores, incluido el segundo gobierno del expresidente Sebastián Piñera, que sí respaldaron este tipo de iniciativas en el plano internacional. Por tanto, las críticas no tardaron en surgir. Fundación Iguales cuestionó la decisión del actual Ejecutivo y acusó un retroceso en la política exterior chilena en esta materia. La denuncia se conoció a partir de antecedentes entregados por el exembajador de Chile ante la OEA, Tomás Pascual Ricke, quien aseguró que el país decidió no sumarse a la Declaración del Grupo Núcleo LGBTI+, instancia que reúne a Estados comprometidos con la promoción y resguardo de estos derechos en el continente. Desde la organización advirtieron que la determinación no corresponde a un trámite administrativo, sino que constituye una señal política con efectos tanto a nivel interno como internacional, pudiendo incidir en la percepción del compromiso de Chile con los derechos humanos. De esta forma, Fundación Iguales hizo un llamado al Ejecutivo a reconsiderar su postura y retomar la línea histórica del país en esta materia dentro de los espacios multilaterales.
En tercer lugar, este es un hito que no ocurría hace 15 años, según denunciaron desde Fundación Iguales. En términos muy concretos, en la instancia donde Chile se abstuvo se analizó la declaración del Core Group LGBTIQ+ para promover la protección de sus derechos, lo que provocó que los representantes nacionales se distanciaran por aprensiones de texto. En este sentido, a dichos representantes de nuestro país les habría parecido que el texto, tal como estaba, en vez de unir a la región, generaba división, claro, olvidando que “divide” a un grupo y deja conforme a otro, en otras palabras, se preserva la democracia y valor de la libertad solamente para un segmento de la sociedad civil, a mi juicio, un error no forzado, o simplemente de entrada una agravante que queda en evidencia para el presente gobierno del presidente José Antonio Kast a días de haber arribado al Palacio de la Moneda.
Por último, resulta pertinente reflexionar sobre algunas interrogantes que surgen a modo de conciencia y libertad social dada la problemática expuesta. ¿Es Chile un país conservador en materia valórica y liberal en materia económica? ¿Es viable aquello en sociedades modernas? ¿A qué le tiene miedo, aprensión o temblor el gobierno de José Antonio Kast en materia valórica? ¿Será que su proyecto de gobierno está más preocupado de gobernar con la biblia y mantener gozosos a esos feligreses cristianos que ven en su figura una especie de Mesías que preservará al precio que sea los “axiomas cristianos” en el espacio público? ¿Es correcto que la representación de un país (Chile) se abstenga de la aprobación de la declaración LGBTIQ+ en la OEA? ¿Qué efectos conlleva aquello para la idea de democracia, libertad personal, religiosa y de conciencia propiamente tal? Tal vez, necesitamos volver a repensar la idea de tolerancia, autonomía y libertad, de lo contrario, un gobierno podría verse tentado a cercenar estas categorías en pro de políticas públicas, reglas constituciones y políticas de exterior de representatividad por meras reflexiones propias que, indudablemente, terminan ahogando el rol del Estado, uno de velar y gobernar para toda la ciudadanía, jamás dando atisbos de cuidado y validación exclusivamente a un segmento de la población, por ahora, una interrogante que el gobierno de turno deberá aclarar a la brevedad.
Benjamín Escobedo Araneda
Estudios de Doctorado en Historia
Historiador, Columnista, Escritor
Secretario Ejecutivo de la Sociedad de Historia de las Iglesias Protestantes y Evangélicas de Chile.
