Desde varios meses que hemos estado siendo informado del gran escándalo en que políticos y empresarios, han estado desangrando las arcas fiscales de nuestro país, usando el mecanismo entre otros la emisión de boletas falsamente emitidas, obteniendo de esta forma el financiamiento de sus campañas políticas y presidenciales, a lo cual adicionando los discursos populistas con que plantean sus postulados se comprometen como objetivo defender los intereses de sus representados, sin precisar por supuesto, si esta defensa es para aquellas empresas que financian sus campañas, o hacia aquellos modestos ciudadanos que se dejan embaucar por sus "encantadores liderazgos".
Sobre la base de lo anterior, sería interesante preguntar ¿ Hasta qué punto las leyes propuestas por estas autoridades, muchas de ellas aprobadas en el parlamento, efectivamente han favorecido a la gran masa de la población?, ejemplos hay muchos, las leyes mineras, la ley de pesca por citar algunos, donde venimos escuchando cuestionamiento de la ciudadanía por la entrega de los recursos naturales a grandes empresa nacionales y transnacionales, lo cual obviamente es para pensar que algo paso en estas tres últimas décadas en nuestro país y quizás el proceso de corromper en forma transversal a todos los sectores políticos fue su inició a contar de los 90 como una estrategia cuyos objetivos quizás sean los resultados que hoy todo conocemos, el desprestigio de la clase política, ayudando para ello la ambición y ansias de poder de quienes han sido investigado e imputados en estos casos.
Lamentablemente quedan aún muchas dudas respecto al trasfondo de estas operaciones, dudas que solo el tiempo nos podrá dar la respuesta. No obstante lo anterior, lo bueno está que los procesos siguen su curso y la Fiscalía Nacional continua trabajando incansablemente para esclarecer los hechos, bajo la dirección del Fiscal Sabad Chahuan, quién junto a fiscales honestos y transparentes como por ejemplo los fiscales Gajardo y Norambuena , por citar algunos, quienes están dejando un legado en lo que respecta a la forma de hacer justicia y enfrentarse a los poderosos, con la solo arma de la verdad y la transparencia - correspondiéndole a ellos bajar el telón de esta larga teleserie con la que se espera culmine con la aplicación de sanciones ejemplares a quienes resulten culpables.
No obstante los anterior, la actual administración ha enviado algunos proyectos de ley al parlamento, que permitan mayor transparencia y probidad en el aparato estatal, fortaleciendo los controles, evitar el tráfico de influencia entre otros, sin embargo, es inconcebible que hasta la fecha no se haya nombrado el reemplazante del salido Contralor General de la República Ramiro Mendoza, para lo cual este nombramiento no puede dilatarse más
Pero cuando parecía que los actos de corrupción ya denunciados estaban a la espera de diligencia que apuntaran al termino de las investigaciones, la semana que pasó, fuimos nuevamente asombrados por otro escándalo conocido como el caso ¨milicogate¨ donde se denuncia un defalco iniciado a partir del año 2010 y que continuo hasta marzo 2014 donde el ejército a través de su Comandante en Jefe, admitió al entonces Ministro de Defensa Jorge Burgos, hoy Ministro del Interior, que la institución castrense había pagado cientos de facturas falsas no reconocidas por el Servicio de Impuestos Internos, involucrando en esta operación en primera instancia a un cabo y coronel de ejército en servicio activo, operación que significo la desaparecieron de millones de dólares, cuyos recursos provienen de la ley reservada del cobre, investigación que está en manos de la abogada Paola Jofre de la VI Fiscalía Militar, para lo cual espera la ciudadanía cumpla el rol del nivel de los fiscales que están investigando el caso Penta, Soquimich, Caval etc., ya que este hecho es de la máxima gravedad como lo expresara el actual Secretario General de Gobierno.
Pero lo más grave aún que por este acto de corrupción, nuevamente se ponga a la palestra la discusión en cuanto a derogar la ley reservada que le otorga a las Fuerzas Armadas el 10 % de las ventas de cobre , precisando en todo caso que corresponde a solo a la ventas de Codelco donde se excluye a las empresa mineras privadas.
Cabe señalar que en la anterior administración de la Presidenta Bachelet, se presentó un proyecto de ley para derogar dicha ley reservada, la que pareciera ser a primera vista una buena iniciativa, sin embargo, para aquellos que no conocen en profundidad el tema, la derogación de esta ley reservada, solo le pavimenta el camino a los privatizadores que por varias décadas han tenido apetito de privatizar Codelco, y no lo han hecho porque esta ley se lo impide, ya que, aunque aparezca una contradicción ideológica, los únicos garantes que Codelco siga en mano del estado son la fuerzas armadas, así como se protege la soberanía nacional ante eventuales tentaciones externas territoriales, también es rol de proteger la soberanía interna en cuanto a nuestros recursos naturales que en el caso de Codelco desde el año 1971 y gracias a la promulgación de la ley Nacionalización del Cobre durante el gobierno de Salvador Allende, todavía se puede decir que el cobre es el sueldo de Chile a pesar que Codelco Chile produce menos de un tercio de la producción cobre del país, sin embargo , aporta tres veces de lo que aportan las transnacionales al país a las arcas fiscales. Finalizo este artículo con la siguiente reflexión ¨Qué pasaría si el cobre volviera a ser chileno, considerando que las empresas transnacionales anualmente se llevan de utilidades por explotar nuestro cobre más de 30 mil millones de dólares¨
Nelson Aquiles Soto Aguilera
Ex Consejero Nacional
Federacion de Trabajadores del Cobre
Los Andes 16 de Agosto 2015
