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Chile: violencias sociales. Por Ángel Saldomando

El tema de la seguridad y de la violencia está creciendo en toda América Latina. En Chile, pese a ser el país más seguro de la región, según los índices de criminalidad, la sensibilidad en el tema ha crecido de manera exponencial, generando una mezcla explosiva. La derecha instrumentaliza el tema sin pudor, buscando imponer formas de control social basadas en la represión que no disminuyen la delincuencia, pero si aumentan la rigidez del orden social que consideran amenazado. Los progresistas no atinan ni en el diagnóstico ni en la acción, presionados por la derecha y su propia ignorancia.

Los medios de comunicación aumentan la victimización y la sensación de inseguridad, para lo cual hay combustible, en los últimos años ha aumentado la delincuencia en variadas formas, los asesinatos y el crimen organizado vinculado al narco. Todo esto aumenta la victimización de la población. En paralelo, situaciones sociales que generan tensiones: como la emigración descontrolada, la marginalidad social, no asumida en el relato exitista de las elites, la desigualdad brutal y el desapego social, mezcla de anomia y nihilismo de las capas populares, particularmente de los jóvenes, configuran un contexto que dificulta una lectura coherente y constructiva del problema. De allí que se genere confusión, discursos histéricos, sazonados con ignorancia y prejuicios, y medidas más efectistas que consistentes con una visión de proceso y resultados. Sin embargo, la experiencia entrega algunas premisas indispensables para enfrentarlo.

Lo primero es no hacer una amalgama simplista entre violencia y delincuencia. Si bien la transgresión de la ley (el delito) puede tener formas violentas, no siempre es así, como los delitos de cuello blanco y la corrupción que son bastante más costosos financieramente para la sociedad. La violencia por su parte, es un modo de expresión de la conflictualidad de las relaciones sociales, se construye socialmente con actores en los que la violencia es un modo de acción, de lenguaje y estética de la conflictualidad, a veces reveladora del malestar social y sus conflictos, como el estallido social, por ejemplo. Evidentemente el problema se complica cuando ello se asocia con la delincuencia en territorios marginados y en descomposición social. Allí la violencia es incluso un modo de organización de la vida social. Como ocurre en favelas, barrios marginados etc.

De lo anterior se desprende que es necesario tener diagnósticos y datos que orienten la acción, identificando los tipos de violencia, sus modos de expresión, sus actores, su relación con la delincuencia y su inserción y organización territorial. Se trata de intervenir todos los eslabones de la cadena, desde el territorio hasta la penalización y el sistema carcelario. Esto es lo que en el debate y en las políticas no aparece. Y si existe no se conoce.

La acción pública y la presencia del estado solo puede desplegar medios, adquirir consistencia y permanencia en el tiempo a partir de esa planificación, de abajo hacia arriba, en vez de saltar de una medida a otra bajo la presión de la actualidad. Por citar un ejemplo, una experiencia en Escocia, considerada exitosa, tiene 10 años. La lista de fracasos es también grande en muchos países. Por otro lado, la formación de funcionarios entrenados en el terreno es indispensable, además de tener absoluto dominio de la estrategia que se aplica, otro aspecto que se echa de menos. Menos gente de escritorio y más de terreno es absolutamente necesario.

Las policías no pueden ser toda la solución, no lo son en ninguna parte, y solo pueden tener éxito como parte de un plan integral, que incluye a otras instituciones. Los órganos de investigación y represión tienen que estar coordinados en función del plan general, los objetivos definidos y los tipos de violencia, de actores y territorios identificados. En otras palabras, un policía de tránsito no puede intervenir en la aplicación del plan en las zonas críticas, un fiscal generalista no será útil, una inteligencia de terreno es fundamental, así como equipos especializados. La ausencia de estos dispositivos desemboca en la urgencia de una acción del Estado, desesperada, violenta y generalizada para reprimir y controlar territorio a la Bukele en El Salvador o las incursiones militarizadas en Brasil, donde mueren generalmente inocentes. La discusión que ha desembocado, una vez más, en dotar a carabineros de medios materiales y dispositivos legales, es más de lo mismo sin todo lo que hace falta. Por lo demás, la propia institución sufre de un triple problema, crisis interna, inadecuación al problema y carencia de planes, por lo menos conocidos, que reorganicen su estructura y su adecuación a las nuevas necesidades.

Chile aún está a tiempo de corregir con éxito muchos años de ineficacia e indolencia oficial, pero el retraso seguirá aumentando los costos, el sufrimiento ciudadano y la propia violencia que se quiere disminuir. El escenario catastrófico a evitar es la inserción estructural de la violencia en todas sus formas, actores y espacios, como ha ocurrido en México, Centro América, zonas de Argentina, Brasil, Ecuador por citar situaciones críticas muy conocidas.

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