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Chile y América Latina no están obligados a aceptar un rol subalterno en el mundo. Por Carlos Monge Arístegui

¿Será que Chile, en verdad, no tiene a su alcance otras opciones que la de ser socio menor y vagón de carga del trumpismo o convertirse, en su defecto, en coadyuvante o aliado del narcotráfico y el crimen organizado? Un informe de la CEPAL ofrece algunas pistas para ayudar a escapar a esta trampa binaria.

Vivimos días de intensas presiones en los que se le recomienda a Chile que se pliegue sin reservas a la llamada Coalición Americana contra los Cárteles (A3C), una iniciativa promovida por el gobierno de Donald Trump, en una conferencia de seguridad llevada a cabo en la sede del Comando Sur de Estados Unidos (Southcom) en Miami Dade, entre el 4 y el 5 de marzo pasado.

El texto fue firmado por 17 países: Estados Unidos (como país anfitrión), Argentina, Bahamas, Belice, Bolivia, Costa Rica, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Guyana, Honduras, Jamaica, Panamá, Paraguay, Perú, República Dominicana y Trinidad y Tobago. Vale decir, algo así como la mitad de los 33 estados que conforman el espacio al que usualmente se identifica como Latinoamérica y el Caribe. Con la notable excepción de Brasil y México, dos países que concentran más del 50% de la población de la región, y entre un 60 y un 63% de su PIB total.

Con posterioridad, se sumaron al A3C otros dos países: Chile, que firmó su adhesión el 12 de marzo de 2026, en Santiago de Chile, a través del recién designado ministro de Defensa del gobierno de José Antonio Kast, Fernando Barros, al suscribir una declaración conjunta de esta alianza, y Colombia, que se integró posteriormente, en agosto del presente año, como el miembro número 19 de la coalición.

Sigue pendiente, no obstante, definir cuáles serán las modalidades de la participación de Chile en esta entente que se supone no tiene otros fines que los de combatir al narcotráfico y a sus expresiones secundarias (lavado de dinero y otras), a nivel hemisférico. Aunque ha trascendido de forma extraoficial que existirían sectores de las Fuerzas Armadas que se resistirían a transformarse en herramientas de una estructura semipolicial que depende en última instancia del Pentágono, que fue donde se originó esta idea.

Además de la confusión de funciones, esto implica en sí mismo un riesgo para la soberanía y la autodeterminación de los países comprometidos en este pacto ya que sus alcances y propósitos finales son, hasta ahora, al menos, bastante difusos. Y a medida que más información trasciende sobre este asunto, persisten dudas legítimas que no han sido aclaradas.

Una ruta llena de idas y venidas

En el caso de Chile, el enredo y la opacidad ha sido, además, el signo dominante. De entrada, Barros asistió a la reunión de carácter ministerial en Florida donde se gestó el acuerdo, pero mal pudo haberlo firmado ya que no era todavía funcionario público, dado que Kast recién asumió como Presidente el 11 de marzo. Y luego, sí, recién nombrado, puso su firma al pie del texto, como oportunamente se lo recordó en agosto de este año el embajador de EE.UU. en Chile, Brandon Judd, en un gesto, digámoslo, bastante apartado de las tradicionales prácticas diplomáticas.

La saga del A3C continuó luego con una nueva cumbre, realizada el 26 y 27 de octubre de 2026, en República Dominicana y fue encabezada por el Presidente de ese país, Luis Abinader, en conjunto con autoridades del Departamento de Defensa y Seguridad de los Estados Unidos. Participaron en ella ministros y altos representantes de defensa y seguridad pública de 19 naciones del continente, además de delegaciones en calidad de observadoras.

El objetivo central de estas jornadas fue avanzar en la definición del plan estratégico operacional de la coalición, el diseño de la carta de gobernanza, y el fortalecimiento de los mecanismos de intercambio de inteligencia y patrullajes marítimo-aéreos contra el narcoterrorismo y las redes del crimen organizado transnacional, según lo que se informó oficialmente.

Como el contexto en el que se da todo esto es en el de una administración estadounidense que viene dando desde comienzos de este año evidentes signos de una redoblada agresividad a nivel regional, dentro de lo que los expertos denominan una “diplomacia coercitiva”, es natural que no pocos analistas se pregunten si acaso esta supuesta “estrategia antinarco” no esconde simplemente la intención de reafirmar y proyectar poder a nivel hemisférico, cuando la prevalencia de EE.UU. como poder hegemónico está siendo cuestionada a nivel global.

Por lo pronto, lo que en Chile se observa, en cualquier caso, es la existencia de un aceitado y potente lobby que promueve la adscripción a este acuerdo prácticamente sin bemoles ni limitaciones de ningún tipo. Un claro ejemplo de ello es un reciente artículo del exoficial naval Richard Kouyoumdjian, integrante y cofundador de AthenaLab, titulado “Razones para adherirse al A3C”.

En él se indica, entre otras cosas, que: “Está claro que Chile se debe adherir a iniciativas regionales contra el crimen organizado transnacional. La coalición contra los carteles de las Américas conocida como A3C cumple con esa definición y por ende es algo a lo que nos deberíamos sumar. De cara a la opinión pública sería difícil defender el caso de que, habiendo sido invitados a integrarla, rechacemos la invitación. El combate al crimen organizado es una prioridad de carácter nacional”. Y dado que la delincuencia adquiere cada vez más un componente transnacional, es prioritario coordinarse “si queremos ser efectivos y exitosos”.

Se recuerda, además, que Chile firmó en mayo del 2026 el Compromiso de Santiago que apunta a combinar “esfuerzos en el combate al crimen organizado en el Cono Sur de Sudamérica”. Y que este fue un acuerdo inicialmente firmado por Chile, Perú, Argentina, Bolivia y Ecuador, al luego se sumaron Uruguay y Paraguay, en lo que el columnista define como una acción “complementaria al A3C”.

“La pregunta fundamental -añade luego- es por qué el tema del A3C produce ruido y enreda a los chilenos”, Y reconoce a continuación que hubo una desprolijidad de origen en el manejo de todo este tema. “El problema es que la seguridad y en particular el tema del crimen organizado no es algo que se vea en Defensa, quienes habían sido hasta ahora los que veían todo lo relacionado al A3C. Claramente un error que duró demasiado tiempo, y que además estuvo ayudado por el enfoque militar inicial del A3C”.

Pero, a renglón seguido, subraya que documentación entregada al gobierno chileno por el Southcom “resolvió mayormente las dudas que teníamos” y se observa que “no afecta la soberanía como tampoco implica enviar tropas nacionales al exterior como recibir extranjeras en territorio nacional”. En consecuencia, “estarían dadas las condiciones para incorporarse y firmar”. Al mismo tiempo que nos recuerda que “en la reunión de Republica Dominicana se les dio a todos los países 30 días para decidir si se van a incorporar”. El reloj, por lo tanto, está corriendo. Y si no se acepta la propuesta de Trump “sólo gana el crimen organizado”. Y se corre el riesgo de “ser el patio trasero de los narcos”.

El peligro de una opción binaria

¿Será que Chile, en verdad, no tiene a su alcance otras opciones que la de ser socio menor y vagón de carga del trumpismo o convertirse, en su defecto, en coadyuvante o aliado del narcotráfico y el crimen organizado? Estimamos, ciertamente, que no es así y echaremos mano en nuestro auxilio de un documento divulgado en agosto de este año por la CEPAL, y que injustamente no ha tenido el destaque en el debate público que, sin duda, se merecía.

Se trata de un informe coordinado por los exmandatarios de Chile y Colombia, Michelle Bachelet e Iván Duque, asesorados por un grupo de expertos, y que, bajo el título de “Rupturas y oportunidades. Propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica”, propone una hoja de ruta para navegar y escapar, en la medida de lo posible, de las incertidumbres y las tensiones que nos depara a diario la cada vez más intensa pugna interhegemónica entre EE.UU. y China.

Dada su relevancia, y sin ánimo de agotar sus múltiples dimensiones y sugerencias, se ha creído oportuno reseñar aquí algunos de sus contenidos esenciales, buscando incentivar la lectura de un texto que nació del encuentro de miradas diversas (Bachelet desde la izquierda y Duque, desde la derecha), pero convergentes en cuanto son capaces ambas de generar un diagnóstico común del actual estado de cosas en la región, y a partir de allí formular propuestas superadoras que trascienden a visiones políticas cerradas.

En su parte medular, el informe “presenta un marco conceptual que identifica ocho rupturas que están transformando el orden mundial y desarrolla cuatro escenarios prospectivos para analizar sus posibles trayectorias”. Luego, a partir de una revisión y enumeración de “los activos estratégicos de América Latina y el Caribe, examina las oportunidades de desarrollo e influencia internacional de la región y propone hojas de ruta para aprovecharlas, reconociendo la diversidad de países, subregiones y estructuras productivas”.

Y en el plano internacional, a contrario sensu de las voces que se alzan para exhortarnos a tomar algún bando dentro de la disputa a nivel de superpotencias, se plantea como urgente y necesario “fortalecer los márgenes de acción y la capacidad de negociación mediante un enfoque de no alineamiento activo, reafirmando la importancia del multilateralismo y de un sistema basado en reglas”. Para finalmente enfatizar que el éxito de cualquier estrategia de desarrollo sostenible en el tiempo “depende de capacidades estatales sólidas, legitimidad política, buena gobernanza y respeto al estado de derecho y los derechos humanos”. Es decir, de la plena vigencia de la democracia.

Ocho rupturas o líneas de fractura del escenario actual

Las ocho rupturas o líneas de fractura que se definen en el documento son las siguientes:

i) globalización reconfigurada o fragmentada, en un mundo en el que las cadenas internacionales de valor se están relocalizando y reubicando geográficamente; ii) erosión y crisis del multilateralismo y reorganización de la gobernanza global; iii) tránsito acelerado desde la hegemonía unipolar a la competencia multipolar con una creciente difusión y dilución del poder; iv) reconfiguración del “poder blando” con una rápida mudanza de las percepciones de la opinión pública mundial respecto a las potencias dominantes; v) retroceso generalizado de la democracia y aumento de la polarización política, que ha dado lugar a lo que algunos autores denominan una auténtica “recesión democrática” a escala planetaria; vi) desinformación y crisis de la verdad en la era de la inteligencia artificial y la manipulación algorítmica ampliada, como forma de colonizar las mentes de la audiencia y abrir espacio hacia formas de control concentradas en torno a una élite “tecnofeudal”; vii) retroceso en materia de derechos de la mujer, igualdad de género e inclusión; y viii) el fin del consenso mundial sobre el medio ambiente y el cambio climático, que se expresa en la subordinación de estas preocupaciones e inquietudes a consideraciones relacionadas con aspectos vinculados a la seguridad energética y a la competencia geopolítica intensificada.

Más adelante, se sostiene que la región está sometida como un todo a “tres trampas” estructurales que dificultan y traban su desarrollo. Y que son, a saber, las siguientes: i) baja capacidad para crecer, que se manifiesta en un crecimiento medio del PIB de tan solo el 1,2% anual entre 2016 y 2025; ii) alta desigualdad, baja movilidad y débil cohesión sociales, que socavan la confianza y debilitan los contratos sociales, y iii) bajas capacidades institucionales y gobernanza poco efectiva, que complican la puesta en marcha de las reformas que tanto se necesitan.

“Estas tres trampas se refuerzan mutuamente y se ven agravadas por el rápido envejecimiento de la población, la polarización política, el incremento de la delincuencia organizada transnacional y los daños cada vez más graves causados por el cambio climático”. Empero, “estas fuentes de presión se manifiestan de forma desigual en una región muy heterogénea, en la que los países presentan diferencias en cuanto a estructuras productivas, capacidades institucionales, capacidad de recaudación de ingresos, vínculos externos y activos estratégicos, entre otros aspectos”.

Y aquí es donde asoma una luz de esperanza, pues junto a la enunciación de la problemática regional se abordan líneas de acción que tienden a buscar alternativas viables y prácticas de solución para el rompecabezas antes expuesto.

Los activos con que América Latina cuenta

Primero, se hace un catastro de las riquezas potenciales y no tan potenciales de la región. En esa lista están sus pródigas riquezas en materia de recursos naturales (energía limpia y fósil; seguridad alimentaria, minerales críticos: ecosistemas de gran biodiversidad, agua dulce y sumideros de carbono); sus capacidades productivas, humanas y financieras (clústeres productivos de primer orden; industrias creativas; plataformas para empresas emergentes, banca de desarrollo con vínculos externos; redes de la diáspora y tecnologías de punta en diversas áreas); la región como activo en sí misma (más de 600 millones de habitantes constituyen un mercado dinámico y creciente que podría activarse aún más mejorando los vínculos intrarregionales); activos intangibles y “poder blando”, en una zona que se destaca, asimismo, por su combinación de diversidad cultural, un rico patrimonio histórico y atracciones turísticas de importancia, influencia y visibilidad a nivel mundial.

Y, en último lugar, pero no menos importante, una influencia política global nada despreciable con países que participan de varios foros multilaterales e inciden en la agenda mundial en temas como el cambio climático, la biodiversidad, la seguridad alimentaria e hídrica, las energías renovables, los derechos humanos, los océanos, la igualdad de género, la diversidad, la inclusión y la transición hacia la sociedad del cuidado. En una región que, está libre, además, hasta el momento, de la presencia de armas nucleares y de guerras interestatales.

Cuatro vías de acción colectiva para superar la inercia

En función de eso es que en el informe se recomienda adoptar cuatro pilares o cursos de acción colectiva que intentan servir como guía referencial para el posicionamiento exterior de la región y la intensificación de la cooperación intrarregional.

• Principio 1: Evitar alineamientos rígidos en un mundo de potencias rivales. Salvaguardando de este modo la capacidad de agencia de la región y de los países que conforman la misma como entidades soberanas y autónomas.

• Principio 2: Dar prioridad a los acuerdos viables frente a la unanimidad. Es poco probable que se alcance un consenso total en un contexto de grave fragmentación política. Baste recordar la experiencia de Unasur, que fracasó como instancia de coordinación al no poder concordar ni siquiera la renovación de sus autoridades en un contexto con muchas menos presiones cruzadas que las que se ejercen hoy.

Principio 3: Traducir los puntos en común mínimos en compromisos concretos. Los intereses colectivos y convergentes de los países latinoamericanos deben reflejarse en objetivos concretos, plazos claros, un financiamiento adecuado y estable, y responsabilidades bien definidas.

• Principio 4: Dar prioridad a las funciones frente a las formas institucionales. La cuestión clave no es qué institución o foro representa mejor a la región, sino qué funciones prácticas se necesita ejercer: coordinación política, capacidad técnica para plasmar las decisiones en marcos normativos y mecanismos de financiamiento y ejecución de tareas.

“O estar sobre la mesa o ser parte del menú….”

Como bien dice el informe Bachelet/Duque en su parte conclusiva:

• “La reorganización en curso del orden mundial no se detendrá mientras la región se dedica a deliberar o se distrae con sus desafíos a corto plazo (…) La pregunta no es si hay que implicarse o no en este proceso, sino cómo hacerlo; es decir, si los países de la región lo harán de forma estratégica y con una mayor capacidad colectiva o, por el contrario, de manera fragmentada y reactiva”.

• “Las potencias mundiales ya están tomando medidas. Los Estados Unidos, China y la Unión Europea están poniendo en marcha estrategias integrales para asegurarse el acceso a los recursos de la región, configurar su infraestructura digital y física, y vincular sus cadenas de suministro a sus propias prioridades industriales. En este contexto, la ausencia de una estrategia regional deliberada no conduce a la neutralidad, sino a la aceptación de las condiciones impuestas por otros”.

Y ante esta disyuntiva fatal, existen sólo dos alternativas plausibles: o se es Javier Milei, con su “occidentalismo dogmático” y su plegamiento casi canino y bastante patético, en ocasiones, ante las directivas y solicitudes de Washington o se busca un camino que potencie y articule nuestras soberanías y nuestros márgenes de autonomía, sin que ello implique claudicar, por cierto, ante el discurso “antiglobalista” hoy tan en boga.

En ese sentido, conviene recordar hoy más que nunca la feliz expresión usada por el primer ministro canadiense Mark Carney durante su discurso ante el Foro Económico Mundial de Davos, el 20 de enero de 2026, cuando declaró sin ambages que “las potencias medias deben actuar juntas, porque si no estamos sobre la mesa, estaremos en el menú…”

*El autor, Carlos Monge Arístegui, es Dr. en Relaciones Internacionales del Programa San Tiago Dantas.

Referencias:

Comisión de la CEPAL sobre Geopolítica, Globalización y Desarrollo para América Latina y el Caribe. (2026). Rupturas y oportunidades: propuestas para que América Latina y el Caribe prospere en la nueva era geopolítica (LC/PUB.2026/10). Comisión Económica para América Latina y el Caribe.

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