Chile se encuentra ante una encrucijada histórica. Debe fortalecer y transformar su matriz productiva, con centralidad en industrias estratégicas, la ciencia, el conocimiento y en el ejercicio de su soberanía. Para ello requiere un Estado que invierta estratégicamente en las universidades públicas y una fuerte política de ciencia.
El modelo basado en la exportación de materias primas ha mostrado sus límites, pero la transición hacia una economía del conocimiento no se logrará por el solo hecho de agregar valor o procesamiento a nuestros recursos. Contamos con una posición privilegiada en la transición energética global gracias al litio, el cobre, el hidrógeno verde y la energía renovable; sin embargo, no perpetuar la subordinación propia de los siglos XIX y XX exige algo más profundo que la mera industrialización.
El verdadero salto requiere focalizar la ciencia en industrias estratégicas, estrechar el vínculo entre el mundo académico y el productivo y, sobre todo, transformar una cultura empresarial que debe atreverse a apostar por empresas de base científico-tecnológica.
Situación perpetuada por la reducida inversión en investigación y desarrollo (0,4% del PIB, cuando en países OCDE el promedio es de 2,94%), y que se agudiza aún más por la reducción del presupuesto y el recorte de programas en educación superior y ciencias realizado por el actual gobierno. Esto no se resuelve focalizando y reduciendo el abanico de asuntos sobre los que investigar, sino en diversificar y aumentar la inversión en producción de conocimiento y la producción científica.
Para romper este esquema, el Estado no puede limitarse a actuar como un simple regulador pasivo. Chile requiere que su Estado tenga un rol estratégico, capaz de planificar e invertir con una mirada de largo plazo, que equilibre el desarrollo productivo, el desarrollo humano y la protección de nuestros ecosistemas. En esta transformación de la matriz productiva, resulta indispensable articular una política de ciencia ambiciosa con una inversión decidida en nuestras universidades públicas y el ecosistema de ciencia y tecnología.
Más allá de responder a las demandas inmediatas del mercado, los planteles universitarios deberían ser verdaderos motores de desarrollo soberano. Cumplen un rol formador de profesionales y fomentan valores democráticos, junto a ser espacios de resguardo del conocimiento, de creación, de investigación de vanguardia y de articulación con los actores de los territorios donde desarrollan su quehacer.
Las universidades, mediante su articulación con el Estado, la industria y las comunidades, deben contribuir a que el conocimiento y los resultados de sus investigaciones actúen como fuente estratégica de innovación para el desarrollo, lo que apunta a fortalecer las capacidades y complejizar la matriz productiva. Junto a ello, el trabajo conjunto con estos diversos actores garantiza que el conocimiento generado aporte directamente al bienestar de la población.
Esta transformación, además de ser una meta económica, es también un asunto de soberanía. Hoy la autonomía de un país no se mide únicamente en sus fronteras, sino en su capacidad intelectual y tecnológica. Reducir la dependencia del extranjero frente a la transición global exige fortalecer con urgencia nuestro músculo científico local.
Para los desafíos presentes y del futuro, Chile requiere un nuevo modelo de desarrollo basado en el conocimiento y la ciencia. La inteligencia local cristalizada en nuestras universidades públicas es la inversión más estratégica para garantizar nuestro futuro.
Diego Salazar Alvarado
Docente Facultad de Administración y Economía
Universidad de Santiago de Chile
Investigador Nodo XXI
