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Cobardía institucional y vergüenza política. Por Sonia Brito, Andrea Comelin y Lorena Basualto

Hay momentos en que el lenguaje no admite eufemismos. Cuando el poder decide sobre la vida de otros desde la comodidad, el privilegio y la distancia, nombrar se transforma en un acto político. Sabemos que cobardía y vergüenza son palabras incómodas para describir decisiones, puesto que son elecciones conscientes.

La cobardía, en este contexto responde a una práctica estructural del poder. Es una forma de gobernar que se refugia en discursos de responsabilidad fiscal, seguridad nacional o estabilidad política mientras profundiza la desigualdad, la violencia y el despojo, nombrarla implica resistir la naturalización de lo injustificable.

Es cobardía enviar a la guerra a los hijos y las hijas de otros, es cobardía asesinar niños, niñas y mujeres bajo discursos de defensa y control, es cobardía sostener genocidios amparados en un poder masculinista y megalomaníaco, donde la violencia se legitima como acción política y la vida pierde centralidad. No existe heroísmo en la destrucción planificada de cuerpos, pueblos y territorios, existe, en cambio, un ejercicio brutal del poder patriarcal que se reproduce con total impunidad.

La cobardía adquiere otras formas cuando, en nombre de la paz o del crecimiento económico, se saquean territorios por petróleo, minerales y recursos estratégicos. Se destruyen ecosistemas, se agotan suelos y se consolidan zonas de sacrificio donde la vida se vuelve prescindible. Todo se justifica mediante informes técnicos, promesas de progreso y lenguajes cuidadosamente neutrales que buscan despolitizar el daño. La distancia vuelve a ser decisiva, puesto que quienes toman las decisiones no habitan los territorios devastados ni enfrentan las consecuencias de sus actos.

En este escenario, el nacionalismo funciona como un escudo simbólico donde se instala la desconfianza hacia las otredades, hacia quienes son considerados diferentes, extranjeros o disidentes. Así se construye un nosotros homogéneo y ficticio que oculta las desigualdades estructurales y legitima prácticas de control, exclusión y saqueo.

La cobardía política también se expresa en el retroceso de derechos conquistados tras décadas de lucha social. Desmantelar políticas de protección, igualdad y reconocimiento es una definición política deliberada, allí la cobardía se enlaza directamente con la vergüenza.

Estos retrocesos se vuelven especialmente visibles bajo gobiernos que debilitan las políticas de protección social y normalizan la precarización de la vida, puesto que, desde las alturas del poder, las mayorías son reducidas a cifras y estadísticas, dejando de ser reconocidas como sujetos de derechos.

La gravedad de este escenario radica en que quienes tienen el deber de garantizar el cumplimiento irrestricto de los derechos humanos son precisamente quienes los vulneran, entonces, la ciudadanía queda en condición de orfandad política, despojada de herramientas, garantías y posibilidades reales de acceso a derechos fundamentales. No se trata únicamente de acciones cobardes desde la institucionalidad, sino del actuar de representantes y agentes del Estado que transgreden derechos humanos y ciudadanos mediante mecanismos formalmente legítimos, respaldados por marcos regulatorios y estrategias de dominación cuidadosamente diseñadas.

La violencia institucional adquiere así una apariencia técnica y racional, puesto que se vulneran incluso tratados internacionales suscritos por los propios Estados mientras el lenguaje burocrático intenta explicar lo inexplicable. Bajo esta lógica, la humanidad es reducida a estadísticas vacías, cuerpos administrables y cifras funcionales a un ejercicio tecnocrático del poder que busca ocultar su dimensión cruel y vergonzosa.

La cobardía estatal resulta obscena porque se ejerce desde el privilegio. El poder institucionaliza la pobreza y administra la exclusión mediante políticas que mantienen o profundizan las desigualdades estructurales. Desde espacios protegidos y materialmente asegurados, quienes gobiernan eliminan beneficios sociales, fijan salarios insuficientes y reproducen condiciones que garantizan la continuidad de sus propias posiciones de poder. Nada de ello es casual, responde a una arquitectura política diseñada para preservar relaciones de dominación.

Sin embargo, frente a estas formas de violencia emergen voces colectivas que disputan dignidad y sentido. Los movimientos sociales, los feminismos y las organizaciones territoriales resisten desde espacios históricamente subordinados. Su acción política desenmascara las estructuras del poder, revela sus mecanismos de opresión y confronta las estrategias destinadas a perpetuar el miedo, la desigualdad y el silencio.

Su existencia resulta imprescindible, puesto que nombrar esta cobardía constituye un acto político irrenunciable, pero la denuncia por sí sola no basta. El desafío consiste en transformar la vergüenza en acción colectiva, organización social y disputa democrática real. Mantener silencio frente a estas violencias implica aceptar la degradación de lo humano y renunciar a una ciudadanía comprometida con el bien común y la defensa irrestricta de los derechos humanos.

Dra. Sonia Brito Rodríguez
Departamento de Trabajo social
Universidad Alberto Hurtado

Dra. ©. Andrea Comelin Fornés
Carrera Trabajo Social
Universidad de Tarapacá

Dra. ©. Lorena Basualto Porra
Departamento de Trabajo social
Universidad Alberto Hurtado

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