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Columnas Observatorio Constitucional UARECHI

Septiembre: conmemoraciones y tradiciones en búsqueda del diálogo. Por Inés Armijo Dinamarca

Para Chile, septiembre es un mes de conmemoración y tradiciones. Por un lado, conmemoramos hechos que marcaron un antes y un después. Su memoria es una obligación natural e ineludible para vivir un presente y pensar un futuro con pleno respeto a los derechos humanos y una defensa férrea de la democracia que debe convocarnos a diario.

Por otro, revivimos costumbres que pocos conocen o recuerdan con precisión, como la independencia de Chile. Aun cuando el 18 de septiembre marca la instalación de la Primera Junta Nacional de Gobierno, que terminó con el grito “¡Que viva el Rey!”, la independencia propiamente tal llegó a este terruño en verano, un 12 de febrero de 1818.

Una práctica ya olvidada es el cambio de mando presidencial típico de este mes, momento en el que se manifestaba el sentir ciudadano nacido de una elección, que no es otra cosa que un diálogo democrático.

Protagonista de ese diálogo era la radio, medio de comunicación que ha alcanzado tanta audiencia que su consumo ya es una tradición diaria. A partir de 1942 celebra su día los 21 de septiembre, en reconocimiento a aquellos trabajadores que han acompañado a Chile en los momentos de alegría y oscuridad, asumiendo en algunos casos riesgos que traspasan los límites de lo heroico.

No podía ser de otra forma. Sus transmisiones marcaban la jornada con los antiguos radioteatros, oráculos, sueños, cuentos de campo y trasnoche, además de la música, concursos, deporte e información inmediata e in situ que perduran hasta hoy, junto con los más recientes espacios de debate y discusión iluminados por la pluralidad de los intervinientes y conversaciones con entremeses que rozan el límite de la tolerancia sin sobrepasarlo.

Los “comensales” -por denominarlos de una forma alegórica pero respetuosa- saben que al día siguiente o cuando corresponda, deberán nuevamente verse las caras presencial o virtualmente para abordar el tema del día o la semana; cada uno desde su mirada y tendencia política, identidad de género y origen social. No con el afán de convencer al otro, que puede ser un adversario en otro escenario pero no en la radio; ahí es un par, cuya opinión permite expresar y reafirmar la propia.

El cariño y reconocimiento entrañable hacia la radio, que antaño se alzó como el gran avance tecnológico que reunía a la familia y al barrio, se evidencia nuevamente en la encuesta del Centro de Estudios Públicos (CEP). Aparece como mejor posicionada que en la medición anterior y mucho mejor evaluada que las instituciones democráticas, judiciales, las fuerzas políticas tradicionales e incluso las redes sociales.

Claro, unas emisoras más que otras contribuyen a esta percepción ciudadana, que sin duda todavía merece repuntar. Ellas, incluidas las comunitarias, colaboran con la trasparencia, la denuncia y la credibilidad de la información. Lo que en lenguaje anglosajón se denomina accountability; es decir, la necesaria rendición de cuentas.

Ese ambiente del diálogo radial y del respeto por la línea editorial ajena puede servir de ejemplo para demostrar que es posible convivir, construir, reinventar, examinar, ser empático e incluso benevolente con las ideas y pensamientos del otro, con el objetivo de contribuir a generar opiniones informadas sobre temas contingentes.

De esos espacios se puede recoger la importancia de respetar el texto y espíritu del capítulo XV de la Constitución y su reforma mediante la ley N° 21.200 que estableció el procedimiento para elaborar una nueva Carta Fundamental. Y también la adaptabilidad, tan necesaria para resolver los desacuerdos, uno de los fines de la política y del Derecho en cuanto a la paz social y base de la convivencia nacional y las legítimas expectativas que muchos mantenemos en el proceso.

Existen numerosas indicaciones a los textos de los reglamentos de la Convención Constitucional, que se revisarán y votarán hasta el día 27 de septiembre. Varias de ellas tratan de modificar los dos tercios de acuerdo para incorporar normas al nuevo proyecto constitucional pero, a contrario sensu, a la fecha no se ha alzado ninguna voz o mano reportando la necesidad imperiosa e ineludible de acudir al mecanismo judicial de reclamación por vicios, previsto en caso de vulneración de las reglas de funcionamiento trazadas para este proceso.

La interrogante que surge de ello se vincula a las tradiciones y a un adagio que adapto tendenciosamente para este texto: “es mejor un mal acuerdo a un buen juicio”. Hay sectores en contra de alterar en cualquier forma la regla de los dos tercios y otros que lo estiman posible y necesario aun cuando reconocen la importancia de contar con apoyos significativos para robustecer la labor convencional.

El gran cometido de llegar a un acuerdo requiere de grandes consensos y apoyos transversales, que surjan de la importancia y trascendencia de esa obligación y de la convicción de hacerlo bien más que de la necesidad jurídica de ajustarse a derecho, que desde ya resulta indispensable, siendo esta la visión que se espera de los y las Convencionales.

Lo anterior no obsta al hecho indiscutible de que la sociedad desconfía no de los acuerdos sino de la forma en que tradicionalmente el mundo político los ha construido o pactado. Ese cansancio debe ser el aliciente del actuar de los y las Convencionales, tomando los ejemplos positivos disponibles, entre los cuales sin duda están los buenos programas de radio, e ir de frente con sus ideas dentro del marco previsto.

Ese debate ha sido y será sin duda difícil pero enriquecedor. Su legitimidad depende de la confianza que la labor honesta y rigurosa de la Convención genere en el pueblo de Chile. El desafío sigue; la esperanza también.

Inés Armijo Dinamarca
Investigadora
Observatorio Constitucional
Unidad de Análisis del Rol del Estado
Universidad Autónoma de Chile


Separando el trigo de la paja. Legitimidad de la Convención Constitucional. Por Dayan Pallares Valenzuela

No han pasado tantos meses desde que votamos por nuestros Convencionales Constituyentes y vimos cómo el famoso (pero poco comprendido) sistema proporcional D’Hondt y la reforma constitucional que permitió la participación de listas de independientes, llevaron a la inesperada y masiva elección de candidatos no militantes.

Esto generó una legítima satisfacción en buena parte de la sociedad, que se siente algo cansada, por decir lo menos, de la clase política y de los partidos que se dedican básicamente a ser oposición por el solo hecho de ser oposición. Vieron en ese resultado el inicio de un nuevo Chile. Con los más de 800 mil votos a nivel nacional que obtuvo la Lista del Pueblo y los de otros movimientos de independientes, se vislumbraba una suerte de esperanza en aquellos nuevos rostros como renovación de la clase política y la refundación del país a partir de la redacción de una nueva Constitución a cargo de personas que denominamos coloquialmente como “la gente de a pie”.

A casi 120 días de aquella elección, somos testigos de cómo los movimientos de independientes se debilitan; entre ellos la Lista del Pueblo, que parecía ser una fuerza política importante pero que en un mes desaparece debido a una seguidilla de errores no forzados. Entre ellos, se pueden mencionar la pérdida del candidato presidencial que intentó promover debido a las firmas adulteradas obtenidas ante un notario resucitado; el descrédito de su principal figura en la Convención, Rodrigo Rojas, cuando admitió haber engañado a todo el mundo diciendo que padecía una grave enfermedad que finalmente no tenía, y la renuncia de 17 de los 27 Convencionales Constituyentes que habían logrado elegir a la Convención. Podemos decir que esta serie de caídas han llevado a ese colectivo a lo que parece ser una crisis ineludible. Pero ¿cómo no lo vimos venir?, ¿qué lección nos deja todo esto?

Algunos han señalado que la Lista del Pueblo ha sido prácticamente un partido político de facto, quedando así entrampada en lo que ellos mismos tanto rechazaban. Y, lo que es peor, que han utilizado las mismas prácticas que mediante la técnica legislativa se han tratado de eliminar, como la financiación fantasma de las campañas política, la transparencia o el lobby. Los electores debimos suponer que la falta de experiencia política, el cruce de poderes, el choque con la realidad y la arrogancia de algunos de sus integrantes, darían pie a una serie de desaciertos, que han sido sucesivos y tenido como desenlace pérdida de confianza, comunicados de prensa tratando de aclarar situaciones y nuevos conglomerados políticos dentro de la Convención, como Pueblo Constituyente, que agrupa a los renunciados de la Lista del Pueblo.

A raíz de los constantes escándalos y los que posiblemente vendrán en el futuro, cabe preguntarse si esto deslegitima de algún modo la Convención Constitucional. Y la respuesta, ante esto es clara y precisa: no. Bien sabemos que la democracia es frágil y que va más allá del ejercicio electoral propiamente tal. Esta forma de gobierno, a lo menos idealmente, tiene la hermosa característica de darnos la posibilidad de un diálogo constante y que además requiere del trabajo de las instituciones y de cada persona, con el fin de entender que un proceso tan importante e histórico como el actual no puede ser medido en su totalidad por este tipo de errores y crisis.

Esto no significa que obviemos lo reprochable, pero tampoco olvidemos que detrás de todas estas polémicas, mentiras, luchas de egos y de poder, hay un bien mayor que nos empuja a distinguir el trigo de la paja. Esto es, ver que el proceso constituyente se legitimó de forma democrática y desbordante ese 25 de octubre del 2020, donde una mayoría de casi 80% de votantes dijeron fuerte y claro que querían cambiar la Constitución, teniendo como consecuencia la elección de 155 representantes que forman parte de una institucionalidad, un poder constituyente, que está funcionando y trabajando sin parar.

Ya aprendimos que para renovar la política no bastan las buenas intenciones, el entusiasmo y los rostros nuevos. Pero eso no quiere decir que haya que dejar fenecer un proceso que tanto nos costó, sino que debemos informarnos del funcionamiento de la Convención y exigir la probidad, transparencia e integridad de quienes obtuvieron sus escaños mediante el ejercicio democrático.

La Convención no es sólo una instancia para redactar una nueva Carta Fundamental, sino también un espacio para construir y reparar un país luego de transiciones complejas y dolorosas, de las que aprendimos que el pueblo está compuesto por todos nosotros: altos, bajos, de izquierda, derecha, religiosos, ateos, del Apruebo o del Rechazo, por ejemplo. Somos tantos que no cabemos en una lista.

Dayan Pallares Valenzuela
Investigadora
Observatorio Constitucional
Unidad de Análisis del Rol del Estado
Universidad Autónoma de Chile


La reconstrucción de la confianza pública y la constituyente. Por Carlos Rungruangsakorn

Hace un mes atrás se publicó en diversos medios escritos y digitales un reciente informe de la OCDE que indicaba que el año 2020 Chile ocupaba el último lugar en el indicador de confianza en el gobierno nacional, llegando solo a un 17.1%. El 2006, la misma medición reportó una cifra de 58.1%.

Créalo o no, estábamos por sobre países como Austria, Bélgica, España o Estados Unidos. Lamentablemente, a medida que pasó el tiempo la tendencia del indicador fue siempre hacia la baja hasta convertirnos, una vez más, en el colista de la OCDE.

Sin embargo, cabe preguntarse, ¿qué es la confianza? Es una condición de la que se tiene certeza completa sobre algo o de alguien. Es en sí misma una palabra profunda, esencial y compleja pues en ella subyacen verbos (como creer, conectar y unir) y valores (lealtad, fidelidad, consecuencia y coherencia, por ejemplo).

A nivel de la vida en sociedad, todas estas variables permiten la construcción de relaciones sociales entre individuos y comunidades y otorgan la posibilidad cierta a los ciudadanos para convivir, crecer y proyectarse hacia el futuro. Desde las instituciones benéficas hasta las organizaciones criminales, se cimentan y funcionan sobre la base de la confianza. No es posible una construcción de relaciones sociales e institucionales duraderas en base a la división, la deslealtad y la inconsecuencia.

El alto nivel de desconfianza que ostentamos como país es en gran medida producto del divorcio entre lo que esperamos y la práctica cotidiana de todo el aparato estatal, representadas a nivel macro por el debate político de nuestras autoridades y a nivel micro en nuestra relación cotidiana con los organismos públicos.

Esta separación se expresa en grietas, como la corrupción público-privada, la buropatología, el nepotismo, engaños, el desprestigio de la función pública, colusiones, financiamientos espurios de la política y precarios servicios de salud y educación, entre otros temas conocidos por todos nosotros. También hay que reconocer que la desconfianza está tan enraizada en nuestra idiosincrasia que cuando nos describimos a nosotros mismos decimos que “el chileno por naturaleza es desconfiado”. Es como si fuera una señal de advertencia para que nuestro interlocutor entienda que debe demostrar su honestidad para establecer una relación.

Es más, cuando un compatriota dice “voy a confiar en ti” es como si fuera un tesoro único al cual agradeces infinitamente.

A propósito de ello, Vicente Huidobro ya había diagnosticado este mal social hace casi un siglo en su brillante obra “Balance Patriótico”.

Ninguna interacción social sana, por básica que sea, se puede sostener en el tiempo si hay desconfianza, pues detrás de ella también está el miedo, que tiende a paralizar, fomenta la paranoia y no permite crecer como sociedad. ¿Se puede recuperar la confianza pública? Sí. Pero requiere de voluntad real -y no solo declarativa- de todos los actores relevantes involucrados en el sistema democrático institucional, así como de aquellos que ejercen un rol en la administración pública en general.

La desconfianza retrocede a la luz de la transparencia y de una conducta proba, tanto de los líderes como de sus equipos.

Últimamente se ha visto un reordenamiento de posiciones de los miembros de la Convención Constitucional. No debe extrañar que esto ocurra; es un proceso natural de construcción de confianzas entre personas que no se conocían, con cosmovisiones distintas, cruzada transversalmente por los prejuicios propios y reduccionismos con que solemos operar a diario, especialmente cuando el otro es un desconocido o un símbolo.

La Convención esta forzada al diálogo y la discusión, no solo en la sala sino también en los pasillos, las escaleras y en el almuerzo, y es muy positivo que esto suceda. Con la interlocución se va entendiendo al otro, que deja de ser una caricatura; se pueden descubrir más coincidencias que diferencias, lo que facilita los acuerdos y, si esas discrepancias llegasen a ser irreconciliables, se pasa a utilizar los mecanismos de resolución de controversias previamente pactados democráticamente.

Hoy por hoy se puede observar que una gran mayoría de los constituyentes, como grupo, pasaron de la desconfianza al diálogo y poco a poco se han concentrado en cumplir con la misión que les hemos encomendado.

Lamentablemente, hay una minoría que ha hecho uso de los viejos vicios de la política chilena o han caído en el engaño público.

Podemos consensuar que son acciones de responsabilidad individual, pero al ser miembros de un colectivo opacan y retardan el quehacer del resto.

La Convención debe convertirse en un aporte a la reconstrucción de la confianza pública porque sin ese valor supremo y básico no son posibles la sostenibilidad y la gobernabilidad presente y futura. Más aún en un contexto de cambio de época y del gran desafío ambiental y climático al que está sometido nuestro país.

Con todo, la reconstrucción de la confianza no tiene un solo protagonista. Los nuevos gobiernos regionales, los municipios, el parlamento, el Poder Judicial, la sociedad civil, los medios de comunicación y el sector privado deben colaborar especialmente en desterrar la corrupción y las malas prácticas que una gran mayoría de los habitantes del país repudia.

En lo personal, espero que al volver a leer el “Balance Patriótico” en el día de su centenario (2025), pueda pensar en Huidobro y decirle: “Vicente, en donde estés, ese Chile que viviste ya quedó atrás”.

Dr. Carlos Rungruangsakorn
Investigador
Observatorio Constitucional
Unidad de Análisis del Rol del Estado
Universidad Autónoma de Chile.


Reglar para avanzar. La Convención viento en popa. Por Alexander Linford Child

Un día, hace bastantes años, jugábamos fútbol con un grupo de amigos de infancia cuando llegó la madre de uno de ellos proponiéndonos algo impensado pero que sonaba muy divertido: “Juguemos, pero sin reglas”. Lo aceptamos entusiasmados y sin chistar. Comenzó entonces un festival de faltas, goles con la mano y cancha sin límites.

Cuando terminamos nos preguntó si alguien había ganado y le respondimos que el marcador fue de 5 a 4, por lo que sí existía un ganador. Ante ello, replicó: “¿Y quién dijo que el equipo que hace más goles gana? Ustedes aceptaron un partido sin reglas y que gane quien haga más goles, es una regla”.

La Convención Constitucional lleva más de un mes de funcionamiento y las críticas de la ciudadanía respecto de que no han cumplido el encargo para el que fue convocada, no se han hecho esperar.

Es un hecho que aún no redacta siquiera un artículo del nuevo proyecto de Constitución. Pero está haciendo su trabajo como corresponde: cada día entrega detalles de las normas que se utilizarán para definir el cómo, cuándo y dónde de su redacción.

Sin ir más lejos, el Reglamento ya fue propuesto para votación del Pleno. Contiene 5 títulos y 92 artículos más uno transitorio, que regulan su estructura orgánica, principios, normas generales y el estatuto de las y los convencionales. También la iniciativa, debate, tramitación, votación y eventuales modificaciones a ese reglamento.

No es posible redactar la Carta Fundamental de un país en 12 meses sin definir previamente una orgánica sobre el debate y así avanzar de forma rápida, especializada y certera. Tampoco se puede cristalizar la discusión en comisiones si no se sabe cómo actuar en el Pleno para luego incorporar dicha norma al texto de proyecto constitucional.

Uno de los más grandes problemas de las y los convencionales no es la falta de trabajo, sino el manejo de las expectativas de la gente acerca de este desconocido proyecto que deben enfrentar.

Nos dijeron que la Convención era para redactar una nueva Constitución y todos pensaron que lo primero que harían tras instalarse era discutir el primer artículo. Nadie dijo, sin embargo, que al ser un órgano absolutamente inédito tendríamos que comenzar debatiendo cómo iba a funcionar y cómo se debería aprobar ese primer artículo.

El ímpetu que se vio por la declaración pidiendo la liberación de los llamados “presos de la revuelta” parece haber desaparecido. Ese trabajo, que no era ni de redacción constitucional ni reglamentario, gozó de toda la cobertura mediática que podía tener, lo que se transforma en un problema pues la sensación que perdura hasta hoy es que los convencionales se dedican a cualquier cosa menos a lo que efectivamente les corresponde.

La tranquilidad que debemos tener es que se trata solo de una sensación. La Convención está cumpliendo con su trabajo y avanzamos hacia el proyecto que nos deben presentar al término de su mandato, momento en el cual el resto de la tarea es de todos nosotros: aprobar o rechazar.

Alexander Linford Child
Investigador
Director Observatorio Constitucional
Unidad de Análisis del Rol del Estado
Universidad Autónoma de Chile

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