La Comisión Chilena de Derechos Humanos (CCHDH) informa que, en el día de ayer, 20 de marzo de 2023, ha enviado a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional nuevos hechos e informaciones para ser considerados en la denuncia ingresada en contra del ex Presidente de la República, Sebastián Piñera Echenique, los ex ministros del Interior Andrés Chadwick Piñera, Gonzalo Blumel, Víctor Pérez, Rodrigo Delgado Mocarquer, el ex subsecretario del Interior, Rodrigo Ubilla, el ex subsecretario del Interior, Juan Francisco Galli, los exministros de Defensa, Alberto Espina Otero y Mario Desbordes, el ex General Director de Carabineros, Mario Rozas, el ex Intendente de la Región Metropolitana, Felipe Guevara, y el actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, por su participación en la comisión de Crímenes de Lesa Humanidad, de conformidad a lo establecido en el Estatuto de Roma y en la Ley N°20.357, en el marco de la crisis de derechos humanos producida a partir de la denominada “revuelta social”, iniciada en el mes de octubre de 2019.
Los nuevos hechos e informaciones aportados son el “Informe Anual sobre Derechos Humanos en Chile 2022”, emanado del Centro de Derechos Humanos de la Facultad de Derecho de la Universidad Diego Portales; los antecedentes del caso de la víctima, Moisés Órdenes Corvalán, y los hechos relativos a la negativa del actual General Director de Carabineros, Ricardo Yáñez Reveco, a declarar en los procedimientos penales en curso, relativos a los distintos hechos perpetrados por la policía uniformada bajo su mando cuando ostentaba el cargo de Director Nacional de Orden y Seguridad de Carabineros de Chile, todos los cuales constituyen un insumo relevante y complementario respecto de los actos constitutivos de Crímenes de Lesa Humanidad denunciados el día 29 de abril 2021, fecha en que la Comisión Chilena de Derechos Humanos, en conjunto con tres organizaciones internacionales, interpuso una denuncia (Comunicación) ante la Fiscal de la Corte Penal Internacional, para perseguir la responsabilidad de las autoridades mencionadas.
El Informe del Centro de Derechos Humanos de la Universidad Diego Portales acompañado, junto con señalar que “el Ministerio Público no elaboró y/o implementó una política de persecución penal oportuna y seria para investigar las violaciones de derechos humanos producidas a partir del 18 de octubre del 2019”, constata que existe un grave incumplimiento del deber de debida diligencia en la investigación, vulnerando las garantías y obligaciones de oficiosidad, esto es, el deber estatal de promover e impulsar la investigación de oficio por las autoridades competentes; la oportunidad, por cuanto las investigaciones debe iniciarse de inmediato o una vez tomado conocimiento por las autoridades; la competencia, en el sentido de ser llevada a cabo por profesionales capacitados y con procedimientos adecuados; la independencia e imparcialidad, y sobre todo, la exhaustividad y el permitir la participación de las víctimas y sus familiares, no en términos meramente formales sino de forma concreta.
Otro antecedente aportado en este escrito presentado ante la Fiscalía de la CPI, es el caso de Moisés Ordenes, golpeado brutalmente por Carabineros en la Plaza Ñuñoa, hecho que fue transmitido en vivo en directo por dos canales de televisión, caso en el no sólo no hay condenados a pesar de haber transcurrido más de tres años, sino además, tanto la Corte de Apelaciones como el respectivo Juzgado de Garantía, han adoptado decisiones que conducen necesariamente a la Impunidad de los agentes estatales responsables.
Otras situaciones de extrema gravedad, constatadas por el Centro de Derechos Humanos de la UDP en el Informe acompañado, dan cuenta de la escasa cooperación por parte de los funcionarios policiales. Esta falta de colaboración con las investigaciones queda demostrada con los otros antecedentes aportados en esta presentación, relativos a la negativa de comparecer a declarar ante el Ministerio Público por parte del Director General de Carabineros, Ricardo Yañez Reveco, a pesar de haber sido citado en reiteradas oportunidades, lo que llevó a los querellantes de la causa, a recurrir a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.
La Comisión Chilena de Derechos Humanos reitera que seguirá siendo fiel a su misión institucional y en consecuencia, seguirá aportando antecedentes a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional que permitan investigar y sancionar a las autoridades políticas, policiales y militares, responsables de la comisión de los crímenes contra la Humanidad cometidos durante la revuelta social iniciada en octubre de 2019, única forma de impedir que la Impunidad de tan graves crímenes se consolide y normalice en nuestro país.
COMISIÓN CHILENA DE DERECHOS HUMANOS
Santiago, 21 de marzo de 2023.
